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Bráulio Dias

Bráulio Ferreira de Souza Dias: La voz de los megadiversos

eduardo cesarEl biólogo brasileño Bráulio Ferreira de Souza Dias participó en cada una de las 10 ediciones de la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un organismo de las Naciones Unidas, desde la primera de ellas, realizada en 1994, en las Bahamas, hasta la más reciente, que se llevó a cabo en Nagoya, Japón, en 2010. Como representante del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (MMA), donde trabajó durante dos décadas, Ferreira de Souza Dias desempeñó un rol importante en las negociaciones de Nagoya, cuyo resultado fue un inédito acuerdo para la protección de la diversidad de especies y de los recursos genéticos de plantas, animales y microorganismos. El principal avance fue un protocolo sobre acceso y reparto de beneficios de los recursos genéticos de la biodiversidad (ABS, según su sigla en inglés), que establece que cada país es soberano sobre los recursos genéticos de su biodiversidad y que el acceso a ellos sólo podrá efectuarse con su consentimiento (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 178). Brasil, como líder de los denominados países megadiversos –aquéllos que albergan la mayoría de las especies del planeta–, contribuyó a destrabar negociaciones que se venían arrastrando desde hacía 18 años. El esfuerzo de Bráulio se erigió acreditación para asumir, en febrero, un cargo inédito para un brasileño: el de secretario ejecutivo de la CDB, nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Edad
59 años
Especialidad
biología y políticas públicas en biodiversidad
Formación
Universidad de Brasilia (título de grado) y Universidad de Edimburgo (doctorado)
Institución
Convenio sobre Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas

Renunció al cargo de secretario nacional de Biodiversidad y Selvas del MMA, permutando Brasilia por Montreal, en Canadá, donde funciona la sede del CDB. Su primera misión consiste en preparar la COP 11, que se desarrollará durante el mes de octubre en Hyderabad, en la India, y acelerar la agenda de implementación de las medidas tomadas en Japón, ofreciendo capacitación para el personal gubernamental que lidiará con los efectos del Protocolo de Nagoya, por ejemplo. En Hyderabad, por primera vez, cambiará de su función de negociador por la de organizador. “Ahora debo ser imparcial, aunque mi experiencia será de utilidad. Conozco cuáles suelen a ser las mayores dificultades en la negociación y qué debo hacer para intentar evitarlas”, afirma. Bráulio Dias es uno de aquellos investigadores que hicieron una transición desde la universidad hacia el campo de las políticas públicas. Graduado en biología, en la Universidad de Brasilia (UnB), se convirtió en docente de la institución luego de realizar el doctorado en zoología en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Casado y padre de un hijo, le concedió a la revista Pesquisa FAPESP la siguiente entrevista:

Querría comenzar abordando su carrera científica, como docente de la UnB, y su transición hacia el campo de las políticas públicas. ¿Como ocurrió esa transformación?
Comencé mi carrera en el área de la ciencia. Fui investigador del IBGE, y por cierto, me jubilé recientemente. Y en la UnB fui alumno y también docente, luego de hacer el doctorado en Escocia. Había un convenio entre la UnB y el Reino Unido en el área de ecología. La carrera de posgrado en ecología de la UnB fue una de los primeros de Brasil y se creó mediante un convenio con otras carreras del Reino Unido. En sintonía con ello, realicé el posgrado en Edimburgo y, al regresar me integré a la UnB. Al principio fui profesor de protección forestal, trabajando en el Departamento de Ingeniería Forestal, o con misiones relacionadas con incendios forestales y otros temas referentes a la protección forestal. Luego me trasladé al Departamento de Ecología, donde me hice de cátedras y de dirigir a alumnos en las áreas de biodiversidad, ecología de la sabana y ecología del fuego.

