{"id":254267,"date":"2018-03-19T16:43:48","date_gmt":"2018-03-19T19:43:48","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=254267\/"},"modified":"2018-03-19T16:43:48","modified_gmt":"2018-03-19T19:43:48","slug":"demandas-crecientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/demandas-crecientes\/","title":{"rendered":"Demandas crecientes"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>En el quinto piso del edificio de la Secretar\u00eda de Salud del Estado de S\u00e3o Paulo, en la capital paulista, la abogada Renata Santos y un equipo integrado por 35 personas se las ven diariamente con los beneficios y las dificultades derivados de uno de los grandes retos de la administraci\u00f3n p\u00fablica actual: el suministro de medicamentos impuesto por fallos judiciales. En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, la cantidad de demandas promovidas por pacientes para obligar al Estado a proveerles f\u00e1rmacos y tratamientos que todav\u00eda no brinda el Sistema \u00danico de Salud (SUS) o que a\u00fan no se han registrado en Brasil se incrementaron un 92%. Tan s\u00f3lo en 2015, el gobierno paulista gast\u00f3 1.200 millones de reales en medicamentos e insumos destinados a 57 mil pacientes que recurren a los tribunales. \u201cEste monto es casi lo mismo que se necesita para mantener por un a\u00f1o al Hospital de Cl\u00ednicas [de la Facultad de Medicina de la Universidad de S\u00e3o Paulo (HC-FMUSP)], donde se atienden 35 mil pacientes por d\u00eda\u201d, compara Santos.<\/p>\n

Este fen\u00f3meno, al que se conoce como judicializaci\u00f3n de la salud, es multifac\u00e9tico. Por un lado, las demandas judiciales comprometen una porci\u00f3n significativa del presupuesto para la atenci\u00f3n de requerimientos espec\u00edficos de algunos pacientes; por otro, pueden significar la \u00fanica v\u00eda para salvaguardar o prolongar la vida de esos pacientes, especialmente la de individuos con enfermedades raras o cr\u00f3nicas, tales como la diabetes y el c\u00e1ncer, que dependen de medicamentos de alto costo. Tambi\u00e9n se recurre a ese recurso extremo para obtener medicamentos equivalentes a los disponibles en el sistema p\u00fablico de salud, e incluso para la compra de productos tales como pa\u00f1ales o agua de coco, siempre con receta m\u00e9dica. En los \u00faltimos a\u00f1os, el equipo de la secretar\u00eda de salud estadual ha trabajado con investigadores de universidades paulistas para crear sistemas de informaci\u00f3n que permitan avalar las decisiones de administradores del sector y jueces para propiciar la incorporaci\u00f3n de los medicamentos m\u00e1s solicitados al sistema p\u00fablico.<\/p>\n

Las colaboraciones entre los equipos de la secretar\u00eda y los de las instituciones de investigaci\u00f3n cient\u00edfica se basan en el programa de computaci\u00f3n denominado S-Codes, creado en 2010 por la Coordinaci\u00f3n de las Demandas Estrat\u00e9gicas del SUS (Codes), perteneciente a la secretar\u00eda paulista y que administra los procesos judiciales impulsados contra el estado de S\u00e3o Paulo. El S-Codes revel\u00f3 que el 60% de los fallos judiciales son el resultado de prescripciones de m\u00e9dicos del sistema privado de salud, es decir, de consultorios, cl\u00ednicas y hospitales particulares. Una hip\u00f3tesis que avala Santos para explicar ese dato sostiene que, de manera general, los m\u00e9dicos de la red privada desconocen las leyes de la salud y la lista de f\u00e1rmacos incorporados por la red p\u00fablica, el Registro Nacional de Medicamentos (Rename) del Ministerio de Salud (MS). \u201cPor esa raz\u00f3n\u201d, dice, \u201clos m\u00e9dicos no llegan a tener en cuenta ciertas alternativas terap\u00e9uticas similares a las solicitadas y ya disponibles en el SUS\u201d.<\/p>\n

