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Buenas prácticas

El bolsillo transparente de los científicos

DANIEL BUENOUnos 38 mil investigadores estadounidenses del área biomédica empezaron a cumplir reglas más rígidas en lo referente a declaraciones de intereses económicos. Los nuevos parámetros fueron aprobados por el gobierno de EE. UU., para los investigadores patrocinados por instituciones públicas tales como los Institutos Nacionales de Salud (NIH, según su sigla en inglés), que constituyen la mayor agencia de financiamiento de la investigación médica del mundo, y acaban con las ambigüedades presentes en el reglamento anterior, vigente desde 1995. Además, los mismos intentan garantizar que los intereses de los investigadores no influyan en el diseño, la conducción y la divulgación de sus trabajos.

A partir de ahora, cada investigador debe informar a la institución patrocinadora al respecto de cualquier “interés económico significativo” relacionado con él o con los miembros de su familia, capaz de causar algún impacto en su actividad profesional, lo que involucra a la enseñanza, la investigación o el trabajo en comités de ética. El reglamento anterior era más limitado y exigía solamente que el investigador declarase intereses relacionados específicamente con el proyecto de investigación que se evaluaba. La modificación apunta a evitar casos tales como el del profesor de psiquiatría Charles Nemeroff, de la Emory University, en Atlanta, Estados Unidos, quien recibió más de 800 mil dólares de parte de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline entre los años 2000 y 2006 para brindar más de 250 conferencias para psiquiatras, pero no declaró esas ganancias a la universidad. Cuando fue descubierto e interpelado por la universidad, argumentó que las reglas eran ambiguas y que su trabajo remunerado no era una información relevante para la institución, ya que involucraba tan sólo su experiencia como clínico.

Con el nuevo reglamento, no se deja lugar a dudas de que esos vínculos económicos deben declararse. La modificación concede a las universidades la potestad de evaluar si los beneficios económicos particulares de sus investigadores pueden influir en los proyectos de investigación financiados por el gobierno. Y hay otros cambios: el valor de una utilidad considerada significativa (y que, por ende, debe informarse) disminuyó de 10 mil a 5 mil dólares. Según la editorial de la revista Nature, al menos en un aspecto, el gobierno estadounidense dio marcha atrás. En la propuesta original presentada por los NIH, cada institución debería publicar los informes sobre potenciales conflictos de intereses implicando a sus investigadores en internet y actualizarlos anualmente. En la versión aprobada, la declaración en la red se tornó opcional y las instituciones, en caso de ser interpeladas, pueden defenderse por escrito.

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