{"id":327448,"date":"2020-01-28T17:59:32","date_gmt":"2020-01-28T20:59:32","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=327448"},"modified":"2020-02-10T18:44:03","modified_gmt":"2020-02-10T21:44:03","slug":"desarmando-la-violencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/desarmando-la-violencia\/","title":{"rendered":"Desarmar la violencia"},"content":{"rendered":"

Entre 1990 y 2015 alrededor de 2.5 millones de personas murieron debido a heridas provocadas por balas en Brasil, Colombia, Estados Unidos y M\u00e9xico. Estos datos surgen de un estudio realizado por instituciones canadienses y publicado en mayo en Lancet<\/em> Public<\/em> Health.<\/em> El documento tambi\u00e9n indica tambi\u00e9n que la mortalidad por armas de fuego es mayor en los pa\u00edses donde se facilita su acceso. En el intervalo analizado, la mortalidad por armas de fuego disminuy\u00f3 en Estados Unidos \u2013aunque sigue siendo una de las m\u00e1s altas del mundo\u2013 y tambi\u00e9n en Colombia, mientras que aument\u00f3 en M\u00e9xico y en Brasil, que desde 2003 tiene una legislaci\u00f3n restrictiva sobre el acceso, pero donde a\u00fan existe un gran contingente de armas en circulaci\u00f3n. En 2017, los perjuicios causados en Brasil por la violencia alcanzaron 373 mil millones de reales, o sea, el 6% del producto interno bruto (PBI), seg\u00fan revela el Atlas da Viol\u00eancia, <\/em>recientemente divulgado por el Instituto de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica Aplicada (Ipea) y por el Foro Brasile\u00f1o de Seguridad P\u00fablica (FBSP).<\/p>\n

“Brasil es el pa\u00eds con la mayor cantidad de asesinatos en el mundo en cifras absolutas. En 2017, hubo 65.600 homicidios; el 74,4% de estas muertes fueron causadas por armas de fuego”, dice Bruno Paes Manso, polit\u00f3logo e investigador del Centro de Estudios de la Violencia de la USP (NEV-USP), recordando que el porcentaje promedio correspondiente en Europa es del 18%. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n intitulada “Mortalidad global por armas de fuego”, realizada por el Institute for Health Metrics and Evaluation, con datos de 195 pa\u00edses en un intervalo de 16 a\u00f1os, Brasil lidera el ranking<\/em>, totalizando 43.200 asesinatos por armas de fuego solo en 2016. Le sigue Estados Unidos, con 37.200 muertes.<\/p>\n

Existen m\u00faltiples razones para entender la alta incidencia de muertes por armas de fuego en Brasil. Una de ellas involucra el proceso de urbanizaci\u00f3n acelerada del pa\u00eds, ocurrido entre 1970 y 1980. El crecimiento exponencial de las ciudades estuvo acompa\u00f1ado de crisis econ\u00f3micas, aumento de la desigualdad y delincuencia. “A partir de la d\u00e9cada de 1980, hubo una especie de carrera armamentista”, se\u00f1ala el economista Daniel Cerqueira, del Ipea. “Por ese entonces, era posible adquirir armas en los grandes comercios”, recuerda. Progresivamente, aumentaron los homicidios causados por las armas de fuego. Si en 1980 estos asesinatos alcanzaron a 6.100 personas en el pa\u00eds, en el 2000, totalizaron 30.800 muertes, seg\u00fan un relevamiento del Ipea basado en el Sistema de Informaci\u00f3n de Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud.<\/p>\n

<\/a>Preocupados por la escalada de violencia, diferentes estados, entre ellos S\u00e3o Paulo, comenzaron a debatir medidas para restringir el acceso a las armas de fuego. En 2003, se aprob\u00f3 la Ley Federal n\u00ba 10.826, conocida como Estatuto del Desarme, para restringir el permiso de uso y reglamentar la posesi\u00f3n de armas de fuego<\/a>.<\/em>\u00a0 Los datos del Instituto Sou da Paz indican que entre 1997 y 2003, se vendieron 926.000 armas de fuego en el pa\u00eds, un promedio de 132.000 unidades por a\u00f1o. A partir de 2004, el promedio anual cay\u00f3 a 53.000 unidades.<\/p>\n<\/div>