El S-Codes se transform\u00f3 en una pieza clave de los estudios realizados en el \u00e1mbito del Programa de Investigaci\u00f3n para el SUS (PPSUS, por sus siglas en portugu\u00e9s), financiado por el MS en colaboraci\u00f3n con el Consejo Nacional de Desarrollo Cient\u00edfico y Tecnol\u00f3gico (CNPq) y llevado a cabo en S\u00e3o Paulo por la FAPESP y por la Secretar\u00eda de Salud del Estado. El programa brinda apoyo a las investigaciones enfocadas en problemas prioritarios de la salud as\u00ed como para apuntalar la gesti\u00f3n del SUS en el estado de S\u00e3o Paulo. En los \u00faltimos a\u00f1os, el tema de la judicializaci\u00f3n de la salud sobresali\u00f3 entre los proyectos de investigaci\u00f3n que se presentaron ante el mismo. En uno de ellos, el contador Carlos Alberto Grespan Bonacim, docente de la Facultad de Econom\u00eda, Administraci\u00f3n y Contabilidad de la USP en el campus de Ribeir\u00e3o Preto, analiz\u00f3 el perfil socioecon\u00f3mico de los pacientes bas\u00e1ndose en una muestra de aproximadamente 900 demandas judiciales registradas entre 2013 y junio de 2015, que derivaron en la liberaci\u00f3n de alrededor de 8 mil medicamentos en 27 municipios de la regi\u00f3n de Ribeir\u00e3o Preto. Esta ciudad es una de las tres con el mayor \u00edndice de juicios por salud del estado. Las otras dos son Barretos y S\u00e3o Jos\u00e9 do Rio Preto.<\/p>\n

Bas\u00e1ndose en el S-Codes, Bonacim verific\u00f3 que el 66% de los medicamentos obtenidos por v\u00eda judicial no figuraban en la lista del SUS. El 34% restante ya eran provistos por la red p\u00fablica, pero los pacientes solicitaron versiones elaboradas por otras empresas u otras que conten\u00edan alg\u00fan adelanto tecnol\u00f3gico. En un estudio publicado el a\u00f1o pasado en Health and Human Rights Journal<\/em>, el antrop\u00f3logo brasile\u00f1o Jo\u00e3o Biehl, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, tambi\u00e9n constat\u00f3 que, de un total de 3.468 medicamentos solicitados en 2008 mediante demandas judiciales contra el estado de Rio Grande do Sul, m\u00e1s de la mitad (un 56%) ya eran provistos por el SUS.<\/p>\n

Tanto m\u00e9dicos como investigadores sostienen que no siempre el medicamento de \u00faltima generaci\u00f3n ser\u00e1 m\u00e1s efectivo que los ya adoptados por el SUS. Un ejemplo de ello se registra en el A.C.Camargo C\u00e1ncer Center, en S\u00e3o Paulo, donde se atienden pacientes por el SUS y en forma particular. Los pacientes que se atienden en forma privada pueden acceder a dos nuevos remedios que se utilizan para el tratamiento del c\u00e1ncer de mama: el trastuzumab emtansina y el pertuzumab. Cuando se los asocia a la quimioterapia, pueden prolongar la vida de las mujeres entre tres y cinco a\u00f1os. Si bien fueron aprobados en 2014 por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el organismo federal que regula el registro de medicamentos y alimentos, y se los liber\u00f3 para su comercializaci\u00f3n en el pa\u00eds, ambos f\u00e1rmacos no fueron aprobados por la Comisi\u00f3n Nacional de Incorporaci\u00f3n de Tecnolog\u00edas en el SUS (Conitec), un organismo creado en 2001 y ligado al MS, por lo tanto, a\u00fan no se encuentran a disposici\u00f3n en la red p\u00fablica. \u201cEl tratamiento con esos medicamentos cuesta alrededor de 30 mil reales al mes por paciente. El costo total de su incorporaci\u00f3n en el SUS ser\u00eda inviable para el gobierno, puesto que cada a\u00f1o se diagnostican 50 mil nuevos casos de c\u00e1ncer de mama en el pa\u00eds\u201d, dice Helano Freitas, coordinador de investigaci\u00f3n cl\u00ednica del A.C.Camargo C\u00e1ncer Center de S\u00e3o Paulo. Aunque no tengan acceso a esas drogas de \u00faltima generaci\u00f3n, las pacientes del SUS atendidas en el hospital no resultan perjudicadas. \u201cHay otros medicamentos provistos por el sistema de salud que son igualmente eficientes y pueden elevar la sobrevida de las pacientes\u201d, afirma. De acuerdo con Freitas, la mayor\u00eda de los pacientes del A.C.Camargo que recurren a demandas judiciales para conseguir medicamentos generalmente son aquellos que tienen m\u00e1s acceso a la informaci\u00f3n y gozan de mejores condiciones socioecon\u00f3micas.<\/p>\n

