Los contratos son instrumentos fundamentales para resolver las tensiones que comúnmente surgen en las asociaciones de investigación que envuelven a Universidades y empresas. Por lo menos ésa es la conclusión del informe publicado por el Fórum de Negocios y Educación Superior de Estados Unidos, que agrupa al Consejo Americano de Educación, una asociación entre 1.800 universidades, y a la Alianza Nacional de Negocios, representante de las industrias.
El estudio constata que los conflictos de intereses generalmente surgen cuando profesores y universidades tienen participación financiera en los resultados de las investigaciones. De acuerdo con Hank McKinnell, ejecutivo de Pfizer, una de las principales recomendaciones es sostener la colaboración en contratos que cubran todos los aspectos del emprendimiento. Muchas universidades e investigadores realizan una parte significativa del proyecto sin que los términos del acuerdo estén completos.
Según el editorial de la revista Nature, edición 6.839, volumen 411, del 14 de junio pasado, el informe es útil cuando apunta situaciones “embarazosas” en las que una universidad es presionada a ceder derechos de tecnologías que tuvieron su origen en proyectos académicos patrocinados por terceros, incluido el gobierno federal. Pero de acuerdo con la revista, el informe no menciona las ocasiones en las que una compañía presiona a una universidad que mal puede costear las altas tasas legales para explotar las ramificaciones.
El editorial considera valiosa la sugerencia de establecer un plazo de entre 60 y 90 días para que las empresas evalúen el potencial de mercado de un descubrimiento. Pero lamenta que no conste en el informe ninguna recomendación para los problemas que surgen cuando los investigadores desarrollan técnicas que quieren patentar, mientras la empresa prefiere ver ese invento ampliamente utilizado. El informe, según el editorial, poco dice sobre la reglamentación de las colaboraciones o incluso sobre las consultas públicas al respecto de mejores prácticas.
“La presión por el ‘buen comportamiento’ está implícita en las condiciones de financiamiento establecidas por agencias tales como los Institutos Nacionales de Salud, pero no puede proteger adecuadamente el interés público en el sentido preservar los roles fundamentales de la universidad.” El informe es bienvenido por sus visiones ponderadas, analiza Nature. Pero “no constituye una estructura para resistir a las empresas fuertes que actúan de manera predatoria con la colaboración académica”, concluye.
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