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Financiación en crisis

Cuáles son las alternativas para atenuar el impacto de los recortes en el presupuesto federal sobre el esfuerzo nacional brasileño en Investigación y Desarrollo

Una merma significativa en el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC) tuvo gran repercusión entre la comunidad científica en este primer semestre de 2017. Al final de marzo, el presupuesto de costeo e inversión del MCTIC, que excluye los pagos al personal, se redujo a 3.200 millones de reales para 2017, una cifra 44% menor a la que se había establecido en la ley presupuestaria, y menos de la mitad del monto destinado al mismo fin en 2014, que fue de 7.300 millones de la misma moneda. ¿Qué representa este recorte para el conjunto de la financiación de la ciencia y la tecnología del país? Puede afirmarse que tal reducción impactará sobre el esfuerzo nacional de Investigación y Desarrollo (I&D), el conjunto de las actividades que realizan las empresas, universidades e instituciones científicas, que contempla resultados en investigación básica y aplicada, el lanzamiento de nuevos productos y la capacitación de investigadores.

En 2014, el año más reciente del que se cuente con estadísticas certeras, en Brasil se invirtió el 1,27% del Producto Interno Bruto (PIB) en actividades de I&D, lo cual equivale a 73.600 millones de reales, y la porción correspondiente al MCTIC (en esa época dividido en dos carteras ministeriales) fue de 5.600 millones, es decir, tan sólo un 7,6% de esa inversión. En caso de que los recortes recientes no se reviertan, la participación del MCTIC sobre el gasto nacional en I&D caerá de un escalón correspondiente al 0,1% del PIB hace tres años a un índice próximo al 0,07% del PIB en el presente año. Sería prematuro determinar que la caída de la participación será de tal dimensión. “Hay expectativas de que el gobierno libere recursos durante el segundo semestre. Ese tipo de recomposición ya ocurrió en diciembre del año pasado, cuando el MCTIC recibió 1.500 millones de reales provenientes de la repatriación de cuentas mantenidas por brasileños en el exterior”, afirma Álvaro Prata, secretario de Desarrollo Tecnológico e Innovación del MCTIC. “Estamos atravesando una coyuntura excepcional, pero esperamos que la economía vuelva a crecer”.

También es prematuro prever el desempeño global del país en I&D para 2017. Otros componentes de la inversión federal sufrieron recortes, aunque no tan dramáticos como en el MCTIC. El Ministerio de Educación (MEC), que en 2014 fue el responsable de alrededor del 21% de toda la iniciativa nacional de I&D, tuvo una mengua presupuestaria del 12% en marzo. Los gastos del MEC se concentraron en las universidades federales y en el pago de becas de la Coordinación Nacional de Perfeccionamiento del Personal de Enseñanza Superior (Capes). La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), vinculada al Ministerio de Agricultura, mantuvo estable su dotación presupuestaria, del orden de unos 3 mil millones de reales desde 2015, aunque ese monto sea insuficiente, ya que en 2016 tuvo un déficit de 490 millones de reales.

El fomento de la I&D del gobierno federal dispone de fuentes importantes en los ministerios de Educación y de Salud. “Este perfil es diferente al que se observa en Estados Unidos, donde las mayores inversiones del gobierno se dan en los ministerios vinculados a los sectores fuertes de la economía, como son Defensa y Energía”, dice Carlos Américo Pacheco, docente del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas (Unicamp). “En Brasil, las inversiones son más significativas en el ámbito del MEC y del MCTIC. Pese al mayor interés del sector privado en la agenda de la innovación, en Brasil, los asuntos de ciencia, tecnología e innovación aún se encuentran muy vinculados con las universidades y los institutos de investigación. Siendo así, existen dificultades para movilizar al área económica, como el Ministerio de Hacienda y carteras sectoriales para garantizar la financiación”, añade Pacheco, que es el director presidente del Consejo Técnico Administrativo de la FAPESP. Los gastos públicos en I&D comprenden una porción proveniente de los estados, la cual en 2014 sumó 12.800 millones de reales, es decir, un 17% del total. El estado de São Paulo respondió por dos tercios de ese monto, a través de las erogaciones de las tres universidades estaduales, institutos de investigación e inversiones realizadas por la FAPESP.