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Desde entonces, la tasa promedio anual de crecimiento en los asesinatos de armas de fuego ha estado disminuyendo en el pa\u00eds. “Con la llegada del estatuto, hubo una tendencia en la velocidad del crecimiento de las muertes por armas de fuego. Si en los 23 a\u00f1os anteriores a la ley ese avance fue del 8,1% anual, a partir de 2004 se convirti\u00f3 en un 2,2% anual, hasta 2014”, dice Cerqueira, haci\u00e9ndose una estimativa de 133.000 vidas preservadas. El economista no tiene ning\u00fan tipo de dudas sobre el papel desempe\u00f1ado por la legislaci\u00f3n. “Si la ruptura en la tendencia hubiese sido causada por factores externos al estatuto, tal como razones macroecon\u00f3micas o demogr\u00e1ficas, el pa\u00eds habr\u00eda observado efectos similares en los indicadores de violencia letal perpetrados por otros medios, lo que no se dio, sino s\u00f3lo en las muertes causadas por armas de fuego y exactamente despu\u00e9s de 2003”, dice. “Sin el estatuto, la tasa de homicidios en el pa\u00eds entre 2003 y 2017 habr\u00eda sido al menos un 12% m\u00e1s alta”, considera.<\/a><\/p>\n

Para identificar el camino tomado por las armas comercializadas legalmente, el Instituto Sou da Paz rastre\u00f3, en su estudio m\u00e1s reciente, realizado en Goi\u00e1s, el itinerario de 8.900 unidades incautadas por la polic\u00eda, entre junio de 2016 y diciembre de 2017. “Identificamos que el 73% de las armas hab\u00edan sido fabricadas antes de la aprobaci\u00f3n del estatuto, lo que indica que el armamento de la poblaci\u00f3n, ocurrido entre los a\u00f1os 1980 y 1990, sigue impactando en la violencia del pa\u00eds hasta los d\u00edas de hoy”, argumenta Bruno Langeani, abogado del instituto. Tambi\u00e9n se verific\u00f3 que, al menos un tercio de las armas incautadas en el estado, pose\u00edan registro legal antes de haber sido desviadas hacia las actividades delictivas. En otro estudio realizado en S\u00e3o Paulo, por la misma organizaci\u00f3n no gubernamental en colaboraci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico, fueron analizadas 4.200 armas incautadas en robos y homicidios, entre 2011 y 2012. “Al menos el 38% ten\u00eda origen legal”, dice Langeani.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Parlamentaria de Investigaci\u00f3n (CPI) creada en 2011 por la Legislatura de R\u00edo de Janeiro arrib\u00f3 a una conclusi\u00f3n similar. Seg\u00fan la CPI de las Armas, en una d\u00e9cada se perdieron unas 18.000 armas, s\u00f3lo de empresas de seguridad privada del Estado. La CPI tambi\u00e9n llev\u00f3 a cabo el rastreo de las armas utilizadas en cr\u00edmenes y asesinatos, identificando que el 86% de las mismas ten\u00edan origen legal y fueron desviadas con fines criminales. “Seg\u00fan datos del Sistema Nacional de Armas [Sinarm] del Ministerio de Justicia, 22.900 armas de fuego se perdieron o extraviaron entre 2009 y 2011, y 29.300 fueron robadas”, dijo Cerqueira de Ipea. Los datos, subraya, son claros: “Cuanto mayor sea la cantidad de armas de fuego en circulaci\u00f3n, mayor ser\u00e1 la migraci\u00f3n de armas al mercado ilegal”. \u00a0Langeani va en la misma direcci\u00f3n. “El hecho de que las incautaciones realizadas por la polic\u00eda involucren principalmente armas de fabricaci\u00f3n nacional, producidas y vendidas legalmente en el pa\u00eds, refuerza la hip\u00f3tesis de que la mayor\u00eda en circulaci\u00f3n en el mercado ilegal, ten\u00eda registro legal y no entr\u00f3 a trav\u00e9s del contrabando.\u201d<\/p>\n\n \n \n \n <\/picture>\n

