El proyecto de ley de Incentivo a la Innovaci\u00f3n que el gobierno enviar\u00e1 al Congreso antes del 3 de abril plantear\u00e1 la reducci\u00f3n de la carga social sobre la n\u00f3mina salarial del personal calificado para actividades de investigaci\u00f3n y desarrollo (I&D) contratado por las empresas.<\/p>\n
La idea es ampliar el n\u00famero de investigadores en las empresas e impulsar la innovaci\u00f3n, y ha sido defendida por el director cient\u00edfico de la FAPESP, Jos\u00e9 Fernando Perez. A su vez, ha sido bien recibida por el Ministerio de Ciencia y Tecnolog\u00eda (MCT), responsable de la elaboraci\u00f3n del borrador del proyecto de ley que pasar\u00e1 por la evaluaci\u00f3n por otros ministerios antes de su tramitaci\u00f3n en el Legislativo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n tuvo buena acogida la sugerencia de alteraci\u00f3n en la Ley 8.661, de 1993 -de est\u00edmulo a la capacitaci\u00f3n tecnol\u00f3gica de la industria, el agro y la ganader\u00eda por medio de los Programas de Desarrollo Tecnol\u00f3gico Industrial (PDTI) y Agropecuario (PDTA)-, presentada por la Confederaci\u00f3n Nacional de la Industria (CNI).<\/p>\n
Ambos programas -que originariamente preve\u00edan un incentivo del 8% en el impuesto pagadero por las empresas innovadoras- dejaron de ser atractivos para las empresas cuando, en 1997, un paquete fiscal estipul\u00f3 una especie de competencia entre las deducciones del Impuesto a la Renta de Personas Jur\u00eddicas (IRPJ) en las inversiones en I&D con los recursos destinados por las empresas al Programa de Alimentaci\u00f3n de los Trabajadores (PAT), hasta un l\u00edmite del 4% del impuesto debido. En 2003 y 2004, por ejemplo, solamente seis empresas se acogieron a los beneficios de dichos programas.<\/p>\n
Ahora, la intenci\u00f3n del gobierno es crear nuevas reglas para la concesi\u00f3n de los incentivos de la Ley 8.661 -se considera la hip\u00f3tesis de extinguir el PDTA y el PDTI- que permitan una mejor aplicaci\u00f3n de los recursos.<\/p>\n
Contrataci\u00f3n de doctores<\/strong> – La propuesta de Perez se le elev\u00f3 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog\u00eda, y fue defendida en un art\u00edculo publicado en el peri\u00f3dico Folha de S. Paulo<\/em>, firmado conjuntamente con Fernando Reinach. Prev\u00e9 la exenci\u00f3n de toda la carga social para la contrataci\u00f3n de doctores para actividades de I&D -el proyecto de ley que est\u00e1 elabor\u00e1ndose en el \u00e1mbito MCT hace menci\u00f3n al personal calificado para actividades de investigaci\u00f3n. Esa modalidad de contrato ser\u00eda v\u00e1lida por un intervalo de diez a\u00f1os contados a partir de la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de doctor emitido por una carrera de posgrado reconocida por el Ministerio de Educaci\u00f3n (MEC). Los sueldo pagados se considerar\u00edan como gastos extras, y un porcentaje de tales gastos podr\u00eda deducirse de las utilidades operativas de las empresas. “El valor de la renuncia es irrisorio comparado con la inversi\u00f3n que hacen los contribuyentes -m\u00e1s de 840 millones de reales anuales- en la formaci\u00f3n de doctores y con el retorno esperado”, argumenta Perez.<\/p>\n El universo de beneficiarios, sigue Perez, es de f\u00e1cil verificaci\u00f3n, ya que la lista de doctores formados consta en las bases p\u00fablicas de datos. En las cuentas de Perez, el empleo de un doctor en una empresa genera entre cinco y siete empleos de t\u00e9cnicos, y aumenta su interlocuci\u00f3n con el sistema acad\u00e9mico, lo que permite la identificaci\u00f3n de demandas y ofertas de investigaci\u00f3n que se desarrollar\u00e1n mediante la concreci\u00f3n de convenios o asociaciones.<\/p>\n La contrataci\u00f3n de investigadores por parte de las empresas redundar\u00eda en un movimiento en los indicadores de innovaci\u00f3n. Brasil form\u00f3 en 2003 a alrededor de 8 mil doctores, m\u00e1s que Corea del Sur. Pero el n\u00famero de doctores empleados en empresas brasile\u00f1as era inferior a 29 mil en 2001, seg\u00fan el Instituto Brasile\u00f1o de Geograf\u00eda y Estad\u00edstica. En ese mismo per\u00edodo, 94 mil investigadores con esa titulaci\u00f3n estaban contratados en empresas surcoreanas. Esta diferencia ayuda a explicar el desempe\u00f1o de ambos pa\u00edses con relaci\u00f3n al n\u00famero de patentes depositadas en Estados Unidos en 2001: 120 patentes brasile\u00f1as, ante 3.500 surcoreanas.