En el documento intitulado Estratégia nacional de ciência e tecnologia, que lanzó el gobierno federal en 2016, el país se proponía invertir un 2% del PIB en I&D para 2019, una meta cada vez más difícil de alcanzar. Esa cota no resulta exorbitante. El promedio de inversión de los 34 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a algunas de las naciones más industrializadas, fue del 2,4% del PIB en 2015. “Los países desarrollados invierten más del 2% del PIB en ciencia y tecnología. Con ellos es con quienes tenemos que competir”, sostiene Helena Nader, presidenta de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC).

Para llegar a ese nivel, tomando el PIB de Brasil en 2016, que fue de 6,26 billones de reales, la inversión en I&D debería ser de 125 mil millones de reales, un 70% mayor que en 2014. “En los países desarrollados que invierten más del 2% del PIB en I&D, el porcentaje que aportan las empresas es siempre superior al 1,3% del PIB”, dice el director científico de la FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz. “En los países de la OCDE, donde la inversión total en I&D alcanzó el 2,4% del PIB, el 1,65% fue aportado por las empresas, y el gobierno sumó el 0,75% restante”.

La sanción en diciembre de una enmienda constitucional que impuso un techo al aumento de los gastos públicos torna improbable un crecimiento de los recursos federales y de los estados, a menos que se logre identificar otras fuentes de recursos mediante alguna ingeniería financiera y la misma cuente con un aval político como para poder implementarla. La mirada se posa sobre el sector privado. En Brasil, la participación de las empresas en el esfuerzo nacional en I&D alcanzó el 47,1% de las inversiones en 2014, un porcentaje menor que el registrado en Estados Unidos (un 64,1%), en Alemania (un 65,8%) y en Japón (un 77,9%). El estado de São Paulo es la excepción dentro del panorama brasileño, con un 60% de las inversiones estaduales en I&D a cargo de las empresas. “La financiación proveniente de las empresas aún es pobre en Brasil. En Corea aportan más del 70% del total de las inversiones en CT&I (Ciencia, Tecnología e Innovación)”, comenta Helena Nader.

Para que el sector privado brasileño asumiera dos tercios del esfuerzo nacional en I&D, las empresas deberían invertir alrededor de 83.200 millones de reales, un 140% más que los 34.600 millones destinados a tal fin en 2014. Si el sector empresarial alcanzara tal desempeño, la meta de inversión del 2% del PIB exigiría del sector público alrededor de 41.800 millones de reales, una cifra cercana a los 38.900 millones invertidos en 2014, si bien que elevada frente a la realidad presupuestaria actual. “No hay que perder de vista que, si ese nuevo rol del sector privado se consolidara, los recursos de las empresas fundamentalmente se enfocarían en la investigación llevada a cabo en las propias empresas, tal como ocurre en cualquier lugar del mundo”, dice Carlos Américo Pacheco. “Y como en promedio los gobiernos subvencionan alrededor del 15% de la inversión privada en I&D, probablemente esa nueva escala del gasto privado exigiría la destinación de más recursos públicos para las empresas”.

La capacidad del sector privado para responder a tamaño desafío se considera limitada. Los índices recientes sugieren que las inversiones del sector privado en innovación han perdido vigor. La actividad innovadora de las empresas brasileñas marcha a la par de la adquisición de bienes de capital, aquéllos que se utilizan para producir otros bienes, tales como máquinas y equipamientos. El desempeño de un indicador del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) que mide cuánto incrementaron las empresas sus bienes de capital, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), indica una retracción. Entre febrero de 2016 y el mismo mes de 2017, la caída acumulada del FBCF fue del 7,9%.

Existen problemas estructurales que dificultan alcanzar porcentajes análogos a los de los países de la OCDE. El economista David Kupfer, docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), detecta dificultades en dos frentes. Uno está relacionado con la contribución de cada sector de la economía brasileña al esfuerzo de I&D. Kupfer señala que hay segmentos importantes, como el extractivo o el de la producción de alimentos, que exigen inversiones en I&D de niveles relativamente modestos, mientras que los sectores de innovación intensiva, tales como el farmacéutico y el de la electrónica, cuentan con fuerte presencia de multinacionales que producen escasa I&D en Brasil, y optan por importarla desde sus casas matrices. “Este modelo no puede modificarse con facilidad”, afirma.

