{"id":404892,"date":"2021-08-05T19:20:06","date_gmt":"2021-08-05T22:20:06","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=404892"},"modified":"2021-08-05T19:20:06","modified_gmt":"2021-08-05T22:20:06","slug":"una-legislacion-debilitada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/una-legislacion-debilitada\/","title":{"rendered":"Una legislaci\u00f3n debilitada"},"content":{"rendered":"<p>Desde enero de 2019, cuando Jair Bolsonaro asumi\u00f3 la Presidencia de la Rep\u00fablica, hasta septiembre de 2020, se firmaron 57 disposiciones que debilitaron las estructuras de protecci\u00f3n del medio ambiente en Brasil, ya sea restringiendo la intervenci\u00f3n de los entes fiscalizadores, o permitiendo la deforestaci\u00f3n en \u00e1reas de protecci\u00f3n permanente (APP), consideradas esenciales para la preservaci\u00f3n de los r\u00edos, el suelo y la biodiversidad. La aprobaci\u00f3n de esas disposiciones \u2013resoluciones, despachos, decretos e instrucciones normativas\u2013 se multiplic\u00f3 tras el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus. Entre marzo y septiembre de 2020, hubo 23 disposiciones que desregularon o flexibilizaron la legislaci\u00f3n ambiental brasile\u00f1a. Estas conclusiones surgen de un estudio publicado en marzo en la revista <em>Biological Conservation<\/em>, cuyos autores son investigadores brasile\u00f1os que se desempe\u00f1an en instituciones de ense\u00f1anza e investigaci\u00f3n de Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido. Los cient\u00edficos consultaron las ediciones del <em>Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o<\/em> del per\u00edodo y los datos del monitor <em>Pol\u00edtica por Inteiro<\/em>, y analizaron los llamados actos infralegales: resoluciones del Ejecutivo que no necesitan someterse al an\u00e1lisis o recibir el aval del Congreso Nacional para entrar en vigencia. El objetivo era rese\u00f1ar los retrocesos promovidos por el gobierno federal en la legislaci\u00f3n ambiental antes y despu\u00e9s del comienzo de la pandemia.<\/p>\n<p>Las medidas afectan apartados diversos del marco legal de protecci\u00f3n del medio ambiente y, seg\u00fan la bi\u00f3loga brasile\u00f1a Erika Berenger, del Centro para el Medio Ambiente de la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, \u201cparecen haber sido editadas a cuentagotas, para poder pasar desapercibidas para el p\u00fablico y la prensa en medio del caos de la pandemia\u201d. La investigadora, una de las autoras del estudio, explica que esas disposiciones afectan pr\u00e1cticamente a todos los biomas brasile\u00f1os, as\u00ed como a los principales organismos y estructuras vinculados con su protecci\u00f3n. Una de estas, publicada el 25 de junio de 2020, determin\u00f3 que no todas las \u00e1reas APP deber\u00edan restaurarse, aun en el caso de que hubieran sido deforestadas en forma ilegal. En otro caso, una instrucci\u00f3n normativa del 25 de marzo de 2020, ampli\u00f3 el plazo para que las empresas \u2013incluyendo a las madereras\u2013 presenten sus informes anuales sobre contaminaci\u00f3n e impactos de sus actividades. Tambi\u00e9n sali\u00f3 un decreto el 22 de julio que reclasific\u00f3 a 47 distintos pesticidas dentro de una categor\u00eda menos peligrosa, \u201csin el aval de la literatura cient\u00edfica\u201d, seg\u00fan la investigadora.<\/p>\n<p>Los autores tambi\u00e9n detectaron un aumento de la cantidad de exoneraciones y cambios en cargos de coordinaci\u00f3n en organismos tales como el Instituto Brasile\u00f1o de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Conservaci\u00f3n de la Biodiversidad (ICMBio), una autarqu\u00eda que controla las unidades de conservaci\u00f3n y los centros de investigaciones en Brasil. Tan solo en mayo de 2020, tres meses despu\u00e9s del comienzo de la pandemia, el gobierno destituy\u00f3 a 38 funcionarios en cargos de jefatura o subjefatura de unidades de conservaci\u00f3n distribuidas por todo el pa\u00eds, reemplaz\u00e1ndolos por individuos que, seg\u00fan los investigadores, tendr\u00edan escaso o nulo conocimiento t\u00e9cnico y cient\u00edfico en el \u00e1rea. \u201cEn algunos casos, el MMA [Ministerio de Medio Ambiente] ni siquiera realiz\u00f3 nuevos nombramientos para cubrir las vacantes abiertas\u201d, enfatiza el bi\u00f3logo Pablo Rodrigues Gon\u00e7alves, del Instituto de Biodiversidad y Sostenibilidad de la Universidad Federal de R\u00edo de Janeiro (Nupem-UFRJ).