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Marcas profundas

Expertos analizan los efectos de los 21 años de dictadura en la sociedad contemporánea

Efectivos militares reprimen a los manifestantes en Brasilia, en 2009: la violencia practicada por agentes del Estado es una de las herencias de la dictadura

Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo/ AEEfectivos militares reprimen a los manifestantes en Brasilia, en 2009: la violencia practicada por agentes del Estado es una de las herencias de la dictaduraDida Sampaio/ Estadão Conteúdo/ AE

Han transcurrido cinco décadas, pasarán otras tantas, pero el golpe de 1964 seguirá estigmatizando nuestra realidad. Así lo determina el saber científico acumulado durante años en artículos, libros publicados y proyectos de investigación en las mejores instituciones educativas del país. Parte de lo que somos, de lo que podríamos ser y de lo que jamás seremos se encuentra ligada a la herencia del régimen militar en Brasil. Por un lado, nos encaminamos hacia la séptima elección presidencial democrática y podemos festejar el hecho de haber tenido a un profesor exiliado, a un líder sindical preso durante la dictadura y a una guerrillera detenida y torturada ocupando el máximo sitial de la República. Por el otro, mucho de lo que aún nos falta como nación se debe a un Estado y una sociedad que no se liberaron de las ataduras y trampas del pasado. Los investigadores se encuentran abocados y persisten en su esfuerzo de analizar los impactos y las consecuencias de un período que aún genera innumerables tesis doctorales y tesinas de maestría, pero quizá jamás logren responder a una pregunta crucial: ¿seremos capaces de dar vuelta algún día la página de la historia?

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En 2014, los brasileños asistieron a las escenas de barbarie que mostraban a la empleada doméstica Claudia Silva Ferreira siendo arrastrada por un vehículo de la Policía Militar, en la zona norte de Río, luego de haber sido baleada en un fuego cruzado entre narcotraficantes y policías. “La tortura, los asesinatos y las desapariciones fueron políticas de Estado durante la dictadura, pero la violencia policial continúa practicándose sistemáticamente en Brasil”, denuncia el historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, coautor de Modernização, ditadura e democracia: 1964-2010 (Objetiva, 2014). La génesis de esa violencia une los sótanos de la policía del llamado Estado Novo, los organismos de represión que subsistieron durante la democracia, entre 1946 y 1964, los 21 años del régimen militar y la policía, los paramilitares y las milicias de nuestros días, explica el historiador, vinculado a la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). En ese sentido, la actual democracia podría haberle puesto coto a esa lógica, pero no lo hizo. En 2010, el Supremo Tribunal Federal se rehusó a “abrir viejas heridas” al oponerse a la revisión de la Ley de Amnistía. “El año 1964 sigue todos los días”, dice Teixeira da Silva.

Para un joven nacido en democracia, quizá resulte difícil relacionar la represión de la policía del Ejército con la institucionalización de la violencia y la militarización de las policías. Pero eso es un hecho y también es un campo de estudios. El Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo (NEV-USP) fue creado en 1987 para investigar por qué mientras Brasil se redemocratizaba conservaba rasgos de una herencia autoritaria, y para reflexionar acerca de los desafíos que aún representa ese pasado para la consolidación del Estado democrático de derecho. Desde entonces, los índice de criminalidad crecieron vertiginosamente entre los años 1980 y 1990, sobre todo el de homicidios, y ahora la sociedad se la ve con el crimen organizado. Son por lo menos dos generaciones que han dejador de percibir a la policía como algo eficiente.