Los impactos en el presupuesto<\/strong>
\nLa \u00faltima edici\u00f3n del Atlas da Viol\u00eancia <\/em>del Ipea muestra que la p\u00e9rdida de 373 mil millones de reales causada en 2017 por la violencia en Brasil se compone de gastos m\u00faltiples que abarcan, entre otros, el sistema penitenciario, la seguridad p\u00fablica y privada, y el Sistema \u00danico de Salud (SUS). En el caso del SUS, s\u00f3lo las hospitalizaciones motivadas por lesiones con armas de fuego les costaron 190 millones a las arcas p\u00fablicas, entre 2015 y 2018<\/a>. \u201cLa salud p\u00fablica absorbe los efectos de la violencia armada, que terminan drenando recursos que podr\u00edan haber sido utilizados para adquirir nuevas tecnolog\u00edas y medicamentos”, destaca el soci\u00f3logo Jos\u00e9 Ferdinando Ramos Ferreira, coordinador del Grupo Tem\u00e1tico Violencia y Salud de la Asociaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Salud Colectiva (Abrasco).\u00a0 Recuerda que la v\u00edctima de un arma de fuego, cuando sobrevive, necesita casi siempre una atenci\u00f3n compleja, con hospitalizaci\u00f3n, tratamientos y terapias sucesivas que permitan su recuperaci\u00f3n f\u00edsica y mental. “Los costos de las heridas de bala son altos porque a menudo requieren cirug\u00edas e internaciones en terapia intensiva. Pueden afectar m\u00faltiples \u00f3rganos y demandar la colocaci\u00f3n de pr\u00f3tesis, por ejemplo”, analiza el m\u00e9dico Danilo Blank, de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y miembro del Departamento de Seguridad de la Sociedad Brasile\u00f1a de Pediatr\u00eda (SBP).<\/p>\n

Uno de los puntos de atenci\u00f3n de la SBP con relaci\u00f3n a la violencia armada implica el crecimiento de la letalidad entre la poblaci\u00f3n joven. “La principal v\u00edctima de la violencia homicida en Brasil es la juventud. En el grupo etario entre 15 y 25 a\u00f1os, el crecimiento de la letalidad por armas de fuego es mayor que en el resto de la poblaci\u00f3n”, afirma el m\u00e9dico, refiri\u00e9ndose a los resultados del Mapa de la violencia<\/em>, un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 2016. Seg\u00fan esta investigaci\u00f3n, en los \u00faltimos 30 a\u00f1os el n\u00famero de asesinatos por armas de fuego en esta parte de la poblaci\u00f3n salt\u00f3 de 3.100 a 25.000, lo que representa un crecimiento del 700%. En la poblaci\u00f3n en general el aumento fue del 600%. \u201cEn el per\u00edodo en cuesti\u00f3n, los j\u00f3venes brasile\u00f1os de 15 a 29 a\u00f1os representaron el 60% de todos los muertos por armas de fuego\u201d, se lamenta Blank. Consider\u00e1ndose el proceso de transici\u00f3n demogr\u00e1fica por el cual pasa Brasil, donde la poblaci\u00f3n mayor de 60 a\u00f1os deber\u00e1 llegar a 67 millones en 2050, Blank revela preocupaci\u00f3n por el impacto que las tasas de homicidios entre la poblaci\u00f3n joven pueden tener en econom\u00eda del pa\u00eds. “La transici\u00f3n demogr\u00e1fica y los altos porcentajes de muertes entre el grupo de edad m\u00e1s joven afectar\u00e1n a la poblaci\u00f3n econ\u00f3micamente activa”, advierte.<\/p>\n

Seg\u00fan un estudio de la SBP, con base en datos del SIM del Ministerio de Salud, en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas m\u00e1s de 145.000 ni\u00f1os y j\u00f3venes de hasta 19 a\u00f1os han muerto como resultado de disparos de armas de fuego, accidentales o intencionales, incluy\u00e9ndose los casos de suicidio. “Solo en 2016, se registraron m\u00e1s de 9.000 muertes en esa franja etaria”, dice Blank. En los \u00faltimos 20 a\u00f1os, seg\u00fan el investigador, las hospitalizaciones de ni\u00f1os y adolescentes resultantes de lesiones causadas por heridas de bala le han costado alrededor de 210 millones de reales a las arcas p\u00fablicas. “Hasta los 14 a\u00f1os, los traumatismos causados por accidentes de tr\u00e1nsito son la principal causa de muerte”, se\u00f1ala. “Entre 15 a 30 a\u00f1os, son muertes por armas de fuego.”<\/p>\n

