![\"\"](\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/032-039_eca_296-1-1140.jpg\")
L\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/a>\u201cEl ECA est\u00e1 compuesto por 236 art\u00edculos. La mitad de ellos han sido modificados, siempre en aras de ampliar su alcance\u201d, informa el pedagogo Roberto da Silva, docente de la Facultad de Educaci\u00f3n de la Universidad de S\u00e3o Paulo (FE-USP). El punto que ha sufrido m\u00e1s modificaciones es el que se refiere a los asuntos de familia y adopci\u00f3n. \u201cHasta 2005, se consideraba a Brasil como uno de los principales exportadores de ni\u00f1os para adopci\u00f3n en todo el mundo. El panorama comenz\u00f3 a modificarse a partir de las directrices que estableci\u00f3 el estatuto\u201d, dice Da Silva, quien vivi\u00f3 en asilos desde los 5 a\u00f1os de edad, tuvo pasos por la Fundaci\u00f3n Estadual de Bienestar del Menor (Febem), por el sistema correccional y hoy en d\u00eda coordina un grupo de investigaci\u00f3n y da clases de una asignatura sobre teor\u00eda y pr\u00e1ctica del ECA.<\/p>\nEl balance de los 30 a\u00f1os de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o elaborado por la Unicef, recuerda que la ley brasile\u00f1a se adopt\u00f3 en un momento en que el pa\u00eds, al igual que otras naciones en desarrollo, afrontaba graves problemas de tr\u00e1fico, venta, secuestro y robo de ni\u00f1os, que eran enviados al mercado ilegal de adopci\u00f3n internacional. Con la puesta en vigencia del estatuto, pas\u00f3 a ser obligatorio en cada distrito el registro de adultos aptos para adoptar y el de los chicos disponibles para adopci\u00f3n. La permanencia de los ni\u00f1os en el pa\u00eds se torn\u00f3 prioritaria. En sinton\u00eda con ese proceso, la Ley n\u00ba 12.010, de 2009, tambi\u00e9n conocida como Ley Nacional de Adopci\u00f3n, modific\u00f3 54 art\u00edculos del ECA. M\u00e1s all\u00e1 de los registros existentes en los distritos, se hizo obligatorio un registro estadual y nacional. \u201cEl sistema de adopci\u00f3n adquiri\u00f3 mayor transparencia y pas\u00f3 a estar regido por normas que evitan la discriminaci\u00f3n. Ya no es posible, por ejemplo, adelantarse en la lista de espera para acelerar un proceso\u201d, dice el abogado Rubens Naves. Esto solo fue factible, especifica el profesor jubilado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de S\u00e3o Paulo (PUC-SP), en la medida en que se fueron adoptando pol\u00edticas p\u00fablicas tendientes a garantizar los derechos consagrados por el ECA, como fueron las acciones tendientes ampliar la cobertura de las vacunas y estimular la lactancia materna, contribuyendo as\u00ed a la disminuci\u00f3n de la mortalidad infantil.<\/p>\n
En cuanto a las modificaciones recientes que se incorporaron al estatuto, Josiane Rose Petry Veronese, titular de la c\u00e1tedra de Derecho del Ni\u00f1o y del Adolescente en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), hace hincapi\u00e9 en que la Ley Nacional de Adopci\u00f3n tambi\u00e9n estableci\u00f3 que los procesos de supresi\u00f3n de la custodia familiar, capaces de hacer posible la adopci\u00f3n de un ni\u00f1o por otra familia, no pueden dilatarse m\u00e1s de 180 d\u00edas. Las estad\u00edsticas indican que los ni\u00f1os de hasta 6 a\u00f1os de edad son adoptados con mayor facilidad. A partir de esa edad, la aceptaci\u00f3n se torna cada vez m\u00e1s dif\u00edcil. \u201cLa agilizaci\u00f3n del proceso de anulaci\u00f3n de la custodia familiar aumenta las posibilidades de adopci\u00f3n\u201d, argumenta la pedagoga Amanda Rodrigues