Asamblea de metalúrgicos en el ABC, cuna de las huelgas del finales de los años 1970: el intento de despolitizar los sindicatos acabó por politizar las negociaciones salariales

Alfredo Rizzutti/ Estadão Conteúdo/ AEAsamblea de metalúrgicos en el ABC, cuna de las huelgas del finales de los años 1970: el intento de despolitizar los sindicatos acabó por politizar las negociaciones salarialesAlfredo Rizzutti/ Estadão Conteúdo/ AE

El sociólogo Sergio Adorno, coordinador del NEV-USP y director de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP, recuerda que durante la dictadura imperaba el miedo de hablar. En los años 1970, Adorno era estudiante universitario, y en las clases de sociología, sus profesores no podían citar la palabra “marxismo”. La censura tapaba el fenómeno de la violencia, que recién quedó bastante expuesto luego de la salida de los militares. “Las instituciones que se encargan de aplicar la ley y el orden continúan adoptando un tratamiento autoritario para contener la violencia y tienen un concepto del orden inspirado en la lógica de la guerra”, explica. “El delincuente es un enemigo al que hay que destruir”.

El NEV-USP constituye desde el año 2000 uno de los Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) de la FAPESP. La Fundación ha financiado diversas investigaciones sobre el tema, como lo es la investigación de Adorno sobre la continuidad del discurso autoritario en el país, tomando como objeto de estudio a los escuadrones de la muerte. Según él, ahí comenzó a firmarse una especie de pacto con la opinión pública que tolera la matanza de criminales ‒o sospechosos de haber cometido crímenes‒ efectuada por agentes policiales como si fuese una política de seguridad adecuada. El núcleo ha realizado estudios sobre la impunidad penal, las consecuencias de la subsistencia del perfil militar en la policía y la violación de los derechos humanos.

La politóloga Maria Helena Moreira Alves también se dedica a estudiar los vestigios del golpe de 1964 en la doctrina de seguridad nacional, que aún se encuentra en plena vigencia, a su juicio. Ella entiende que las instituciones brasileñas siguen siendo incapaces de dar respuestas a la democracia. Esto es producto de que no se abrieron hacia el resto de las clases sociales, sino que se convirtieron en piezas utilitarias para la preservación del poder de las elites. La investigadora cita a la Justicia, los partidos políticos, la policía y la prensa como algunas de las instituciones que fallan al no representar los intereses de la mayoría de la población. “A diferencia del período de la resistencia, configurada en la lucha armada de la clase media, hoy las víctimas de la violencia son los pobres, los campesinos y los habitantes de las periferias, que desaparecen o son silenciados”, critica la autora de Vivendo no fogo cruzado (editorial Unesp, 2013), aludiendo a la ocupación de los morros y comunidades de favelas por el gobierno de Río de Janeiro. Maria Helena es la hermana menor del diputado Márcio Moreira Alves, cuyo discurso desafiante en el Congreso fue el evento que disparó el decreto del Acta Institucional Número 5, en 1968; y también publicó Estado e oposições no Brasil: 1964-1984 (editorial Vozes, 1984). Es profesora jubilada de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.

Los planes económicos de la dictadura generaron las condiciones para el “milagro brasileño”, mediante incentivos para la industria nacional, tal como ocurrió con las automotrices

Archivo/ Estadão Conteúdo/ AELos planes económicos de la dictadura generaron las condiciones para el “milagro brasileño”, mediante incentivos para la industria nacional, tal como ocurrió con las automotricesArchivo/ Estadão Conteúdo/ AE

La historiadora y psicóloga Cecília Maria Bouças Coimbra, quien estuvo presa en 1970, en los sótanos del Doi-Codi de Río de Janeiro, defendió una tesis doctoral que fue publicada en el libro ya agotado intitulado Guardiães da ordem: uma viagem pelas práticas “psi” no Brasil do “milagre”. En ese trabajo, la investigadora revela que había psicólogos que aplicaban test para elaborar el perfil de los denominados terroristas presos. El objetivo consistía en valerse de ese perfil descrito para intimar (todo se encuentra conectado con cierta esencia inherente a todo sujeto), privatizar (todo se vincula con la vida privada) y justificar una visión familiarista (los opositores políticos serían gente emocionalmente perturbada, con dificultades para socializarse y provenientes de familias desestructuradas). “Ignoraban la realidad social, como si el sujeto no fuese producto de su contexto histórico”, afirma Coimbra. En su posdoctorado en la USP, con el estudio Operación Río: el mito de las clases peligrosas, la investigadora, fundadora y actual vicepresidenta del grupo Tortura Nunca Más-Río de Janeiro, se refiere a la producción elaborada por los medios de comunicación hegemónicos del “enemigo” que debía ser perseguido. Señala cómo, históricamente, desde finales del siglo XIX, se asocia indisolublemente a la pobreza con la criminalidad.

