![\"\"](\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/076-080_Par\u00e1_279-0-img.png\")
<\/a><\/p>\nSuperposiciones<\/strong> Seg\u00fan \u00e9l, las superposiciones que se detectaron en el SIG Fundi\u00e1rio podr\u00edan ser resultado tanto de imprecisiones t\u00e9cnicas como de la posesi\u00f3n ilegal de tierras: \u201cDebemos analizar cada caso con cautela, identificar las situaciones m\u00e1s graves y elaborar una metodolog\u00eda de trabajo adecuada\u201d. El Ministerio de Medio Ambiente estima que en Par\u00e1, el \u00e1rea total de tierras obtenidas por medio de escrituras ap\u00f3crifas, registradas en los catastros de inmuebles, llega a las 30 millones de ha, casi un 25% de la superficie del estado.<\/p>\n Las superposiciones dif\u00edcilmente figuraban con las dimensiones detectadas ahora por el SIG Fundi\u00e1rio porque las bases de datos p\u00fablicas raramente est\u00e1n integradas y los equipos de los organismos p\u00fablicos priorizan problemas m\u00e1s urgentes. El ge\u00f3grafo Danny Silv\u00e9rio Ferreira Sousa, t\u00e9cnico del Instituto de Tierras de Par\u00e1 (Iterpa), un organismo p\u00fablico que se encarga de la administraci\u00f3n de las tierras del estado, dice hasta noviembre de 2018 hab\u00eda 6.126 procesos de regularizaci\u00f3n de tierras en curso en la Gerencia de Cartograf\u00eda y Geoprocesamiento del instituto, un promedio de 875 procesos manejados por cada uno de los siete empleado del sector.<\/p>\n Fernando Santos\/ Folhapress<\/span><\/a> La polic\u00eda va al campo para controlar los conflictos por las tierras entre propietarios y latifundistas en el estado de Par\u00e1, en agosto de 1984Fernando Santos\/ Folhapress<\/span><\/p><\/div>\n El Catastro Ambiental Rural (CAR), creado por el gobierno federal en 2012 para facilitar la regularizaci\u00f3n de las \u00e1reas obligatorias de preservaci\u00f3n ambiental en todo Brasil, registr\u00f3 un exceso de tierras en propiedades privadas del estado de Par\u00e1 de 12,1 millones de ha, de las cuales 1,1 millones de ha estaban superpuestas con tierras ind\u00edgenas. Puesto que el CAR se completa con informaciones aportadas directamente por los propietarios rurales, eso da lugar a imprecisiones y fraudes. En 2016, la Secretar\u00eda de Ingresos Federales sorprendi\u00f3 en flagrancia a una pandilla comandada por un empresario paulista que estaba talando y apropi\u00e1ndose de tierras p\u00fablicas del estado. El registro en el CAR a nombre de empresas fantasma permit\u00eda que las tierras fueran explotadas, arrendadas y vendidas. De acuerdo con un informe del servicio de noticias Ag\u00eancia P\u00fablica<\/em>, esa organizaci\u00f3n moviliz\u00f3 1.900 millones de reales y tal\u00f3 alrededor de 300 kil\u00f3metros cuadrados de selva entre 2012 y 2015. El Instituto Nacional de Colonizaci\u00f3n y Reforma Agraria (Incra), responsable de la administraci\u00f3n de las tierras federales, adopta un programa similar al CAR, el Sistema de Gesti\u00f3n de Tierras (Sigef), certificando la propiedad de la tierra solamente cuando no surge ninguna superposici\u00f3n.