Pero \u00e9sa no es siempre la regla. El sueldo promedio de los pacientes que acudieron a la Justicia en la regi\u00f3n de Ribeir\u00e3o Preto es de poco m\u00e1s de mil reales, seg\u00fan surge del estudio de Bonacim, de la USP. En su opini\u00f3n, ese dato ayuda a demostrar que la judicializaci\u00f3n no es un fen\u00f3meno relacionado con las personas de mayores ingresos. \u201cLos pacientes con menos recursos recurren a la Defensor\u00eda P\u00fablica del Estado, que les presta asesor\u00eda jur\u00eddica gratuita\u201d. De cualquier modo, el 60% de los pacientes analizados en la regi\u00f3n de Ribeir\u00e3o Preto contrataron un abogado particular.<\/p>\n

En los \u00faltimos seis a\u00f1os, el MS desembols\u00f3 3.200 millones de reales para la compra de medicamentos, equipamientos, suplementos alimentarios y para la cobertura de cirug\u00edas e internaciones a partir de fallos judiciales (vea el gr\u00e1fico<\/em>). La mayor parte de las demandas federales parte de los estados de Minas Gerais, Santa Catarina, S\u00e3o Paulo, R\u00edo de Janeiro y Rio Grande do Sul. Incluyendo los gastos municipales y estaduales, el gobierno federal estima que la erogaci\u00f3n para la compra de medicamentos por decisi\u00f3n judicial habr\u00eda llegado a 7 mil millones de reales durante el a\u00f1o pasado. Una parte significativa de esta cifra se utiliz\u00f3 para la provisi\u00f3n de medicamentos de alto costo. En 2016, el MS gast\u00f3 654,9 millones de reales tan s\u00f3lo en la compra de 10 medicamentos para la atenci\u00f3n de 1.213 pacientes (vea la lista<\/em>). En S\u00e3o Paulo, el 4% de los f\u00e1rmacos representan m\u00e1s del 90% de los gastos por demandas judiciales en ese estado.<\/p>\n

\"\"<\/a>Los registros en Anvisa<\/strong>
\nEn la lista de los medicamentos m\u00e1s caros que adquiri\u00f3 el gobierno federal hay seis que no est\u00e1n registrados en la Anvisa. Uno de ellos es la lomitapida, aprobada en Estados Unidos para su uso por portadores de una enfermedad gen\u00e9tica rara, la hipercolesterolemia familiar homocigota. El tratamiento con este remedio cuesta alrededor de mil d\u00f3lares diarios. El hecho de que un medicamento no se encuentre registrado en la Anvisa significa que no hay autorizaci\u00f3n oficial para comercializarlo a gran escala en Brasil porque incluso en sus pa\u00edses de origen a\u00fan no han pasado por todos los test precl\u00ednicos (en modelos animales) y ensayos cl\u00ednicos (en seres humanos) necesarios para garantizar la seguridad y eficacia de su empleo.<\/p>\n

\u201cEn general, los jueces no disponen de las bases t\u00e9cnicas y ni cient\u00edficas sobre todos los aspectos que son inherentes a un medicamento, tales como su reglamentaci\u00f3n, as\u00ed como la estructura del SUS, que provee los f\u00e1rmacos que se ajustan a criterios establecidos con una base cient\u00edfica\u201d, dice Maria Aparecida Nicoletti, investigadora de la Facultad de Ciencias Farmac\u00e9uticas de la USP. La farmac\u00e9utica forma parte de un proyecto del PPSUS tendiente a adaptar el m\u00e9todo espa\u00f1ol D\u00e1der, de seguimiento farmacoterap\u00e9utico de pacientes, en la farmacia Universitaria de la USP (Farmusp), con la perspectiva de aplicarlo en Centros de Atenci\u00f3n Primaria de la Salud paulistas y generar informaci\u00f3n para apuntalar los fallos judiciales. En el marco de ese estudio, a un grupo de pacientes con c\u00e1ncer de pr\u00f3stata atendidos inicialmente en el Hospital Universitario de la USP con los medicamentos disponibles en el SUS, se le realizan consultas farmac\u00e9uticas, en las cuales se eval\u00faa la efectividad de los f\u00e1rmacos y las posibles interacciones entre ellos. \u201cEstamos lidiando con pacientes que no s\u00f3lo padecen un c\u00e1ncer, sino que tambi\u00e9n pueden sufrir depresi\u00f3n, hipercolesterolemia, hipertensi\u00f3n y problemas cardiovasculares, y toman remedios para esas afecciones\u201d, explica Nicoletti.<\/p>\n