Pero la seguridad pública, tal vez la cara más visible de la herencia de la dictadura, no constituye la única cuestión mal resuelta, según analizan los estudiosos. No resulta raro que en ciertos estratos de la opinión pública se propaguen discursos de descrédito hacia el actual régimen político. A veces es la desconfianza en las instituciones, otras, la percepción de que los gobernantes son corruptos. Para el politólogo Fernando Limongi, de la USP, ese concepto se basa en un gran prejuicio y falta de información acerca del rol y la actividad de las instituciones. Un proyecto temático de la FAPESP, denominado Instituciones políticas, patrones de interacción Ejecutivo-Legislativo y capacidad de gobierno, que comenzó en 1997, desmiente la construcción del concepto que aduce que el régimen político anterior a 1964 funcionaba mal y por eso suscitó un conflicto que derivó en el golpe.

“Ese diagnóstico, que en mi opinión era erróneo, repercute en la Constituyente de 1987, que rediseñó las relaciones institucionales, fortaleciendo al Poder Ejecutivo, pero intentando también dotar de mayor eficiencia al Legislativo, con un incremento en la capacidad presidencial de contar con una agenda política puesta en práctica”, dice Limongi. Pero los estudios del proyecto temático que comparan el período comprendido entre 1945 y 1964 con el actual, revelan que antes del golpe el sistema funcionaba en forma diferente, que el Ejecutivo no dominaba tanto el proceso legislativo, lo cual no es lo mismo que afirmar que el sistema se hallaba al borde de un colapso. Tan sólo funcionaba en forma diferente. El proyecto temático, que coordinaron Limongi y la politóloga Argelina Cheibub Figueiredo, ha generado una serie de artículos y libros, a lo que se suman tesis y tesinas de doctorado y maestría, respectivamente. Limongi también participa en otro Cepid de la Fundación, el Centro de Estudios de la Metrópolis, donde estudia temas electorales.

La Guerra Fría, que se caracterizó por las disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, constituía un factor de mayor importancia en los cálculos políticos que hacían los partidos brasileños en aquel período, explica Cheibub. Los tres partidos políticos que gravitaban en la vida política (el Partido Social Democrático ‒ PSD, alineado al centro en el sistema político nacional, el Partido Laborista Brasileño – PTB, de João Goulart, y los conservadores opositores de la Unión Democrática Nacional ‒ UDN) poseían muchas corrientes internas, que adoptaban posturas radicales según el tema en disputa. Las reformas de base propuestas por Jango, por ejemplo, fueron defendidas con uñas y dientes por los grupos de izquierda de los trabajadores. En aquel entonces, sus representantes en el Congreso se incrementaron en las elecciones de 1962, aunque no eran mayoría. Pese a ello, no aceptaban ningún tipo de negociación, algo muy distinto al escenario actual. En sus estudios sobre el Legislativo, la politóloga recuerda que el Congreso lleva 70 años de actividad parlamentaria prácticamente ininterrumpida, con excepción de algunos meses en 1966 y 1969. “Los diputados, alcaldes ‒excepto los de las capitales‒ y concejales continuaron siendo electos, lo que permitió que la política local nunca perdiese su influencia, algo que persiste hasta ahora”, explica.