de Souza Colozio. En su investigaci\u00f3n de doctorado en educaci\u00f3n especial en la Universidad Federal de S\u00e3o Carlos (UFSCar), ella estudia la situaci\u00f3n de ni\u00f1os y adolescentes con altas capacidades intelectuales, psicomotrices y socioemocionales, entre otras, alojados en instituciones de amparo. \u201cEn el marco de mi investigaci\u00f3n doctoral sigo el caso de un alumno de 13 a\u00f1os calificado con alta capacidad de aprendizaje que le fue retirado a su familia biol\u00f3gica por asistentes sociales a los 8, a causa de la situaci\u00f3n de adicci\u00f3n que afronta su madre. En la actualidad, \u00e9l vive en un instituto asistencial y atraviesa el cuarto intento de reintegraci\u00f3n, con gran posibilidad de exclusi\u00f3n familiar. Como ya es un adolescente, las posibilidades de adopci\u00f3n son m\u00ednimas\u201d, se lamenta.<\/p>\n En Brasil, los or\u00edgenes de la atenci\u00f3n de ni\u00f1os y adolescentes en servicios de amparo se remontan al per\u00edodo colonial, cuando los frailes jesuitas fundaron instituciones para brindar asilo a ind\u00edgenas. A partir de 1825, en el Hospital Santa Casa de Misericordia de S\u00e3o Paulo comenz\u00f3 a funcionar lo que se denomin\u00f3 la \u201crueda de los expuestos\u201d, una especie de plataforma giratoria instalada en la fachada donde los padres depositaban a los ni\u00f1os no deseados. Seg\u00fan datos de la instituci\u00f3n, hasta 1950, mientras ese sistema se mantuvo, recibi\u00f3 a alrededor de 4.600 beb\u00e9s. Antes del ECA, recuerda Rodrigues de Souza Colozio, se aplicaba el C\u00f3digo de Menores, de 1979, para la protecci\u00f3n y vigilancia del \u201cmenor\u201d en situaci\u00f3n irregular, cuya perspectiva era punitiva y asistencialista. No hab\u00eda ninguna distinci\u00f3n entre las criaturas abandonadas, los hu\u00e9rfanos, los que no asist\u00edan a la escuela y los adolescentes en conflicto con la ley. Todos recib\u00edan el mismo tratamiento: se los internaba en instituciones bajo la tutela del Estado.<\/p>\n \u201cAl ser un estatuto, es menos r\u00edgido que los c\u00f3digos civil o penal, de modo que resulta m\u00e1s f\u00e1cil incorporarle mejoras\u201d, considera Veronese, de la UFSC. La soci\u00f3loga Enid Rocha Andrade da Silva, del Instituto de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica Aplicada (Ipea), coincide. Seg\u00fan su an\u00e1lisis, el ECA est\u00e1 en permanente desarrollo, respondiendo a las demandas de la sociedad. Adem\u00e1s de la Ley Nacional de Adopci\u00f3n, Rocha Andrade da Silva se\u00f1ala otras normativas a\u00f1adidas recientemente al estatuto, tales como la Ley n\u00ba 12.594, la Ley del Sistema Nacional de Servicios Socioeducativos (Sinase), que regula desde 2012 la aplicaci\u00f3n de disposiciones socioeducativas; la Ley n\u00ba 13.010, que se hizo conocida como la Ley Menino<\/em> \u2013chico, en portugu\u00e9s\u2013 Bernardo y que desde hace seis a\u00f1os proh\u00edbe la violencia f\u00edsica, y el Estatuto de la Primera Infancia, un conjunto de normas aprobado en 2016 que prev\u00e9 la atenci\u00f3n b\u00e1sica necesaria para el desarrollo hasta los 6 a\u00f1os de edad. \u201cEn 2018, el estatuto incorpor\u00f3 leyes que refuerzan la lucha contra los delitos de pedofilia en internet, estableciendo, por ejemplo, procedimientos de infiltraci\u00f3n de agentes de polic\u00eda\u201d, dice. El a\u00f1o pasado se introdujeron otras tres modificaciones importantes, resalta Rocha Andrade da Silva: la instituci\u00f3n de la Semana Nacional de Prevenci\u00f3n del Embarazo Adolescente, la creaci\u00f3n del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el aumento de la edad m\u00ednima para que un ni\u00f1o o adolescente pueda viajar sin acompa\u00f1ante, sin autorizaci\u00f3n judicial.