<\/p>\n Inversi\u00f3n empresarial<\/strong> – Brasil invierte el 1% de su Producto Bruto Interno (PBI) en I&D. La participaci\u00f3n de las empresas es del 0,4%, ante el 0,6% de recursos p\u00fablicos. El pa\u00eds pretende elevar dicho porcentaje al 2% del PBI, un nivel de inversiones similar al de los dem\u00e1s pa\u00edses en desarrollo. “Esta estrategia requiere que se tripliquen las inversiones empresariales”, dice Carlos Henrique de Brito Cruz, rector de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) y designado director cient\u00edfico de la FAPESP.<\/p>\n Para ello, a\u00f1ade, es preciso que el Estado cree un ambiente de est\u00edmulo a las inversiones empresariales mediante incentivos -que se introducir\u00e1n con la aprobaci\u00f3n de la nueva ley- y subvenciones. “No obstante, esas dos modalidades de apoyo, solamente tendr\u00e1n \u00e9xito en caso de que el pa\u00eds tenga un ambiente jur\u00eddico adecuado, de respeto a la propiedad intelectual y estabilidad legal y econ\u00f3mica”, subraya. La estabilidad deseada involucra tambi\u00e9n un Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) eficaz, institutos de tecnolog\u00eda capacitados para dar apoyo a la investigaci\u00f3n y universidades calificadas en la retaguardia de la innovaci\u00f3n.<\/p>\n Brasil cuenta actualmente con al menos una decena de instrumentos de incentivo, que implican exenciones fiscales por valor de dos mil millones de reales anuales, y redundan en inversiones empresariales del orden de los cinco mil millones de reales. Es decir, por cada real de incentivo, se invierten 2,5 reales. En los pa\u00edses de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) la relaci\u00f3n entre la renuncia fiscal y las inversiones es de 1 a 9, lo que deja a las claras la baja eficiencia de la pol\u00edtica brasile\u00f1a de incentivos fiscales. “La soluci\u00f3n no est\u00e1 en gastar m\u00e1s, sino en utilizar los instrumentos adecuadamente”, subraya Brito.<\/p>\n Con todo, para las peque\u00f1as empresas, la mejor pol\u00edtica de est\u00edmulo consiste en la subvenci\u00f3n, es decir, la inyecci\u00f3n directa de recursos. “En ese caso, existen algunos instrumentos, apoyados en los fondos sectoriales, como es el caso del Programa de Capacitaci\u00f3n de Recursos Humanos (Rhae) y el Programa de Apoyo a la Investigaci\u00f3n en Empresas (Pappe), ambos del MCT, o el Programa de Innovaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica en Peque\u00f1as Empresas (PIPE) de la FAPESP”, recuerda Brito. Pero, a su vez, \u00e9ste hace la salvedad de que ese tipo de programa deber\u00eda multiplicarse. La propia Ley de Innovaci\u00f3n, promulgada el 3 de diciembre del a\u00f1o pasado, tambi\u00e9n prev\u00e9 algunos instrumentos que deben ser reglamentados, para posteriormente definir “los instrumentos pr\u00e1cticos”.<\/p>\n M\u00e1s incentivo<\/strong> – El proyecto de ley de Incentivo a la Innovaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 debati\u00e9ndose en el seno del Consejo de Tecnolog\u00eda de la Federaci\u00f3n Industrial del Estado de S\u00e3o Paulo (Fiesp). La entidad tambi\u00e9n reivindica la reducci\u00f3n de los costos laborales en la contrataci\u00f3n de personal para I&D y la reformulaci\u00f3n de la actual legislaci\u00f3n de incentivo fiscal, considerada ineficaz. Se alinea para ello a la CNI, y plantea la reformulaci\u00f3n de la Ley 8.661, entre otras medidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La ley de Incentivo a la Innovaci\u00f3n apunta a facilitar la contrataci\u00f3n de investigadores","protected":false},"author":153,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[189],"tags":[],"coauthors":[469],"class_list":["post-78679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica-ct"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/153"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78679\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78679"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=78679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}