Al demostrar que en los \u00faltimos 25 a\u00f1os los disparos de armas de fuego han sido una causa persistente de mortalidad en Brasil, M\u00e9xico, Colombia y Estados Unidos, el estudio publicado por Lancet<\/em> Public<\/em> Health, <\/em>bajo la coordinaci\u00f3n de Anna J. Dare y Hyacinth Irving, investigadoras del Centre for global Health Research de Dalla Lana School of Public Health, de la Universidad de Toronto, Canad\u00e1, defiende la idea de que la reducci\u00f3n al acceso y circulaci\u00f3n de las armas de fuego deber\u00eda ser la estrategia central de los cuatro pa\u00edses para reducir la cantidad de homicidios. Para apoyar su argumento, el art\u00edculo menciona, entre otros, una revisi\u00f3n bibliogr\u00e1fica publicada en 2016 en Epidemiologic Reviews<\/em>, <\/em>editada por Oxford University Press, por investigadores de las Universidades de Columbia, Nueva York, Nacional de Colombia y Boston. En esta revisi\u00f3n, los autores volvieron a analizar los datos de 130 estudios cient\u00edficos realizados entre 1950 y 2014, con informaci\u00f3n de 10 pa\u00edses, que examinaron las asociaciones entre las leyes relacionadas a las armas de fuego y los homicidios por armas de fuego, as\u00ed como los suicidios, lesiones y muertes no intencionales. A partir de los resultados, el estudio coordinado por Dare e Irving se\u00f1ala la existencia de una relaci\u00f3n directa entre la adopci\u00f3n de leyes que restringen el acceso a las armas de fuego y la disminuci\u00f3n de muertes ocasionadas por estas armas. Adem\u00e1s de la asociaci\u00f3n entre el acceso y la incidencia de muertes por arma de fuego, el art\u00edculo publicado en Lancet<\/em> Public<\/em> Health<\/em> llama la atenci\u00f3n sobre la principal v\u00edctima de este tipo de violencia: hombres j\u00f3venes, negros y con poca escolaridad.<\/p>\n

En la d\u00e9cada de 1990, el economista estadounidense John Lott Junior, presidente de Crime Prevention Research Center, desarroll\u00f3 un estudio en la Universidad de Chicago para analizar la relaci\u00f3n entre las leyes favorables al permiso de armas y las estad\u00edsticas de criminalidad, en alrededor de 3.000 municipios entre 1977 y 1992. Lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que los Estados que adoptaron leyes favorables al permiso habr\u00edan sido capaces de reducir los homicidios en un 8,5%. “Para interpretar los datos identificados en la investigaci\u00f3n, el autor elabor\u00f3 una hip\u00f3tesis seg\u00fan la cual la gente no comete delitos violentos cuando sabe que los dem\u00e1s est\u00e1n armados”, explica Bruno Paes Manso, de NEV-USP, uno de los Centros de Investigaci\u00f3n, Innovaci\u00f3n y Difusi\u00f3n (Cepid) que cuenta con el apoyo de FAPESP.<\/p>\n

<\/a>En 2017, investigadores de la Universidad de Stanford, tambi\u00e9n en Estados Unidos, llegaron a resultados diferentes, utilizando una metodolog\u00eda que consider\u00f3 los efectos de m\u00faltiples factores, no s\u00f3lo la flexibilidad del permiso, en la oscilaci\u00f3n de la criminalidad en los Estados. Entre los factores considerados se encuentran las tasas de encarcelamiento, presencia policial, \u00edndices de pobreza, desempleo, densidad poblacional, renta per c\u00e1pita y consumo de alcohol. “En esta investigaci\u00f3n reciente, se confirm\u00f3 que los Estados que no flexibilizaron las leyes para permiso y posesi\u00f3n de armas, como California y Nueva York, han logrado mayores reducciones en las tasas de criminalidad”, dijo Manso. Adem\u00e1s, el estudio de Stanford revel\u00f3 que en los Estados que flexibilizaron los permisos, la cantidad de cr\u00edmenes violentos aument\u00f3 entre un 13% y 15%.<\/p>\n\n \n \n \n <\/picture>\n

El derecho individual<\/strong>
\nEn junio, durante la presentaci\u00f3n de la \u00faltima edici\u00f3n del Atlas da Viol\u00eancia, <\/em>Carlos von Doellinger, presidente de Ipea, argument\u00f3 a favor de la posesi\u00f3n de armas de fuego como un derecho individual, para ser ejercido por ciudadanos sin antecedentes criminales. “Existe una defensa del Estatuto de Desarme, pero en mi posici\u00f3n personal, no estoy hablando como presidente del Ipea, creo que, por una cuesti\u00f3n de principios, me molesta la imposibilidad de que el ciudadano tenga un arma en defensa de su integridad f\u00edsica, de su propiedad y de su familia.”<\/p>\n

A pesar de reconocer la legitimidad de esta l\u00ednea de argumentaci\u00f3n, Cerqueira, tambi\u00e9n del Ipea, cita un estudio pionero, realizado en 1999 por la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica del Estado de S\u00e3o Paulo y por el Instituto Brasile\u00f1o de Ciencias Penales (Ibccrim), a partir de los datos registrados en las denuncias. “Debido a la historia de estos documentos, se comprob\u00f3 que las v\u00edctimas de asalto, cuando estaban armadas, ten\u00edan un 56% m\u00e1s de riesgo de ser asesinadas en comparaci\u00f3n con las v\u00edctimas desarmadas”, se\u00f1ala. La soci\u00f3loga Jacqueline Sinhoretto, de la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar), una de las autoras del estudio citado por Cerqueira, destaca que, en situaciones en las que la v\u00edctima estaba armada, el n\u00famero de muertes en las denuncias policiales result\u00f3 ser m\u00e1s alto, incluy\u00e9ndose a las personas que estaban pasando por la escena del crimen.<\/p>\n