<\/p>\n \u201cAntes del estatuto, los jueces de menores, ahora denominados jueces de tribunales de la infancia y la juventud, ten\u00edan el 100% del poder decisorio en las causas civiles y penales que involucraban a ni\u00f1os y adolescentes\u201d, dice Roberto da Silva, de la FE-USP. Con la entrada en vigencia del estatuto, que estipul\u00f3 la creaci\u00f3n de los consejos municipales del ni\u00f1o y el adolescente y de los consejos tutelares, esa realidad cambi\u00f3 radicalmente. Hoy en d\u00eda, pr\u00e1cticamente todos los municipios del pa\u00eds cuentan con un organismo de este tipo, cuya funci\u00f3n consiste en garantizar el cumplimiento de los derechos de la poblaci\u00f3n menor de 18 a\u00f1os. De acuerdo con Da Silva, los consejos fueron fundamentales en la labor redistributiva del poder de decisi\u00f3n, en diferentes instancias de la sociedad. \u201cAs\u00ed pues, el estatuto ha quitado de manos de los jueces el 80% de sus poderes\u201d, estima Da Silva. Ahora los jueces pueden pronunciarse en los casos de modificaci\u00f3n de la custodia o tutela y para juzgar actos de infracci\u00f3n. \u201cToda otra cuesti\u00f3n vinculada a la infancia pasa a ser arbitrada por instancias de la sociedad civil o del Estado\u201d, dice. En su doctorado, Gisi, de la USP, realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n de campo en el Tribunal de Br\u00e1s de las Jurisdicciones Especiales de la Infancia y la Juventud, en la ciudad de S\u00e3o Paulo. \u201cAh\u00ed entrevist\u00e9 a algunos jueces y asist\u00ed a diversas audiencias, constatando que no todos tienen un discurso acorde con los principios del ECA, y adoptan una l\u00f3gica m\u00e1s represiva y punitiva a la hora de tomar decisiones\u201d, informa.<\/p>\n Estudioso de los derechos de la infancia desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, Faleiros dice que la mayor\u00eda de las denuncias de abuso sexual se remiten a los consejos tutelares, que tambi\u00e9n est\u00e1n facultados para exigir la matriculaci\u00f3n de los ni\u00f1os en las escuelas. \u201cLa contribuci\u00f3n del ECA ha sido decisiva para el acceso a la educaci\u00f3n\u201d, dice Volpi, de Unicef (vea los datos abajo<\/em>). \u201cSi antes de su adopci\u00f3n era necesario recurrir a un proceso judicial para inscribir a un ni\u00f1o que no estaba escolarizado por negligencia de sus responsables legales, hoy en d\u00eda basta con informarlo al consejo tutelar, que puede solicitar la matr\u00edcula y tomar las medidas necesarias para que el ni\u00f1o pueda asistir a la escuela\u201d, informa. Constituye una atribuci\u00f3n de este consejo la participaci\u00f3n en la elaboraci\u00f3n del presupuesto del municipio para el desarrollo de pol\u00edticas de educaci\u00f3n, salud, asistencia social y seguridad p\u00fablica enfocadas en los ni\u00f1os y adolescentes.