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Gestión Pública

Con ayuda de la ciencia

Experiencias internacionales inspiran al gobierno de São Paulo a crear el cargo de científico jefe en secretarías del estado

030-035_Cientistas chefes_236Una medida inédita en Brasil anunciada por el gobierno del estado de São Paulo apunta a acercar a la ciencia a la gestión pública. A comienzos de 2016, cada secretaría estadual deberá contar con un científico jefe, cuya función principal consistirá en sugerir las mejores soluciones basadas en el conocimiento científico para afrontar los desafíos de la respectiva cartera. El anuncio estuvo a cargo de Márcio França, vicegobernador y secretario de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de São Paulo, durante la apertura del Foro Nacional de las Fundaciones Estaduales de Apoyo a la Investigación Científica (Confap), realizado durante los días 27 y 28 de agosto en la capital paulista. La iniciativa está inspirada en el modelo de asesoría científica practicado en diferentes niveles de gobierno en países tales como Estados Unidos, el Reino Unido e Israel.

La iniciativa empezó a madurar en una reunión del Consejo Superior de la FAPESP, el día 18 de marzo, en la cual participó el vicegobernador en carácter de invitado. En esa ocasión, França mencionó la dificultad de identificar a investigadores con ideas para ayudar en la gestión pública. La sugerencia de crear la función de científico jefe partió de Carlos Henrique de Brito Cruz, director científico de la Fundación. “El profesor Brito hizo mención a la experiencia de países europeos, entre ellos el Reino Unido, que crearon el cargo de científico jefe en sus estructuras de gobierno para ayudar a ministros, primeros ministros o presidentes a tomar decisiones”, relata Fernando Costa, docente de la Universidad de Campinas (Unicamp) y miembro del Consejo Superior de la FAPESP, uno de los presentes en la reunión.

En el encuentro, Brito Cruz le explicó al vicegobernador que alrededor del 55% de los recursos de la FAPESP se destina a investigaciones con la mira puesta en aplicaciones, y Eduardo Moacyr Krieger, vicepresidente de la institución, añadió que casi el 30% de las inversiones de la Fundación se orienta hacia el área de la salud, y pueden aportar beneficios directos en acciones de la Secretaría de Salud. “Otros campos, tales como agricultura, educación y seguridad pública, también deberían aprovechar más la contribución de los científicos”, afirma Krieger. A Márcio França le agradó la sugerencia. “Pensé: ¿por qué no mejorar el diálogo con la comunidad científica a través de una fundación como la FAPESP?”, recuerda el vicegobernador, quien le llevó la idea al gobernador Geraldo Alckmin y recibió luz verde para implementarla.

Robin Grimes, del gobierno británico, en visita al campus de la Universidad de Nottinghan en Malasia, en 2013 (arriba, con corbata)

Universidad de NottinghanRobin Grimes, del gobierno británico, en visita al campus de la Universidad de Nottinghan en Malasia, en 2013 (arriba, con corbata)Universidad de Nottinghan

“Esta medida no significa que la gobernación de São Paulo no venga escuchando a la comunidad científica”, asevera Marilza Vieira Cunha Rudge, vicerrectora de la Universidade Estadual Paulista (Unesp), también miembro del Consejo Superior de la FAPESP. Según Vieira Cunha, el objetivo es hacer que los conocimientos generados en universidades e instituciones de investigación del estado sean absorbidos rápidamente por la administración pública. Se está elaborando una minuta del decreto, con la asesoría de la Fundación. Uno de los objetivos es que los científicos jefes amplíen la aplicación de resultados de investigaciones, entre ellas las que apoya la FAPESP, sugiriendo articulaciones con proyectos en marcha y proponiendo nuevos proyectos.

El gobierno analiza ahora los detalles de esta iniciativa. El primer paso consistirá en seleccionar a los científicos jefes que actuarán en las secretarías. Según França, lo más probable es que se invite a profesores vinculados a las tres universidades estaduales paulistas –la de São Paulo (USP), la Unicamp y la Unesp– que podrían licenciarse o no. También se discute cual sería el plazo más adecuado para su mandato. Para França, una cosa es segura: los científicos jefes tendrán mucho trabajo. “Los problemas y los desafíos surgen a montones en la administración pública. Todos los días y en las más diversas áreas”, sostiene el vicegobernador.