¿Y simultáneamente se hallaba vinculado al IBGE?
Claro, al mismo tiempo. Era investigador sénior del IBGE. El instituto posee una reserva ecológica en Brasilia y realiza una serie de estudios minuciosos en colaboración con instituciones de Brasil y de todo el mundo, y yo me involucré en ello. Coordiné varias investigaciones, organicé grandes proyectos de cooperación internacional en la reserva ecológica. Al final de los años 1980 comencé a comprometerme más con la contribución de la ciencia para formular políticas públicas y, en 1991, me invitaron para desempeñarme como director de políticas públicas del Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables]. Estuve dos años en el Ibama y en esa época fue cuando comenzaron las negociaciones al respecto del Convenio sobre Diversidad Biológica. Me involucré con el tema y, en 1993, me invitaron a implementar el área de biodiversidad en el Ministerio de Medio Ambiente. Terminé trabajando 20 años allí. Siempre estuve ligado con la biodiversidad. Pero también exploré interfaces con cuestiones del clima, usos en la agricultura y otros temas relacionados con la biodiversidad, que es algo muy amplio.

Y por eso participó en todas las COPs del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde los años 1990…
Participé en todas las COPs y en la mayoría de las reuniones científicas del convenio. Fui uno de los organizadores de la COP 8, que tuvo lugar en Curitiba, en 2006.

La próxima COP será la primera en que usted participa como secretario de la CDB. Hubo grandes avances en la COP de Nagoya, luego de mucho tiempo de inacción. ¿Cómo ve esa evolución y qué expectativas tiene para la próxima conferencia?
El convenio se creó para refrendar la Conferencia Río ‘92 y entró en vigencia en diciembre de 1993. Tal como fue negociada, se instituye como un convenio marco, que emite las directrices generales, pero no estipula objetivos, metas ni mecanismos específicos. Se necesitaron varios años para concluir ese proceso de negociación del convenio. Nosotros fuimos explorando poco a poco diferentes temas, mediante grandes recortes geográficos y por biomas. Luego trabajamos con temas transversales, tales como investigación científica sobre biodiversidad o los instrumentos económicos. La percepción que hoy en día se tiene, luego de esta trayectoria de 20 años, es algo dispar. Hay algunos que consideran que sin dudas, el CDB es uno de los convenios ambientales más exitosos desde diversas perspectivas. Por ejemplo: porque cuenta con una cobertura prácticamente universal. Contamos con 192 países miembros y una región económica, que es la Comunidad Europea, que tuvo éxito en negociar y constituir una agenda internacional de la biodiversidad establecida por consenso. Trabajar mediante consenso no es algo sencillo. Basta que uno o unos pocos países manifiesten desacuerdo para que no se logre cerrar una negociación. Necesariamente, se trabaja con mayor lentitud. La ventaja de la negociación por consenso es que trabajan todos los países juntos. Algunos preferirían trabajar con los países que ostentan algún liderazgo y dejar al resto relegado, pero los países líderes no necesariamente necesitarían el resultado de una negociación para avanzar. Después de muchos años hemos logrado negociar metas cuantitativas. Al comienzo había mucha resistencia de los países participantes, por el temor a ser sancionados si no lograban implementar las metas. La COP 10 de Nagoya fue una culminación del período inicial de establecimiento de normas. Logramos cerrar la negociación del Protocolo de Nagoya y también el plan estratégico para esta década, hasta 2020, con 20 metas globales. También en 2008, en Alemania, habíamos negociado la estrategia para movilizar recursos financieros para la implementación de la convención. Entonces los principales elementos para el avance de la agenda de la biodiversidad estaban dados.

Pero también hay algunos que no perciben esa trayectoria como algo exitoso…
Por otro lado, el convenio es objeto de críticas –bien fundamentadas– de que existe una distancia muy grande entre lo que se acordó en el CDB y la práctica que se observa en cada país. Existe un desfase en la implementación. Eso es cierto. Pero no ocurre únicamente con el CDB ese desfase entre los compromisos internacionales y la implementación en cada país. Los temas de la biodiversidad son complejos. Algunos de ellos, tal como el acceso a los recursos genéticos y el reparto de los beneficios, son temas muy innovadores. No existen referencias internacionales al respecto. Eso trae mayor dificultad para que los países implementen los compromisos.

