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\n <\/picture>\u201cLa LGPD deja claro que los datos personales deben protegerse porque la empresa responsable de ellos responder\u00e1 por las filtraciones\u201d, comenta Gallo. \u201cSer\u00eda importante ampliarla o crear una ley para proteger otros tipos de datos, tales como los comerciales, los industriales y los de los sistemas cr\u00edticos\u201d.<\/p>\n
Una forma importante de que el sector avance, adem\u00e1s de contar con una normativa estructurada, consiste en garantizar que las empresas inviertan en seguridad inform\u00e1tica. En 2020, Gallo hab\u00eda calculado que, en Brasil, la inversi\u00f3n no llegaba al 4 % del presupuesto del \u00e1rea de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n de las empresas, mientras que en pa\u00edses m\u00e1s desarrollados ese valor era del 10 % al 15 %. Seg\u00fan \u00e9l, la Abimde todav\u00eda no dispone de datos actualizados sobre este promedio en el pa\u00eds, pero estima que no hubo grandes cambios. Seg\u00fan proyecciones de la consultora estadounidense de inteligencia de mercado IDC, el gasto en soluciones de seguridad en Brasil alcanzar\u00e1 un valor de 1.300 millones de d\u00f3lares en 2023, un 13 % m\u00e1s que el a\u00f1o anterior.<\/p>\n
Otro hito legislativo importante es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber), aprobada como decreto en febrero de 2020, con directrices y acciones estrat\u00e9gicas para la ciberseguridad, como el incentivo a la investigaci\u00f3n. \u201cLa Estrategia Nacional busca armonizar los objetivos de quienes se ocupan de la ciberseguridad, pero falta claridad sobre las atribuciones de cada participante y las formas de monitorear las acciones, incluyendo la interacci\u00f3n de la Uni\u00f3n con los estados y municipios\u201d, dice Calil.<\/p>\n
Con todo, la abogada destaca los despliegues de este plan, como una resoluci\u00f3n de abril de 2021 del Banco Central, que establece directrices de ciberseguridad para las instituciones financieras. En junio de ese a\u00f1o, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) dio a conocer las normas de ciberseguridad de los organismos del Poder Judicial para proteger la informaci\u00f3n de m\u00e1s de 77 millones de expedientes digitalizados.<\/p>\n
La Estrategia estar\u00e1 vigente hasta finales de 2023. Consultado sobre los planes para actualizar el decreto, el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia de la Rep\u00fablica, responsable de la redacci\u00f3n del documento, se\u00f1al\u00f3, en una nota enviada a Pesquisa FAPESP<\/em>, que desde 2022 viene evaluando puntos que deben mejorarse.<\/p>\n El organismo inform\u00f3 que tambi\u00e9n analizar\u00e1 las contribuciones \u201cde la comunidad de seguridad cibern\u00e9tica y aquellas que surjan de la consulta p\u00fablica\u201d, se\u00f1alando que, as\u00ed como en la formulaci\u00f3n de la Estrategia actual, presentar\u00e1 el proyecto del documento para su evaluaci\u00f3n previa por la sociedad. Empero, no revel\u00f3 cu\u00e1ndo lo har\u00e1.<\/p>\n Gurj\u00e3o, de la UFCG, hace hincapi\u00e9 en la importancia de la creaci\u00f3n de un centro unificado de registros de incidentes cibern\u00e9ticos, previsto en la Estrategia. A su juicio, este centro podr\u00eda permitir acciones de defensa conjunta m\u00e1s r\u00e1pidas entre las instituciones responsables de servicios esenciales como el suministro de agua, energ\u00eda, telecomunicaciones y seguridad p\u00fablica, en caso de ataques.<\/p>\n<\/div>![](\"\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RPF-ciberseguranca-2023-04-info-1-1140.png\")
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