De acuerdo con la investigadora, este m\u00e9todo se est\u00e1 aplicando en otras partes de Brasil, pero a\u00fan de manera insuficiente. \u201cSe debe intensificar la pr\u00e1ctica del seguimiento farmacoterap\u00e9utico, especialmente para los casos en que se usan medicamentos de alto costo, recopilando y divulgando los resultados\u201d, dice Nicoletti. La investigadora opina que ese m\u00e9todo tambi\u00e9n puede ayudar para un control de los medicamentos utilizados off-label<\/em>, algo frecuente cuando hay fallos judiciales de por medio. Esta expresi\u00f3n alude a los casos en que el m\u00e9dico prescribe un remedio para el tratamiento de una condici\u00f3n para la cual el producto no fue originalmente desarrollado. Hay casos en los que el uso off-label<\/em> deriva finalmente en un error m\u00e9dico. En otros, puede llegar a funcionar.<\/p>\n

\"\"<\/a>En el \u00e1mbito municipal<\/strong>
\nEn la Universidad de Sorocaba (Uniso), un grupo de investigaci\u00f3n trabaja dentro del PPSUS realizando seguimiento farmacoterap\u00e9utico de pacientes y en el desarrollo de un sistema inform\u00e1tico similar al de la secretar\u00eda estadual. La diferencia es que el JudSys, tal el nombre con el que fue bautizado el programa, est\u00e1 enfocado en las demandas de los municipios y dispone de un m\u00f3dulo cl\u00ednico que permite ordenar los datos t\u00e9cnicos al respecto del uso de los medicamentos recabados en las consultas farmac\u00e9uticas. \u201cHemos realizado test piloto en localidades de la regi\u00f3n de Sorocaba, tales como Votorantim y S\u00e3o Roque, para evaluar la factibilidad y funcionalidad del JudSys, y ahora estamos haciendo ajustes para ofrec\u00e9rselo a otros municipios que puedan estar interesados\u201d, explica el farmac\u00e9utico Silvio Barberato Filho, docente de la Uniso y coordinador del proyecto.<\/p>\n

Durante el a\u00f1o pasado, el grupo de Barberato inici\u00f3 una colaboraci\u00f3n con la Farmacia Escuela de la Universidad de Brasilia (UnB), en el Distrito Federal, para testear el m\u00f3dulo cl\u00ednico del JudSys. Ah\u00ed se les realiza un seguimiento a 15 pacientes portadores de diabetes que utilizan an\u00e1logos de la insulina, uno de los medicamentos m\u00e1s solicitados por v\u00eda judicial. As\u00ed como en la USP, los pacientes de la UnB son atendidos por farmac\u00e9uticos, que registran los datos sobre la utilizaci\u00f3n de ese f\u00e1rmaco y brindan orientaci\u00f3n a los pacientes. Los resultados de ese estudio ser\u00e1n recopilados en los pr\u00f3ximos meses, y se divulgar\u00e1n nuevos datos sobre el uso de an\u00e1logos de la insulina. \u201cLos an\u00e1logos de la insulina no han sido incorporados por el SUS, pero algunos estados y municipios definieron protocolos cl\u00ednicos e incluyeron el medicamento en sus listas locales\u201d, informa Barberato.<\/p>\n

La preocupaci\u00f3n por el impacto de la judicializaci\u00f3n en los municipios es justificable. Existen casos en los que una \u00fanica demanda podr\u00eda comprometer la totalidad del presupuesto de salud de una ciudad de peque\u00f1o porte. Algunas iniciativas se proponen despejar este obst\u00e1culo por medio de convenios institucionales. Uno de los ejemplos m\u00e1s recordados es el de Santa Catarina. En 1997, 25 localidades de los alrededores de la ciudad de Lages, ubicada a 200 kil\u00f3metros de Florian\u00f3polis, se unieron para replantearse mejores formas de administrar los recursos para la salud, frecuentemente afectados por la judicializaci\u00f3n. Los alcaldes y administradores de los municipios se dieron cuenta que, en forma aislada, resultaba m\u00e1s complicado afrontar los fallos judiciales. Por medio de un consorcio intermunicipal, se cre\u00f3 un modelo de acci\u00f3n com\u00fan, que evit\u00f3 superposiciones de pedidos y racionaliz\u00f3 gastos e inversiones, seg\u00fan relatan Roseni Pinheiro y Felipe Asensi, docentes de la Universidad del Estado de R\u00edo de Janeiro (Uerj), en un art\u00edculo publicado en julio de 2016 en la Revista de Direito Sanit\u00e1rio<\/em>. Ese trabajo surge de una investigaci\u00f3n coordinada por ambos en colaboraci\u00f3n con el Consejo Nacional de Justicia (CNJ).<\/p>\n