<\/p>\n \u201cLos registros catastrales son, en parte, responsables de esa situaci\u00f3n, al extender nuevas escrituras sin verificar los documentos previos\u201d, dice Jos\u00e9 Antonio Cavalcante, juez auxiliar del Consejo de la Magistratura del TJ de la Regi\u00f3n Metropolitana de Belem. Seg\u00fan \u00e9l \u201cpor desconocimiento del deber de oficio o por mala fe\u201d, los registros catastrales mantuvieron abiertos los registros iniciales, permitiendo la venta de terrenos incluso cuando un \u00e1rea se hallaba bajo la responsabilidad de otro registro catastral. \u201cCuando detectamos las irregularidades\u201d, dice Cavalcante, \u201cordenamos que los registros catastrales bloquearan sus registros para evitar que la tierra sea traspasada a terceros, hasta que sus propietarios presenten los documentos y podamos resolver el problema\u201d.<\/p>\n Anderson Barbosa\/ Folhapress<\/span><\/a> M\u00e1s all\u00e1 de la superposici\u00f3n con propiedades privadas, las \u00e1reas de reserva ind\u00edgena del estado de Par\u00e1 est\u00e1n sujetas a amenazas tales como la construcci\u00f3n de la usina hidroel\u00e9ctrica de Belo Monte, en Vit\u00f3ria do XinguAnderson Barbosa\/ Folhapress<\/span><\/p><\/div>\n Incertidumbre<\/strong> \u201cEl reconocimiento de la confusi\u00f3n constituye el primer paso para buscar las formas legales adecuadas para realizar un ordenamiento territorial del estado\u201d, dice el abogado Girolamo Domenico Treccani, quien coordin\u00f3 el estudio que llev\u00f3 a cabo la comisi\u00f3n, por entonces, como asesor en jefe del Iterpa. Actualmente, como coordinador de an\u00e1lisis institucionales del SIG Fundi\u00e1rio y docente en el Instituto de Ciencias Jur\u00eddicas de la UFPA, \u00e9l se\u00f1ala que uno de los perjuicios que ocasion\u00f3 la apropiaci\u00f3n de tierras radica en la expulsi\u00f3n de las comunidades tradicionales, tales como las de ind\u00edgenas y quilombolas. \u201cLo turbio es la base del poder, de la corrupci\u00f3n y de la venta ilegal de tierras\u201d, dice el economista Francisco de Assis Costa, del N\u00facleo de Altos Estudios Amaz\u00f3nicos (Naea) de la UFPA y coordinador general del SIG Fundi\u00e1rio<\/a>. \u201cLa incertidumbre en cuanto a la propiedad de la tierra deriva en inseguridad social y en la disminuci\u00f3n de oportunidades econ\u00f3micas\u201d, escribi\u00f3 en el libro intitulado Quest\u00f5es agr\u00e1rias, agr\u00edcolas e rurais <\/em>(editorial E-Papers, 2017).<\/p>\n Esas situaciones no siempre son f\u00e1ciles de resolverse. Uno de los casos registrados por el SIG Fundi\u00e1rio se suscit\u00f3 en 1960, a partir de un pedido planteado por un terrateniente interesado en comprarle al gobierno del estado un predio de alrededor de 3 mil ha ocupado por un casta\u00f1al en el municipio de Marab\u00e1. Puesto que se trataba de un \u00e1rea destinada al extractivismo, la solicitud fue denegada. Sin embargo, poco tiempo despu\u00e9s y vali\u00e9ndose de un instrumento jur\u00eddico, la tenencia, el estado le traspas\u00f3 la tierra al estanciero. En los 40 a\u00f1os posteriores el \u00e1rea fue comprada y revendida varias veces, sin t\u00edtulo definitivo de posesi\u00f3n. Uno de los compradores la registr\u00f3 en 2004 en Itupiranga, un municipio que se escindi\u00f3 de Marab\u00e1. Seis a\u00f1os despu\u00e9s, el Iterpa le concedi\u00f3 a su propietario actual, residente en Minas Gerais, el t\u00edtulo definitivo, que luego fue cancelado en 2014 porque el \u00e1rea exced\u00eda el l\u00edmite de 2.500 ha.