Brasil recién ratificó en mayo el Protocolo de Nagoya. ¿Hubo una demora?
El CDB entró en vigencia recién un año y medio después de ser refrendado. En cuanto a convenciones internacionales, se trata de un récord. Existen casos en que se demora más de 10 años para que entren en vigencia. El Protocolo de Nagoya se firmó en octubre de 2010 y hasta ahora somos cinco los países que establecimos un protocolo de instrumentos de ratificación. Otros dos anunciaron que lo ratificaron, pero aún no recibimos la confirmación: Etiopía e Islas Fiyi. Los informes revelan que el proceso está en marcha, los países están avanzando. Empero, cada país tiene su complejidad. Ése es un tema que atañe no sólo al área legal ambiental, sino que también tiene relevancia para los sectores agrícola, de la salud y de la biotecnología. Muchos países, antes de ratificar el protocolo, tendrán que revisar sus legislaciones nacionales sobre el tema, o crear un marco legal. Hay países que son federados donde existe la obligatoriedad de consulta a todos los estados antes que el gobierno nacional pueda pronunciarse al respecto de la adopción de una nueva convención. Mi expectativa es que contemos con un Protocolo de Nagoya ratificado, no para la próxima conferencia de octubre, en la India, sino para la próxima, la COP 12, que se realizará en octubre de 2014. Si lo logramos, no considero que sea tarde para su ratificación.

Varios de los acuerdos de Nagoya definirán su implementación durante las próximas conferencias. ¿En qué medida las próximas COPs serán importantes para consolidar esos acuerdos?
Al respecto de la temática de ABS, que trata sobre accesibilidad y reparto de beneficios, eso aguardará la ratificación del Protocolo de Nagoya. Estamos trabajando en algunos frentes. Promoviendo campañas y publicaciones para informar a los gobiernos y sectores interesados de qué se trata el Protocolo de Nagoya y cuál es la ventaja de ratificarlo para los países. Simultáneamente, estamos organizando talleres de capacitación para técnicos. Muchos países no cuentan con personal experimentado en el área, entonces tenemos que capacitarlo. Lo hacemos desde el año pasado, con la ayuda de varios colaboradores. Ahora estamos inaugurando una fase piloto del mecanismo de intercambio de información del futuro Protocolo de Nagoya. Incluso antes que el protocolo entre en vigencia, debemos implementar una fase piloto de ese mecanismo. Esto permitirá que todos los usuarios de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados puedan saber si lo que se está utilizando fue debidamente autorizado en el país de origen, si atravesó un proceso de aprobación junto a las comunidades locales, indígenas, si la autoridad nacional designada emitió un certificado internacional de autorización para evitar casos de biopiratería. Con respecto a los otros temas del convenio, el principal reto consiste en lograr un amplio compromiso de los sectores que componen la sociedad. Nosotros no lograremos cumplir las denominadas 20 metas de Aichi, definidas en el encuentro de Nagoya, tan sólo mediante el trabajo de los ministerios de Medio Ambiente de cada país. En cuanto a eso, contamos con metas para la reforma de instrumentos económicos, para incorporar la biodiversidad en las cuentas nacionales, para reducir el desmonte y otras formas de pérdida de la biodiversidad, para desarrollar una producción sostenible en las áreas de la agricultura, acuicultura, bosques y pesca. Se necesita involucrar a esos otros sectores, en cada país, para lograr trabajar para alcanzar esas metas.