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 del protagonismo que les proporcion\u00f3 a ni\u00f1os y adolescentes, la adopci\u00f3n del ECA tambi\u00e9n puso a Brasil en primer plano porque fue una de las primeras legislaciones del mundo en permitir la discusi\u00f3n judicial de los derechos sociales de esos ciudadanos en \u00e1reas tales como la salud y la educaci\u00f3n. El documento de la Unicef se\u00f1ala que, a partir de la entrada en vigencia del estatuto, las sentencias judiciales han asegurado la donaci\u00f3n de pr\u00f3tesis y ortesis por cuenta del Estado, aseguraron la contrataci\u00f3n de docentes de lenguaje de se\u00f1as y auxiliares para asistir a ni\u00f1os autistas y discapacitados en las escuelas p\u00fablicas y ampliaron las vacantes en las guarder\u00edas. Ese es uno de los grandes m\u00e9ritos de la legislaci\u00f3n, seg\u00fan el an\u00e1lisis del abogado Rubens Naves, de la PUC-SP. A su juicio, fue con base en el ECA que desde 2011, las madres de los ni\u00f1os sin acceso a la educaci\u00f3n infantil empezaron a demandar al gobierno municipal de S\u00e3o Paulo para conseguir cupo para sus hijos. Esas iniciativas han tenido un impacto significativo en la reducci\u00f3n de la lista de espera, analiza Naves, quien tambi\u00e9n forma parte del comit\u00e9 asesor de la Coordinaci\u00f3n de la Infancia y Juventud de los Tribunales de Justicia de S\u00e3o Paulo (TJSP). En 2016 hab\u00eda m\u00e1s de 103 mil ni\u00f1os a la espera de vacantes en las guarder\u00edas de la ciudad. Otros 3.400 aguardaban para ser matriculados en preescolar, seg\u00fan datos de la Secretar\u00eda Municipal de Educaci\u00f3n (SME). En julio de este a\u00f1o, la lista de espera por vacantes en jardines maternales sumaba 22.300 ni\u00f1os, seg\u00fan datos de la SME.<\/p>\n El reconocimiento de ni\u00f1os y adolescentes como sujetos de derechos impuls\u00f3 al Estado a establecer pol\u00edticas p\u00fablicas para asegurar su cumplimiento en distintas \u00e1reas. En la educaci\u00f3n, los avances son evidentes: educaci\u00f3n b\u00e1sica obligatoria desde los 4 hasta los 17 a\u00f1os, ampliaci\u00f3n de la ense\u00f1anza fundamental a 9 a\u00f1os y aprobaci\u00f3n del Plan Nacional de Educaci\u00f3n, en 2014, que estableci\u00f3 20 metas para mejorar la educaci\u00f3n p\u00fablica en el pa\u00eds fijando como plazo el a\u00f1o 2024. As\u00ed pues, si en 1990 casi el 20% de los ni\u00f1os con edades entre 7 y 14 a\u00f1os (la edad escolar obligatoria en ese entonces) no estaban escolarizados, en 2018, los ni\u00f1os de la misma franja etaria en esa condici\u00f3n llegaban al 4,2%, seg\u00fan el informe de Unicef elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios (Pnad, por sus siglas en portugu\u00e9s). Ese documento tambi\u00e9n indica que se registr\u00f3 un descenso en el \u00edndice promedio de analfabetismo entre los 10 y 18 a\u00f1os de edad: de un 12,5% en 1990, al 1,4% en 2013.<\/p>\n A pesar de los avances, el tratamiento de los j\u00f3venes en conflicto con la ley a\u00fan supone desaf\u00edos, reflexiona Vinuto, de la UFF. Ella sostiene que solamente un 15% de los adolescentes recluidos en centros socioeducativos cometieron homicidios o violaciones, la mayor\u00eda cumplen penas por robo o tr\u00e1fico de estupefacientes, infracciones que, de acuerdo con el ECA, no contemplan pena de reclusi\u00f3n en centros socioeducativos. Otro de los problemas ata\u00f1e al concepto socioeducativo, que surgi\u00f3 a partir del estatuto y prev\u00e9 el desarrollo de actividades pedag\u00f3gicas y sociales articuladas, que le permitan al joven reconstruir un proyecto de vida. Uno de los pilares del funcionamiento socioeducativo consiste en garantizar la presencia de los adolescentes en las escuelas. No obstante, seg\u00fan los resultados de la tesis doctoral de Vinuto, esta pr\u00e1ctica a menudo resulta inviable debido al hacinamiento y a la escasez de condiciones materiales en los institutos educativos.