En 2012, el consorcio lanz\u00f3 el N\u00facleo de Conciliaci\u00f3n de Medicamentos para la atenci\u00f3n de solicitudes de f\u00e1rmacos que a\u00fan no fueron requeridos por v\u00eda judicial. En un espacio cedido por el gobierno municipal de Lages, un equipo multidisciplinario entrevista a pacientes dispuestos a emprender acciones judiciales, sugiere el uso de la versi\u00f3n gen\u00e9rica de los medicamentos que solicitaron y propone su reemplazo al m\u00e9dico que los recet\u00f3, antes que ese pedido siga por v\u00eda judicial. Seg\u00fan los investigadores, \u201cla integraci\u00f3n entre los organismos de salud (municipal y estadual), los pacientes, la Defensor\u00eda P\u00fablica estadual, la procuradur\u00eda p\u00fablica y el Ministerio P\u00fablico condujo a una reducci\u00f3n de los conflictos judicializados\u201d.<\/p>\n

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Eduardo Cesar<\/span><\/a> Paciente con c\u00e1ncer de pr\u00f3stata con seguimiento farmacoterap\u00e9utico en la Farmacia Universitaria de la USP, en la capital paulistaEduardo Cesar<\/span><\/p><\/div>\n

En el estado de S\u00e3o Paulo, un proyecto que se anunci\u00f3 en diciembre de 2016 tambi\u00e9n se propone promover la interacci\u00f3n entre los actores involucrados en las demandas judiciales por medicamentos. La Secretar\u00eda de Salud, el Tribunal de Justicia, el Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda P\u00fablica estaduales firmaron un acuerdo de cooperaci\u00f3n que establece un protocolo de flujos de servicios de selecci\u00f3n y orientaci\u00f3n farmac\u00e9utica para los beneficiarios del SUS. \u201cLa idea es que haya profesionales capacitados que eval\u00faen las prescripciones m\u00e9dicas antes de que los pacientes tomen la decisi\u00f3n de acudir a la Justicia. Es una forma de verificar la posibilidad de ofrecerles al m\u00e9dico y al paciente alternativas terap\u00e9uticas provistas por el SUS, cuando existiera esa posibilidad\u201d, explica Sylvio Ribeiro de Souza Neto, juez asesor del Tribunal de Justicia del Estado de S\u00e3o Paulo (TJSP). Para Renata Santos, de la secretar\u00eda, la iniciativa constituye una oportunidad de di\u00e1logo entre el poder judicial y los administradores. \u201cQueremos que los magistrados comprendan que la secretar\u00eda desea atender a los pacientes, en el marco de las mejores t\u00e9cnicas de la medicina, sin atenerse a una restricci\u00f3n econ\u00f3mica. Disponemos de cierto monto aplicable a la salud. Lo que buscamos son las mejores formas de utilizar los recursos p\u00fablicos para atender a la mayor cantidad posible de personas\u201d, dice.<\/p>\n

Tambi\u00e9n al final del a\u00f1o pasado, el CNJ y el Ministerio de Salud, en colaboraci\u00f3n con el Hospital Sirio-Liban\u00e9s, anunciaron un proyecto destinado a ampliar el uso de informaci\u00f3n basada en evidencias cient\u00edficas por los magistrados y perfeccionar las sentencias en las demandas judiciales. El acuerdo prev\u00e9 la expansi\u00f3n de los N\u00facleos de Evaluaci\u00f3n de Tecnolog\u00eda para la Salud (Nats), cuya tarea consiste en auxiliar a los tribunales de todo Brasil por medio de dict\u00e1menes y notas t\u00e9cnicas al respecto de medicamentos. En noviembre, el primer taller de capacitaci\u00f3n e instrucci\u00f3n de los Nats congreg\u00f3 a representantes de tribunales de 10 estados brasile\u00f1os. \u201cTratamos temas tales como la elaboraci\u00f3n y estandarizaci\u00f3n de notas t\u00e9cnicas\u201d, comenta Luiz Reis, del Hospital Sirio-Liban\u00e9s, donde se llev\u00f3 a cabo la reuni\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, asesor del CNJ y supervisor del Foro Nacional de Salud, el convenio con el hospital incluye la creaci\u00f3n de un banco de datos con informaci\u00f3n t\u00e9cnica basada en evidencias cient\u00edficas, al que podr\u00e1n consultar magistrados de todo el pa\u00eds. \u201cLa idea es que, antes de dictar sentencia, el juez pueda consultar al banco, que estar\u00e1 disponible en el sitio web del CNJ, pudiendo acceder a informaci\u00f3n sobre medicamentos, procedimientos y afines que consten en la solicitud del paciente. Con esa informaci\u00f3n, podr\u00e1 saber si existe, por ejemplo, un f\u00e1rmaco similar disponible en el SUS y si la droga solicitada es realmente efectiva\u201d, explica Hossepian. El Hospital Sirio-Liban\u00e9s invertir\u00e1 alrededor de 15 millones de reales en un plazo de tres a\u00f1os para crear la estructura de la plataforma. La informaci\u00f3n cient\u00edfica que la alimentar\u00e1 provendr\u00e1 de los dict\u00e1menes emitidos por los Nats, por la Conitec y por el Centro Cochrane, una organizaci\u00f3n internacional con sede en Copenhague, Dinamarca, que analiza conjuntos de estudios cl\u00ednicos en busca de evidencias de la eficacia de los tratamientos.<\/p>\n