¿Qué pretende implementar el CDB para poder cumplir esas metas para 2020, recordando el fracaso de los países en cuanto al cumplimiento de las metas sobre biodiversidad estipuladas para 2010?
Debemos estipular los mecanismos que nos ayudarán a implementar esos compromisos. Una de las cuestiones es aquella de la capacitación. Otra reside en la movilización de los recursos económicos. Otra es el compromiso de otros sectores. Ya hemos comenzado con eso. A partir de la COP 8, de Curitiba, comenzamos a involucrar a las ciudades. Hay una propuesta, aprobada en la COP 9, denominada Ciudad y Biodiversidad. En Nagoya, aprobamos un plan de acción para comprometer a los gobiernos subnacionales, los de los estados y provincias de cada país. También implementamos una iniciativa para atraer al sector privado. El pasado mes de diciembre, se lanzó en Tokio una plataforma global sobre biodiversidad y negocios, para alertar al sector empresarial sobre la necesidad de reducir su impacto ecológico sobre la biodiversidad. También estamos trabajando con una serie de otros organismos internacionales que colaboran. Por ejemplo, varios organismos de la ONU. El Pnud [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo] está finalizando una estrategia global sobre biodiversidad. El Banco Interamericano de Desarrollo estableció una estrategia tendiente a lograr un mejor tratamiento de las cuestiones de la biodiversidad.

¿Usted cree que ese tipo de medidas serán capaces de prevenir un nuevo fracaso en el cumplimiento de las metas?
No diría que son suficientes, pero estamos bien encaminados. El convenio se implementa principalmente en el ámbito nacional, porque se reconoció la soberanía nacional en el uso de los recursos naturales. Actualmente, a partir de la COP 10, nosotros contamos con recursos del Fondo Mundial del Medio Ambiente, para ayudar a los países a revisar sus estrategias nacionales de biodiversidad, a definir metas nacionales de biodiversidad para 2020. En abril de 2011, nosotros preparamos un proceso denominado Diálogos de la Biodiversidad, que promovió consultas con diversos sectores. El gobierno brasileño está tratando de concluir ese proceso para ver si logra adoptar una estrategia nacional sobre biodiversidad con nuevas metas. Y uno de los grandes desafíos reside en cómo lograrlo, de tal forma que no sea sólo una estrategia del Ministerio de Medio Ambiente, sino que abarque al gobierno como un todo. Ésa es una lección aprendida. Brasil ha logrado reducir el desmonte en la Amazonia porque se ha implementado una política pública, de Estado, que involucró a una docena de ministerios diferentes, gobiernos estaduales, al Ministerio Público, para lograr revertir el proceso de desmonte en la Amazonia. Y se necesitará algo similar para que la cuestión de la biodiversidad sea tratada con responsabilidad por parte de cada sector.

¿Cómo será participar en una conferencia como secretario del CDB? ¿Qué cambios implica en su labor?
Cambia bastante. Como representante del gobierno brasileño en las reuniones del convenio, yo formaba parte de una delegación de un país con mandato para la negociación. Ahora no. Debo ser imparcial. Los países deben negociar libremente según  sus preferencias en las decisiones de la COP. Mi función en la secretaría consiste en desarrollar todos los estudios y la documentación de apoyo para las reuniones preparatorias y, después, en apoyo de la propia conferencia, para que los países cuenten con los elementos disponibles para la toma de buenas decisiones. Luego tengo que implementar esas decisiones. Hay implicaciones globales y regionales al respecto de las cuales la secretaría del CDB debe convertir en iniciativas. Ése es mi rol, el de ayudar principalmente a los países, brindar capacitación a los países, para que ellos cuentes con elementos para implementar los compromisos.

En la COP de Nagoya usted cumplió un rol de liderazgo, de cerrar negociaciones para lograr un final satisfactorio. ¿Ahora podría utilizar esa experiencia?
Es una experiencia útil para mi nueva función. Como cuento con esa experiencia como negociador, al dirigir los trabajos de la secretaría en la preparación de reuniones y documentos ya conozco lo que suelen ser las mayores dificultades en la negociación y lo que debo hacer para intentar evitarlas. También cuento con la experiencia de mis 20 años en el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil y conozco el desafío de implementar una política nacional de biodiversidad en un país megadiverso. Ambas experiencias me serán de utilidad.

