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Pesquisa Fapesp 20 Años

La expansión en cifras

En dos décadas, los parámetros de la ciencia brasileña evolucionaron de modo consistente

Desde el año 1999, cuando comenzó a circular Pesquisa FAPESP, el perfil de la ciencia brasileña ha pasado por una gran transformación. La producción científica nacional creció más de cinco veces: la cantidad de artículos publicados por investigadores de Brasil en revistas indexadas en la base Scopus, que sumaba unos 13.500 a finales de la década de 1990, llegó a 74 mil en 2018, catapultando al país del 18º al 13º puesto entre las naciones que generan más conocimiento en el formato de papers. Si bien es cierto que la base Scopus incorporó muchos periódicos brasileños durante los últimos años, lo que dificulta la comparación entre ambos contextos, también existen otros parámetros que confirman la expansión. El contingente de científicos en actividad es uno de ellos, tal como lo revelan los censos del Directorio de Grupos de Investigación, un inventario de los equipos de investigadores en actividad en el país elaborado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). La cantidad de grupos registrados trepó de 11.700 en el año 2000 a 37.600 en 2016, que es el último dato disponible. El número de investigadores con doctorado creció de 27 mil a 130 mil, el equivalente a un 380%, cuando la población brasileña, como parámetro de comparación, aumentó un 21% durante los últimos 20 años.

Y este cambio no solo ha sido cuantitativo. En la actualidad, los científicos se reparten en fracciones similares en cuanto al género, mientras que hace 20 años, los varones constituían el 56% y las mujeres, el 44%. Hubo un impulso en cuanto a la formación de nuevos talentos. La cantidad de doctores titulados evolucionó de 4.900 en 1999 a casi 22.900 en 2018, un avance de un 370%; y la de magísteres creció a un ritmo similar, de 15 mil a 51 mil por año. “Esta expansión demuestra el éxito del modelo de posgrado adoptado en Brasil a partir de la década de 1960, enfocado en la capacitación interna de los recursos humanos necesarios para la investigación científica, la docencia en las universidades y otras demandas de la sociedad”, dice el politólogo Abílio Baeta Neves, expresidente de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes). Tal desempeño no habría sido factible sin la expansión de la educación superior, donde hoy en día egresan más de 900 mil graduados por año, en comparación con los 350 mil que lo hacían al comenzar el nuevo milenio.

Los indicadores relacionados con la calidad investigativa también mejoraron. Un buen ejemplo de ello son los programas de posgrado con notas 6 y 7, las más altas en la evaluación periódica que realiza la Capes, calificaciones que se les confieren a programas con un alto grado de interacción con grupos de investigación internacionales. El número de programas con notas 6 y 7 creció un 178%: se contabilizaron 479 en la evaluación divulgada en 2017 y 172 en la de 2001. El incremento es proporcional al de la cantidad de programas en actividad, que subió de 1.545 a 4.175 en idéntico período.

Baeta Neves, quien presidió la Capes al final de la década de 1990 y volvió a conducirla entre 2016 y 2018, hace hincapié en una transformación importante en el concepto de un programa de posgrado de calidad. Hasta mediados de la década de 1990, la agencia clasificaba a los programas con letras, de la A hasta la E. “El agotamiento de ese modelo era evidente, ya que más de la mitad de los programas se ubicaba en el estrato más alto, cuyas notas eran A y B”, recuerda. En la evaluación divulgada en 2001, referente a los tres años anteriores, se introdujo una nueva escala, reservando las notas 6 y 7 para los programas más competitivos a escala mundial. “En aquel momento, a partir de la oferta de nuevos indicadores bibliométricos, comenzó a quedar claro que la internacionalización constituía un parámetro fundamental, dado que la producción científica en colaboración con instituciones del exterior generaba un impacto, medido en citas, cuatro veces mayor que la realizada internamente”. Para Elizabeth Balbachevsky, del Departamento de Ciencia Política de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (FFLCH-USP), la expansión de las universidades públicas y de sus programas de posgrado no rompió con el modelo que divide el sistema en dos categorías. “Disponemos de un conjunto de universidades de investigación, con un cuerpo docente internacionalizado y activo en redes de producción del conocimiento, y un grupo de universidades regionales, en las cuales los docentes están mayormente abocados a la enseñanza y tienen una articulación con redes más tenue”. Balbachevsky señala que los mejores programas de posgrado se concentran en las universidades consolidadas, mientras que en las más recientes el énfasis recae en la creación de programas interdisciplinarios, que tienen escaso historial y afrontan dificultades para ser evaluados en forma adecuada por la Capes. “Esa división en dos pelotones es habitual en muchos países. Lo complicado es imponer un modelo único para todas las universidades públicas. Eso impide que las universidades regionales saquen provecho de lo que mejor pueden hacer, que es brindar respuestas a los desafíos locales”.

