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Medio ambiente

La encrucijada de la deforestación

El monitoreo de la Amazonia que realiza el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil acumula prestigio internacional, pero podría dar lugar a un servicio privado

Una imagen tomada por el satélite CBERS-4 el 15 de agosto muestra las quemas en la autopista Transamazónica, entre Canutama y Lábrea (estado Amazonas), cerca del río Purus

DSR/ OBT/ Inpe

El sistema que controla la deforestación en la Amazonia, desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe) acumula prestigio académico y reconocimiento internacional, pero el gobierno federal lo critica, tildándolo de alarmista y amenaza con reemplazarlo por un servicio privado. Alrededor de 1.200 artículos científicos publicados en revistas indexadas han utilizado los datos suministrados por el Programa de Monitoreo de la Deforestación de la Amazonia Legal (Prodes), que fiscaliza la selva en forma conjunta con el Sistema de Detección del Desmonte en Tiempo Real (Deter). El primero analiza los índices anuales de desmonte con base en el análisis de imágenes registradas por satélites desde 1988; el segundo emite avisos diarios sobre los fragmentos de la selva que están perdiendo su cobertura vegetal desde 2004. “También hay cientos de tesis doctorales y tesinas de maestría que se basaron en informes de esos programas y los utilizaron en estudios que ayudaron a expandir el conocimiento en monitoreo remoto”, dice la estadística Thelma Krug, investigadora del Inpe que ayudó a crear el Prodes y desde 2015 es la vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Los datos que aporta el Prodes, que se anuncian una vez al año, vienen siendo utilizados para certificar cadenas productivas del agronegocio y monitorear el cumplimiento de pactos acordados entre productores y organismos ambientales, siendo uno de esos ejemplos la moratoria de la soja en la Amazonia, entre 2006 y 2010. Del mismo modo, se los utiliza como referencia en los países aportantes al Fondo de la Amazonia (Noruega y Alemania), un programa que actualmente se encuentra suspendido, y que ha recaudado 1.100 millones de reales para actividades de prevención y lucha contra el desmonte y para elaborar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, que son testigos del desempeño brasileño en cuanto a las metas internacionales para enfrentar los cambios climáticos. En tanto, los datos que provee el Deter surtieron impacto al delimitar políticas públicas en la Amazonia Legal: los avisos enviados al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) se utilizaron para encaminar las actividades de sus fiscales y configuran la base de la reducción de las tasas de deforestación en este siglo. En 2004 se talaron 27.700 kilómetros cuadrados (km2) de bosques, cifra que se redujo a alrededor de 4.500 km2 en 2012. El promedio de los últimos tres años aumentó a unos 7 mil km2.

La idea de crear un sistema nacional para monitorear la Amazonia surgió al final de la década de 1980 en Brasil, cuando la presión internacional por la preservación de la selva obligó al gobierno brasileño a reaccionar y asumir compromisos. Una curiosidad radica en que el Inpe, al contrario de lo que sucede ahora, se acostumbró a enfrentar críticas por producir datos que se consideran conservadores, en general, menores que aquellos elaborados por otras instituciones. La metodología elegida explica ese tipo de desfase. El Prodes adoptó en 1988 como definición del desmonte al corte al ras de un área de al menos 6,25 hectáreas. Se entiende por corte al ras a la eliminación de cualquier vegetación existente sobre un área. “En aquella época era necesario interpretar las fotos satelitales desde el papel, que no tenían la definición disponible hoy en día. Se instituyó esa unidad mínima de mapeo, que equivale a un cuadrado de 250 metros de lado, porque la misma permitía un análisis confiable”, explica el ingeniero y experto en geoprocesamiento Gilberto Câmara, uno de los creadores del Deter, que fue director general del Inpe entre 2006 y 2013 y actualmente dirige la secretaría del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO), una red con sede en Ginebra, Suiza, que ayuda a los países a cumplir acuerdos internacionales compartiendo datos provistos por satélites y otras tecnologías.

El sistema de alertas se creó en 2004 para afrontar la deforestación descontrolada

El objetivo del Prodes, explica Câmara, era evitar que hubiera áreas apuntadas erróneamente como desforestadas, los denominados falsos positivos, incluso corriendo el riesgo de desestimar procesos en formación. “La hipótesis era que, cuando existieran cortes menores a 6,25 hectáreas, ellos evolucionarían y terminarían siendo detectados al año siguiente”. Con la calidad de imágenes y la tecnología disponibles actualmente, sería posible realizar detecciones más exactas y a menor escala, pero el Inpe optó por mantener la metodología, a los efectos de garantizar su comparación con los relevamientos históricos. “De esa manera, puede delimitarse el área de selva primaria de la Amazonia, que hasta ahora se mantiene y nunca fue alterada”, dice Krug.

