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Bioseguridad

Enredos y escaramuzas

La acción de ambientalistas y procuradores complica el accionar de la CTNBio y desata una crisis con los investigadores

Una guerra de nervios ha contaminado las reuniones mensuales de la nueva Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), el órgano colegiado del gobierno nacional brasileño cuya incumbencia es suministrar dictámenes sobre la seguridad de los organismos genéticamente modificados, también llamados OGMs. De un lado se ubica un grupo de miembros que se muestra bastante contrariado con el ritmo y con la agenda de la comisión. Son investigadores seleccionados debido a su notorio saber científico, ligados a diversas instituciones de investigación, o que representan a los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Agricultura. Se quejan de que las reuniones destinan demasiado tiempo a temas burocráticos y filigranas jurídicas, sumados a discusiones interminables acerca de temas secundarios, y hasta ahora no se ha pasado siquiera cerca de las cuestiones esenciales, tales como las autorizaciones para hacer investigaciones con OGMs, que desde hace años esperan su turno en la CTNBio. Del lado opuesto se perfila un grupo de miembros ligados a los ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Agrario y a entidades de defensa de los consumidores. Aunque es minoritario, este grupo logra controlar el trabajo de la comisión, valiéndose para ello de artificios jurídicos y mociones de orden en las reuniones. “La comisión debe ser rigurosa y restrictiva. Existe para velar por la bioseguridad, no para promover la tecnología, tal como lo hacen abiertamente muchos de sus miembros, que no están en el foro adecuado”, afirma Rubens Onofre Nodari, gerente de recursos genéticos del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y profesor de fitotecnia de la Universidad Federal de Santa Catarina. “La ley consagra el principio de precaución y es eso lo que defendemos. Si la legislación no se cumple, el trabajo de la comisión puede cuestionarse ante la Justicia”, dice Nodari.

“Riesgo cero” – El ingeniero agrónomo Edilson Paiva, quien forma parte del cupo de tres expertos del área vegetal con asiento en la comisión, contraargumenta: “Por supuesto que la comisión debe ser rigurosa, pero su objetivo no puede ser retrasar el desarrollo y la utilización de la tecnología exigiendo certeza absoluta y riesgo cero, tal como algunos miembros lo están haciendo”. Investigador de Embrapa Maíz y Sorgo, unidad de la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria de Sete Lagoas (Minas Gerais), Paiva estima que son un despropósito las discusiones de temas técnicos abordados por la comisión anteriormente y que, a menudo, entran nuevamente en pauta sin que algún hecho nuevo así lo justifique. Cita como ejemplo el aislamiento del maíz transgénico en autorizaciones controladas. Anteriormente, la CTNBio había definido la opción de hacer el aislamiento temporal -no se podría plantar en el lugar durante 30 días después de la germinación- o de espacio -nada alrededor en un radio de 300 metros. Ahora esto ha vuelto al ruedo con la tesis de que ambos aislamientos deben hacerse al mismo tiempo. “Esto no aporta una seguridad extra desde el punto de vista de la bioseguridad y dificulta físicamente la logística a la hora de instalar experimentos de campo”, afirma Paiva. Al adoptar este procedimiento, una sola planta de maíz transgénico en campo inmovilizaría una superficie experimental de alrededor de 30 hectáreas, ó 30 campos de fútbol, durante un período de seis meses. Esto inviabilizaría, desde el punto de vista de la disponibilidad de áreas, este tipo de actividad en la mayoría de las unidades de investigación que poseen programas de mejora genética de maíz en Brasil.

“Hay más de 200 solicitudes de habilitación para investigar a la espera de una definición”, dice Paiva. “¿Quién será el responsable del atraso tecnológico que esto está imponiéndole al país? Argentina, China y la India nos han superado en el área de biotecnología vegetal. ¿Quién será el responsable del perjuicio ocasionado a los agricultores y al medio ambiente por haberse impedido el uso de una tecnología más racional y segura?”, cuestiona. Rubens Nodari ha presentado un recurso solicitando la destitución de Paiva de la comisión, debido a sus declaraciones críticas acerca de los rumos de la CTNBio. Para Geraldo Deffune Gonçalves de Oliveira, experto en agricultura familiar con un escaño en la comisión, las críticas de los investigadores son exageradas. “No veo por qué los colegas se exasperan, si lo que buscamos es siempre la solución dentro de la legalidad. Nosotros no somos sectarios”, dice.

Una de las causas de la crisis de la CTNBio es estructural. En su nueva configuración, la comisión tiene 27 miembros, 12 de los cuales son expertos de notable saber científico, tres de cada una de estas áreas: salud humana, animal, vegetal y medio ambiente. También participan representantes de nueve ministerios y otros seis expertos en las áreas de defensa del consumidor, salud, medio ambiente, biotecnología, agricultura familiar y salud del trabajador. El problema es que, al margen de los 27 titulares con derecho a voto, también hay 27 suplentes con derecho a voz. Esto conspira contra la productividad de las reuniones.