<\/p>\n En la disputa por la posesi\u00f3n legal de las propiedades rurales hay una sola certeza: \u201cAlguien sale perdiendo\u201d, anticipa Patr\u00edcia Moreira, jueza auxiliar de la contralor\u00eda de las comarcas del interior del TJ de Par\u00e1. En noviembre de 2018, por ejemplo, la Justicia dictamin\u00f3 un interdicto sobre dos fincas ubicadas en el municipio de Acar\u00e1, en el nordeste paraense, alegando que esas \u00e1reas, p\u00fablicas, habr\u00edan sido ocupadas ilegalmente y la empresa que reivindicaba su posesi\u00f3n hab\u00eda presentado documentos falsos al registrarlas en el catastro. \u201cSurgir\u00e1n protestas por el trabajo de regularizaci\u00f3n que se est\u00e1 llevando a cabo\u201d, comenta la jueza, \u201cpero tambi\u00e9n habr\u00e1 una mayor seguridad jur\u00eddica, porque la tierra legalizada tendr\u00e1 un valor mayor\u201d. A comienzos de abril, ella escuch\u00f3 con inter\u00e9s al equipo de la UFPA cuando el mismo present\u00f3 el SIG Fundi\u00e1rio, reconociendo su potencial para mediar en los conflictos por las tierras en el estado de Par\u00e1.<\/p>\n En febrero de 2019, en la sede de S\u00e3o Paulo de la Sociedad Rural Brasile\u00f1a, el agr\u00f3nomo Gerd Sparovek, docente de la Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz, de la Universidad de S\u00e3o Paulo (Esalq-USP) y presidente de la Fundaci\u00f3n Forestal de S\u00e3o Paulo, present\u00f3 ante un grupo de 100 productores rurales, abogados y representantes de organismos de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales la versi\u00f3n actualizada de un programa de computaci\u00f3n que apunta posibles \u00e1reas de compensaci\u00f3n de reservas legales en el estado de S\u00e3o Paulo. De acuerdo con el nuevo C\u00f3digo Forestal, que rige a partir de 2012, toda propiedad rural del estado debe mantener un 20% de su superficie con vegetaci\u00f3n nativa; ese valor corresponde a la reserva legal que se suma a las \u00e1reas de conservaci\u00f3n permanente. Aqu\u00e9l propietario que tuviera menos del 20% puede restaurar flora nativa o realizar esa compensaci\u00f3n en otra \u00e1rea. El programa (bit.ly\/compRL_SP) que est\u00e1 disponible para cualquier interesado, por ahora solo contiene datos de S\u00e3o Paulo. En el estado hay 30.417 propiedades rurales que acumulan un d\u00e9ficit de reserva legal de 865.391 hect\u00e1reas.<\/p>\n \u201cTan pronto como el Supremo Tribunal Federal [la Corte Suprema de Justicia] publique la sentencia en la causa del C\u00f3digo Forestal, que dictamin\u00f3 el 28 de febrero de 2018, el programa permitir\u00e1 evaluar objetivamente las posibilidades de definici\u00f3n de similitud ecol\u00f3gica de la compensaci\u00f3n de reserva legal\u201d, dice Sparovek. Para adecuarse a la nueva legislaci\u00f3n, los propietarios rurales con d\u00e9ficit de reserva legal disponen de cuatro opciones: restaurar sus propios bosques; arrendar un \u00e1rea en otra propiedad; adquirir un \u00e1rea ubicada dentro de las unidades de conservaci\u00f3n de protecci\u00f3n integral y donarla al estado; o adquirir \u00e1reas excedentes de vegetaci\u00f3n nativa, aquellas denominadas cuotas de reserva ambiental, dentro del mismo estado y del mismo bioma.<\/p>\n Sparovek expuso un conjunto de mapas acerca de los escenarios posibles de reserva legal de acuerdo con el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo Forestal, que permite la adecuaci\u00f3n de las \u00e1reas de conservaci\u00f3n a leyes anteriores. \u201cEn el caso de que el propietario tenga menos del 20% de vegetaci\u00f3n nativa en su propiedad, el art\u00edculo 68 lo exime de recomponer un porcentaje dentro de la ley actual si \u00e9l estuviera a derecho con la legislaci\u00f3n ambiental de la \u00e9poca en que se implement\u00f3 la reconversi\u00f3n de la vegetaci\u00f3n nativa en otros usos\u201d, explica