En septiembre de 2016, el CNJ aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n que dispone acerca de la creaci\u00f3n y mantenimiento de los Comit\u00e9s Estaduales de Salud, ya establecidos en algunos estados, con la funci\u00f3n de debatir temas que ata\u00f1en a la salud y colaborar con el trabajo de los magistrados. Uno de los comit\u00e9s m\u00e1s activos es el de Minas Gerais, integrado por miembros del poder judicial estadual y federal y representantes de sistemas de medicina prepaga, del Ministerio P\u00fablico y de los Hospitales \u201cSanta Casa\u201d y de universidades, entre las que figura la Federal de Minas Gerais (UFMG). Osvaldo Firmo, juez del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais (TJMG) y miembro del comit\u00e9 estadual de salud del CNJ, subraya que los jueces deben tener m\u00e1s en cuenta las orientaciones t\u00e9cnicas. \u201cLa dificultad reside en que nadie desea correr el riesgo de ser c\u00f3mplice de la muerte de alguna persona\u201d, aduce. En el sitio web del comit\u00e9 (www.comitesaudemg.com.br<\/a>) hay un conjunto de recomendaciones para los magistrados, adem\u00e1s de notas t\u00e9cnicas y enlaces hacia libros y art\u00edculos que abordan la judicializaci\u00f3n.<\/p>\n

Sylvio Ribeiro, del TJSP recuerda el tiempo en que actuaba en la delantera, juzgando casos de salud. \u201cPor m\u00e1s que dispongamos de informaci\u00f3n cient\u00edfica, resulta angustiante saber que una negativa nuestra podr\u00eda acarrear la p\u00e9rdida de la salud o incluso la muerte de alguien\u201d, dice. Renata Santos, de la secretar\u00eda estadual, afirma que casi siempre la defensa del paciente se basa en el riesgo de fallecimiento en caso de que no se provea el medicamento. Con todo, el S-Codes indic\u00f3 que una parte considerable de los fallos judiciales no existen riesgos de da\u00f1o irreparable para el paciente.<\/p>\n

\"\"<\/a>En ocasiones, aparte de los medicamentos, las demandas judiciales incluyen otros elementos ya suministrados por el SUS, como los pa\u00f1ales descartables, o bien que exceden al tratamiento m\u00e9dico, tales como pa\u00f1os h\u00famedos, filtro solar y agua de coco, que los m\u00e9dicos consideraban imprescindibles para sus pacientes. Por esa raz\u00f3n, la secretar\u00eda debe proveer 69 tipos distintos de pa\u00f1ales a 4 mil personas, a un costo anual de 12,6 millones de reales. \u201cCada vez es mayor el n\u00famero de pacientes que solicitan la compra de medicamentos e insumos ya disponibles en el sistema p\u00fablico. El SUS provee \u00e1cido acetilsalic\u00edlico, pero asimismo hay pacientes que acuden a la Justicia para solicitar un analg\u00e9sico de alguna marca espec\u00edfica\u201d, comenta Santos.<\/p>\n