“El resultado es una especie de asamblea de más de 50 personas, con muchas de ellas queriendo hablar de todos los temas o esgrimiendo mociones de orden”, dice Carlos Augusto Pereira, investigador del Instituto Butantan. En su encarnación anterior, la CTNBio era mucho más pequeña. Tenía tan solo 13 miembros titulares. “El papel de los miembros consiste en hacer un análisis técnico de los proyectos, pero se tarda mucho tiempo tratando temas burocráticos que podría resolver la secretaría de la comisión, o cuestiones jurídicas con relación a las cuales nosotros sencillamente no contamos con elementos como para analizarlas”, afirma Pereira. Según éste, se ha avanzado en el sentido de dividir los grupos en subcomisiones temáticas, cuyos miembros, aunque se reúnen una vez sola por mes, han logrado adelantar el trabajo y limar asperezas por e-mail. Pero resta establecer un sistema que optimice el trabajo de la CTNBio, de manera tal de que sus miembros trabajen de manera más productiva. Es frustrante gastar tiempo para venir a Brasilia y ver que el trabajo está aquende de nuestra competencia.”

Para Marcio de Castro Silva Filho, docente de la escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de la USP, el origen del disenso es otro. “El gobierno nacional tiene una postura ambivalente con relación a los transgénicos, y eso se denota en la posición de los miembros designados por los distintos ministerios”, afirma. “Entre los expertos, no hay posturas rígidas con relación a los transgénicos, pero la polarización es mucho más visible entre los miembros nominados por el gobierno.”

La invasión de querellas jurídicas en la comisión es la principal causa de contrariedad. El Ministerio Público Federal (MPF) se arrogó la función de órgano externo con poderes de fiscalización y control de la CTNBio. En una decisión inédita, la 4ª Cámara de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural del MPF determinó que una procuradora, Maria Soares Cordioli, participara en las reuniones ordinarias mensuales de la CTNBio. La decisión se apoya en la Ley del Ministerio Público, pero nunca desde la creación de la CTNBio, en 1995, había sido puesta práctica. La presencia de la procuradora causó reacciones de los investigadores, irritados con la interferencia de alguien de fuera de la academia en una comisión que debería ser eminentemente técnica.

La decisión de designar un promotor se tomó el día 15 de febrero, día en que la CTNBio reanudó sus actividades. El presidente del órgano, Walter Colli, fue electo el día 16. Pero la promotora solamente apareció en la reunión de mayo, desencadenando un debate interno que paralizó los trabajos. Ante tamaña reacción, Maria Cordioli explicó que no estaba allí para “interferir, sino para contribuir” con la “transparencia y la democracia” de la CTNBio. “La comisión no está consciente acerca de su papel”, declaró Maria Cordioli al diario Valor Econômico. “No es solamente decir si un producto tiene aval científico, sino también evaluar desde el punto de vista ambiental, laboral y de los derechos del consumidor”. Uno de los primeros actos de la procuradora fue exigir que los miembros firmaran una declaración de conflictos de intereses, so pena de perder sus mandatos. Es cierto que este tema debería haber sido tratado en las primeras reuniones de la nueva CTNBio, pero terminó quedando relegado ante demandas más importantes y ante el exceso de trabajo acumulado. A continuación hubo un debate sobre el tipo de declaración que debería firmarse.

Rubens Nodari, representante del Ministerio de Medio Ambiente, exigía una  declaración leonina, en la cual los miembros de antemano se declararan incapaces de evaluar procesos aun cuando hubiera una relación distante con las universidades, institutos de investigación o empresas interesadas en el tema. Después de mucho debatir, el caso pasó a votación y en ella prevaleció el modelo que funciona en las agencias de fomento, en las cuales el miembro se compromete a declarar, antes de evaluar un proceso o votar, si tiene intereses vinculados al caso.

Falta de objetividad
La interferencia del Ministerio Público produjo una baja. El mes pasado, el vicepresidente de la CTNBio, Horácio Schneider, docente de la Universidad Federal de Pará, renunció. Schneider alegó motivos personales: los viajes mensuales desde Bragança, Pará, hasta Brasilia le requerían mucho tiempo, mientras que el necesitaba preparar su investidura como presidente de la Sociedad Brasileña de Genética. Con todo, en su carta de renuncia, Schneider se refirió a las “tensas e interminables reuniones mensuales, que no se acaban”. Y criticó la falta de objetividad de la comisión.  El presidente de la CTNBio, Walter Colli, que es profesor del Instituto de Química de la USP, no quiso pronunciarse sobre estos problemas, alegando que necesita mantener su exención.