La consistencia de un grupo de investigación científica puede analizarse de acuerdo con su capacidad para trabajar junto a equipos de otros países. Por eso Brasil amplió entonces su inserción internacional: al comienzo de la década de 2000, menos del 30% de la producción científica nacional se hacía en colaboración con científicos de otros países, en tanto que, en 2017, las publicaciones de autores brasileños junto a colegas del exterior superaban el 35% del total. El desempeño de los investigadores del estado de São Paulo tuvo una evolución peculiar. Al comienzo de la década, se ubicaba por debajo del promedio nacional en coautoría con extranjeros y actualmente se sitúa por encima, con un promedio del 40% de los papers en colaboración internacional.

En 2017, de las 9.500 publicaciones de científicos paulistas en coautoría con extranjeros, la mayoría (3.984) eran el resultado de colaboraciones con estadounidenses, seguidas por los trabajos conjuntos con investigadores del Reino Unido (1.683), España (1.356) y Alemania (1.318). “La FAPESP estimuló las colaboraciones en forma activa y amplió la cantidad de acuerdos con agencias e instituciones del exterior, pero las universidades paulistas se movieron hacia la producción de una ciencia más internacionalizada y con mayor impacto”, dice el físico Carlos Henrique de Brito Cruz, director científico de la FAPESP. “La difusión de rankings internacionales que comparan el rendimiento de las universidades parece haber estimulado esa tendencia”. El impacto de la investigación científica brasileña, medido en citas, también aumentó, aunque a una velocidad inferior a la del crecimiento de la cantidad de artículos. Al comienzo de la década, el impacto relativo normalizado se ubicaba en un valor de 0,8 y subió a alrededor de 0,9, por debajo del promedio mundial, cuyo valor es 1. Los científicos de São Paulo también partieron de ese 0,8, pero lograron equipararse al promedio mundial.

La pujanza de los indicadores en los últimos 20 años tuvo como telón de fondo un reordenamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, dice el ecólogo José Galizia Tundisi, docente jubilado de la Escuela de Ingeniería de São Carlos de la USP, quien durante la segunda mitad de la década de 1990 presidió el CNPq. “Hubo un rediseño de la actividad del CNPq, al apuntarse a que financiase a la ciencia no solo invirtiendo en becas sino también en proyectos de investigación. En el año 2000, se crearon los Institutos del Milenio, redes de investigadores dedicados a temas estratégicos para el país, que evolucionaron hacia los Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología actuales”, dice Tundisi, quien a su vez pone de relieve que la reorganización contó con un sólido soporte de recursos, asegurados a través de los Fondos Sectoriales de Ciencia y Tecnología.

