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Justicia de transición

El parto de la memoria

La tardía creación de la Comisión de la Verdad muestra el modo peculiar de enfrentar el legado de violaciones de los derechos humanos en Brasil

Manifestación por la amnistía en São Paulo, en 1979

ANTONIO LÚCIO/AEManifestación por la amnistía en São Paulo, en 1979…ANTONIO LÚCIO/AE

Brasil tiene una trayectoria singular en lo que respecta a su legado de violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos militares que se sucedieron entre 1964 y 1985. Sólo ahora, 27 años después de la vuelta al poder de los civiles, se ha creado la Comisión Nacional de la Verdad, que durante los próximos dos años reunirá los testimonios de las víctimas de la represión política y de los agentes del Estado acusados de crímenes. Al cabo de ese trabajo, se publicará un informe que relatará oficialmente las circunstancias en que se cometieron tales violaciones y se plantearán acciones tendientes a que las mismas no se repitan. La experiencia brasileña es singular desde dos puntos de vista. Por un parte, se trata de la más tardía de las comisiones creadas por unos 40 países durante las últimas décadas para investigar los crímenes perpetrados durante las dictaduras. Por otra, Brasil es un país que se erige en un ejemplo poco común, pues implementó diversas iniciativas tendientes a reparar crímenes, tales como las indemnizaciones destinadas a las familias de los muertos por responsabilidad de la dictadura y a los perseguidos políticos; pero dejó la investigación de los hechos para después.

¿Por qué o Brasil optó primero por el camino de las reparaciones económicas? Esta pregunta orientó la investigación doctoral de la politóloga Glenda Mezarobba, quien defendió su tesis en la USP en 2008, contando con beca de la FAPESP. Una de las principales conclusiones de su trabajo, abonado durante el lapso de seis meses que pasó en un centro de estudios de Nueva York, apuntó que la Ley de Amnistía de 1979 ejerció un influjo muy fuerte sobre el comportamiento tanto de los agentes como de las víctimas de la represión. En Argentina, por ejemplo, los militares se decretaron una autoamnistía poco antes de entregarles el poder a los civiles en 1983, pero dicho perdón fue instantáneamente revocado por el presidente civil Raúl Alfonsín, presionado por amplios sectores de la población que reclamaban justicia. La trayectoria de la averiguación y las penas en Argentina atravesaría altibajos. Hubo rebeliones militares y leyes, posteriormente revocadas, que determinaron la caducidad de los juicios; pero la Justicia siguió su curso. En la actualidad, los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone cumplen condena de reclusión perpetua. También en Chile, donde la transición fue mediada por el ex dictador Augusto Pinochet, aferrado a su escaño de senador vitalicio, se acordó la formación de una Comisión de la Verdad. Posteriormente, los crímenes terminaron investigándose, debido a la presión internacional. El propio Pinochet permaneció en detención domiciliaria en Londres en el año 1998, bajo la acusación de la Justicia de España por crímenes cometidos contra ciudadanos de ese país.

...y marcha de las Madres del Plaza de Mayo en Buenos Aires, en 1985: los militares organizaron el olvido en Brasil, pero en Argentina no lo lograron debido a los reclamos de justicia

Daniel GARCIA/AFP…y marcha de las Madres del Plaza de Mayo en Buenos Aires, en 1985: los militares organizaron el olvido en Brasil, pero en Argentina no lo lograron debido a los reclamos de justiciaDaniel GARCIA/AFP

En tanto, en Brasil la Ley de Amnistía hizo las veces de antídoto contra los ánimos más exigentes, de acuerdo con Mezarobba. “La amnistía era reivindicada desde mediados de los años 1960, pero se convirtió en consigna durante la dictadura, y la movilización que desencadenó a finales de la década de 1970, con la creación de comités por la amnistía en el país y en Europa, es apuntada como precursora de los actuales movimientos de defesa de los derechos humanos en Brasil”, dice Glenda, quien actualmente es investigadora de la Universidad Estadual de Campinas y del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre Estados Unidos (INCT-Ineu), y directora del área de Ciencias Humanas de la FAPESP. “La Ley de Amnistía se debatió en un Congreso cercenado por los militares. Ese mismo gobierno militar la promulgó, pero el movimiento por la amnistía se consideró victorioso. Fue una lógica muy distinta a la que se registró en Argentina y en Chile. En esos países no había un Congreso o un Parlamento que legitimase la amnistía. Y nadie quería el perdón, sino que se exigía justicia”, afirma. Salvo raras excepciones, los beneficiados por la Ley de Amnistía en Brasil no reclamaron ante la Justicia la identificación y el castigo a sus torturadores. “En un país con ‘leyes que prenden’ y ‘leyes que no prenden’, causa asombro la forma en que ha venido siendo interpretada la Ley de Amnistía desde la dictadura. Si bien hay margen para que la Justicia la reinterprete ‒cabe aclarar que no hace mención al crimen de tortura, por ejemplo‒, fueron poquísimos los intentos en tal sentido que llegaron a los tribunales. Los propios amnistiados tienen dificultades para verse como víctimas y para vislumbrar en el sistema judicial una esfera de realización de la Justicia”, dice la investigadora.