<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-0-desktop-true.png\" data-tablet_size=\"1140x480\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-0-desktop-true.png\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-0-desktop-true.png\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-0-mobile.png\" \/>\n  <\/picture><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<p>La idea del gobierno era centralizar la administraci\u00f3n de estas unidades en los denominados n\u00facleos de gesti\u00f3n integrada (NGI). En mayo, en medio de una nueva escalada de casos de covid-19, el gobierno emiti\u00f3 un paquete de medidas creando varios NGI. La intenci\u00f3n era que ellas unificaran los equipos de distintas unidades en uno solo, bajo un mismo jefe. El argumento era que faltaban recursos para mantener el personal y la infraestructura de esas \u00e1reas de conservaci\u00f3n. \u201cEl problema es que, a partir de ello, muchos NGI ser\u00edan responsables de \u00e1reas de reservas biol\u00f3gicas con caracter\u00edsticas y finalidades completamente distintas y distantes unas de otras\u201d, relata Rodrigues Gon\u00e7alves, quien, junto a otros investigadores, denunci\u00f3 esa maniobra en el mes de junio, mediante una carta que sali\u00f3 publicada en la revista <em>Science<\/em>. \u201cEsto implicar\u00eda una disminuci\u00f3n sustancial en la capacidad de estas unidades para preservar ecosistemas importantes, como en el caso de los de la zona de Bosque Atl\u00e1ntico ubicada en el norte de R\u00edo de Janeiro\u201d, dice el bi\u00f3logo, quien no particip\u00f3 en el estudio de <em>Biological Conservation<\/em>. En un intento por frenar esos cambios, \u00e9l y otros colegas de la UFRJ se articularon y presentaron una demanda ante el Ministerio P\u00fablico para revocar las resoluciones. La estrategia funcion\u00f3, al menos en el caso del Parque Nacional Restinga de Jurubatiba, ubicado en el municipio de Maca\u00e9, en el litoral mar\u00edtimo fluminense.<\/p>\n<p>Berenguer afirma que el gobierno actual ya estaba apostando al debilitamiento de las instituciones vinculadas a las estructuras de protecci\u00f3n del sector antes de la pandemia. Un ejemplo de ello es el Decreto n\u00ba 9.806, emitido en mayo de 2019, que redujo la participaci\u00f3n de la sociedad civil y de representantes de las poblaciones tradicionales e ind\u00edgenas en el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama), un organismo consultivo del MMA que se encarga de establecer criterios para las licencias ambientales y normativas para el control y mantenimiento de la calidad del medio ambiente. Hasta entonces, la sociedad civil contaba con 22 representantes en el Conama. Con el decreto, ese cupo se redujo a 4. Adem\u00e1s, los puestos pasaron a distribuirse por sorteo entre las entidades interesadas \u2013anteriormente, los integrantes se defin\u00edan mediante una elecci\u00f3n\u2013, mientras que el mandato de los representantes civiles, que antes era de dos a\u00f1os, pas\u00f3 a ser de uno. En su momento, la medida fue objetada por Raquel Dodge, quien por entonces era la Procuradora General de la Rep\u00fablica, que interpuso una acci\u00f3n para impugnar el decreto, al considerar que el vaciamiento de la participaci\u00f3n de la sociedad civil en el Conama violaba las normas constitucionales. Dicha acci\u00f3n lleg\u00f3 hasta el Supremo Tribunal Federal (STF, la Suprema Corte Brasile\u00f1a), que ya celebr\u00f3 dos sesiones para analizar la inconstitucionalidad del decreto. La \u00faltima de ellas, convocada para el 10 de marzo, fue suspendida a petici\u00f3n uno de los jueces de la Corte, K\u00e1ssio Nunes Marques para revisar el caso. Hasta ahora, el proceso suma cuatro votos a favor de la anulaci\u00f3n de la medida y ninguno en contra.