Una de ellas propone la adopci\u00f3n de un m\u00e9todo para determinar la madurez tecnol\u00f3gica de un producto innovador, al cual se lo conoce como TRL, que es el acr\u00f3nimo por Technology Readiness Level<\/a>. Ese m\u00e9todo, ideado por la Nasa, la agencia espacial estadounidense, en la d\u00e9cada de 1970, se basa en una escala que va de 1 (investigaci\u00f3n b\u00e1sica) a 9 (producto en el mercado): cuanto m\u00e1s madura es una tecnolog\u00eda, menor es el riesgo impl\u00edcito en ella. Esa prestaci\u00f3n se aplica a bienes o servicios que son potencialmente viables pero a\u00fan no existen y debe realizarse idealmente entre las TRL 2 y 8. \u201cPara los productos disponibles se recomienda el uso de otros instrumentos, tales como la licitaci\u00f3n o la adquisici\u00f3n directa. Y tampoco debe hacerse un encargo si la idea a\u00fan se encuentra en fase preliminar y depende de una profundizaci\u00f3n de la ciencia b\u00e1sica\u201d, explica Rauen, quien tambi\u00e9n colabor\u00f3 en la elaboraci\u00f3n del decreto.<\/p>\nOtro dispositivo regula la remuneraci\u00f3n, que puede hacerse en etapas del desarrollo definidas previamente. Eso garantiza que aunque la soluci\u00f3n deseada no se haya obtenido, la empresa cobre en funci\u00f3n del esfuerzo de I&D realizado. La gu\u00eda describe cinco modelos de pago, que van desde la determinaci\u00f3n de un precio fijo hasta el reembolso del costo con el agregado de una tasa extra. \u201cAhora pueden acordarse contratos de acuerdo con el grado de incertidumbre relacionado con cada proyecto\u201d, dice Rauen. La propiedad intelectual del eventual producto emergente de la prestaci\u00f3n de servicios tambi\u00e9n debe acordarse previamente. \u201cDependiendo de la complejidad de la demanda, el Estado puede concederle total o parcialmente los derechos de la propiedad al proveedor. Esa concesi\u00f3n puede estimular la participaci\u00f3n de empresas en una prestaci\u00f3n de servicios\u201d, dice Rauen.<\/p>\n<\/div>
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