Otra de las dificultades está relacionada con la acotada eficacia de los instrumentos de estímulo a la innovación, como son las leyes y políticas de incentivo. “Tales instrumentos carecieron del vigor como para fomentar la innovación en empresas y sectores tradicionalmente refractarios a este tipo de iniciativa, así como tampoco lograron impulsar la innovación en las empresas que ya eran innovadoras ya que, en gran medida, los estímulos concedidos por el gobierno sustituyeron a las inversiones que esas empresas estaban realizando, en lugar de multiplicarlos”, dice Kupfer. Para Luiz Eugênio Mello, vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo de Empresas Innovadoras (Anpei), el desafío no pasa precisamente por aumentar la inversión en I&D de las empresas, sino por movilizar a los segmentos que invierten poco. “Petrobras es una de las empresas que más recursos destinan a la ciencia en todo el mundo. Pero hay sectores como el farmacéutico que escasamente invierten en Brasil, si se los compara con lo que destinan a ese fin en Estados Unidos o en Europa. El impulso empresarial a la I&D no cambiará en tanto no maduren esos sectores”, dice Mello, quien se desempeña como gerente ejecutivo de Innovación y Tecnología en la compañía Vale.

La calidad de las inversiones de las empresas brasileñas en I&D es inferior a la que se observa en otros países. El sector privado del país invierte en I&D, en valores absolutos, montos similares a las de las empresas de España, pero obtiene una cantidad de patentes bastante menor. De un estudio en que se comparó las patentes concedidas en Estados Unidos surge que las empresas brasileñas obtuvieron 197 registros por año entre 2011 y 2015, mientras que las españolas consiguieron, en promedio, 524 patentes anuales durante ese mismo período. Según Luiz Mello, la intensidad de las inversiones en I&D es baja incluso en empresas líderes. Con base en los datos recopilados por la Anpei, entre los años 2011 y 2015, las 10 empresas con sede en Brasil que depositaron mayor cantidad de patentes en EE.UU. fueron Petrobras, Whirlpool, IBM, Embraer, Freescale, Voith, Vale, Natura, Pioneer y Tyco. “En conjunto depositaron 392 patentes. En tanto, las 10 que más sumaron en España, que fueron HP, Airbus, Ericsson, CSIC, Fractus, Gamesa, Vodafone, Laboratorios Dr. Esteve, Intel y Telefónica, y depositaron 739 patentes en Estados Unidos, un porcentaje un 88% mayor”, dice Mello. Según éste, la baja intensidad en I&D es un problema más grave que la criticada tendencia de las empresas brasileñas a producir innovaciones meramente incrementales. “Las innovaciones incrementales les sirven a las empresas para reforzar su puesto en el mercado e incrementar sus utilidades. Si logramos un mayor volumen de patentes, dentro de esa masa crítica también tendremos innovaciones disruptivas”.

Álvaro Prata sostiene que el MCTIC intenta impulsar la inversión de las empresas en I&D y vislumbra razones para ser optimistas. “Contamos con un sector industrial bien desarrollado y con gran potencial de crecimiento”, comenta. Según él, en las próximas semanas se firmaría un decreto con 83 artículos reglamentando la Ley nº 13.243, de 2016, que actualizó y perfeccionó el andamiaje jurídico para promover la innovación y la interacción entre centros de investigación privados y públicos. “Ese decreto aportará seguridad al sector industrial para que pueda interactuar con el ámbito científico”, sostiene.

El gobierno y la comunidad científica coinciden en que será necesario hallar nuevas fuentes de financiación y tornar más productiva la aplicación de los recursos existentes. La SBPC se está movilizando para reforzar la inversión privada en las universidades públicas. Otro frente implica la definición de un marco regulatorio para los fondos de endowment, destinados a captar donaciones de exalumnos y mecenas. Existen proyectos en el Congreso que abren la posibilidad de que las instituciones públicas mantengan endowments con incentivos fiscales para las donaciones.