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad se creó en 1995 y tuvo sus  actividades suspendidas en 1998 debido a una decisión judicial concedida a la entidad ambientalista Greenpeace y al Instituto de Defensa del Consumidor (Idec), que suspendía su competencia de emitir dictámenes conclusivos. La manzana de la discordia fue la liberación para el cultivo de la soja transgénica Roundup Ready, de Monsanto, considerada segura para el consumo y el cultivo. Pese a la decisión judicial, la soja transgénica conquistó espacio en Rio Grande do Sul, contrabandeada desde Argentina, y al gobierno federal no le quedo entonces otra opción que autorizar el cultivo por decreto año tras año. En 2004, antes incluso de la sanción de la Ley de Bioseguridad, la CTNBio recuperó en la Justicia los poderes para deliberar sobre transgénicos. Así autorizó el uso de semillas de algodón con hasta un 1% de OGMs y el cultivo y la comercialización de la variedad Bollgard de algodón resistente a insectos de Monsanto, además de la importación de 370 mil toneladas de maíz transgénico de Argentina.

En la estela de la nueva Ley de Bioseguridad, sancionada en 2005, la CTNBio fue recreada con una nueva configuración y empezó a funcionar en febrero. Tareas no le faltaban. La lista de espera, en febrero, tenía 398 expedientes: siete solicitudes de autorización comercial de organismos genéticamente modificados, cuatro nuevos proyectos de investigación y otros 52 pedidos de autorización de investigación de la casa de vegetación para el ambiente exterior y 41 solicitudes de importación, entre otras solicitudes aún no analizadas. Pero, desde entonces, ambos grupos se abocaron a tomar medidas consensuales, tales como la concesión de la certificación de calidad en bioseguridad  (CCB) para investigaciones de bajísimo riesgo, o a tareas preliminares, como reevaluar las instrucciones normativas que orientan el trabajo de la comisión. Una de esas instrucciones apunta a determinar la clasificación de organismos genéticamente modificados de bajo, mediano y alto riesgo.

El grupo ligado al Ministerio de Medio Ambiente y a los órganos de defensa del consumidor había mostrado su preferencia una propuesta según la cual, cuando un gen de alto riesgo se instala en un organismo de riesgo bajísimo, al producto debe clasificárselo como de riesgo máximo. En tanto, los investigadores, con conocimiento del tema, sostienen que si esto se concreta, nadie trabajará con OGMs en el país. En la reunión de 21 de junio, se superó el impasse y hubo consenso en favor de la propuesta más flexible y racional.

Los grupos también aprovecharon para medir fuerzas, y quedó claro que los contrarios a los transgénicos, aunque están en minoría, tienen peso como para bloquear propuestas con las cuales no coincidan. Cuando existe disputa, el tanteador en general es de 14 a 7, toda vez que el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido designado todavía (pese a que cuenta a la hora de obtención de quórum calificado) y siempre hay alguna ausencia. Con ese marcador, sería posible impedir la autorización de comercialización de transgéwnicos, toda vez que se requiere una mayoría de dos tercios, es decir, 18 votos, para la aprobación. Pero ningún caso ha sido sometido hasta ahora al escrutinio de la comisión.

“El problema es que estas discusiones no contemplan todo lo que se ha hecho en los años anteriores y se procura reevaluar cosas que ya estaban más que discutidas”, afirma Edilson Paiva. Por ejemplo: el MMA exige que se rediscuta la aprobación del algodón Bollgard, aprobado por 12 votos contra 1 en la CTNBio en 2005. La consultoría jurídica del Ministerio de Ciencia y Tecnología emitió dos dictámenes sosteniendo que no es el caso someterlo nuevamente a votación, puesto que no ha habido un “cambio en el conocimiento” del tema, como sostiene la ley que creó a CTNBio.

Equilibrio
El debate recrudece del lado de afuera de la comisión. Gabriel Fernandes, asesor técnico de Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (Aspta), atacó a la CTNBio en un artículo difundido en internet. “Oscurantismo es a decir verdad creer por principio que los transgénicos son inherentemente seguros y evitar, de todas las maneras, que esos productos sean sometidos a ensayos rigurosos, independientes y de mediano y largo plazos”. Reginaldo Minaré, director jurídico de la Asociación Nacional de Bioseguridad (Anbio), resaltó también en un artículo que no se halló ninguna falla en el trabajo de evaluación de riesgo llevado a cabo por la comisión que haya provocado daños sanitarios o ambientales. “La batalla no apunta a mejorar la garantía de evaluación de riesgo de los OGMs, sino de crear dificultades al funcionamiento de la CTNBio para minar la motivación de varios miembros”, afirma.

Para Marcio  de Castro Silva Filho, profesor de la Esalq, el desafío de los miembros de la CTNBio consiste en mantener el equilibrio en las próximas reuniones y no permitir que la polarización paralice los trabajos. “Debemos concentrarnos en las cuestiones técnicas, invertir en lo que es consensual y cuando se haga necesario resolver con el voto, no perder la serenidad”, dice.

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