Ella no descarta la influencia de la industria farmac\u00e9utica como uno de los puntales de la judicializaci\u00f3n. Estudios divulgados recientemente muestran que la influencia de las empresas del sector se extiende a grupos y asociaciones de pacientes. Una investigaci\u00f3n publicada en enero de este a\u00f1o en Jama Internal Medicine<\/em> por Susannah Rose, de la Universidad Case Western Reserve, de Estados Unidos, analiz\u00f3 a alrededor de 300 grupos de defensa de pacientes en el pa\u00eds y descubri\u00f3 que el 67% recibi\u00f3 dinero de empresas farmac\u00e9uticas durante el a\u00f1o pasado. Seg\u00fan los administradores p\u00fablicos, existen indicios de que la presi\u00f3n de la industria es similar en Brasil y finalmente contribuye al aumento de la judicializaci\u00f3n al generar nuevas demandas por medicamentos. Los fallos judiciales tambi\u00e9n tienen otros efectos. \u201cHay casos en los que las sentencias judiciales impulsaron al SUS, en tanto y en cuanto los fallos reiterados acerca de un mismo f\u00e1rmaco o procedimiento alertaron sobre la necesidad de incorporar tecnolog\u00eda y medicamentos\u201d, analiza Santos.<\/p>\n

Enfermedades raras<\/strong>
\nPara aqu\u00e9llos que padecen alguna enfermedad rara, la v\u00eda judicial podr\u00eda ser la \u00fanica forma de obtener medicamentos extremadamente onerosos. Un ejemplo de ello lo constituyen los pacientes que sufren de hemoglobinuria parox\u00edstica nocturna (HPN), un tipo raro de anemia de origen gen\u00e9tico que puede ocasionar enfermedad renal cr\u00f3nica e hipertensi\u00f3n pulmonar, entre otros s\u00edntomas. El f\u00e1rmaco indicado para este caso es el eculizumab, cuya denominaci\u00f3n comercial es Soliris, todav\u00eda sin registro en la Anvisa. En 2016, el Soliris represent\u00f3 el mayor gasto que afront\u00f3 el Ministerio de Salud debido a demandas judiciales: 391,8 millones de reales para la atenci\u00f3n de 336 pacientes.<\/p>\n

Un argumento muy utilizado por los pacientes que recurren a la Justicia para obtener los denominados medicamentos excepcionales, con costos muy elevados, surge de la Constituci\u00f3n Federal, seg\u00fan la cual, la salud es un derecho de todos y un deber del Estado. \u201cEl problema radica en que el derecho individual est\u00e1 prevaleciendo sobre el derecho colectivo\u201d, analiza Luiza Heimann, directora del Instituto de Salud del Estado de S\u00e3o Paulo, una instituci\u00f3n vinculada a la secretar\u00eda estadual de salud, que promueve estudios de evaluaci\u00f3n de tecnolog\u00edas en la salud. \u201cEl cuidado de la salud de los ciudadanos no significa tener que ocuparse de la sumatoria de los individuos enfermos. Se trata de estipular una planificaci\u00f3n a partir del perfil epidemiol\u00f3gico de la poblaci\u00f3n\u201d, explica Heimann. Cada cuatro a\u00f1os, dice, se realiza la Conferencia Nacional de Salud, en la cual los gestores del SUS, trabajadores y representantes de la sociedad civil organizada definen, con base en estudios epidemiol\u00f3gicos, cu\u00e1les ser\u00e1n las prioridades del SUS para los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Para el juez Osvaldo Firmo, del TJMG, eso significa que las pol\u00edticas de salud deben garantizar a toda la poblaci\u00f3n igualdad de acceso a un tratamiento, sin privilegios. \u201cLos procedimientos para la incorporaci\u00f3n de medicamentos en Brasil obedecen a criterios que privilegian la adquisici\u00f3n de grandes vol\u00famenes de remedios para el mayor n\u00famero posible de personas\u201d, dice Firmo.<\/p>\n

En los pa\u00edses desarrollados, especialmente en Europa, el problema de la judicializaci\u00f3n es pr\u00e1cticamente inexistente. \u201cPa\u00edses tales como Italia, Francia y el Reino Unido poseen sistemas de salud universales que maduraron a lo largo de d\u00e9cadas\u201d, explica Jos\u00e9 Gomes Tempor\u00e3o, ministro de Salud entre 2007 y 2011. \u201cLa poblaci\u00f3n de esos pa\u00edses es consciente de que el aporte de medicamentos por el Estado tiene l\u00edmites. Los pacientes aceptan el tratamiento disponible en el sistema y ni siquiera se plantean recurrir a la Justicia, salvo en casos extremos, como los de enfermedades raras\u201d, dice Gomes Tempor\u00e3o. A juicio de Denizar Vianna Ara\u00fajo, investigador de la Uerj, la judicializaci\u00f3n de la salud se ha transformado en un fen\u00f3meno esencialmente latinoamericano. \u201cAnte una negativa del Estado, se incita al ciudadano a procurar una salvaci\u00f3n en el plano judicial. Se trata de un rasgo cultural fuerte en los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina\u201d, dice.<\/p>\n

