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Medio ambiente

La democracia llega a la selva

La posibilidad de conciliar explotación y preservación de bosques acerca al gobierno a los empresarios, pero todavía enfrenta resistencias

CARLOS FIORAVANTILa Tansamazónica, la principal carretera de la región: un hilo de tierra en el medio de la selvaCARLOS FIORAVANTI

El diálogo entre grupos antes distantes florece en el interior del estado de Pará. Al atardecer del pasado día 10 de mayo, en una de las salas de la Municipalidad de Itaituba, sudoeste de dicho estado norteño, siete integrantes del alto escalón del Servicio Forestal Brasileño, un órgano ligado al Ministerio de Medio Ambiente, se reunieron con ocho empresarios del sector maderero para conciliar sus intereses alrededor de una nueva modalidad de explotación económica de la Amazonia: la concesión forestal, mediante la cual el gobierno federal selecciona empresas que podrán explotar áreas previamente definidas de bosques públicos durante un período de 40 años procurando causar el menor impacto ambiental posible, a diferencia del actual abordaje que implica la eliminación total de la vegetación autóctona. La cordialidad imperó durante toda la charla, pero las palabras sonaban cautelosas y las miradas expresaban una desconfianza recíproca.

El hecho de escuchar a los interesados o a quienes puedan verse afectados por las decisiones que se tomen forma parte de este nuevo abordaje del uso de las tierras públicas. Con base en la Ley de Gestión de Bosques Públicos, aprobada en 2006, el Servicio Forestal seleccionó en 2008 a tres empresas para explotar 96 mil hectáreas del Bosque Nacional de Jamarí, en Rondônia, mediante el primer llamado a licitación para la concesión de bosques públicos. El equipo del Servicio Forestal trabaja ahora en el análisis de las propuestas presentadas en el marco del segundo pliego licitatorio, para la explotación de 140 mil hectáreas del Bosque Nacional de Saracá-Taquera, en Pará, y en la versión final del tercer pliego, destinado a la concesión de 210 mil hectáreas, el equivalente a 1,4 veces el área del municipio de São Paulo, del Bosque Nacional de Amana, en los municipios de Itaituba y Jacareacanga, también en Pará.

“Dicen que es poco, pero es sólo el comienzo”, dijo Antonio Carlos Hummel, director general del Servicio Forestal. Esta forma de explotación, denominada manejo forestal sostenible, podría adoptarse en 20 millones de las 239 millones de hectáreas de bosques públicos. El área boscosa total en Brasil, de 524 millones de hectáreas, equivale al 61% del territorio nacional. En el mes de julio se dará inicio a la explotación de madera en las áreas correspondientes al primer pliego, se anunciará qué empresas se seleccionaron en el marco del segundo pliego, se publicará en tercer pliego de Itaituba y Jacareacanga y se hará público el calendario de reuniones para el pliego licitatorio siguiente, también de Pará.

Según las propuestas aprobadas en cada pliego, las empresas pueden talar de cinco a seis árboles por hectárea cada 30 años, cuatro veces menos que la pérdida ocasionada por razones naturales y mucho menos que el desmonte, que suprime toda la vegetación. Las empresas pueden también extraer látex, lianas, aceites, frutos y semillas y crear actividades turísticas en las áreas concedidas, de acuerdo con planes previamente aprobados. “No podemos extraer más que lo que la selva puede producir”, dice Roberto Waack, presidente de Amata, una de las tres empresas seleccionadas para explotar las áreas licitadas en Rondônia.