La diversidad institucional
En un sistema de ciencia, tecnología e innovación como el brasileño, que en las últimas décadas se ha vuelto progresivamente más complejo, asegurar su vitalidad no es un reto trivial. El país tomó distancia de un modelo que, hasta la década de 1960, patrocinaba proyectos individuales de investigadores, para organizar un sistema de posgrado del que actualmente emergen 18 mil nuevos doctores por año y establecer una red de grupos de investigación que desde el año 2000 hasta ahora ha triplicado su envergadura. “El sistema de financiación a la ciencia en Brasil posee una diversidad  institucional que sólo tiene parangón en los países desarrollados”, dice el economista y exdiputado federal Marcos Cintra, presidente de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), agencia vinculada al MCTIC. “Con el recorte de las inversiones corremos el riesgo de echar a perder todo ese esfuerzo. Un país que deja de invertir en ciencia, tecnología e innovación pierde contacto con la frontera del conocimiento y queda retrasado”.

Este universo institucional multifacético fue moldeado por herramientas y leyes que instituyeron nuevos modelos de gestión, incorporaron la dimensión innovadora al sistema de C&T y propiciaron un estímulo a la interacción entre universidades y empresas. Uno de los hitos fue la creación, al final de los años 1990, de los Fondos Sectoriales de Ciencia y Tecnología, concebidos para superar la inestabilidad en cuanto a la oferta de recursos y dinamizar la investigación de interés para ciertos sectores de la economía. Otros sucesos fueron la Ley de Innovación, de 2004, que autorizó la inversión de recursos públicos en empresas y posibilitó que investigadores de instituciones públicas desempeñasen actividades en el sector privado; y la Ley de Bienes, de 2005, que estableció incentivos fiscales para la I&D e innovación tecnológica.

El panorama actual sugiere que una parte de esos instrumentos ha perdido eficacia. Un ejemplo de ello es la coyuntura que atraviesa el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), la principal herramienta de apoyo para los proyectos de investigación del MCTIC. En los últimos años, dicho fondo representó una cuota del 30% al 40% del presupuesto del ministerio, siendo que el resto estuvo destinado a los gastos en personal y al mantenimiento de los diferentes organismos que integran la cartera ministerial. En efecto, el FNDCT viene sufriendo varios reveses. El golpe más reciente se produjo con la caída en la recaudación tributaria. Los Fondos Sectoriales de Ciencia y Tecnología, la principal fuente de recursos del FNDCT, embolsaron 2.900 millones de reales por recaudaciones en 2016, un 11,6% menos que en 2015. Las giros del Tesoro al FNDCT prácticamente cesaron, tanto es así que se redujeron de 500 millones de reales hace dos años a apenas 500 mil reales durante el año pasado. También hay una tercera fuente que abastece al fondo, que proviene de la Finep. La agencia toma como préstamo el 25% de los recursos del FNDCT para realizar operaciones de crédito reembolsable y devuelve los recursos al recuperarlos de los deudores. En 2016, la Finep depositó 507 millones de reales en el FNDCT, frente a 440 millones de esa misma moneda en el año anterior.

Entre 2013 y 2015, más de 2 mil millones de reales de los recursos del FNDCT se utilizaron para financiar el programa Ciencia sin Fronteras (CsF), aunque la capacitación de recursos humanos no figura entre los propósitos del fondo (lea el reportaje). Otro obstáculo estuvo dado por la modificación de las reglas de distribución de regalías del petróleo, que significó el vaciamiento de uno de los fondos sectoriales más importantes, el CT-Petro, del área del petróleo y gas. Ese fondo era el responsable, hasta 2012, de casi la mitad del aporte de los fondos sectoriales para el FNDCT y dejó de recibir la mayor parte de esa fuente cuando el Congreso reglamentó la explotación del presal. Dicha pérdida redujo el total ejecutado en proyectos del CT-Petro, pasando de 139 millones de reales en 2007 a 4,5 millones de reales en 2016.

Pero el principal daño al FNDCT fue provocado por el bloqueo de recursos. En 2016, el presupuesto del fondo fue estimado en 2.600 millones de reales, descontando los 900 millones de reales tomados como préstamo por la Finep. De ese total, el 61%, alrededor de 1.600 millones, fueron transferidos a un fondo de reserva, un eufemismo para denominar al término “retenciones”. Entre 1999 y 2011, las retenciones sumaron el 48% del total recaudado, según la Finep, que administra al FNDCT. “Eso es algo muy grave. El gobierno utiliza una porción significativa de los recursos destinados a la ciencia para lograr superávit fiscal”, dice Helena Nader.