La brújula que orienta los caminos futuros es la de los ejemplos internacionales. En septiembre de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció un premio de 20 millones de dólares al grupo de investigación que consiga desarrollar el mejor test de diagnóstico capaz de reconocer rápidamente infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos. Según información del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), esas infecciones son responsables de la muerte anual de 23 mil estadounidenses. El motivo de la acción fue una solicitud de evaluación de la Casa Blanca al Consejo de Ciencia y Tecnología (PCAST), integrado por unos 20 expertos entre ganadores del Premio Nobel y representantes del sector industrial. Ese grupo está encabezado por John Holdren, docente de la Universidad Harvard y consejero científico de Obama.

John Holdren, científico jefe de Estados Unidos, quien aconseja al presidente Obama

Pete Souza/ Casa BlancaJohn Holdren, científico jefe de Estados Unidos, quien aconseja al presidente ObamaPete Souza/ Casa Blanca

Estados Unidos tiene un largo historial en asesoría científica. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt creó un comité consultivo formado por científicos, ingenieros y profesionales de la salud para asesorarlo. En 1957, el país fue el primero en nombrar a un científico jefe para trabajar en la Casa Blanca. Posteriormente, departamentos y autarquías pasaron a contar con la consultoría de expertos. En 1998, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, solicitó un informe a las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos sobre el soporte que la ciencia podría brindar en temas relativos a la política exterior. La recomendación fue que eligiera a un asesor científico. “Mi tarea consiste en ayudar al gobierno a aprovechar los recursos de la ciencia y la tecnología para suministrar apoyo a la política externa”, declaró a Pesquisa FAPESP Vaughan Turekian, asesor científico de John Kerry, el actual secretario de Estado. Exdirector internacional de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), Turekian comenta que fue sometido a un riguroso proceso de análisis de sus credenciales científicas. “El asesor es nombrado por un período determinado. Eso es intencional. Cabe recordar que el cargo no es una recomendación política”, aclara.

Otra referencia es el Reino Unido, que creó el cargo en 1964. La función de científico jefe es desempeñada actualmente por el inmunólogo Mark Walport, exdirector del Wellcome Trust, fundación que financia la investigación biomédica. Desde 2013, Walport asesora al premier David Cameron. Uno de los primeros temas abordados por Walport en el gobierno fue el de los experimentos con animales. En 2014, luego de que estadísticas mostraron que la cantidad de animales  utilizados en ensayos preclínicos había aumentado en los años anteriores en el Reino Unido, el gobierno anunció medidas tendientes a reducir o sustituir su uso. Walport hizo las veces de puente entre el gobierno y la comunidad científica. Reconoció la necesidad de hacer cambios, pero puso de relieve que la abolición del uso de animales en estudios científicos por ahora es inviable.

Walport también preside el Consejo de Ciencia y Tecnología (CST), ligado al Departamento de Negocios, Innovación y Capacitación del Reino Unido. El organismo dispone de una división de expertos que forma el Grupo de Asesoría Científica para Emergencias (Sage). El equipo fue accionado en 2010, cuando cenizas de un volcán de Islandia afectaron el espacio aéreo del Reino Unido, y en 2011, tras el incidente nuclear de Fukushima, en Japón.

Mark Walport, científico jefe del Reino Unido, en visita a un centro de investigación en Kenia, en julio (el primero a la izquierda)

Beca-Ilri Hub/ Marvin WasongaMark Walport, científico jefe del Reino Unido, en visita a un centro de investigación en Kenia, en julio (el primero a la izquierda)Beca-Ilri Hub/ Marvin Wasonga

El Reino Unido cuenta con científicos jefes en departamentos y ministerios. “Existe una red de consejeros científicos dentro del gobierno. Eso aproximó aún más a los distintos ministerios. El profesor Walport organiza una reunión semanal con los consejeros, que discuten juntos las prioridades de cada área”, declaró a Pesquisa FAPESP Robin Grimes, consejero jefe para temas científicos del Ministerio de  Relaciones Exteriores del Reino Unido. “Estimo que São Paulo logrará articularse mejor con la ciencia al adoptar esa medida, aparte de obtener acceso a conceptuadas redes de investigadores de Brasil y del mundo”, afirmó Grimes.

Para James Wilsdon, experto en política científica de la Universidad de Sussex, Inglaterra, esos ejemplos ayudaron a otros países a crear modelos de asesoría científica adaptados a sus realidades. “Existe una gran variedad de temas que demandan la mirada de la ciencia, tales lo como los cambios climáticos, las pandemias, la seguridad alimentaria y la pobreza”, explica Wilsdon en un informe presentado en la conferencia de la Red Internacional para la Asesoría Científica de Gobiernos (INGSA), realizada en agosto de 2014 en Auckland, en Nueva Zelandia. La entidad reúne a tomadores de decisiones y científicos con el objetivo de compartir experiencias y discutir la utilización de información científica en los gobiernos. El documento presenta una evaluación de los modelos de asesoría implementados en 20 países. Aparte de los ejemplos clásicos, se plantean casos de países que crearon el cargo recientemente, tal como Nueva Zelandia, cuyo primer científico jefe, Peter Gluckman, fue nombrado en 2009.