Las empresas que ganaron las licitaciones deberán comprometerse a contratar en la propia localidad al menos al 80% de los trabajadores que necesiten y a pagarle al Servicio Forestal un precio mínimo por metro cúbico de madera, proporcional al valor comercial de cada especie. Entre las de mayor valor se encuentran el lapacho, el cedro rosa, el guapinol y ‘maçaranduba’.
En la charla del día 10, los madereros se quejaron del precio mínimo, al que consideraron muy alto. Al día siguiente, junto a representantes de los trabajadores, los movimientos sociales y las comunidades locales, los madereros expusieron esas reivindicaciones, con una argumentación más detallada, en la audiencia pública que reunió a alrededor de 250 personas en el gimnasio de deportes de la ciudad. “La concesión de bosques públicos es una salida”, reconoció Osvaldo Romanholi, presidente de la asociación industrial maderera del sudeste de Pará, “pero no en el corto plazo”.

La lucha contra la ilegalidad
Un año después de que los directores y gerentes del Servicio Forestal aterrizasen en Itaituba y presentasen el nuevo abordaje de explotación maderera, en ese momento bajo una resistencia mucho más intensa, la concesión forestal suena inevitable, ya que el espacio para que las empresas actúen en la ilegalidad parece ser mucho menor actualmente que hace dos o tres décadas.

“Queremos reducir la ilegalidad de la explotación maderera y el desmonte”, argumentó Hummel. En las reuniones previas y en la audiencia pública, dijo que haría lo posible para contemplar las reivindicaciones. “Tenemos impedimentos legales que no nos permiten hacer todo lo que querríamos”, previno Marcelo Arguelles, gerente de concesiones del Servicio Forestal, en una de las conversaciones con los madereros. “Vamos a pelear mucho todavía, y también tenemos abogados”, anticipó un empresario de Jacareacanga, una de las localidades más pobres de Pará, en donde se realizó otra audiencia pública tres días después.

En el asiento trasero de un bimotor Cessna, en un sobrevuelo por el bosque con los periodistas, Luiz Cesar Cunha Lima, coordinador de licitaciones del Servicio Forestal, apuntó hacia las áreas que serían licitadas y comentó: “Miren, es un área excelente para el manejo forestal sostenible. Es un macizo forestal, no tiene ríos ni cerros”. Seiscientos metros abajo, la selva se extendía hasta perderse de vista. En la audiencia pública, un maderero recordó que por allí sí existen cerros, y que no hay carreteras que lleven a las áreas que serán explotadas, ubicadas a alrededor de 200 kilómetros de la ciudad. Vista desde lo alto, la principal carretera de la región, la Transamazónica, es un hilo de tierra que corta la selva y puede que no resista al peso los semirremolques cargados de troncos.

La perspectiva de conciliar intereses es una novedad en el oeste de Pará, territorio signado por actividades económicas ilegales y conflictos por la tierra. “Hasta hace cuatro años nadie sabía qué era estar dentro de la ley”, comenta Romanholi, quien llegó proveniente de Mato Grosso hace 11 años. Las cosas empezaron a cambiar a partir de 2003, con la reanudación de la construcción de la carretera BR-163, entre Cuiabá, Mato Grosso, y Santarém, Pará, que actualmente sigue estando asfaltada parcialmente. Tres años después, la creación del Distrito Forestal Sostenible BR-163 significó el desafío de explotar sin destruir 19 millones de hectáreas de bosque autóctono en 10 municipios cercanos a la carretera.

El verdugo de los madereros
Hummel, en ese entonces director del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), bloqueó la acción de las madereras que presentaban planes irregulares de extracción de madera –el llamado plan de manejo–, en áreas públicas no autorizadas. De las 254 empresas antes en actividad en el área del Distrito Forestal Sostenible quedaron 39. “A Hummel le decían el verdugo de los madereros”, dice Romanholi. “El acceso a tierras públicas era demasiado fácil”, rebate Hummel.

El orden empezó imponerse, pero los resentimientos perduran. “El gobierno creó una reserva arriba de mi propiedad”, acusa Walmir Climaco, alcalde de Itaituba. Climaco había asumido su cargo municipal dos semanas antes (el alcalde anterior fue apartado del cargo por haber distribuido 5 mil canastas familiares entre personas no registradas), llegó 45 minutos atrasado a la audiencia pública y no escondía su descon¬fianza: “En el pasado, la opinión pública no tenía mucho valor. El gobierno federal ya estuvo acá otras veces, escuchó a mucha gente y después hizo lo que quiso”.