El ministro de Hacienda, Delfim Netto (junto a sus colegas Reis Velloso y Pratini de Moraes) permitió que las empresas nacionales tomaran empréstitos internacionales, lo que fomentó el crecimiento de la deuda externa

Archivo/ Estadão Conteúdo/ AEEl ministro de Hacienda, Delfim Netto (junto a sus colegas Reis Velloso y Pratini de Moraes) permitió que las empresas nacionales tomaran empréstitos internacionales, lo que fomentó el crecimiento de la deuda externaArchivo/ Estadão Conteúdo/ AE

La dictadura se preocupó por institucionalizar el gobierno de los militares, estableciendo sus reformas, creando un Ejecutivo fuerte, donde uno de los principales mecanismos de aprobación de los proyectos era el decreto ley. La Constitución de 1988 finalmente mantuvo los poderes adjudicados al jefe del Ejecutivo por los gobiernos militares para evitar que un presidente débil fuera incapaz de gobernar ante un Congreso conservador, explica Cheibub. Eso no significa que el Legislativo quede como rehén de la Presidencia, que ahora depende de intensas negociaciones con los líderes de los partidos para poder definir su agenda, ya sea por medio de proyectos de ley o mediante los llamados decretos provisorios. “Ahora el presidente posee mayor fortaleza desde el punto de vista institucional, pero debe gobernar en el marco de una coalición, puesto que el Congreso cuenta con facultades para imponerse cuando así lo determina”.

Otro objeto de estudio aún poco explorado es el referido al mundo laboral y los trabajadores durante aquel período. El papel de los trabajadores y del contexto laboral es fundamental para una comprensión del golpe de 1964 y sus consecuencias, y requiere más investigaciones, a juicio del sociólogo Marco Aurélio Santana, director del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la UFRJ. “Luego del golpe, hubo una visión muy crítica al respecto de su participación previa, como si se hubieran ‘equivocado’ en el momento anterior a 1964, siendo ‘derrotados’ en 1964 y quedado ‘inmovilizados’ y/o ‘ausentes’ en el post 1964”, explica. La excepción serían dos momentos trascendentales, las huelgas obreras de 1968 ‒en Osasco (São Paulo) y Contagem (Minas Gerais)‒ y, a partir de 1978, con las huelgas en la zona del ABC paulista, recuerda Santana. El sociólogo advierte que inmediatamente después de tomar el poder, las Fuerzas Armadas procuraron cesantear y arrestar a los líderes obreros comunistas que hegemonizaban el sindicalismo de aquella época. Asimismo, fomentaron una reorganización sindical, propiciando el acercamiento con corrientes ligadas al sindicalismo conservador, más propenso a las conciliaciones y negociaciones, amén de su índole asistencialista.

“La dictadura intentó despolitizar a los sindicatos, pero acabó por politizar las negociaciones salariales al adoptar como política económica central el combate contra la inflación mediante el control de los salarios, la denominada ‘política de ajuste de salarios”, comenta Santana, quien actualmente coordina el proyecto de investigación Trabajo, trabajadores y régimen dictatorial: la experiencia brasileña (1964-1985). “Los sindicatos comenzaron a luchar contra el recorte salarial, lo cual condujo a una fuerte tensión entre el capital y el trabajo, así trasplantada al interior del Estado”. Si bien fue rápidamente reprimida en las huelgas de 1968, una nueva clase obrera se estaba delineando en el país, más politizada y escolarizada, lo que derivó en la aparición de nuevos líderes sindicales en las metrópolis. El mejor ejemplo es Luiz Inácio Lula da Silva, quien en pleno apogeo del régimen militar era capaz de congregar entre 50 mil y 60 mil trabajadores en las asambleas del ABC paulista. La lucha específica de los trabajadores se politizó, traduciéndose, incluso, en la forma partidaria, porque percibieron que no bastaba con la reivindicación de los salarios, sino que también debían oponerse a las políticas del régimen que produjeron una creciente concentración del ingreso y un deterioro en las condiciones de vida. Desde esta perspectiva, el Partido de los Trabajadores no surgió por mera casualidad en 1980.

