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Propiedad Intelectual

La unión hace la fuerza

Países de la cuenca amazónica articulan medidas conjuntas a fin de proteger la biodiversidad

Los países de la cuenca amazónica han decidido aunar sus esfuerzos para armonizar sus legislaciones referentes a propiedad intelectual, proteger sus recursos genéticos y los conocimientos tradicionales a ellos asociados y combatir la biopiratería. Representantes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela se reunieron por primera vez el pasado día 26 de junio, en la ciudad de Río de Janeiro, para evaluar estrategias de actuación, en el marco de un encuentro articulado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). “Deno adoptar un enfoque regional convergente, no obtendremos resultados”, dice el embajador Roberto Jaguaribe, presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y secretario de Tecnología Industrial del Ministerio del Desarrollo y Comercio Exterior, quien estuvo presente en la  reunión.

La OTCA se creó en 2003 para implementar el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado por los ocho referidos países en 1978, con el objetivo de implementar medidas destinadas a  preservar el medio ambiente y los recursos naturales de la región, que es refugio de unas de las mayores biodiversidades del planeta. “Todos afrontamos el problema de la biopiratería”, dice la ecuatoriana Rosalia Arteaga, secretaria general de la organización.

En el encuentro de Río de Janeiro se definió una lista de ocho acciones conjuntas. entre éstas se encuentran la de cooperación para la identificación de mecanismos que impidan el registro indebido de nombres y expresiones utilizadas por comunidades locales. El año pasado, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales brasileñas, capitaneadas por el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), tuvieron que movilizarse para rescatar el nombre copuazú [cupuaçu] “Theobroma grandiflorum, un árbol de la misma familia del cacao y cuja semilla es fuente de alimento en la región”, registrado como marca por las empresas transnacionales Asahi Foods y Cupuaçu International en 1998. Más recientemente, la propia Asahi Foods perdió el registro de la patente del “cupulate”, una especie de chocolate elaborado con semillas de copuazú cuya tecnología fue patentada por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa, sigla en portugués).

La apropiación indebida
Los países que integran la OTCA han tomado también por separado una serie de medidas para proteger su biodiversidad contra acciones de apropiación de marcas. En Brasil, el Ministerio del Medio Ambiente concluyó un amplio estudio sobre las denominaciones y usos conocidos de alrededor de nueve mil especies animales y vegetales. Esta lista fue elevada al Grupo Interministerial de Propiedad Intelectual (Gipi), será analizada por el INPI y formará parte de un banco de datos que servirá de fuente para consultas y orientaciones, para oficinas de patentes de todo el mundo.

Pese a no existir ningún tratado internacional que estipule criterios para registro de marcas, es parte de las reglas internacionales rechazar denominaciones conocidas “como es el caso del copuazú”, ya que no tendrían un requisito esencial: la capacidad distintiva. No se registran, por ejemplo, las marcas con los nombres naranja, papaya o banana. Y tampoco en el caso del copuazú. La denominación de estos productos de la biodiversidad brasileña y su uso, a su vez, deben estar disponibles en un banco de datos accesible a las oficinas de marcas y patentes de todo el mundo. La lista con las diversas denominaciones de la biodiversidad brasileña y sus utilizaciones en las comunidades locales integrará un banco de datos todavía mayor con el listado de los productos de otros países, cuya organización está a cargo de la OTCA.

Chancapiedra
Y esta iniciativa brasileña no es un caso aislado. Perú, por ejemplo, además de crear un banco de datos similar, formó también una comisión para investigar registros de patentes de productos de su biodiversidad regional en Europa, Japón y Estados Unidos. Identificaron alrededor de 500 registros de productos relacionados con especies autóctonas en oficinas de patentes de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón, según informó Santiago Roca, presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, a los participantes de la reunión de la OTCA de Río de Janeiro.

La denominación chancapiedra o Phyllanthus niruri, por ejemplo -que en Brasil es materia prima del té de chancapiedra, utilizado en el tratamiento de problemas renales-, aparece mencionada 26 veces en la investigación realizada en la oficina de patentes estadounidense, 11 veces en Europa y 15 en Japón, donde, además, está relacionado desde 1991 con registro de un agente antirretroviral y, desde 1996, con la patente de un tónico capilar. Los otros productos investigados fueron el hercampuri (Gentianella alborosea fabris), el camu camu (Myrciaria dubia), el yacon (Smallanthus sonchifolius), la caigua (Cylanthera pedata L); y el chancapiedra (Phyllantus niruri).

