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Política universitaria 

Para abrazar las diferencias

Una nueva dirección de la Unicamp amalgamará acciones de promoción de los derechos humanos entre alumnos, docentes y no docentes

Bernardo França

La Universidad de Campinas (Unicamp) creó una estructura abocada a la articulación de políticas de difusión de la tolerancia, la ciudadanía y la inclusión en su comunidad académica. La Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos fue aprobado el 26 de marzo, en el marco de una reunión del Consejo Universitario, y está vinculada a la rectoría. “Pretendemos actuar de manera articulada en la promoción y la valoración de los derechos humanos dentro y fuera de la Unicamp”, dice la historiadora Néri de Barros Almeida, docente del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH) de la universidad y directora del nuevo organismo. “La idea consiste en perfeccionar las iniciativas existentes y fomentar la creación de nuevas estrategias, procedimientos y prácticas de inclusión, equidad, accesibilidad, prevención del acoso y la discriminación y de la violencia sexual”.

La dirección coordinará el trabajo de cinco comisiones asesoras, creadas en los últimos dos años y que ya actuaban en forma independiente. Una de ellas se encarga de promover la diversidad etnorracial y el año pasado canalizó la decisión de la universidad y del Colegio Técnico de Campinas (Cotuca), ligado a la Unicamp, de adoptar cupos etnorraciales en sus procesos selectivos. De los 3.386 estudiantes aprobados en el examen de ingreso de la Unicamp para 2019, 1.293 (el 38,2%) eran negros o pardos, y casi la mitad de ellos (el 48,7%) provenían de escuelas públicas. En tanto, los estudiantes indígenas representaron el 2,1% de los convocados. Según De Barros Almeida, la comisión deberá implementar disposiciones complementarias para combatir el racismo, difundir el respeto a las diferencias y valorar la diversidad.

En otro frente, una comisión se dedica desde el final de 2017 a la concepción de políticas para combatir la violencia sexual y la discriminación basada en cuestiones de género y sexualidad. Estos son dos de los principales problemas que afrontan las instituciones educativas de todo el mundo y representan en algunos casos, más de la mitad de los incidentes de violación de los derechos humanos en el ámbito académico. “Vamos a crear una secretaría de atención especializada para aquellas personas víctimas de violencia, acoso o discriminación sexual”, explica De Barros Almeida, quien también se encuentra al frente del Observatorio de los Derechos Humanos de la Unicamp, otra comisión que forma parte de la estructura del nuevo organismo.

La Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos también coordinará las actividades de la Comisión Asesora de Accesibilidad, que desde hace algunos años invierte en proyectos para ampliar la movilidad y el acceso a equipos y materiales de estudio e investigación de las personas con deficiencias, en el campus de la universidad. Esta comisión también pondrá en marcha estudios para identificar puntos críticos y a continuación se podrán presentar propuestas de reformas de las estructuras de los edificios, veredas, plazas y espacios colectivos de la institución.

Otra instancia que va a articularse con el nuevo directorio es la Cátedra Sérgio Vieira de Mello de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, la Acnur. Este organismo se dedica desde 2003 a la promoción de la educación, investigación y extensión académica enfocada en la población refugiada, en colaboración con centros universitarios brasileños y con el Comité Nacional para los Refugiados (Conare), un organismo del Ministerio de Justicia encargado de analizar los pedidos y declarar el reconocimiento de la condición de refugiado en Brasil. De Barros Almeida comenta que la Unicamp pasó a formar parte de la cátedra en el mes de septiembre de 2017 y, desde entonces, promueve la formación académica y la capacitación de docentes y alumnos en el ámbito de ese tema.

Experiencias internacionales
Tal como lo explica el físico Marcelo Knobel, rector de la Unicamp, la dirección adhiere a una tendencia internacional. “En los últimos años, las universidades de diversos países han comenzado a abocarse a la creación de oficinas dedicadas a la elaboración e implementación de políticas de estímulo a la valorización de los principios de respeto a la diversidad cultural, de defensa de la igualdad, de la dignidad humana y de la promoción de la convivencia solidaria”, dice.

Muchas de ellas se concentran en países del hemisferio norte, tales como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Las universidades canadienses de Waterloo y de Ottawa, además de la Queen’s University, ya hace algún tiempo que abrieron oficinas dedicadas a la promoción de los derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, está considerado como uno de los más amplios y mejor estructurados de Europa, reuniendo a una comunidad de estudiantes, 2 mil exalumnos, más de 100 docentes e investigadores de 11 disciplinas, becarios y colaboradores. Entre las iniciativas promovidas figuran conferencias, reuniones, manuales, servicios de asesoramiento universitario y capacitación sobre temas tales como acoso sexual, diversidad e inclusión.

Esas oficinas también elaboran y divulgan manuales de prevención de violación de los derechos humanos entre sus alumnos, docentes y empleados, además de políticas de inclusión, recepción y hospedaje, por ejemplo, para alumnos e investigadores transgénero, individuos que se identifican con un género diferente al que les fue atribuido en virtud de su sexo biológico. Según De Barros Almeida, en aquellos casos de incumplimiento de las normas de conducta establecidas por la universidad, la propuesta del nuevo directorio consiste en la adopción, siempre que fuera posible, de la práctica del diálogo restaurativo, en lugar de un abordaje punitivo. La idea es que un mediador resuelva los conflictos en pos de restablecer la relación social entre la víctima y el acusado. “Con ello se espera que la víctima se sienta reconfortada y que el acusado comprenda la situación, reconozca sus actos y adopte una postura acorde a las normas de conducta”, explica. Ella reconoce que ese abordaje puede no ser suficiente en los casos más graves, aquellos que involucran ofensas raciales o sexuales, por ejemplo. Por eso, no se descartan sanciones tales como la expulsión de alumnos o la exoneración de su cargo a docentes y empleados.

Según Knobel, en Brasil es común que las universidades tengan núcleos, centros o comisiones de promoción y aseveración de los derechos humanos. Según su análisis, la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos de la Unicamp se diferencia de esas iniciativas porque pretende promover acciones en forma organizada. “Cualquier institución educativa y de investigación que pretenda figurar entre las mejores del mundo necesita profundizar en esa preocupación por la promoción de una educación en derechos humanos desde una perspectiva intercultural, crítica y emancipadora, que procure articular las cuestiones relacionadas con la igualdad y las diferencias en el ámbito de la comunidad universitaria”, sostiene.

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