El investigador Armando Boito Jr., profesor titular de ciencia política en la Universidad de Campinas (Unicamp), recuerda que durante el ciclo militar, Brasil mantuvo una política desarrollista, al contrario de lo que ocurrió en los vecinos países de Chile y Argentina, que adoptaron en sus respectivas dictaduras el modelo capitalista neoliberal. En la dictadura brasileña, el Estado preservó, de múltiples maneras, su función como impulsor del crecimiento. “Los militares mantuvieron la política de industrialización, pero anularon el populismo, que constituía la base popular del desarrollismo. Intentaron avanzar con una sola pierna”, compara. Con el retorno de la democracia, el primer presidente electo, Fernando Collor, le abrió las puertas del país al capitalismo internacional, conduciendo a una regresión de la industrialización brasileña.

Cuando Lula da Silva asumió el poder, adoptó una política neodesarrollista, según Boito Jr., quien fue autor, entre otros, del libro Política neoliberal e sindicalismo no Brasil (editorial Xamã, 2002). “El neodesarrollismo es el desarrollismo posible dentro del modelo capitalista neoliberal aún vigente. Esta política favorece, principalmente, a la gran burguesía interna brasileña, pero obtiene también el apoyo de amplios sectores populares”. Boito Jr. deduce que, bajo los gobiernos del PT, se formó un amplio y heterogéneo frente político que favoreció la lucha de los sindicatos mucho más que aquellas políticas que predominaron durante la década de 1990 y bajo la dictadura militar.

En los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, creció bastante la cantidad de huelgas (según el Dieese ‒Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos‒, hubo 873 en 2012, frente a las 312 registradas en 2004) y los trabajadores lograron un aumento real del salario (el 18% de los acuerdos y convenios obtuvo un aumento real en 2003, y ese porcentaje fue creciendo hasta llegar a un 96% en el año 2012). “Por un lado, los sindicatos se tornaron actores reconocidos dentro del juego político, pero, dada su postura subalterna dentro del frente político neodesarrollista, acabaron relegando a un segundo plano algunas de sus banderas, tales como la jornada semanal de 40 horas y la regulación restrictiva de la tercerización”, analiza Boito Jr.

El economista Edmar Bacha, socio fundador del Instituto de Estudios de Política Económica Casa das Garças, no coincide con que Lula y Dilma hayan instaurado un gobierno de índole desarrollista y señala que las comparaciones con el régimen militar son muy desiguales. El gobierno de Geisel invertía entre un 5% y un 7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que actualmente, si se excluye el programa Mi Casa, Mi Vida, ese índice se ubica entre el 1% y el 2%. En lugar de industrialización, lo que habría es un retroceso, sostiene Bacha, uno de los padres del Plan Real y miembro del consejo consultivo internacional de la Yale University. “El gobierno actual no comprende lo que es la industrialización en tiempos de la globalización. Una cosa es que un país pobre y agrario, en un período en el que la economía mundial se hallaba desintegrada, adoptara una política de sustitución de las importaciones. Ahora eso no sirve, porque se protege a la industria nacional, elevando los costos de la producción”, compara.

Con respecto a la economía en los años de la dictadura, y más allá de las diferentes fases que atravesó durante ese período, una de las imágenes más recurrentes en los debates es la del “milagro brasileño”. El economista José Pedro Macarini, de la Unicamp, intentó desmitificar este tema. “El milagro no buscó la industrialización, sino solamente el crecimiento. La única forma de legitimar al gobierno ante la población era lograr un crecimiento a tasas elevadas”, explica. Pero el acento en la industrialización ocurrió tan sólo durante el gobierno de Geisel, mediante el 2º Programa Nacional de Desarrollo (PND).