Considerando que Estados Unidos no ratificó el CDB, ¿cómo queda la cuestión de las empresas estadounidenses que continúen utilizando moléculas o procesos provenientes de la biodiversidad de países megadiversos?
Estados Unidos no lo ratificó porque eso es una decisión que le concierne al Congreso estadounidense. Pero el gobierno, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos firmó el compromiso de ratificarlo. Y el Ejecutivo estadounidense ha participado activamente en todas las decisiones y en todos los programas de trabajo del convenio. Y no trabajaron en su contra. Trabajan alineados con los objetivos del convenio. Por ejemplo, cuando los institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos financian proyectos de investigación en el exterior para el desarrollo de nuevas drogas, pautan en los pliegos la obligatoriedad de la firma de acuerdos de acceso y traspaso de beneficios previo al inicio de los trabajos. Cuando el Protocolo de Nagoya cobre vigencia, Estados Unidos no tendrá forma de obtener recursos genéticos en terceros países de no cumplir las reglas que serán validadas internacionalmente.

No depende de quién es el presidente, si se encuentra más o menos alineado con la causa de la preservación del medio ambiente.
Exactamente. Hace algunos años hubo un incidente entre Indonesia y empresas estadounidenses y europeas para el desarrollo de una vacuna contra la gripe aviar. La cepa del virus que causaba esa gripe era oriunda de Indonesia. Se solicitó autorización al gobierno indonesio para tomar muestras de ese material y llevarlo a Estados Unidos y Europa para desarrollar la vacuna. Indonesia concedió la autorización, pero los laboratorios públicos estadounidenses desarrollaron la investigación y luego traspasaron el conocimiento a laboratorios privados para la fabricación de la vacuna. Cuando la vacuna salió al mercado, el gobierno indonesio intentó acceder a ella y le fue negado. Eso sentó un muy mal precedente, provocó un enorme malestar y fue objeto de intensas negociaciones en la Organización Mundial de la Salud, lo cual condujo a la firma de un acuerdo en el ámbito de la OMS para evitar este tipo de eventualidades. Eso generó un debate en Nagoya cuando finalizamos con la negociación del protocolo. Es lo que se entiende como reparto de los beneficios. Se debe asegurar el acceso a los beneficios generados por el uso de la biodiversidad del propio país.

¿Qué piensa de la ratificación del denominado protocolo complementario de bioseguridad? ¿Los países deberán contratar seguros para el caso de accidentes con transgénicos?
No. El protocolo suplementario no lo exige. De eso se trataba uno de los puntos de la negociación, pero no contó con el apoyo de la mayoría de los países y no prosperó. Si ese protocolo entrara en vigencia, no exigiría que los países realicen ese tipo de seguro antes de cualquier comercialización de organismos vivos genéticamente modificados.

¿Cuál será su impacto?
Hay sectores de la agricultura que perciben que ese protocolo podrá generar barreras para la exportación de transgénicos. Pero el protocolo suplementario se aprobó en Nagoya por unanimidad. Todos los países quisieron el protocolo. Es entonces una ilusión que algún país exportador de transgénicos crea que logrará exportar en el futuro a otros países sin debatir cuestiones de responsabilidad y seguridad al respecto de los riesgos que la exportación de transgénicos vivos podría ocasionar. Ese protocolo contó con un número menor de cartas de firmas de compromiso de países por ratificar. Fueron unos 50 países. En el caso del Protocolo de Nagoya, tuvimos 92 ó 93 países que firmaron. Esto permite suponer que la ratificación del protocolo suplementario tardará algo más.