<\/p>\n El tratamiento destinado a los autores de infracciones es tan solo un aspecto por mejorarse. Otro de ellos, desde la \u00f3ptica de Veronese, de la UFSC, involucra la necesidad de generar nuevos mecanismos para que los ni\u00f1os en situaci\u00f3n de violencia sean escuchados en los procesos judiciales. En ese sentido, desde 2017, la Ley n\u00ba 13.431, conocida como Ley de Escucha Especializada, ha impulsado a municipios tales como S\u00e3o Paulo, R\u00edo de Janeiro y Florian\u00f3polis a crear estructuras f\u00edsicas en las Jurisdicciones de la Infancia y Juventud y a contratar psic\u00f3logos y asistentes sociales para asegurar esa participaci\u00f3n de una manera adecuada, evitando las situaciones en las que el ni\u00f1o se siente intimidado o tiene que repetir su declaraci\u00f3n en varias oportunidades. Otra de las dificultades se refiere a los castigos f\u00edsicos, permitidos por el C\u00f3digo Civil hasta 2002, pero expresamente prohibidos desde que se promulg\u00f3 la Ley Menino<\/em> Bernardo. \u201cLa idea de que es posible apoderase de manera violenta de los cuerpos de los ni\u00f1os para corregir comportamientos o educar es algo que todav\u00eda est\u00e1 arraigado\u201d, reflexiona.<\/p>\n La aparici\u00f3n de la pandemia agrav\u00f3 esta realidad. En Brasil, seg\u00fan el portal de la Defensor\u00eda Nacional de Derechos Humanos, que recopila datos de los servicios de denuncia telef\u00f3nica Disque 100 y Disque 180 [para denuncias de violaciones de los derechos humanos y violencia contra la mujer, respectivamente], las violaciones de los derechos de ni\u00f1os y adolescentes se incrementaron en los \u00faltimos meses. Entre los meses de marzo y mayo de este a\u00f1o, el Disque 100 registr\u00f3 85.200 denuncias, un aumento del 11% en comparaci\u00f3n con los registros de enero a junio de 2019. M\u00e1s del 70% de los casos de violencia sexual son perpetrados por familiares de las v\u00edctimas. Adem\u00e1s, con las escuelas cerradas y la debacle de las condiciones familiares de subsistencia, el trabajo infantil, que se hab\u00eda reducido significativamente a partir del ECA (vea los datos en esta misma p\u00e1gina, al lado<\/em>), tambi\u00e9n registra una tendencia en crecimiento. \u201cHay que actuar con urgencia para garantizar condiciones seguras de reapertura de las escuelas, mediante an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n epidemiol\u00f3gica en cada regi\u00f3n, el establecimiento de condiciones sanitarias adecuadas y la preparaci\u00f3n de los alumnos y los profesionales de la educaci\u00f3n para retomar las actividades pedag\u00f3gicas con seguridad\u201d, sostiene. Seg\u00fan Volpi, Unicef, en conjunto con la Uni\u00f3n de Directivos Municipales de la Educaci\u00f3n (Undime) y el Consejo Nacional de Secretarios de Educaci\u00f3n (Consed), est\u00e1 evaluando cu\u00e1les son las unidades de la federaci\u00f3n brasile\u00f1a que re\u00fanen las condiciones para la reapertura de las instituciones educativas. \u201cEl ECA es muy claro en lo que concierne a un principio: para asegurar un derecho no se puede violar otro. O sea, el derecho a la salud es tan importante como el derecho a la educaci\u00f3n\u201d, culmina.