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los investigadores, el debilitamiento de instituciones tales como el Conama, el Ibama y el ICMBio, ya sea por medio de la reestructuraci\u00f3n de sus cuadros directivos, la reducci\u00f3n del personal o el recorte de recursos e infraestructura para sus operaciones de fiscalizaci\u00f3n o inspecci\u00f3n, tambi\u00e9n ha redundado en una disminuci\u00f3n sustancial de la cantidad de multas ambientales, sobre todo en la regi\u00f3n amaz\u00f3nica. \u201cEn general, el aumento de los casos de infracciones ambientales como las registradas en 2019 vinculadas a la deforestaci\u00f3n en la Amazonia, suele ir acompa\u00f1ado de un incremento de la cantidad de multas aplicadas\u201d, comenta Rita Portela, docente del Instituto de Biolog\u00eda de la UFRJ, una de las autoras del estudio. Pero eso no fue lo que sucedi\u00f3 en 2020. En agosto, durante el pico de la primera ola de la pandemia y en medio de un incremento de las tasas de deforestaci\u00f3n en la Amazonia, la cifra de multas en la regi\u00f3n disminuy\u00f3 un 72 % en comparaci\u00f3n con marzo de ese a\u00f1o (<em>v\u00e9ase el gr\u00e1fico<\/em>). \u201cEn todo Brasil, la mengua en la cantidad de multas ambientales fue de un 74 %\u201d, subraya Portela. Entre enero y junio de 2020, la ca\u00edda fue de un 40 %, alcanzando el nivel m\u00e1s bajo de la \u00faltima d\u00e9cada. En el mismo per\u00edodo, la deforestaci\u00f3n en la Amazonia lleg\u00f3 a 4.739 kil\u00f3metros cuadrados, seg\u00fan los datos recabados por el Sistema de Detecci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n en Tiempo Real (Deter), del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Para la elaboraci\u00f3n de este reportaje se intent\u00f3 contactar al MMA para conocer sus apreciaciones al respecto de los resultados del estudio, pero esa cartera no respondi\u00f3 al requerimiento.<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-1-desktop-true.png\" data-tablet_size=\"1140x326\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-1-desktop-true.png\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-1-desktop-true.png\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/052-055_legislacao-ambiental_304-1-mobile.png\" \/>\n  <\/picture><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<p>El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, no realiz\u00f3 comentarios acerca del estudio de <em>Biological Conservation<\/em>. Pero hizo declaraciones a comienzos de mayo, durante una reuni\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la C\u00e1mara de Diputados, donde respondi\u00f3 algunos de los puntos que los investigadores se\u00f1alaron como acciones que van en detrimento de la defensa del medio ambiente. En esa ocasi\u00f3n, el ministro atribuy\u00f3 el descenso en la cantidad de multas ambientales a la pandemia y a la reducci\u00f3n del presupuesto de la cartera en los \u00faltimos a\u00f1os. \u201cEsto evidentemente se refleja en el debilitamiento de la capacidad de intervenci\u00f3n de los organismos ambientales, que incluye la incapacidad de cubrir vacantes y recomponer los cuadros vacantes dejados por los empleados que se jubilan, fallecen, cambian de profesi\u00f3n y, debido a razones personales o no, acaban abandonando los organismos p\u00fablicos\u201d dijo Salles.<\/p>\n<p>El ministro incluso les solicit\u00f3 a los diputados que destinen m\u00e1s dinero de las enmiendas parlamentarias para recomponer el presupuesto del ministerio. Las enmiendas mencionadas constituyen una de las modalidades que disponen los legisladores para direccionar recursos hacia la concreci\u00f3n de obras en sus distritos electorales. \u201cPara el MMA hubo 96 enmiendas [que en total suman 62 millones de reales], la quinta parte de lo asignado al Ministerio de Desarrollo Regional, un 10 % de las partidas para Educaci\u00f3n y bastante menos a\u00fan de lo que fue para Defensa\u201d, resalt\u00f3 el ministro. \u201cMuchos de los que acusan al gobierno de haber debilitado el presupuesto son los mismos que no asignaron enmiendas para Medio Ambiente, pero s\u00ed para otras carteras\u201d.