Según el investigador, la estructura de la ciencia ligada al gobierno federal brasileño se consolidó en una forma más diversa de la que existía en la década 1990. Los institutos que entonces estaban ligados al CNPq, tales como el de Matemática Pura y Aplicada (Impa), en Río de Janeiro, pasaron a ser administrados por organizaciones sociales, un modelo que también se adoptó en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, en Campinas. “Los avances institucionales llegaron a los estados y algunos de estos, tales como Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Río de Janeiro, imitaron el ejemplo de São Paulo con la FAPESP y comenzaron a asignarle una cantidad importante de recursos a la ciencia”, comenta Tundisi.

De Brito Cruz, quien en 1999 presidía el Consejo Superior de la FAPESP, hace hincapié en el avance cualitativo que se alcanzó en la investigación en el estado paulista y cita como ejemplo a los proyectos temáticos, una modalidad de financiación de la Fundación destinada a iniciativas con objetivos audaces, cuyo fomento se otorga por un lapso de hasta seis años. “Los proyectos temáticos se afianzaron desde el punto de vista de la competitividad, con equipos con más posdoctores que los que contaban en el pasado”, explica. Otro ejemplo es el programa de Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid), que ofrece financiación por hasta 11 años a consorcios de investigadores que se desempeñan en la frontera del conocimiento: la intención es invertir en investigación de riesgo sin la presión de obtener resultados a corto plazo. Este programa se instituyó en 2001 con 11 centros. En 2013 hubo una renovación y la cantidad de centros aumentó a 17. Este formato se utilizó en colaboraciones con empresas tales como Shell, Natura y Peugeot-Citroën, en el lanzamiento de los Centros de Investigación en Ingeniería, que agrupan a investigadores de empresas y de universidades bajo un régimen de cofinanciación.

La transformación de las universidades brasileñas amplió su capacidad para producir innovación y relacionarse con el sector productivo. Al contrario de lo que indica el sentido común, la integración entre la academia y el sector privado ha avanzado de manera notable. Un informe publicado por Clarivate Analytics reveló que la cantidad de artículos en coautoría entre investigadores de universidades y de empresas creció ocho veces: eran alrededor de 200 en 1999 y, en 2017, llegaron a ser 1.600.

Los datos referentes a solicitudes de patentes en 2017 muestran que nueve universidades se ubicaban entre los 10 mayores depositantes nacionales de patentes, una lista en la cual la única empresa fue CNH Industrial (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 276). El perfil de ese primer pelotón es diferente al que se evidenciaba al comienzo de la década de 2000. Un estudio del INPI divulgado en 2006 indicó cuáles fueron las instituciones líderes en registros de patentes durante el período comprendido entre 1999 y 2003. Y en esa lista solo figuraban dos universidades, la de Campinas (Unicamp) en el primer puesto y la Federal de Minas Gerais (UFMG) en el 10º, y el resto eran empresas, tales como Petrobras, Arno, Multibrás, Semeato y Vale.

El cambio de perfil indica la importancia que alcanzó la protección de la propiedad intelectual en las universidades, sobre todo después de la sanción de la Ley de Innovación, en 2004, que estableció que las instituciones de ciencia y tecnología deberían formar Núcleos de Innovación Tecnológica (NIT), con el encargo de mapear aplicaciones de interés para las empresas, y ponerlas a resguardo por medio de patentes. Existe un movimiento más reciente que apunta a que las tecnologías les sean licenciadas a empresas. De acuerdo con el Formulario de Información sobre Política de Propiedad Intelectual de Instituciones Científicas, Tecnológicas y de Innovación en Brasil (Formict), las licencias les rindieron 34,4 millones de reales a las universidades e instituciones de investigación científica del país en 2016. La inversión de las empresas en investigación y desarrollo (I&D) correspondía al 48,3% del total del país en 2000 y conserva actualmente ese nivel: en 2016, el índice era del 47,6%. El caso de São Paulo es un punto fuera de esa curva, con una participación privada equivalente al 56% del total en 2018. “Una hipótesis para ese estancamiento radica en que en todos estos años Brasil no intentó una apertura de su economía ni estimular a las empresas a competir más en el mercado externo”, dice De Brito Cruz.

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