El campo de investigación al que Glenda Mezarobba se dedica es el de la justicia transicional, que aborda las iniciativas y mecanismos judiciales y extrajudiciales que han implementado los distintos países para afrontar los legados de violaciones masivas a los derechos humanos y que han sido refrendados por instituciones tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Ante la imposibilidad material o política presentar ante la Justicia un conjunto muy extenso de crímenes, se delinearon estrategias tendientes a evitar la impunidad. Las penas se concentran en los crímenes contra la humanidad o los genocidios, a ejemplo de los juicios contra los criminales nazis, luego de la Segunda Guerra Mundial. En el meollo de la justicia transicional se encuentra la noción que indica que los Estados tienen al menos cuatro deberes ante la sociedad: el de la justicia, el de la verdad, el de la reparación y el de las reformas; y que dichos deberes pueden cumplirse mediante amnistías para delitos menores, indemnizaciones, pedidos públicos de perdón, la apertura de archivos y la construcción de museos y monumentos conmemorativos, entre otras acciones.

Juicio de criminales nazis en Núremberg, en 1946: el desafío de juzgar y castigar a los asesinos de millones de personas

USHMMJuicio de criminales nazis en Núremberg, en 1946: el desafío de juzgar y castigar a los asesinos de millones de personasUSHMM

Y por supuesto, existe el recurso de las comisiones de la verdad que apuntan a darles voz a las víctimas, rescatar la memoria del período de excepción y ayudar a construir el ambiente democrático; pero no tienen el poder de condenar. “En determinadas circunstancias, la justicia transicional hace hincapié en la necesidad de concentrar la atención más explícitamente en la restauración de las relaciones entre las víctimas, los victimarios y la sociedad, en lugar de castigar”, dice Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos, investigadora del Núcleo de Estudios de la Violencia de la USP, quien el año pasado concluyó un posdoctorado con beca de la FAPESP. Estas comisiones procuran administrar conflictos que no terminaron al pasar de un período en que imperaban las violaciones masivas de los derechos humanos a uno con gobierno democrático. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica se creó en 1993, durante un período en que las confrontaciones raciales eran frecuentes todavía, y apuntaba a transformar la violencia en diálogo. Fue fruto de una larga negociación y procuraba reconstruir la memoria del período violento, al dar lugar a los testimonios de las víctimas, de sus familiares y de los agentes represivos. Como se apuntaba a la reconciliación, existía un inédito mecanismo mediante el cual los verdugos que confesasen sus crímenes serían amnistiados. “La mayor innovación de los sudafricanos es aquélla ligada al principio de la amnistía individual y condicional, en oposición a las amnistías generales concedidas en Latinoamérica, bajo la presión de los militares”, dice Luci Buff, autora de una tesis doctoral en filosofía, defendida en 2007 en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), en la cual abordó los horizontes del perdón teniendo en cuenta el ejemplo sudafricano. “El objetivo no consistía en borrar o en encubrir crímenes, sino en revelar. Los antiguos criminales tuvieron la oportunidad de participar en la reescritura de la historia nacional para hacerse acreedores al perdón”, afirmó. Este artificio tuvo una eficiencia parcial. Hubo confesiones y amnistías solamente para un 17% de los crímenes investigados por la comisión.