<\/p>\n<p>Todav\u00eda es dif\u00edcil saber cu\u00e1les ser\u00e1n los impactos de estos actos infralegales sobre las estrategias y esfuerzos de conservaci\u00f3n de los ecosistemas brasile\u00f1os, sobre todo porque, dado el agravamiento de la pandemia, muchos investigadores mantienen suspendidos los trabajos de campo. \u201cAlgunas disposiciones tienen un impacto inmediato en el medio ambiente, otros son a largo plazo; empero, con el estudio que llevamos a cabo, podemos darnos una idea de cu\u00e1les son las \u00e1reas m\u00e1s afectadas, lo que nos ayudar\u00e1 a planificar futuras investigaciones para estimar los da\u00f1os ocasionados\u201d, explica Berenguer. Una de las limitaciones est\u00e1 dada porque el estudio solamente eval\u00faa una parte del proceso de desarticulaci\u00f3n de los organismos de protecci\u00f3n ambiental y reducci\u00f3n de la fiscalizaci\u00f3n. Muchos otros actos infralegales fueron y siguen siendo emitidos en 2021.<\/p>\n<p>Un ejemplo de ello es la Instrucci\u00f3n Normativa n\u00ba 1, del 12 de abril de 2021, que modifica la metodolog\u00eda de fiscalizaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de las infracciones administrativas ambientales por los organismos ambientales federales. Seg\u00fan los investigadores, esta medida dificulta la investigaci\u00f3n de las irregularidades, porque establece plazos muy cortos para los an\u00e1lisis que deben efectuar los agentes de control, y exige que se elabore un informe antes de labrar el acta de infracci\u00f3n, lo que invierte el orden original de los procedimientos. Adem\u00e1s, concentra el poder en las denominadas \u201cautoridades jer\u00e1rquicamente superiores\u201d, rest\u00e1ndoles autonom\u00eda a los inspectores. A esto se le sum\u00f3, el 13 de mayo, la aprobaci\u00f3n en la C\u00e1mara de Diputados del Proyecto de Ley n\u00ba 3729\/04, que flexibiliza las normativas y exime de licencia ambiental a una serie de actividades y emprendimientos. El proyecto a\u00fan debe tratarse en el Senado.<\/p>\n<p>En opini\u00f3n de Berenguer, se necesita realizar un seguimiento sistem\u00e1tico de la actuaci\u00f3n del gobierno en este \u00e1mbito. \u201cUna de las consecuencias m\u00e1s nocivas e inmediatas de este proceso es la legitimaci\u00f3n gubernamental de la degradaci\u00f3n ambiental en Brasil. Mucha gente ya no le teme a las inspecciones del gobierno, mientras que otros se animan a avanzar sobre la selva ante la certeza de la impunidad\u201d, dice.<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\"><strong>Art\u00edculo cient\u00edfico<\/strong><br \/>\nVALE, M. M. <em>et al.<\/em> <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S000632072100046X\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Covid-19 pandemic as an opportunity to weaken environmental protection in Brazil<\/a>. <strong>Biological Conservation<\/strong>. mar. 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El gobierno federal firm\u00f3 57 medidas que desmantelan las estructuras de protecci\u00f3n ambiental en Brasil, la mayor\u00eda tras el inicio de la pandemia","protected":false},"author":346,"featured_media":404495,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[189],"tags":[275,269],"coauthors":[662],"class_list":["post-404892","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica-ct","tag-biodiversidad","tag-ambiente-es","position_at_home-sumario","keywords-pandemia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/404892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/346"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=404892"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/404892\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":405178,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/404892\/revisions\/405178"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/404495"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=404892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=404892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=404892"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=404892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}