Antes del golpe de 1964, Brasil atravesaba una etapa de desaceleración, evolucionando hacia una crisis económica declarada. Así como en la década anterior, con el gobierno de Juscelino Kubistchek, el PIB crecía a razón del 7,5% anual, en 1963 sólo se incrementó el 1,6%. La inflación registrada por el Índice General de Precios, de la Fundación Getúlio Vargas, que fluctuaba alrededor de un 30% con JK, se disparó al 81% un año antes del golpe, durante el gobierno de Jango. “El déficit del sector público y el endeudamiento eran preocupantes. Durante el gobierno de Jânio Quadros, los embajadores Roberto Campos y Walther Moreira Salles lograron una exitosa renegociación de la deuda externa. La crisis política de 1962-1963 obligó a un nuevo intento de renegociación, que en este caso fracasó”, dice Macarini. Para sortear ese período de aguas turbulentas, que se extendió desde 1964 a 1967, el primer presidente militar, el mariscal Castello Branco, creó el Plan de Acción Económica del Gobierno (Paeg). Con el objetivo de contrarrestar la inflación, ese plan promovió una estricta restricción del crédito, aliada al deterioro del poder de compra de los sueldos y al recorte del gasto público (incluyendo la inversión).

El Paeg, propuesto por los ministros Roberto Campos y Otávio Gouveia de Bulhões, consiguió realizar las reformas tributaria, monetario-financiera, habitacional y del sector externo. Hay herencias de esa época que perduran hasta nuestros días, tales como la creación del Banco Central, del Consejo Monetario Nacional, de las financieras y del mercado de acciones, del Sistema Financiero de la Vivienda, del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS), además de la transformación de los impuestos en cascada en impuestos al valor agregado (Impuesto sobre Productos Industrializados ‒ IPI e Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías ‒ ICM). “Pero esas reformas recién tuvieron efecto en la población a partir de 1968, cuando la situación económica mundial mejoró y había una gran liquidez internacional”, agrega.

Desde 1968 hasta el comienzo de 1974, el país vivió el denominado “milagro económico”, registrando tasas de crecimiento por encima del 10% anual con una inflación controlada, inferior al 20%. El “Brasil Grande” se lanzó a una fase de construcción de grandes obras, tales como la autopista Transamazónica, el puente Río-Niterói, la central hidroeléctrica de Itaipú y el Ferrocarril del Acero. “Pero fue con Delfim Netto que se ampliaron los grandes empréstitos de instituciones financieras del exterior, que fueron creciendo hasta derivar en la crisis de la deuda externa en los últimos años de los gobiernos militares”, sostiene Macarini.

Antonio Delfim Netto, un economista graduado en la USP, formó parte de los gobiernos de los generales Costa e Silva (1967-1969), Médici (1969-1973) y João Figueiredo (1979-1985). La deuda externa brasileña era de 3.500 millones de dólares entre 1963 y 1968, pero, para 1974, sumaba 12.500 millones de dólares y, a raíz de la toma de nuevos empréstitos, intereses y amortizaciones, llegó a 100 mil millones de dólares en 1980. Cabe recordar que en 1975 se registró una contracción en la economía mundial. El 2º PND, durante el gobierno de Geisel, también sería una respuesta a la primera crisis del petróleo y su finalidad era estimular la producción de insumos básicos, bienes de capital, alimentos y energía. “La industria de bienes de producción se diversificó poco, no liberó al país de la gran dependencia de las importaciones de maquinarias y equipamientos y no hubo una transformación estructural de la economía durante el mentado milagro”, critica Macarini. Si bien en menor medida que sus ambiciosas metas originales y con un cronograma muy dilatado y accidentado, el 2º PND provocó transformaciones estructurales en la economía que no dejaron de constituir una herencia positiva para el período que comenzó en 1985.