Las críticas del gobierno se concentran en el Deter: el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en una entrevista concedida al portal UOL, alegó que el sistema de alertas “no sirve para medir el volumen del desmonte, carece de exactitud y no realiza comparaciones”. A raíz de eso, el Ibama lanzó una proclama el 21 de agosto convocando a “empresas especializadas en la provisión diaria de imágenes satelitales de alta resolución espacial para la generación de alertas de indicios de desmonte”. La resolución se tomó luego de la renuncia del director general del Inpe, Ricardo Galvão, luego de conocerse datos del Deter que apuntaban un aumento del 88% en la supresión de vegetación al comparar junio de 2019 con el mismo mes de 2018. En sucesivas entrevistas concedidas a la prensa, Galvão informó que había comunicado el incremento de los focos de desmonte al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC), al cual está subordinado el Inpe, así como al MMA, que es el cliente del Deter, pero no logró la interlocución que había alcanzado con gobiernos anteriores. Simultáneamente, las inspecciones del Ibama perdieron aliento, algo visible en los datos que informa el propio instituto y que fueron divulgados por la revista Época, según los cuales, durante los siete primeros meses del año, disminuyeron un 29,4% las multas aplicadas por el Ibama en el país, en comparación con igual período de 2018.

Las restricciones del ministro Salles no contemplan las diferencias de atribuciones del Deter y del Prodes. El Deter nunca tuvo como objetivo calcular la evolución del desmonte, sino detectar en forma rápida, basándose en la interpretación de las imágenes tomadas por distintos satélites, de focos activos de remoción de la selva con miras a encauzar las acciones del Ibama. El sistema de alertas se creó en 2004 con una función complementaria a la del Prodes, cuyo análisis anual contempla el período comprendido entre el 31 de julio de un año y el 1º de agosto del año anterior, y divulga los resultados alrededor del mes de diciembre. Si bien es un buen instrumento de evaluación de las políticas ambientales, el Prodes no está pensado para detectar los desmontes en sus prolegómenos. “Lo que realiza el Prodes es una especie de conteo de muertes en el cementerio. Se difunde en diciembre lo que sucedió hasta un año y medio antes”, explica Câmara.

Esa limitación se tornó evidente alrededor de 2004, cuando sobrevino un descontrol en el desmonte de la Amazonia Legal, que aumentó a 27.700 km2. A instancias del MMA, el Inpe desarrolló un sistema para producir alertas diarios. La metodología del Deter es más flexible que la del Prodes y con el paso del tiempo se tornó más sensible. Entre 2004 y 2017, operó con base en los datos provistos por el sensor Modis del satélite Terra, de la NASA, la agencia espacial estadounidense, y durante esa etapa emitió más de 70 mil avisos. Con ese instrumento se podían detectar alteraciones en la cobertura forestal de áreas mayores a 25 hectáreas. Una segunda versión del Deter, que es la que opera actualmente, pasó a identificar y mapear desmontes con un área mínima cercana a 1 hectárea. Para ellos, utiliza imágenes de los sensores WFI del Satélite Chino-Brasileño de Recursos Terrestres (CBERS-4) y AWiFS, del satélite Indian Remote Sensing (IRS). Los datos se informan diariamente al Ibama. Para el público en general, solamente se divulgan los datos con dimensiones mínimas de 6,25 hectáreas.

Mientras que el Prodes muestra el desmonte por arrasamiento, el Deter produce alertas con base en diversas clasificaciones. Revela si hay suelo expuesto y evidencias de actividades de minería. También informa cuando hay indicios de incendios forestales y de actividad de explotación maderera, ya sea con talas selectivas, que presentan un patrón desordenado, o tala avanzada, con un patrón geométrico.