Medida restrictiva
Perú tiene una de las legislaciones más avanzadas para la defensa de la biodiversidad entre los ocho países que integran la OTCA. En 2002 se promulgó una ley estableciendo un régimen de protección para el conocimiento tradicional y de los pueblos indígenas asociado al patrimonio genético. En Brasil, el patrimonio genético se encuentra bajo la protección del Decreto nº 2.186, de 2001, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas y locales a decidir sobre el uso de su conocimiento asociado a los recursos genéticos, y prevé el reparto de beneficios, en caso de uso y comercialización. Dicho decreto, a su vez, es considerado “muy restrictivo”, según Jaguaribe, y antes del final de este año el gobierno federal pretende presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que, al tiempo que combata la biopiratería, dé incentivo al desarrollo de la capacitación tecnológica e industrial para el aprovechamiento de la biodiversidad. “Las medidas que se restringen únicamente a la defensa del patrimonio genético son contraproducentes, y la fiscalización es complicada. El mejor mecanismo de protección de la propiedad intelectual es la capacitación científica y académica. Eso sí que tiene capacidad exponencial de producción”.

Pero, mientras que la nueva ley no llega, el gobierno apunta a mitigar el carácter draconiano del decreto por medio de resoluciones como la número 18, publicada en 2003, que permitió el acceso por parte de los científicos a los componentes del patrimonio genético, hasta entonces prohibido por la legislación. Sin embargo, esta flexibilización, a su vez, no impidió la promulgación, el día 7 de junio último, del Decreto nº 5.459, que estipula las sanciones contra las actividades que lesionan el patrimonio genético, previstas en el decreto anterior. De acuerdo con dicha medida, se consideran infracciones: el acceso al patrimonio genético con fines de investigación sin autorización del organismo competente; la remesa ilegal de muestras al exterior; la omisión de información sobre las actividades de investigación, bioprospección o desarrollo tecnológico relacionadas con la biodiversidad y el no reparto de los beneficios resultantes de la explotación económica de productos desarrollados con base en los recursos de la biodiversidad o de los conocimientos tradicionales asociados.

El intercambio de prácticas
Los países integrantes de la OTCA no tienen la pretensión de hacer una legislación común. “La homogeneización es imposible, pero la armonización sí es concebible”, afirma la secretaria general de la OTCA. “Los países con legislación más avanzada pueden ayudar”. También será importante que estas afinidades estén presentes en los tratados de libre comercio, como el que se encuentra en  preparación por parte de Colombia, Perú y Ecuador. En caso de que la iniciativa surja de un conjunto de países, será más eficaz.

El intercambio de normas, prácticas y políticas nacionales sobre derechos de propiedad intelectual y sistemas nacionales de innovación encabezan la lista de acciones conjuntas que los ocho países desean implementar y que se presentará en una reunión de cancilleres convocada por la OTCA, en Iquitos, Perú.

La coordinación de posturas y la armonización normativa será una medida estratégica. “Está habiendo una evolución de la globalización. Hay una tendencia de centralización y homogeneización de las normas de propiedad intelectual dictada por los países más activos y desarrollados”, analiza Jaguaribe. Según el secretario, las medidas de protección de la propiedad intelectual en los países en desarrollo dependen de una estrecha cooperación y de la convergencia de la legislación será “un paso inevitable”. “Deberíamos espejarnos en el ejemplo europeo, que tiene su oficina de patentes conjunta.”

Entre las medidas comunes que adoptarán los ocho países está prevista la creación y la valoración de indicaciones geográficas amazónicas que agreguen valor a la producción regional. Ya existen en el mercado global productos tales como hierbas y fitoterapéuticos, que se presentan con su origen en la Amazonia. “Queremos evitar que esto ocurra”, explica Jaguaribe. La idea es crear una indicación de procedencia, una especie de sello, como el que se utiliza para identificar a los vinos de la zona de Vale dos Vinhedos, el café del Cerrado [la sabana] y la cachaça del estado de Minas Gerais. “Al cabo de ello, estipularemos un conjunto de normas uniformes”, dice el presidente del INPI.

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