El estudio muestra que algunos países optaron por formas de asesoría no supeditadas a la figura de un científico jefe. En Japón, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CSTI) es uno de los cuatro consejos que ayudan al gabinete del primer ministro. Está formado por el primer ministro, seis ministros de Estado y representantes de la comunidad científica y del sector industrial. En tanto, países tales como China, Alemania, Holanda y Sudáfrica aprovechan la expertise de las entidades representativas de la comunidad científica. La Sociedad Alemana de Investigaciones Científicas (DFG), agencia no gubernamental de apoyo a la investigación, es consultada por el gobierno y ayuda a elaborar políticas públicas. “Hacemos declaraciones en comisiones del Senado y mantenemos una interacción directa con el gobierno”, dice Dietrich Halm, director presidente de la DFG para América Latina. Según Wilsdon, una de las ventajas de este modelo reside en que los investigadores gozan de independencia con relación al gobierno.

Peter Gluckman, científico jefe del primer ministro de Nueva Zelandia

Brendon O’Hagan / ICSUPeter Gluckman, científico jefe del primer ministro de Nueva ZelandiaBrendon O’Hagan / ICSU

En la región de la América Latina y el Caribe, en el informe del foro de asesoría científica se mencionan los ejemplos de Cuba y El Salvador. En el modelo cubano existe una oficina de asesoría científica ‒vinculada al consejo de Estado‒ que cuenta con 31 miembros. Si bien Brasil nunca ha contado con la figura del científico jefe, la administración pública en el país creó mecanismos de articulación con los científicos. “Informalmente, el gobierno federal es aconsejado por la comunidad científica en diversos temas”, dijo Aldo Rebelo, a la sazón ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). “En mi caso, mantuve contacto con la Academia Brasileña de Ciencias (ABC), con la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) y con sociedades científicas”. Según el vicepresidente de la FAPESP, Eduardo Moacyr Krieger, quien también fue presidente de la ABC, la actuación del científico jefe debe complementar el trabajo que desarrollan las academias de ciencias. “Las recomendaciones que les dan las academias a los  gobiernos están en el plano macro. En tanto, el científico jefe está en el plano de la implementación y de los pormenores de lo que debe hacerse en el cotidiano de la administración pública”, dice Krieger.

En el estado de São Paulo, la asesoría científica del gobierno ya se ponía en práctica en situaciones específicas, aún sin la presencia de científicos jefes. Tal es el caso de la interlocución entre expertos ligados al Programa Biota-FAPESP y la Secretaría Estadual de Medio Ambiente. Desde el lanzamiento del programa en 1999, veintitrés resoluciones y decretos estaduales mencionan resultados del Biota como referencia para la toma de decisiones. Existe un canal de diálogo con gestores de las unidades de conservación donde se desarrollan proyectos. “Los investigadores suelen ser miembros de consejos consultivos de parques estaduales y otras áreas protegidas”, sostiene Carlos Joly, docente de la Unicamp y coordinador del programa. Los expertos vinculados al Biota también trabajan en colaboración con instituciones ligadas a la secretaría, como el Instituto de Botánica, el Instituto Forestal y la Fundación Forestal. Y el propio equipo de la secretaria de Medio Ambiente, Patricia Faga Iglecias Lemos, sigue de cerca la producción científica del programa.

Otra experiencia es la del Consejo Estadual de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, creado en 2014 para asesorar a la Secretaría de la Salud en la formulación y la conducción de políticas. Este organismo está compuesto por representantes de universidades públicas instaladas en São Paulo, institutos, centros de investigación, hospitales y entidades ligadas al sector industrial. “Actualmente, el consejo discute la propuesta de creación de una política estadual de ciencia, tecnología e innovación en salud”, explica Sergio Swain Muller, presidente del consejo. “Hemos realizado talleres, escuchamos los aportes de las universidades y estamos preparando un documento con diagnósticos y acciones para la consolidación de ese plan”. Cabe también al consejo ayudar en la definición de prioridades para el próximo pliego del Programa de Investigaciones para el Sistema Único de Salud (PPSUS), conducido por la FAPESP en colaboración con la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud y el CNPq. “Una de las prioridades consiste en apoyar investigaciones sobre nuevos mecanismos de la gestión pública de la salud”, dice Muller. En tanto, en el ámbito de la Secretaría Estadual de Agricultura y Abastecimiento se creó en el año 2002 la Agencia Paulista de Tecnología de Agronegocios (Apta), que actúa en la coordinación de investigaciones de interés de la cartera. Su estructura abarca a los institutos Agronómico (IAC), Biológico, de Economía Agrícola, de Pesca, de Tecnología de Alimentos y de Zootecnia, aparte de los 15 polos regionales de investigación.