Pero es cierto que existen pocas semejanzas entre la experiencia sudafricana y la brasileña, tal como sostiene Edson Teles, docente de filosofía de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), campus de Guarulhos, y autor de una tesis doctoral, que contó con beca de la FAPESP, sobre la trayectoria de las políticas de justicia y reparación en Brasil en el ciclo posterior a la dictadura militar, y en Sudáfrica después del apartheid. “Brasil se encuentra en momento muy distinto. La dictadura acabó hace mucho tiempo, pero hay herencias que aún deben revisarse. La comisión brasileña pretende llevar a cabo una investigación histórica y una reconstrucción de la memoria para concretar una transformación política del presente”, afirma Teles, quien pertenece a una familia de presos políticos de la guerrilla de Araguaia, que transcurrió en el norte de Brasil. “Nuestra Comisión de la Verdad tampoco apunta al castigo de los culpables, pero exhibe diferencias fundamentales. Mientras que la sudafricana es autónoma, la nuestra depende de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la República [llamada Casa Civil en Brasil]. Es una diferencia relevante, pues lo que se discutirá son crímenes de Estado y aún hay dentro del Estado herederos del legado de gobiernos anteriores, como se ve en las manifestaciones de las Fuerzas Armadas. Existe una fuerte presión, por eso la cuestión de la autonomía resulta importante.”

Apoyadores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, 1995: amnistía para los que confesaban

AFP PHOTOApoyadores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, 1995: amnistía para los que confesabanAFP PHOTO

Pero la Comisión de la Verdad brasileña puede cumplir un rol histórico, sostiene Teles; en la construcción de una memoria colectiva sobre el período, por ejemplo. “La difusión de los traumas y los resentimientos a través de los relatos puede contribuir en la elaboración del duelo y en el perfeccionamiento de los lazos sociales”, afirma. “La oposición entre la razón política pacificadora del Estado y las memorias dolorosas sobre la dictadura militar brasileña obstruye la expresión pública del dolor y lleva a que la memoria quede reducida a las emociones privadas”. Otro aporte importante puede surgir en el campo de perfeccionamiento de las instituciones democráticas. Teles recuerda que Brasil todavía mantiene leyes y legados de los tiempos de la dictadura dentro de la estructura del Estado, y afirma que, de acuerdo con la experiencia de otros países, las comisiones de la Verdad sugirieron reformas aplicables a esas estructuras y ayudaron a erigir el Estado democrático. “La tortura sigue siendo una práctica común en el aparato policial brasileño. Uno de los beneficios que la Comisión de la Verdad puede aportar consiste en plantear reformas a las instituciones. Puede ser, si es que tiene éxito al identificar tanto a los responsables de los actos criminales como a la estructura que hizo posible que se perpetraran tales actos.”

Los estudios en el campo de la justicia transicional son recientes en Brasil. Para hacer su tesis doctoral, la politóloga Glenda Mezarobba pasó seis meses en Nueva York investigando en una entidad de referencia en el área: el International Center for Transitional Justice. “Había pocos estudios sobre el tema en Brasil en aquella época y carecía de los interlocutores que sí encontré en Estados Unidos”, afirma. Cuando estuve allá, el presidente del centro era el argentino Juan Méndez, quien fuera abogado de presos políticos durante la década de 1970, razón por la cual también estuvo preso y fue torturado, para luego ser expatriado en Estados Unidos en 1977, cuando la organización Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia. Actualmente es relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura. “Yo le preguntaba sobre la amnistía decretada al final del gobierno militar en Argentina y, para él, esa pregunta carecía de sentido. Entonces me di cuenta que en Brasil, al contrario que en Argentina y en Chile, por ejemplo, el agua ha movido más los molinos del olvido”, afirma. En Nueva York encontró una vasta bibliografía sobre el tema, incluso escrita en Brasil, pero que ya no se encontraba disponible aquí. “De no haber ido a Nueva York, no podría haber redactado la tesis”, afirma la investigadora. Glenda es autora de las cuatro entradas sobre Brasil que forman parte de la 1ª enciclopedia de justicia transicional que la Cambridge University Press publicará en diciembre.

Refugiados del genocidio de Ruanda, que mató a 800 mil personas en 1994: los crímenes contra la humanidad muestran los límites de la justicia transicional

WikimediaRefugiados del genocidio de Ruanda, que mató a 800 mil personas en 1994: los crímenes contra la humanidad muestran los límites de la justicia transicionalWikimedia