De los 16 fondos sectoriales, 14 están vinculados a segmentos de la economía tales como petróleo, energía, salud y biotecnología. Cada uno de ellos está abastecido por ingresos específicos. El sector energético, por ejemplo, recibe entre un 0,3% y un 0,4% sobre la facturación de las empresas concesionarias del sector eléctrico. También existen dos fondos con carácter transversal: el Verde-Amarillo, destinado a proyectos que promueven la interacción entre universidades y empresas, y el de Infraestructura, destinado a mejorar la infraestructura de las instituciones científicas. Éstos toman una porción del 20% de los demás fondos. La ambición original de los fondos era asegurar la estabilidad de las inversiones, principalmente, por medio del fomento a proyectos de investigación científica en los sectores donde se recaudan los recursos. Las directrices y planes de inversión de cada fondo son definidos por comités administrativos, integrados por representantes del gobierno, del sector en juego y de la sociedad. “Los fondos tenían el objetivo de innovar en la gestión y articular a los diversos actores implicados en la implementación de políticas sectoriales”, explica Carlos Américo Pacheco, uno de los artífices de los fondos cuando ocupó el cargo de secretario ejecutivo del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre 1999 y 2002. “Con el tiempo, la dimensión sectorial perdió relevancia con las acciones transversales y la reasignación de recursos para otros retos del sistema de ciencia y tecnología”.

Las acciones transversales del FNDCT se fueron ampliando gradualmente, contemplando el apoyo a eventos, a proyectos no vinculados con las agendas sectoriales y a los tópicos de la política industrial del gobierno. “El uso de dinero de los fondos para contemplar necesidades del sistema federal de C&T socavó el poder de los comités de gestión de los fondos, que pasaron a administrar montos cada vez menores”, dice el bioquímico Hernan Chaimovich, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) entre 2015 y 2016. Durante el año pasado, los comités de gestión no se reunieron ni una sola vez. “Los fondos acabaron sirviendo para cubrir agujeros en el presupuesto del ministerio, cosa que no era su función original”, añade la economista Fernanda de Negri, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea).

Uno de los focos del debate sobre el futuro de la financiación pública de la ciencia se refiere al perfeccionamiento de los fondos sectoriales. Para Carlos Américo Pacheco, sería necesario consolidarlos en una cifra menor que la actual, ya que algunos de ellos, tales como el de transportes y el denominado Innovar-Auto, movilizan pocos recursos. “También es importante identificar nuevos ingresos, además de articular los fondos con las actividades y compromisos de las agencias reguladoras”, opina.

La reglamentación del FNDCT en 2007 consolidó y amplió la utilización, prevista en las leyes aprobadas en 2001 y 2004, de recursos del fondo para instrumentos administrados por la Finep, tales como la oferta de crédito para empresas con ajuste de tasas de interés, participación accionaria en compañías y subvención de proyectos de instituciones científicas y del sector privado. Un esbozo de las inversiones del FNDCT en 2016 revela las múltiples misiones que cumple dicho fondo. De un total ejecutado de 1.042 millones de reales, 342 millones se asignaron a llamados a presentación de proyectos definidos por los comités de los fondos sectoriales. Otros 309 millones de reales se utilizaron para instrumentar acciones tales como subvenciones económicas, brindar garantía de liquidez a inversores ángeles o para ajustar responsabilidades contraídas, lo cual suministra a las empresas innovadoras el acceso a recursos con bajos intereses. Otros 329 millones de reales se destinaron a actividades transversales y 59 millones de reales a la construcción del Reactor Nuclear Multipropósito.