En la suma del endeudamiento externo se incluye el polémico acuerdo de cooperación que Brasil firmó con Alemania para la construcción de la central nuclear Angra 1. Ese país europeo fue el único que se mostró proclive a transferirnos la tecnología de ultracentrifugado del uranio, dice el investigador Luiz Alberto Moniz Bandeira, autor de los libros intitulados O “milagre alemão” e o desenvolvimento no Brasil (editorial Unesp, 2011) y O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil – 1961-1964 (editorial Unesp, 2010). “La transferencia se concretó en forma clandestina, con técnicos y científicos que llegaron desde Alemania, de acuerdo con el protocolo industrial, y no estaban sujetos a salvaguardias”. El país europeo aceptó transferir la tecnología porque necesitaba uranio enriquecido para producir energía eléctrica, y no quería depender de Estados Unidos. Moniz Bandeira, profesor titular jubilado de la Universidad de Brasilia, reitera que los militares asumían que era fundamental que los brasileños dominaran la energía nuclear, incluso para afirmarse como potencia mundial.

El físico José Goldemberg, ex rector de la USP, recuerda que los principales representantes de la comunidad científica, sobre todo la Sociedad Brasileña de Física y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, se opusieron públicamente al proyecto de los militares, toda vez que el acuerdo nuclear con Alemania contemplaba la adquisición de un paquete cerrado y la propia ciencia brasileña no tendría acceso a la tecnología nuclear. El acuerdo resultaba beneficioso para las arcas alemanas. En 1967, el gobierno anunció la compra de la usina Angra 1. Pero en 1975, los científicos se sorprendieron de la intención de Geisel de ampliar el convenio con Alemania, mediante la adquisición de ocho grandes reactores nucleares. “Ahora se sabe que tal oposición resultó fundamental para evitar la nuclearización de Brasil”, evoca Goldemberg. De los ocho reactores, sólo se llegó a terminar Angra 2, mientras que Angra 3 se estima concluirla para 2018.

Persecución a los sindicatos, proscripción de partidos políticos, recrudecimiento de la violencia, criminalización de la juventud, crecimiento supeditado a un aumento de la desigualdad social; todo eso formó parte de la realidad del régimen militar. Cómo y por qué buena parte de la sociedad aceptó tomar parte en ese juego es un tema que sigue abierto. Nuevas generaciones de investigadores, a ejemplo de la historiadora Janaina Cordeiro, de la Universidad Federal Fluminense, han procurado desenredar el ovillo. En 2012, Cordeiro defendió su tesis doctoral en que aborda los festejos del Sesquicentenario de la Independencia en el año 1972. El trabajo será publicado este año bajo el título A ditadura em tempos de milagre: orgulho, comemorações e consenso por la editorial de la FGV, con el apoyo de la Faperj. En el mencionado trabajo, la autora sostiene que los gobiernos militares se valieron de estrategias para lograr determinados grados de consenso social. Ellos no inventaron la idea de desarrollar algo nuevo, pero esa imagen fue minuciosamente retomada y reelaborada. Citando un postulado del historiador Robert Gellatelly, quien estudió la conformación del pacto social en la Alemania nazi, Cordeiro afirma que el apoyo de los brasileños se logró, en buena medida, mediante la implementación de mecanismos de coerción y consentimiento. “La dictadura supo conectarse con importantes tradiciones nacionales, activando sentimientos patrióticos y el propio orgullo, que son componentes importantes de cierto imaginario colectivo nacional”, concluye.

Proyectos
1. Núcleo de Estudios de la Violencia – NEV/ USP (nº 13/ 07923-7); Modalidad Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid); Investigador responsable Paulo Sergio de Moraes Sarmento Pinheiro (USP); Inversión R$ 10.712.071,92 (FAPESP).
2. Instituciones políticas, modelos de interacción Ejecutivo-Legislativo y capacidad de gobierno (nº 2011/ 08536-1); Modalidad Apoyo a la Investigación – Proyecto Temático; Investigador responsable Fernando de Magalhães Papaterra Limongi (USP); Inversión R$ 516.178,52 (FAPESP).
3. Centro de Estudios de la Metrópoli – CEM (nº 2013/ 07616-7); Modalidad Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid); Investigadora responsable Marta Arretche (USP); Inversión R$ 7.110.948,20 (FAPESP).

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