La Constituci\u00f3n de Brasil de 1988 establece que la salud es un derecho del ciudadano y un deber del Estado. El alcance de estos derechos y deberes viene siendo cada vez m\u00e1s objeto de disputa, incluso a nivel judicial. El n\u00famero de ciudadanos y grupos que denunciaron a diferentes estamentos del gobierno demandando acceso a medicamentos y tratamientos se ha incrementado en forma significativa en los \u00faltimos a\u00f1os. En 2010, el gobierno federal gast\u00f3 122 millones de reales para la compra de remedios por determinaci\u00f3n de la Justicia, una suma que en 2016 lleg\u00f3 a 1.600 millones de la misma moneda. El proceso de judicializaci\u00f3n de la salud posibilit\u00f3 que miles de personas recibieran los medicamentos que necesitaban, pero eso supuso un reto complicado para las administraciones municipales, estaduales y federal.<\/p>\n
La magnitud y el impacto de ese fen\u00f3meno atrajeron la atenci\u00f3n de investigadores e integrantes de las diferentes esferas de gobierno involucradas. Una serie de estudios ha ayudado, en primera instancia, para poder entenderlo, para que el gobierno pueda afrontar tales demandas no s\u00f3lo en forma reactiva.<\/p>\n
En el reportaje de tapa de la presente edici\u00f3n<\/a>, el editor asistente Bruno de Pierro muestra que hay actas de demanda de medicamentos que no se encuentran disponibles en el Sistema \u00danico de Salud (SUS), y al mismo tiempo existe una cifra nada despreciable de procesos solicitando remedios ya ofrecidos en la red p\u00fablica, o similares disponibles. Tambi\u00e9n hay demandas complementarias de productos tales como agua de coco, filtro solar y pa\u00f1ales, todos ellos bajo receta m\u00e9dica, mayoritariamente emitidas por profesionales desempe\u00f1\u00e1ndose en el \u00e1mbito de la salud privada. En el estado de S\u00e3o Paulo, alrededor del 30% de los remedios adquiridos con recursos p\u00fablicos en 2016 como respuesta a acciones judiciales no fueron retirados por los demandantes.<\/p>\n El art\u00edculo 196 de la Carta Magna expresa: \u201cLa salud es un derecho universal y un deber del Estado, garantizado por pol\u00edticas sociales y econ\u00f3micas tendientes a la reducci\u00f3n del riesgo de enfermedad y de otros da\u00f1os y el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoci\u00f3n, protecci\u00f3n y recuperaci\u00f3n\u201d. \u00bfEsta definici\u00f3n justifica la erogaci\u00f3n, tan s\u00f3lo en 2016, de 654,9 millones de reales para la compra de 10 tipos de medicamentos para 1.213 pacientes? Las enfermedades raras y sus tratamientos caros pueden demandar una ampliaci\u00f3n de la lista de remedios disponibles en la red p\u00fablica, pero existen demandas que dif\u00edcilmente puedan justificarse por criterios sociales. Por otro lado, \u00bfel servicio p\u00fablico de salud debe pautarse de manera indiscriminada a partir de evaluaciones de costo-beneficio? El tema abarca m\u00faltiples aristas y la ampliaci\u00f3n del conocimiento sobre el mismo, de hecho, ayuda a pensar respuestas.<\/p>\n *<\/p>\n Investigadores de \u00e1reas tales como las ciencias de la vida o las ingenier\u00edas leen \u2012y escriben\u2012 art\u00edculos cient\u00edficos en forma regular. Sin embargo, en Brasil es mucho menos habitual que tengan contacto con patentes. Esos documentos pueden ser una forma importante de difusi\u00f3n de conocimiento y una valiosa fuente de aprendizaje sobre el estado de las t\u00e9cnicas en diferentes campos. La familiaridad con las patentes tambi\u00e9n podr\u00eda colaborar para preparar el terreno para que los cient\u00edficos piensen, incluso en las fases iniciales de sus investigaciones, las maneras de garantizar la originalidad y la protecci\u00f3n de sus resultados, siempre que tal posibilidad exista. La secci\u00f3n Trayectorias de esta edici\u00f3n, muestra un debate al respecto de lo que la cultura y las pr\u00e1cticas de la propiedad intelectual<\/a> vienen modificando en las instituciones brasile\u00f1as de educaci\u00f3n superior y de investigaci\u00f3n, con la salvedad de que los investigadores a\u00fan no poseen, en general, el h\u00e1bito de investigar en los bancos de patentes, ni recurrir a ese instrumento para divulgar y proteger sus resultados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Procesos y patentes","protected":false},"author":595,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[180],"tags":[],"coauthors":[1582],"class_list":["post-254192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editorial-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/254192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/595"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=254192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/254192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=254192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=254192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=254192"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=254192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}