Esta metodología tiene limitaciones que no siempre se comprenden. La idea del monitoreo en tiempo real no es precisa. Si el área talada estuviera cubierta por nubes, solo se podrán detectar las alteraciones cuando la misma sea visible desde el satélite. Por eso no es correcto comparar los alertas de un mes con los del mes previo y decir que hubo aumento o disminución, puesto que la presencia de nubosidad puede enmascarar los resultados. Tampoco resulta adecuado sumar los alertas, dado que una misma área puede ser objeto de varios de ellos. “El Deter puede registrar un área degradada y emitir un alerta. Si no se hace nada al respecto, para el período siguiente puede que se haya degradado más y genere un nuevo alerta”, explica Gilberto Câmara. Los alertas cesan cuando el área es afectada por la tala al ras y esa información la registra el Prodes. Quince años de experiencia muestran que las tendencias apuntadas por el Deter luego se confirman con los datos del Prodes, aunque solo registren una parte del desmonte. Desde agosto de 2017 a julio de 2018, los alertas advirtieron de la tala de 4.500 km2 y el índice oficial se ubicó en 7.500 km2.

El investigador Eduardo Delgado Assad, de Embrapa Informática Agropecuaria, con sede en la localidad paulista Campinas, una de las unidades de la estatal Embrapa (la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria), recuerda las actividades que se concentraron en el denominado Arco del Desmonte, en el estado de Pará, cuando él ocupó el cargo de secretario de Cambios Climáticos y Calidad Ambiental del MMA, al comienzo de esta década. “Los 44 municipios que más practicaban el desmonte dejaron de recibir recursos federales. Como resultado de ello, Paragominas dejó de ser el principal talador para transformarse en municipio ejemplar en cuanto a la recuperación de áreas deforestadas. El Deter y el Prodes funcionaron como un instrumento de política pública”.

Felipe Werneck/ Ibama Decomiso de madera de un desmonte en el territorio indígena Pirititi, en el estado de Roraima, en mayo de 2018Felipe Werneck/ Ibama

Sistemas similares
La sustitución por un servicio privado genera controversias. Una de las características del Prodes y del Deter reside en su capacidad para intercambiar datos del desmonte con distintas categorías agrarias, tales como tierras privadas, reservas indígenas y áreas de conservación natural. “Eso ayuda a entender dónde están los grandes focos y si los mismos se concentran, por ejemplo, en áreas sujetas a litigio por apropiación ilegal de tierras. Las informaciones colaboran para generar políticas que desalienten o reduzcan el desmonte”, dice Krug, del Inpe. Otros sistemas similares no tienen la misma capacidad. “Existen sistemas que realizan una interpretación automática de los datos, cuya resolución es menor. No muestran cuánta selva fue talada en cada municipio, en cada tierra indígena o en cada área de protección natural. Son imágenes de alta resolución sin inteligencia”, sostiene Câmara.

La pericia del Inpe en cuanto al procesamiento de imágenes satelitales comenzó a cobrar impulso en 1974, cuando el instituto pagó 1 millón de dólares de esa época por un sistema de procesamiento de imágenes denominado Image-100 a la empresa General Electric. En la década siguiente, la capacitación de recursos humanos en los programas de posdoctorado del Inpe condujo al desarrollo de dos plataformas, el Sistema de Tratamiento de Imágenes (Sitim) y el Sistema de Informaciones Geográficas (SGI), que fueron el soporte de proyectos ambientales, tales como el relevamiento de remanentes del Bosque Atlántico Brasileño y el mapeo de las áreas de riesgo para la plantación de cultivos de maíz, trigo y soja efectuado por Embrapa.

Uno de los grandes hitos del esfuerzo de los científicos del Inpe fue el Sistema para el Procesamiento de Informaciones Geográficas (Spring), que unifica el tratamiento de imágenes de teledetección, mapas, redes y modelos numéricos de terreno. “Ese desarrollo fue fundamental para aprender a analizar e interpretar las imágenes. El Spring concentraba cinco software en uno solo y se lo consideró como uno de los mejores del mundo”, dice Assad, de Embrapa. Otro jalón fue el programa Quemas, que recopila datos sobre quemas e incendios forestales y colabora con organismos estaduales para combatirlos.

A juicio de Assad, la experiencia del Inpe generó toda una cultura de geoprocesamiento en Brasil. “En 1987, ese campo del conocimiento no existía. Actualmente, el monitoreo moviliza 15 mil millones de reales por año en el país, convoca a empresas de monitoreo y de agricultura de precisión e involucra a un ejército de investigadores, tal es así que solo Embrapa ya dispone de 16 laboratorios de geoprocesamiento. El Inpe capacitó a gran parte de los profesionales del área”, dice. Para el investigador, Brasil dispone de una experiencia única para identificar la vulnerabilidad de un enorme patrimonio en términos de biodiversidad y equilibrio ambiental como es la Amazonia. “Este es el resultado de un extraordinario trabajo del Estado, en el que estuvieron implicados los sucesivos gobiernos desde los años 1980”.

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