<\/p>\n Proyectos<\/strong> Art\u00edculos cient\u00edficos<\/strong><\/a><\/p>\nL\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/a>\u201cLas leyes que precedieron al estatuto estipulaban medidas para prevenir o recuperar a los j\u00f3venes de la delincuencia. Al considerar que los ni\u00f1os y los adolescentes abandonados estaban predispuestos a involucrarse en el delito, la internaci\u00f3n era lo que se dispon\u00eda tanto para ellos como para los que efectivamente delinqu\u00edan\u201d, describe la soci\u00f3loga Bruna Gisi, docente de la Facultad de Filosof\u00eda, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH-USP), quien investiga la justicia juvenil desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os. Ella explica que el ECA propici\u00f3 un cambio en el encuadre, al diferenciar a aquellos que cometen delitos de los adolescentes que son v\u00edctimas de la violaci\u00f3n de sus derechos. Juliana Vinuto, del Departamento de Seguridad P\u00fablica de la Universidad Federal Fluminense (UFF), dice que el C\u00f3digo de Menores establec\u00eda la existencia de grandes complejos de internaci\u00f3n, como fue el caso de la Febem, en S\u00e3o Paulo, que lleg\u00f3 a cobijar miles de adolescentes en situaci\u00f3n irregular, hasta su cierre, en 2006. \u201cAntes del ECA, a los j\u00f3venes se los tomaba como objeto de intervenci\u00f3n. Iban a parar a las unidades de internaci\u00f3n por diversos motivos. El objetivo era transformarlos, a menudo utilizando la violencia\u201d, afirma. El ECA dispuso que las unidades de internaci\u00f3n, exclusivas para los acusados de actos delictivos, pueden albergar como m\u00e1ximo a 90 adolescentes, pero esto no siempre se respeta. Muchas instituciones tienen problemas de hacinamiento.<\/p>\nL\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/a>Para asegurar la red de protecci\u00f3n prevista en el documento legal, en los \u00faltimos 30 a\u00f1os el ECA ha impulsado la creaci\u00f3n de instituciones tales como los consejos tutelares y los consejos de los derechos del ni\u00f1o y el adolescente. \u201cEsos organismos, cuyos titulares son elegidos por la comunidad, posibilitaron la participaci\u00f3n de la sociedad civil en la toma de decisiones\u201d, especifica Vicente de Paula Faleiros, graduado en derecho y trabajo social y docente jubilado de la Universidad de Brasilia (UnB). Entre las atribuciones principales de los consejos tutelares se encuentran la aplicaci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n para ni\u00f1os y adolescentes v\u00edctimas de violencia, la radicaci\u00f3n de denuncias por violaciones de derechos, el establecimiento de disposiciones para que se cumplan las medidas de protecci\u00f3n determinadas por la justicia, la solicitud de certificados de nacimiento y defunci\u00f3n, y la fiscalizaci\u00f3n de las condiciones en las instituciones de amparo. Un ejemplo de c\u00f3mo estos cambios han propiciado la protecci\u00f3n de los j\u00f3venes ocurri\u00f3 en Jardins, un barrio pudiente de la ciudad de S\u00e3o Paulo. Como respuesta a las denuncias de residentes y comerciantes, a finales de agosto el Ministerio P\u00fablico (MP) inst\u00f3 al consejo tutelar para que investigara casos de trabajo infantil en la regi\u00f3n. Seg\u00fan el MP, la pandemia agrav\u00f3 esa realidad en la capital paulista, donde entre los meses de mayo y julio creci\u00f3 un 26% la cantidad de casos registrados.<\/p>\n<\/a><\/p>\nL\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/a>La instauraci\u00f3n de un nuevo modelo de responsabilidad para los adolescentes de 12 a 18 a\u00f1os acusados de cometer infracciones tambi\u00e9n se considera como uno de los hitos del ECA. Las infracciones involucran delitos o contravenciones penales cometidos por los menores de 18 a\u00f1os. A partir de la idea de que se trata de una persona en desarrollo, el estatuto determin\u00f3 que el joven solo puede ser sometido a medidas socioeducativas en el caso de existir un proceso y una sentencia, una vez comprobada la autor\u00eda y trascendencia de la infracci\u00f3n. El C\u00f3digo