Brasil debe prepararse para asumir el compromiso de reducir sus emisiones de gases que causan el efecto invernadero, que probablemente constará en los futuros acuerdos internacionales. Hasta 2012 valen las reglas estipuladas por el Protocolo de Kyoto, que en la asignación de responsabilidades entre los 154 países signatarios atribuyó a las 30 naciones más desarrolladas la tarea de reducir un 5% de sus emisiones en relación al total registrado en 1990. Pero, en la 11ª Conferencia de Partes (COP 11), realizada en Montreal, Canadá, a finales de noviembre, se iniciaron los primeros entendimientos para la formulación de reglas para el período posterior a 2012, y Brasil – en el quinto lugar entre los mayores responsables de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, detrás únicamente de Estados Unidos, Rusia, China y Japón – será conminado a brindar una contribución más significativa.
Este escenario fue el telón de fondo de los debates de la II Conferencia Regional sobre Cambios Globales: América del Sur, realizada en São Paulo entre los días 6 y 10 de noviembre. “Brasil debe negociar los acuerdos para 2012 presentando propuestas de reducción de emisión de dióxido de carbono”, afirma Carlos Alfredo Joly, del Instituto de Biociencias de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp). Se espera que el país repita la actuación que tuvo en las negociaciones que precedieron a la firma del Protocolo de Kyoto, cuando contribuyó en la formulación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que autorizó a los países desarrollados a adquirir los créditos de carbono generados por empresas de naciones emergentes, creando así un mercado estimado en 34 mil millones de euros hasta 2010, del cual Brasil es el segundo mayor beneficiario, detrás tan sólo de la India.
Sin embargo, en los entendimientos relativos al período post Kyoto, la elaboración de cualquier propuesta dependerá de estudios más detallados sobre el impacto del calentamiento global en las diversas regiones de Brasil, que permitan formular recomendaciones de políticas ambientales, capacitar a los expertos para la elaboración de escenarios de los cambios climáticos y servir de apoyo a las negociaciones futuras, de acuerdo con la evaluación de los participantes del encuentro. “Todavía no contamos con modelos climáticos refinados como para hacer análisis, ni con la base para comparar los cambios en el ecosistema”, advierte Joly. Los resultados iniciales de los modelos climáticos elaborados por el Centro de Pronóstico del Tiempo y estudios Climáticos (CPTEC), del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe, sigla en portugués), sólo estarán concluidos el año que viene.
Poco se sabe también acerca del impacto de los cambios climáticos sobre la salud de la población y en la propagación del paludismo, la dengue y la meningitis, enfermedades transmitidas por insectos. “El clima tiene efecto en la biología de los vectores y patógenos”, recuerda Ulisses Confalonieri, investigador de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). “En términos de salud humana, los eventos climáticos extremos tendrían ligazón con las lluvias o las sequías”. En ese caso, sería necesario adoptar medidas preventivas a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades ubicadas en áreas de riesgo. Por cierto, una de las recomendaciones de la II Conferencia apunta a que las acciones mitigadoras de las consecuencias de los cambios climáticos contemplen a las poblaciones menos favorecidas, que se verían afectadas en mayor escala.
La alteración del ciclo de lluvias podrá tener implicaciones también económicas y comprometer a otros países de Sudamérica. En la provincia de Santa Fe, Argentina, por ejemplo, la ocurrencia de lluvias de más de 100 milímetros no era frecuente hasta los años 1960. Ahora se registran hasta 30 veces por año. “Las alteraciones en los caudales de los ríos de estas regiones influyen directamente sobre la disponibilidad de agua para la generación de energía eléctrica”, afirma Vicente Barros, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, quien participó del encuentro.
No obstante, las negociaciones referentes a las metas de reducción de emisiones a partir de 2012, serán más complicadas todavía que las del período que antecedió al Protocolo de Kyoto, vaticinan los expertos en relaciones internacionales. “Las cuestiones del medio ambiente y de la pobreza, que se venían imponiendo en la agenda global, perdieron momentáneamente el espacio alcanzado, en razón del combate al terrorismo”, analiza Jacques Marcovitch, de la Facultad de Economía y Administración y ex rector de la Universidad de São Paulo (USP). Asimismo, Japón y los países de la Unión Europea – que, junto con Estados Unidos, son responsables del 65% de las emisiones globales acumuladas – han mantenido sus hábitos de consumo de energía, incluso el uso del carbón, ante la elevación del precio del petróleo. “Si se mantiene el ritmo actual, estos países no cumplirán las metas estipuladas por Kyoto”, prevé Marcovitch.
En esta ronda de entendimientos que ahora se inicia, los diversos protagonistas – científicos, gobiernos y empresas – deberán mantener su compromiso con los objetivos globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y con el desarrollo de tecnologías limpias y eficientes, prevé Marcovitch. Pero es posible adelantar que habrá algunas discordancias entre las partes. “Las disonancias se verifican en el reparto de las responsabilidades, en la forma de alcanzar los objetivos anhelados, en los mecanismos que hagan viable la reducción de las emisiones y en la movilidad de las tecnologías limpias.”
En un manifiesto conjunto de las academias nacionales de ciencias lanzado este año, la comunidad científica pide la realización de un estudio internacional tendiente a definir los blancos de concentraciones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de tecnologías eficientes para el uso de energía limpia y la identificación de medidas – con relación costo beneficio favorable – que puedan implementarse de inmediato para una reducción sustancial de las emisiones causantes de los cambios climáticos.
Del otro lado están las empresas globales que asumieron los compromisos fijados por Kyoto e ingresaron en el mercado de créditos de carbono, y ahora buscan medios y modos de reducir los costos de sus proyectos. En una declaración que precedió al último encuentro del G-8, realizado en Gleaneagles, Escocia, las corporaciones exigían el establecimiento de un esquema global de mercado de emisiones con vigencia hasta 2030 y extensible hasta 2050, la definición de límites para las emisiones de gases y otros mecanismos de mercados para la comercialización de certificados de emisiones, el desarrollo de tecnologías limpias y la simplificación de los procedimientos de MDL con miras a reducir costos, entre otras cosas. “Es caro incorporar el precio de la reducción a los costos de la energía. Y cuando se los transfiere a los consumidores, estos exigen beneficios”, dice Marco Antonio Fujihara, director de PricewaterhouseCoopers Brasil. Algunas compañías de energía de la Unión Europea, comenta Fujihara, proponen a los gobiernos cambiar inversiones en reducción de emisiones por reducciones de tasas e impuestos.
¿Y quién paga la cuenta? – “Las negociaciones internacionales se centran en el reparto de los perjuicios”, analiza Luiz Gylvan Meira, del Instituto de Estudios Avanzados de la USP. Existe una tendencia a la maximización de las ganancias que tiene en cuenta los costos de las emisiones, los daños ocasionados por los cambios y los esfuerzos de adaptación, entre otras cosas, y una enorme dificultad para repartir dichos costos en el tiempo – al fin y al cabo, se estima que serán necesarios 40 años para reducir los impactos de las emisiones actuales. En medio a este enredo, de acuerdo con el análisis de Meira, tres aspectos cruciales deben acordarse: “¿Cómo rebatir ahora los costos distribuidos en el tiempo? ¿Cuál es el factor de aversión al riesgo? ¿Cuáles son los costos marginales de la reducción de emisiones?” Para Marcovitch, a los protagonistas brasileños les cabe ahora influir en la configuración de las bases legales de las decisiones que han de salir de la COP 11.
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