Pese a los avances de la década pasada, decrece la utilización de los recursos del FNDCT por empresas. En 2016 se destinaron solamente 58,6 millones de reales a subvencionar proyectos de desarrollo tecnológico, siendo que en 2010, ese monto sumó 526 millones de reales. De acuerdo con Marcos Cintra, en 2017 la Finep tan sólo dispondrá de un 50% de los recursos con los que operaba hace dos años y no lanzará ninguna nueva iniciativa de apoyo a instituciones de investigación ni subvención económica a empresas. La reducción de las inversiones de la Finep y del BNDES preocupa a las empresas. “Estamos a la expectativa de que en el segundo semestre se realice una recomposición del presupuesto de la Finep, pero eso depende del aumento de los ingresos tributarios. Si eso no ocurre, hay esperanza de que el BNDES se haga cargo de ese espacio e incremente el fomento a la innovación en condiciones razonables”, dice Pedro Wongtschowski, presidente del Consejo del Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (Iedi) y vicepresidente del Consejo Administrativo de UIltrapar. Los desembolsos del BNDES para innovación pasaron del 0,8% del total de las inversiones del banco en 2010, a un 4,4% en 2015. En el primer semestre de 2016, fueron de un 3,5%.

La participación de los estados
Otro de los desafíos tendientes a ampliar la financiación de la ciencia se relaciona con el saneamiento financiero de los estados. Durante los últimos 20 años, varias de las unidades que componen la federación brasileña crearon fundaciones de apoyo a la investigación científica y se comprometieron a invertir parte de la recaudación tributaria en ciencia, tecnología e innovación. “Hasta la década de 1990, sólo 14 estados poseían tales fundaciones. En la actualidad, el único que no la tiene es Roraima”, comenta Maria Zaira Turchi, presidenta de la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de Goiás (Fapeg) y del Consejo Nacional de Fundaciones Estaduales de Apoyo a la Investigación Científica (Confap, por sus siglas en portugues). Un estudio reciente elaborado por el Confap estimó los recursos invertidos por las fundaciones de los estados en 2016 en una cifra cercana a los 2.500 millones de reales. La previsión presupuestaria para 2017 llegaría a 2.700 millones de reales, pero las dificultades económicas que afrontan varios estados tornan improbable que se llegue a ese monto. El estado de Río de Janeiro atraviesa una situación particularmente compleja. En medio de una crisis financiera que retrasó el pago a los empleados públicos, la gobernación del estado no ha depositado los aportes previstos vinculados a su fundación estadual de apoyo a la investigación científica, la Faperj. En São Paulo, el presupuesto destinado a C&T se redujo como consecuencia de la caída de los ingresos tributarios, pero los porcentajes establecidos en la Constitución del estado no se vieron alterados.

En años recientes, las fundaciones se transformaron en puntales, al asegurar recursos para proyectos de interés regional y nacional, y firmando convenios para la cofinanciación de programas. Un ejemplo de esa relación de colaboración lo constituyen los Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología (INCTs), un  programa conjunto de las FAPs y del gobierno federal. En el nuevo pliego licitatorio de los INCTs de 2014, se aprobaron 101 redes de investigación en 16 estados. “En las instancias en que los giros de recursos de las agencias federales, especialmente del CNPq, fueron muy reducidos, los investigadores contaron principalmente con la financiación de las fundaciones estaduales”, dice Zaira Turchi.

La discusión al respecto de cómo mejorar la calidad de las inversiones viene cobrando cuerpo. “Hace falta una política de ciencia y tecnología, así como de desarrollo que establezca áreas prioritarias para las inversiones. En lugar de eso, durante los últimos 20 años Brasil elaboró extensas listas de anhelos que involucran a todas las áreas del saber”, analiza Hernan Chaimovich. “Los países que establecieron metas y prioridades lograron apuntalar recursos”. Luiz Eugênio Mello también critica la dificultad para trabajar con prioridades. “En Brasil existe una tendencia a atomizar las inversiones y atender a mucha gente al mismo tiempo. En ciertas situaciones, el país precisa pocos grupos bien financiados para poder competir con los mejores del mundo”.

Para Fernanda de Negri, del Ipea, la ciencia brasileña necesita ser más ambiciosa. “En países como Estados Unidos, la financiación de la investigación es terriblemente competitiva, con un componente de evaluación muy fuerte. Eso aún es raro en Brasil, y habría que modificarlo si lo que pretendemos es hacer ciencia de calidad”, afirma. Si bien coincide en que es necesario atraer recursos privados, Negri remarca que en los países desarrollados le cabe al Estado el patrocinio de la porción principal de la financiación a la ciencia. “Se trata de inversiones de alto riesgo y en investigación básica, y en ningún lugar del mundo el sector privado se ocupa de eso”.

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