de Menores, de 1979, funcionaba con la l\u00f3gica de la \u201cdoctrina de la situaci\u00f3n irregular\u201d, o sea, el Estado consideraba que los infractores deb\u00edan ser segregados y apartados de la convivencia social como forma de proteger a la sociedad. Como consecuencia de esa premisa, a muchos de ellos se los internaba sin derecho a una leg\u00edtima defensa. Asimismo, la internaci\u00f3n en centros de atenci\u00f3n socioeducativa, como la Fundaci\u00f3n Casa (Centro de Atenci\u00f3n Socioeducativa del Adolescente), en S\u00e3o Paulo \u2013que reemplaz\u00f3 a la Febem\u2013, solamente debe aplicarse en los casos de hechos de violencia grave, tales como homicidios o abuso sexual. Gisi, de la USP, se\u00f1ala que \u201cel ECA introdujo garant\u00edas procesales para preservar a los adolescentes de la intervenci\u00f3n del Estado en sus vidas\u201d. Ella cita como ejemplo el per\u00edodo m\u00e1ximo de tres a\u00f1os de reclusi\u00f3n en una instituci\u00f3n socioeducativa. \u201cAnteriormente esas penas pod\u00edan extenderse por muchos a\u00f1os, hasta que el joven cumpl\u00eda los 18 a\u00f1os\u201d. Eso se modific\u00f3. \u201cCon el Sinase, los j\u00f3venes pueden afrontar varios procesos, pero las penas se unifican y se limitan a una cantidad m\u00e1xima de a\u00f1os\u201d, compara Veronese, de la UFSC.<\/p>\nL\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/a>Los homicidios de adolescentes constituyen otro reto complejo para la implementaci\u00f3n del ECA. Entre 1990 y 2017, los asesinatos de j\u00f3venes de entre 10 y 19 a\u00f1os se duplicaron con creces. Aumentaron de 5 mil a 11.800 muertes por a\u00f1o, seg\u00fan informaci\u00f3n del Departamento de Inform\u00e1tica del Sistema \u00danico de Salud de Brasil (Datasus). En 2018 se registr\u00f3 un cierto descenso, pero las cifras segu\u00edan siendo altas: fueron 9.700 muertes, y el 81% de las v\u00edctimas eran negras. \u201cAl igual que para los dem\u00e1s, el ECA garantiza los derechos de los ni\u00f1os y adolescentes negros y en situaci\u00f3n vulnerable. Sin embargo, los datos que aluden a situaciones de violencia, como son los homicidios, apuntan que tales derechos son violados constantemente\u201d, dice Volpi.<\/p>\n
\n1.<\/strong> Verificaci\u00f3n de alto potencial en ni\u00f1os y adolescentes en situaci\u00f3n de recepci\u00f3n (n\u00ba 17\/05320-4<\/a>); Modalidad<\/strong> Beca doctoral; Investigadora responsable<\/strong> Rosemeire de Ara\u00fajo Rangni (Ufscar); Becaria<\/strong> Amanda Rodrigues de Souza Colozio; Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 226.049,23.
\n2.<\/strong> La racionalidad pr\u00e1ctica del aislamiento institucional. Un estudio de la ejecuci\u00f3n de la medida socioeducativa de internaci\u00f3n en S\u00e3o Paulo (n\u00ba 12\/25083-3<\/a>); Modalidad<\/strong> Beca doctoral; Investigador responsable<\/strong> Marcos C\u00e9sar Alvarez (USP); Becaria<\/strong> Bruna Gisi Martins de Almeida; Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 122.231,59.<\/p>\n
\nNAVES, R. et al<\/em>. Direito ao presente: 30 anos do ECA num contexto de pandemia. Sep. 2020. In\u00e9dito.
\nVINUTO, J. et al.<\/em> O adolescente em conflito com a lei em relat\u00f3rios institucionais. Pastas e prontu\u00e1rios do \u201cComplexo do Tatuap\u00e9\u201d (Febem, S\u00e3o Paulo\/SP, 1990-2006)<\/a>. Tempo social<\/strong>. v. 30, n. 1, p. 233-257, 2018.
\nSILVA, E. R. A. ECA 30 anos: muitas conquistas, muitos desafios. Atlas da Viol\u00eancia<\/strong>. Instituto de Pesquisa Econ\u00f4mica Aplicada (Ipea). Brasilia, 2020.<\/p>\n