El Joides Resolution, uno de los grandes buques científicos del mundo, no navega con bandera de ninguna de las 20 naciones que patrocinan sus expediciones oceánicas. Oficialmente tiene su base en Liberia, un país de África Occidental acusado de utilizar las fortunas que recauda vendiendo registros navales para patrocinar el comercio de armas y de alimentar conflictos regionales que utilizan a niños como soldados (Nature, 4 de diciembre). Con su base en Liberia, los propietarios de los barcos se aprovechan de una legislación poco exigente con relación a la seguridad y a los derechos laborales.
Como las denuncias han llevado a los operadores a cambiar la bandera de sus embarcaciones, crece en la comunidad científica un movimiento destinado a forzar al Resolution a seguir ese camino. Las expediciones científicas del buque son administradas por Instituciones Oceanográficas Unidas (JOI, sigla en inglés), un consorcio integrado por 18 entidades públicas patrocinadas por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés), de Estados Unidos.
JOI conoce los problemas atinentes al registro de la embarcación. Hace dos años, un ex tripulante del Resolution les envió una carta a senadores estadounidenses en la que denunciaba los abusos y la explotación de mano de obra a bordo del navío, bajo los auspicios de Liberia. A través de su representante Steven Bohlen, JOI se limitó a descalificar al denunciante como un “descontento” despedido por incompetencia. La NSF y el Congreso norteamericano permanecieron en silencio.
Pero nuevas presiones surgieron en diciembre, en vísperas de que el Resolution zarpara rumbo a la siguiente etapa del Programa Internacional de Perforación Oceanográfica (IODP, en inglés) –el mayor proyecto internacional de sondeo oceánico actualmente en marcha, que involucra un contrato con la NSF por 625 millones de dólares por diez años. Investigadores que participan de la iniciativa han puesto en evidencia su malestar producto de la vinculación del proyecto con un país disoluto.
Steven Bohlen afirma que su organización está demasiado ocupada con la organización de la expedición como para preocuparse de ese tema. Pero Guy Cantwell, vocero de Transocean, una empresa especialista en perforaciones oceánicas con sede en Houston, Texas, y copropietaria del Resolution, admitió el malestar: “Somos conscientes de la preocupación de la comunidad científica”. Cantwell declaró a la revista Nature que Transocean contempla la posibilidad de trasladar el registro de la embarcación a un país que brinde beneficios similares a los de Liberia, pero que sea políticamente mejor visto, como las Islas Marshall, situadas en el Pacífico, por ejemplo.
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