EDUARDO CESARJarrón de madera tropical: para europeos refinadosEDUARDO CESAR

El propio alcalde sintió los efectos de la legalización de la explotación maderera en la región. De sus 250 empleados antes contratados para explotar un área de 3 mil hectáreas de bosques, restaron tan sólo tres vigilantes. “Está todo completamente parado, porque no hay regularización”, dice. Climaco también es dueño de 5 mil hectáreas de yacimientos de piedras preciosas [‘garimpos’] y de 17 propiedades rurales con 100 mil cabezas de ganado. “Hasta 1988, el desmonte era autorizado”, recordó en una de las conversaciones que ocurrieron durante la audiencia pública. Con 49 años, el alcalde llegó a Itaituba provenientes de Ceará hace 32 años, “en los tiempos del ministro Mario Andreazza”, dijo, en referencia a la época de la dictadura.

“El Estado está empezando a llegar al interior de la Amazonia, en todos los sentidos”, sostiene Fernando Ludke, director regional del Servicio Forestal. Declarada municipio en 1856, Itaituba tiene 130 mil habitantes que se muestran indiferentes al clima cálido y húmedo. Al atardecer, la muchachada se instala en los bancos de la costanera: abren sus laptops y se conectan a la red pública de acceso a internet. Muy cerca, los desagües sin tratamiento se escurren hacia el río Tapajós. A la noche es fácil ver ratones y perros revolviendo la basura abandonada en las calles.

En esa región ya se extraía mucho oro; mucho más que los actuales 100 kilogramos (kg) por mes, de acuerdo con José Antunes, presidente de la Asociación de Minería de Oro de Tapajós, ó 300 kg, según el alcalde. En un rincón del aeropuerto de Itaituba, un dibujo realizado sobre una foto retrata los tiempos áureos: una avioneta que al aterrizar se superpuso parcialmente a otra en un momento de tránsito aéreo intenso en el lugar, que tiene la fama de haber sido el aeropuerto de avionetas más movidos de Brasil.
“Había mucho oro, muchas mujeres, mucha ‘cachaça’. Hoy en día esto es más civilizado. No tiene gracia”, dice un ex ‘garimpeiro’ [nota del traductor: buscador de oro y piedras preciosas] que observa la audiencia a distancia y en lugar de decir su nombre, deja escapar una sonrisa pícara, como quien recuerda viejos tiempos. Después, nuevamente serio, añade: “Esta región es una herida crónica en la selva”. Otro habitante cuenta que todavía circulan unos pocos de los antes asiduos pistoleros que mataban por oro, por tierras o por mujeres.

La cifra de empleos que se crearán efectivamente y la rentabilidad de la selva son pasibles de ajustes, a medida que los árboles empiecen a salir del monte rumbo a los aserraderos. Sólo el tiempo dirá también si se justifica uno de los temores de los habitantes: que poderosas multinacionales ganen las licitaciones por sobre las empresas locales; y si la concesión de bosques funcionará efectivamente como estrategia de ordenamiento territorial de la Amazonia. Al menos la transparencia con que se están haciendo las licitaciones impresiona, pues cada paso es informado en internet. De igual modo, los riesgos a la integridad de la selva parecen mínimos, de acuerdo con estudios iniciados hace alrededor de 60 años en la Amazonia.