El año pasado, cuando usted se desempeñaba en el ministerio, se suscitó una polémica con científicos con respecto a las autorizaciones para investigaciones de biodiversidad aquí en Brasil y multas contra quienes realizaban investigaciones sin autorización del ministerio. En su nueva función, ¿se enfrentará a tensiones similares con investigadores?
No puedo involucrarme con el debate interno. Le sugiero que charle con mi sucesor en el ministerio. La comunidad científica participa en los temas del CDB de diversas formas. Ahora, con la creación del IPBES [Plataforma Internacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos], los científicos contarán con un mejor mecanismo para poder participar de manera más coordinada.

¿Cuál será la relación del CDB con la IPBES, una especie de IPCC de la biodiversidad, integrado por científicos?
La CDB será uno de los principales clientes de esa plataforma, que coordinará global y regionalmente la elaboración de evaluaciones del estado del conocimiento científico sobre temas de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y eso orientará mejor las negociaciones en el área. Estuve en el estado Paraná en abril, durante la reunión donde se aprobó la creación de la plataforma. Formé parte de todas las anteriores etapas de negociación y ahora trabajamos en la fase final. Hay un cronograma para la conclusión de los trabajos, de manera tal que el año que viene la plataforma se encuentre en funcionamiento. Una vez implementada, deberá atender las demandas de clientes. Podremos formular demandas, diciendo, por ejemplo: “necesito información sobre cuál es el estado actual y las tendencias de tal tema en el área de la biodiversidad”. Y la IPBES coordinará los trabajos junto a la comunidad científica.

En cuanto a la Río+20, ¿qué le parecieron sus resultados en relación con la biodiversidad?
El documento final elaborado por la Río+20 reconoce la importancia de la biodiversidad, posee un capítulo sobre la biodiversidad y diversas y constantes referencias sobre cuestiones de biodiversidad. El reclamo que muchos hacen reside en que el lenguaje no fue de lo más incisivo. Pero nuevamente hay que recordar que se trata de una negociación multilateral y debemos remitirnos a las preocupaciones de todos los países. Uno de los resultados relevantes es el establecimiento de un proceso para la negociación de objetivos y desarrollo sostenible. Eso debe ser resuelto para 2015. También se estableció un compromiso para crear un proceso de movilización de recursos financieros. En tanto, en relación con los objetivos, donde había mayores expectativas, no se lograron mayores acuerdos en la Río+20. Tan sólo se logró acordar el inicio de un proceso de negociación. Para realizar una evaluación final del alcance de la Río+20, deberemos aguardar algunos años más, para vislumbrar qué va ocurriendo con los compromisos firmados.

En la conferencia de Nagoya, el texto presentado antes de la reunión de los jefes de Estado contenía una serie de apartados para la negociación. En la Río+20, eso no sucedió. Se presentó un texto sin tramos polémicos y los jefes de Estado simplemente lo firmaron. ¿Los negociadores no podrían haber sido más ambiciosos?
Siempre uno cree que puede hacerse mejor. El problema reside, nuevamente, en que el documento refleja el grado de convergencia posible en aquel momento. Debemos recordar que, por una parte, algunos países están enfrentando una grave crisis económica. Por otra parte, muchos países con una economía altamente dependiente del petróleo y de los combustibles fósiles todavía se resisten bastante a asumir un mayor compromiso para reducir esa economía de base. La Río+20 no fue una reunión negociadora de acuerdos tal como lo fue la Río ‘92. Aquélla implicó procesos de negociación que duraron varios años y que generaron la Convención del Clima, el Convenio sobre Diversidad Biológica y varios otros. La más reciente fue diferente, similar –si se quiere compararla– con la Río+10, llevada a cabo en Johannesburgo, en 2002. O como la de Estocolmo, de 1972. Se trató de grandes conferencias para llamar la atención mundial sobre una mayor cooperación con miras a establecer una agenda, no necesariamente para constituir nuevos instrumentos de regulación.

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