Vaughan Turekian, asesor directo de John Kerry, secretario de Estado norteamericano

AaasVaughan Turekian, asesor directo de John Kerry, secretario de Estado norteamericanoAaas

“Prospectamos estudios capaces de resolver problemas enfrentados por agricultores y se los enviamos a la secretaría”, dice Orlando Melo de Castro, coordinador de  Apta. Uno de los desafíos de la secretaría cuya solución se encuentra en debate en los institutos que se encuentran en la órbita de la agencia consiste en tornar a la caña de azúcar más resistente a las sequías. “Se consultó al IAC porque ya trabaja en ese tema, incluso en colaboración con ingenios del estado de Goiás, donde el período de sequía es prolongado. La idea es aprovechar esas investigaciones en programas de la secretaría”, explica Castro.

Para el sociólogo Simon Schwartzman, estudioso de la comunidad científica brasileña e investigador del Instituto de Estudios del Trabajo y Sociedad, el país no tiene un historial en el uso de la ciencia por parte de los gestores públicos. “Pero, por supuesto, existen excepciones”, pondera. “El Ministerio de Salud cuenta con un centro de investigaciones propio, el Instituto Oswaldo Cruz, así como sucede con el Ministerio de Agricultura, que cuenta con la ayuda de Embrapa”. Carlos Joly recuerda que la comunidad científica solía imponer barreras a la hora de sentarse a la mesa con políticos. “Colaboré como asesor de medio ambiente en la elaboración de la Constitución Federal de 1988. En esa época fui criticado por colegas que pensaban que los científicos no deberían meterse en temas políticos”, comenta. En 1995, Joly fue invitado por el entonces secretario de Medio Ambiente del estado de São Paulo, Fábio Feldmann, a trabajar como asesor suyo. “En aquel momento eso ya no era visto como algo inusual. Poco a poco, los investigadores se dieron cuenta de la importancia de trabajar en colaboración con gestores públicos”, afirma Joly.

El climatólogo Carlos Nobre, presidente de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes), guarda en su memoria historias de la tensa relación entre políticos y científicos. En 1998, Nobre y su equipo del Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) enviaron al gobierno federal y al Congreso un dictamen previendo una sequía de gran intensidad en el nordeste del país durante los meses siguientes, como consecuencia del El Niño. “Nadie nos escuchó”, recuerda Nobre. “Creo que en la época no creían que fuese posible hacer pronósticos de calidad referentes a sequías de con base en modelos matemáticos.”

El vicegobernador Márcio França reconoce que existen puntos de tensión cuando los políticos y los científicos se encuentran. “La cuestión es que no siempre el consenso científico es política y económica viable en ese momento”, dice. Para Carlos Nobre, quien ya ocupó cargos de gestión de política científica en el MCTI e integra el cuerpo de expertos del foro global de asesoría científica, de todos modos la situación es mejor hoy en día. “Ambos lados se han percatado que la solución de problemas tales como las sequías y los desastres naturales dependen de acciones conjuntas”, afirma.

Autora del libro The fifth blanch: science advisers las policymakers y de artículos que abordan la relación entre ciencia, democracia y política, la estadounidense Sheila Jasanoff, de la Universidad Harvard, advierte que la asesoría científica a gobiernos demanda muchas evaluaciones. “Requiere la toma de decisiones sobre si es mejor correr un riesgo o precaverse, por ejemplo. Es necesario saber cómo sopesar las diversas evidencias”, explica. Según Jasanoff, la asesoría puede ayudar efectivamente a los gestores. “Pero los organismos científicos consultivos deben operar de manera abierta y transparente. Eso se exige por ley en Estados Unidos”, explica. En 2010, el gobierno británico divulgó un documento en el cual recomienda que los niveles de incertidumbre existentes alrededor de cuestiones científicas sean explícitamente identificados en los dictámenes enviados a los gestores públicos, comunicados en un lenguaje sencillo y directo.

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