Cuando se creó durante el gobierno de Lula da Silva un grupo de trabajo con el objetivo de discutir el anteproyecto de ley de creación de la Comisión de la Verdad, Glenda recibió una invitación para asesorar a uno de los miembros del grupo, el politólogo Paulo Sérgio Pinheiro, docente de la USP y fundador del Núcleo de Estudios sobre la Violencia. “El empeño del entonces ministro de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi, fue fundamental para la creación de ese grupo. Hicimos un esfuerzo para acercar a la universidad al debate sobre la Comisión de la Verdad”, dice Glenda. Anteriormente, si bien que con el mismo objetivo, ella coordinó, junto a Pinheiro, la Conferencia Internacional sobre Derecho a la Verdad, en São Paulo, en octubre de 2009. El evento reunió durante dos días a investigadores de campos tales como el del derecho, el de ciencia política y el de relaciones internacionales, además de autoridades y activistas de los derechos humanos de Brasil y del exterior, y contó con el apoyo de la FAPESP. Para Paulo Sérgio Pinheiro, nombrado miembro de la Comisión de la Verdad, la experiencia de las comisiones de otros países y el compromiso de la academia pueden ayudar en el trabajo de la comisión brasileña. “Brasil se beneficiará con la experiencia de las distintas ‘comisiones de la verdad’ creadas en el mundo desde los años 1980. Podemos aprender con comisiones recientes como la de Paraguay; o con la de Uruguay, que contó con una gran participación de las universidades; o la de Perú”, afirmó en declaraciones a la BBC.

Una de las observaciones más agudas presente en la investigación de Glenda Mezarobba sugiere que la dictadura brasileña fue más habilidosa en lo que hace a ‘capturar los corazones y las mentes’ de sus ciudadanos que sus homólogas de América Latina. “Eso quizá ayude a entender por qué la dictadura brasileña fue ‘menos sangrienta’ que la argentina y la chilena. No necesitó ser más sangrienta”, afirma. La apropiación de la bandera de la amnistía, transformada así en dínamo del olvido, sería un ejemplo de dicha habilidad. Mezarobba también hace mención a la eficiencia de la dictadura brasileña para impedir la llegada al país de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En Argentina y Chile el informe de los observadores cumplió un rol fundamental en la denuncia de violaciones a los derechos humanos. En Brasil, nuestra diplomacia fue ‘eficiente’ para desalentar esas iniciativas”, dice. De la misma manera, Brasil en buena medida no fue llevado ante los tribunales de otros países por crímenes cometidos contra sus ciudadanos, cosa que sí sucedió con Argentina y Chile. “Hubo solamente una acción judicial que se llevó a cabo en Italia”, afirma Glenda.

El ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en una clínica de Londres, en 1998: la presión de la justicia internacional forzó a los tribunales chilenos a investigar sus crímenes

AFP PHOTOEl ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en una clínica de Londres, en 1998: la presión de la justicia internacional forzó a los tribunales chilenos a investigar sus crímenesAFP PHOTO

Durante la dictadura en Brasil, la lucha por la amnistía fue acompañada por la defensa y la promoción de los derechos humanos, por el retorno a la democracia y por el castigo a los torturadores. Esta última bandera fue levantada por los grupos de defesa de los derechos humanos y familiares de muertos y desaparecidos, pero no tuvo eco en la sociedad. Y la oposición de los militares a la investigación de los hechos, apoyados en la Ley de Amnistía, terminó prevaleciendo. Pero esto no significa que el Estado brasileño no haya hecho nada para cumplir, aunque de manera parcial, sus obligaciones desde entonces. Todos los presidentes civiles que precedieron a Dilma Rousseff contribuyeron de alguna forma para enfrentar el legado de violaciones en masa de los derechos humanos. José Sarney suscribió los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratamientos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También durante el gobierno de Sarney –aunque sin participación oficial– fue divulgado el proyecto Brasil: Nunca Más (lea en el recuadro). Se trata de la más importante iniciativa concretada hasta los días actuales para echar luz sobre los hechos ligados a la violación de los derechos humanos debido a la represión política entre 1961 y 1979, mediante la sistematización de la información de los procesos del Superior Tribunal Militar. Durante el gobierno de Fernando Collor de Mello se inició la apertura de algunos archivos de los órganos estaduales de represión que estaban bajo custodia de la Policía Federal. Durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso se promulgó la Ley de Muertos y Desaparecidos, que reconoce la responsabilidad del Estado por 136 desapariciones, y se creó la Comisión de Amnistía, que abrió el camino a la reparación destinada a los perseguidos políticos que sufrieron pérdidas económicas como consecuencia de actos de represión política. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva siguió pagando reparaciones y contribuyó con la difusión de documentos públicos por medio del portal Memorias Reveladas, dependiente del Archivo Nacional, y con la creación del grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto de ley de creación de la Comisión de la Verdad.