En el marco de un experimento realizado en el Bosque Nacional de Tapajós, en Santarém, Pará, los árboles con diámetro superior a 45 centímetros de un área total de 64 hectáreas fueron inventariados en 1975 y talados en 1979 en una proporción de volumen por hectárea equivalente a más que el doble que la permitida actualmente. El mismo tramo de selva fue reevaluado en 2009. Por ende, 30 años después: el mismo intervalo entre talas estipulado por la legislación actual. “La selva mostró una capacidad de recuperación tal que permitió otra tala, dentro de los límites actuales de intensidad de corte”, informa José Natalino Macedo Silva, director del Servicio Forestal

Un contrato a largo plazo
“Luego de que se talan los árboles, la diversidad de especies disminuye momentánea¬mente, pero después se recupera”, dice. Según él, al cabo de 30 años, la extracción de madera en el Bosque Nacional de Tapajós amplió – en lugar de disminuir, como muchos biólogos temían – la diversidad de especies, pues aportó luz y espacio para que otras especies germinasen y creciesen.

“Nuevas especies entran y salen constantemente, porque el bosque es un ambiente dinámico, sujeto a diversos tipos e intensidades de perturbaciones, tales como huracanes, deslizamientos de tierra o claros que surgen cuando los árboles mueren y caen”, comenta Natalino. “Con el manejo forestal, el hombre controla la intensidad de las intervenciones, de manera tal de minimizarlas y así permitir talas sostenibles por tiempo indeterminado.”

Según Natalino, los contratos de concesión limitan el impacto de la construcción de la infraestructura (carreteras, patios de almacenaje de troncos y las llamadas sendas de arrastre) a un 8% del área de bosque. “La legislación actual es cautelosa en cuanto a los impactos ambientales del manejo, pues exige que las empresas forestales dejen al menos tres árboles de cada especie cada 100 hectáreas y un 10% de los árboles en tamaño de corte, a los efectos de asegurar la continuidad de las especies.”

Las reglas actuales para la explotación de selvas nativas implican la división del área que se explotará en 30 partes. Anualmente es permitido aprovechar tan sólo 1/30 y las empresas deben mantener una reserva del 5% de cada tipo forestal en cada área. “Ahora el Ibama se vale de 140 verificadores de buenas prácticas de manejo”, dice Natalino. El plan de trabajo, que debe contar con la aprobación del gobierno federal, se apoya en un inventario con la identificación botánica – autenticada en un herbario oficial – de los árboles de cada área que será explotada.

En la sede de Amata, en São Paulo, en el 17° piso de un edificio cercano al río Pinheiros, Roberto Waack comenta que su equipo detectó de qué especie son, y registró la altura y el diámetro de alrededor de 27 mil árboles del primer lote que empezará a explotar una vez que el Ibama apruebe su plan que indica qué árboles cortar. Según él, aun con todo este trabajo previo, dicha operación vale la pena económicamente, pues el costo de explotar una selva ya formada es mucho menor que el de una de eucaliptos o pinos que debe ser plantada y solamente produce madera al cabo de al menos siete años. Asimismo, como el espacio de las maderas de origen ilegal se está reduciendo, “la demanda de madera de origen certificada ha sido mayor que la oferta”, dice Waack.

Su plan consiste en producir los llamados cepillados secos – piezas tratadas para su uso en pisos y batientes – este mismo año en un aserradero que está montando en Rondônia. En 2011 pretende empezar a usar los desechos de la explotación de madera para producir pequeños bloques que parecen alimento balanceado para perros y que se usan como combustibles en hornos. “El manejo debe ser integrado de manera tal de agregarles valor a los productos de la selva”, dice Waack. “No entramos en el monte pensando en talar todo rápido e irnos. Estamos bajo la protección de un contrato por 40 años.”

La visión de largo plazo marca la diferencia. Una de las socias de Amata es la diseñadora Etel Carmona, que empezó a trabajar hace 20 años con maderas tropicales y actualmente vende muebles y objetos, como por ejemplo jarrones exclusivos de madera, por el equivalente a casi 5 mil reales, en Brasil y en Europa.

* El periodista viajó por invitación del Servicio Forestal Brasileño

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