El investigador Cl\u00e1udio Cordovil, de la Escuela Nacional de Salud P\u00fablica Sergio Arouca de la Fundaci\u00f3n Oswaldo Cruz (Fiocruz), en R\u00edo de Janeiro, sostiene que en Brasil se debe modificar el sistema de incorporaci\u00f3n de medicamentos para enfermedades raras. Seg\u00fan Cordovil, los an\u00e1lisis de las tecnolog\u00edas para la salud (ATS), efectuados por la Conitec para decidir la incorporaci\u00f3n de medicamentos al SUS, originalmente se crearon para debatir acerca de los f\u00e1rmacos volcados a la atenci\u00f3n de un gran n\u00famero de personas. Para Cordovil, el empleo de las metodolog\u00edas convencionales de ATS en el contexto de las enfermedades raras, que afectan a grupos espec\u00edficos de pacientes, constituye uno de los factores que promueven la judicializaci\u00f3n el pa\u00eds. \u201cSi aplicamos metodolog\u00edas convencionales para decidir sobre medicamentos para enfermedades raras, en la pr\u00e1ctica no incorporaremos ninguno de esos f\u00e1rmacos al SUS. La literatura internacional ya lo ha comprobado de manera inequ\u00edvoca\u201d, dice el investigador.<\/p>\n

Renata Santos recopila en el S-Codes otros datos poco conocidos sobre las consecuencias de la compra de medicamentos por v\u00eda judicial. \u201cEntre un 20% y un 30% de los pacientes que elevan una demanda en S\u00e3o Paulo luego no retiran el medicamento autorizado por la Justicia\u201d, sostiene. \u201cSacando los casos de pacientes que fallecen, los motivos principales para que no busquen los medicamentos indican que los pacientes cambian de idea, desisten del tratamiento y opta por otro\u201d. Cuando ello fuera posible, la secretar\u00eda le adjudica el f\u00e1rmaco a otro paciente, aunque la mitad de las solicitudes son de uso exclusivo, es decir que cada f\u00e1rmaco es espec\u00edfico para una sola persona. \u201cCuando el paciente no lo viene a buscar\u201d, relata, \u201calmacenamos el medicamento y, cuando se sobrepasa su fecha de vencimiento, debemos incinerarlo\u201d.<\/p>\n

Proyectos
\n1.<\/strong> Gesti\u00f3n municipal de demandas judiciales en la salud: modelo de seguimiento farmacoterap\u00e9utico de pacientes (n\u00ba 2014\/06038-2<\/a>); Modalidad<\/strong> Ayuda a la Investigaci\u00f3n \u2013 Regular; Investigador responsable<\/strong> Silvio Barberato Filho (Uniso); Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 103.297,39
\n2.<\/strong> Factores condicionantes de los procesos de judicializaci\u00f3n en el departamento regional de salud \u2013 DRS XII (n\u00ba 2015\/50040-1<\/a>); Modalidad<\/strong> Ayuda a la Investigaci\u00f3n \u2013 PPSUS; Investigador responsable<\/strong> Carlos Alberto Grespan Bonacim (Fearp-USP); Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 7.325,37
\n3.<\/strong> Seguimiento farmacoterap\u00e9utico de pacientes en la Farmacia Universitaria de la USP (n\u00ba 2012\/51707-4<\/a>); Modalidad<\/strong> Ayuda a la Investigaci\u00f3n \u2013 PPSUS; Investigadora responsable<\/strong> Silvia Storpirtis (FCF-USP); Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 253.692,76<\/p>\n

Art\u00edculos cient\u00edficos<\/em>
\nBIEHL, J. et al<\/em>. The judicialization of health and the quest for accountability: Evidence from 1.262 lawsuits for access to medicines in Southern Brazil<\/a>. Health and Human Rights Journal<\/strong>. Jun. 2016.
\nASENSI, F.; Pinheiro, R. Judicializa\u00e7\u00e3o da sa\u00fade e di\u00e1logo institucional: A experi\u00eancia de Lages (SC)<\/a>. Revista do Direito Sanit\u00e1rio<\/strong>. v. 17, n. 2, 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Colaboraciones apuntan a entender la judicializaci\u00f3n de la salud","protected":false},"author":421,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[179],"tags":[389,294,329],"coauthors":[740],"class_list":["post-254267","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tapa","tag-derecho","tag-economia-es","tag-salud-publica"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/254267","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/421"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=254267"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/254267\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=254267"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=254267"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=254267"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=254267"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}