el bi\u00f3logo Paulo Andr\u00e9 Tavares, investigador del grupo de la Esalq. El marco legal de 1934 determin\u00f3 la obligatoriedad de mantener un 25% de la vegetaci\u00f3n aut\u00f3ctona de la propiedad rural, pero al igual que el acuerdo siguiente, que data de 1965, no especificaba el tipo de vegetaci\u00f3n que deb\u00eda preservarse. \u201cQueremos ofrecerle herramientas t\u00e9cnicas al administrador p\u00fablico para que pueda trabajar con seguridad e impedir conductas administrativas indebidas o err\u00f3neas\u201d, dice Sparovek.<\/p>\n \u201cOfrecemos varios escenarios posibles de compensaci\u00f3n de reserva legal que los propietarios rurales o los representantes de los organismos del gobierno pueden tomar como base para la toma de decisiones\u201d, a\u00f1ade la bi\u00f3loga Alice Brites, investigadora en pasant\u00eda de posdoctorado en la Esalq que fue quien coordin\u00f3 las seis reuniones que se llevaron a cabo a partir de 2017 con propietarios rurales, representantes del gobierno, abogados, procuradores y otros expertos en asuntos agrarios. El proyecto es el resultado de los debates que comenzaron en 2015 al respecto de la implementaci\u00f3n del Programa de Regularizaci\u00f3n Ambiental (PRA) junto a los cient\u00edficos del Programa de Investigaci\u00f3n en Biodiversidad (Biota-FAPESP).<\/div>\n
\nLas \u00e1reas registradas en los documentos de los catastros de los 10 municipios paraenses verificados sumaron 32,2 millones de hect\u00e1reas. Como la superficie en estudio tiene 9,5 millones de ha, hay 22,7 millones de ha que en realidad no existen. \u201cSon tierras que solo existen en los papeles\u201d dice el agr\u00f3nomo Sebasti\u00e3o Aluizio Solyno Sobrinho, coordinador t\u00e9cnico del SIG Fundi\u00e1rio. En otro estudio, el equipo de Integradata recopil\u00f3 los mapas de las unidades de conservaci\u00f3n, tierras ind\u00edgenas y de palenques [quilombolas<\/em>, comunidades de afrodescendientes] bajo responsabilidad de los organismos p\u00fablicos federales del estado de Par\u00e1 y hall\u00f3 792 superposiciones, que equivalen a 1,5 millones de ha. De acuerdo con los documentos oficiales, la superficie de las tierras ind\u00edgenas y reservas ambientales es 8,4 millones de ha mayor que la identificada por el SIG Fundi\u00e1rio. En cuanto a las tierras p\u00fablicas, hay 18,5 millones de ha que de hecho, no existen. \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os se actualizaron los mapas en los sitios web de las instituciones de los organismos del gobierno federal, pero esa informaci\u00f3n se conserv\u00f3 err\u00f3nea en los documentos oficiales\u201d, comenta Solyno Sobrinho.<\/p>\n
\nEn 2009, una comisi\u00f3n para creada por el TJ de Par\u00e1 para combatir la apropiaci\u00f3n ilegal verific\u00f3 que las 9.124 \u00e1reas documentadas sumaban alrededor de 490 millones de ha, una superficie casi cuatro veces mayor que todo el estado de Par\u00e1. En Moju, una localidad del nordeste paraense, esas irregularidades equival\u00edan a 8 veces la superficie total del municipio. La comisi\u00f3n solicit\u00f3 el bloqueo de alrededor de 5.500 t\u00edtulos de inmuebles con superficies mayores a 2.500 ha, dado que la enajenaci\u00f3n o concesi\u00f3n de tierras p\u00fablicas por encima de ese l\u00edmite requiere de la aprobaci\u00f3n previa del Congreso Nacional.<\/p>\n
\nUn programa apunta posibles \u00e1reas de compensaci\u00f3n forestal en el estado de S\u00e3o Paulo<\/em><\/p>\n\n <\/picture><\/p>\n