<\/a>En el estudio realizado por instituciones canadienses, publicado en Lancet<\/em> Public<\/em> Health, <\/em>la inauguraci\u00f3n aparece como uno de los principales factores de riesgo para las muertes provocadas por disparos de armas. En su conclusi\u00f3n, los autores del estudio defienden que la creaci\u00f3n de mecanismos legales para reducir la exposici\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil a armamentos es crucial para reducir la incidencia de homicidios con armas de fuego. Adem\u00e1s, afirman que el desarrollo de estrategias para deconstruir la asociaci\u00f3n que se hace entre seguridad y posesi\u00f3n de armas, debe acompa\u00f1ar estas medidas.<\/p>\n

Las leyes y las armas<\/strong>
\nLa regulaci\u00f3n a trav\u00e9s del Estado empez\u00f3 en la d\u00e9cada de 1930 y afronta actualmente un gran desaf\u00edo<\/em><\/p>\n

1934 – El Decreto Presidencial n\u00ba 24.602, firmado por Get\u00falio Vargas (1882-1954), regula la fabricaci\u00f3n y venta de armas de guerra por parte del Estado y proh\u00edbe que la actividad sea desarrollada por empresas privadas, autorizadas a producir exclusivamente armas destinadas a la caza. La ley no se ocupa del uso civil de armas y municiones.<\/p>\n

1965 – El Decreto n\u00ba 55.649 deroga la legislaci\u00f3n de Vargas y regula la producci\u00f3n, comercio y circulaci\u00f3n de armas y municiones, que pasan a formar parte de la lista de productos exportables del pa\u00eds. La polic\u00eda civil de los estados brasile\u00f1os se encarga del registro de permiso y posesi\u00f3n de armas.<\/p>\n

1980 – La resoluci\u00f3n n\u00ba 1.261 del Ministerio del Ej\u00e9rcito reglamenta la comercializaci\u00f3n y el registro de armas de fuego. Mayores de 21 a\u00f1os, sin antecedentes penales y con una profesi\u00f3n definida, adquieren el derecho de comprar hasta tres armas al a\u00f1o, observ\u00e1ndose un l\u00edmite total de seis unidades.<\/p>\n

1997 – Con la creaci\u00f3n del Sistema Nacional de Armas, la supervisi\u00f3n de la compra y el uso de armas y municiones se convierte en responsabilidad exclusiva de la Polic\u00eda Federal, que ahora exige prueba de “necesidad efectiva” para autorizar su posesi\u00f3n. Enmarcado hasta entonces como un delito menor penal, la posesi\u00f3n no permitida de un arma de fuego se considera un delito. La responsabilidad de la supervisi\u00f3n del armamento privado de polic\u00edas, jueces y coleccionistas sigue siendo de las Fuerzas Armadas.<\/p>\n

2003 – Sanci\u00f3n de la Ley Federal n\u00ba 10.826, conocida como Estatuto del Desarme. El Ej\u00e9rcito se vuelve el principal responsable del control de la fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n y registro de armas. Le cabe a la Polic\u00eda Federal autorizar la compra, registro y posesi\u00f3n de armas por parte de la poblaci\u00f3n civil, que est\u00e1 prohibida de portar armas.<\/p>\n

2019 – Los sucesivos decretos presidenciales flexibilizan las normas de adquisici\u00f3n, registro, porte y venta de armas de fuego y municiones del Estatuto de Desarme.<\/p>\n

Fuente<\/strong> Instituto Sou da Paz<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Para reducir las tasas de homicidios en Brasil urge restringir el acceso a las armas de fuego, se\u00f1alan nuevos estudios sobre el tema","protected":false},"author":601,"featured_media":295736,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[187],"tags":[283,389,294,329,330,1170],"coauthors":[1600],"class_list":["post-327448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-humanidades-es","tag-ciencia-politica-es","tag-derecho","tag-economia-es","tag-salud-publica","tag-sociologia-es","tag-urbanismo-es","position_at_home-sumario"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/327448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/601"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=327448"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/327448\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":328378,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/327448\/revisions\/328378"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/295736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=327448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=327448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=327448"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=327448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}