La Comisión de Amnistía creada durante el gobierno de Cardoso para garantizar las reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura no se constituyó con el objetivo de investigar. “En ningún momento la ley que creó la comisión se refiere a las víctimas, sino a los ‘amnistiados’ o a los ‘beneficiados por la amnistía’”, dice Mezarobba. Para asegurarse la reparación económica, basta con probar la responsabilidad del Estado por la muerte de un militante o por el perjuicio ocasionado a un perseguido político. Tan pronto como eso sucedía, la investigación cesaba, sin que existiera la preocupación de señalar las circunstancias y los involucrados. “Fue un típico caso de amnistía en blanco: el modelo de la transición brasileña fue negligente para con la demanda de esclarecimiento de los crímenes perpetrados y, dos décadas después, incorporó un principio de responsabilidad difusa, adjudicada indistintamente al Estado, sin identificar a los operadores individuales”, escribieron las investigadoras Cristina Buarque de Holanda, Vanessa Oliveira Batista y Luciana Boiteux, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en un artículo publicado en 2010.

Ceremonia de instalación de la Comisión de la Verdad en Brasilia: veintisiete años después, llega la decisión de investigar los crímenes del ciclo militar

Antonio Cruz/ Agência BrasilCeremonia de instalación de la Comisión de la Verdad en Brasilia: veintisiete años después, llega la decisión de investigar los crímenes del ciclo militarAntonio Cruz/ Agência Brasil

Los mecanismos destinados a asegurar la reparación económica generaron distorsiones. “La reparación es necesariamente simbólica, toda vez que no es posible dimensionar materialmente la pérdida de una vida o el sufrimiento infligido en una cámara de tortura”, sostiene Glenda Mezarobba. Siguiendo los ejemplos internacionales, la indemnización a los familiares de muertos y desaparecidos se fijó en una cifra estimada en 150 mil dólares. Pero en las causas de los perseguidos políticos, en que se evaluaba el perjuicio económico ocasionado por cesantías o por el exilio, el monto puede ascender a millones. “La ley 10.559 se elaboró de manera errónea”, dice la investigadora, quien entrevistó al ex presidente Cardoso por este tema para su tesis. “Le pregunté por qué Brasil siguió el camino de las reparaciones. Él se lo adjudicó a nuestra herencia patrimonialista”, dice, haciendo alusión a aquella característica de un Estado que no esboza distinción entre los límites de lo público y lo privado.

El advenimiento de la Comisión de la Verdad brasileña también puede verse como una respuesta a la reciente presión internacional contra la renuencia de Brasil a investigar los crímenes del período militar. En 2010, por ejemplo, el país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por no haber castigado a los responsables de las muertes y desapariciones perpetradas durante la Guerrilla de Araguaia. El tribunal sentenció al Estado brasileño como responsable de la desaparición de 62 personas durante 1972 y 1974, y determinó que se deben llevar adelante todos los esfuerzos necesarios con el objetivo de hallar la localización de los cuerpos. “La postura de negación de Brasil se chocó con el viraje del derecho internacional en lo atinente a las acciones violentas perpetradas por los Estados”, dice Lucia Bastos, que es autora de una tesis doctoral sobre las leyes de amnistía en el marco del derecho internacional. En 2005, la ONU aprobó un conjunto de principios referentes al derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que estableció directrices tendientes a estipular reparaciones. “La sentencias y documentos de instancias tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezaron a hacer hincapié en considerar ilegales a las amnistías en blanco y a avalar mecanismos extrajudiciales capaces de combatir la impunidad y reconciliar a la sociedad. Éstos forman los pilares de la justicia transicional y han sido erigido no solamente con asidero en la teoría, sino también con base en experiencias concretas”, afirma la investigadora.

Lucia sostiene que la adopción de mecanismos de la justicia transicional se ha venido consolidando desde el final de la Guerra Fría. “Durante dos décadas, las comisiones de la Verdad se han multiplicado; ha habido un desarrollo sin precedentes en lo que atañe a la justicia internacional penal y nunca había habido antes tantos pedidos de perdón y concesiones de reparaciones a las víctimas de violaciones de los derechos humanos”, dice Lucia. “Pero la justicia transicional se ha deparado con hechos contradictorios, divididos entre momentos de esperanza y tragedia, que han hecho recrudecer el debate acerca de cuál sería la mejor forma de llegar a la reconciliación, si una política de perdón o una de castigo”, afirma. Del lado de la esperanza se ubican el colapso de las dictaduras comunistas, el fin del apartheid en Sudáfrica y la consolidación de las democracias en América Latina. Del lado trágico están el genocidio en Ruanda y la limpieza étnica en la ex Yugoslavia. “En la actualidad la justicia internacional trabaja con ambas propuestas, tanto la de los mecanismos extrajudiciales tendientes a la reconstrucción de la sociedad como la de los castigos.”

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