América Latina, el Caribe y la Unión Europea (UE) están buscando maneras de ampliar sus inversiones en el área de Ciencia y Tecnología (C&T) y redefinir las políticas de cooperación para expandir la investigación y el desarrollo (P&D) en los países miembros. El gran desafío es reducir el gap tecnológico que acentúa las desigualdades económicas y sociales regionales y compromete la competitividad de las naciones en el mercado internacional.
Los dos bloques de países mantienen históricamente relaciones de aliados bajo la forma de acuerdos bilaterales que, no obstante, necesitan ser reformulados para que se traduzcan en un intercambio eficaz, con mejoras concretas para toda la sociedad. El foro para este nuevo diálogo sobre la cooperación científica y tecnológica es la Alcue – la Conferencia Ministerial sobre Ciencia y Tecnología de América Latina, el Caribe y la Unión Europea -, inaugurada en Río de Janeiro en junio de 1999 y que tuvo continuidad en Brasilia entre los días 20 y 22 de marzo último. Ministros y representantes de 47 países elaboraron propuestas para la cooperación birregional, que constan en la Declaración de Brasilia y que serán sometidas a su aprobación por parte de los jefes de Estado y de gobierno durante los días 17 y 18 de mayo en el marco de la II Cumbre de la Alcue, que se realizará en Madrid.
La expectativa de la Alcue es que este nuevo modelo de alianza produzca rápidamente resultados. Y esa prisa tiene su justificación: Estados Unidos invierte anualmente un 2,7% de su Producto Bruto Interno (PBI) en ciencia y tecnología, lo que equivale a 216 mil millones de dólares. Esto explica su liderazgo mundial en investigación, desarrollo e innovación y con relación al número de registros de patentes de procesos y productos. En Japón, ese porcentaje es mayor todavía: supera el 3% y llega a los 126 mil millones de dólares, garantizándole al país una posición destacada en el selecto grupo de países innovadores. La Unión Europea también apuesta alto en el área de ciencia y tecnología: la inversión media de los 15 países miembros en el sector fue del 2,4% del PBI en 2001, alrededor de 150 mil millones de euros o 133 mil millones de dólares.
Pero este resultado se debe a la contribución de países como Alemania, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Francia, que invierten hasta un 4,84% de su PBI en I&D. De acuerdo con la Eurostat (la agencia de estadísticas de la Unión Europea), 21 de los 211 centros de producción de tecnología de los países de la UE son responsables por más de la mitad de las 10.500 patentes con aplicación en alta tecnología depositadas en la Oficina Europea de Patentes, en 2000. El punto más alto le corresponde a Alemania, que en el período en cuestión produjo un 42% de las patentes de alta tecnología.
El desempeño de países como Portugal y España, que contabilizan respectivamente una inversión del 0,9% y el 1,7% de sus PBIs en C&T, o incluso el de Italia y Grecia, que también registran un bajo nivel de gastos en investigación, deja a las claras que la UE convive con una fuerte concentración regional en la producción de conocimiento y, consecuentemente, con una enorme disparidad de desarrollo tecnológico entre los países miembros.
La agenda política
Las desigualdades regionales son aún más acentuadas cuando se observa el desempeño de los países latinoamericanos y caribeños. El año pasado, los gastos promedio en C&T de gran parte de los países de la región oscilaron entre un 0,4% y un 0,6% del PBI. Con un total de inversiones inferior a los 15 mil millones de dólares, la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe integra el grupo de naciones calificadas como tecnoexcluidas. La buena noticia es que la mayor parte de los gobiernos ya tiene claro que Ciencia y Tecnología tienen un papel estratégico en el desarrollo y por eso dichos gobiernos han incluido en sus agendas políticas planes de ampliación de las inversiones en el sector.
Pero el gran problema reside en la estructura de financiamiento: por lo menos el 80% de esos recursos surge de las arcas públicas, ya que la contribución privada para investigación y desarrollo es aún baja. Brasil, por ejemplo, ha logrado elevar los gastos en C&T de un 0,6% al actual 0,9% del PBI en los últimos dos años, adicionándole al presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) los recursos provenientes de los fondos sectoriales, para financiar la investigación científica y tecnológica en sectores estratégicos. El MCT espera que el Congreso Nacional apruebe en el transcurso de este semestre el proyecto de Ley de Innovación, por medio del cual pretende estimular emprendimientos y estrechar las relaciones entre la Universidad y el sector privado. La expectativa indica que en 2010 el país contabilizará recursos del orden del 2,4% del PBI en el sector, con un incremento de la participación privada.
México enfrenta problemas muy similares: pretende alcanzar el nivel del 1,5% de inversiones en C&T en los próximos dos años mediante un conjunto de medidas de incentivos fiscales, para ampliar la participación privada. Chile también cuenta con el apoyo de las empresas para incrementar las inversiones en C&T del actual 0,7% a un 1,2% del PBI en 2006. “La cuestión crucial en ese contexto es hacer que el sector privado haga un aporte, que no sean solamente recursos públicos”, enfatiza Eric Goles Chacc, presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (Conicyt).
La situación no es diferente en Costa Rica, país que invierte un 0,5% de su PBI en C&T. “En los últimos cuatro años hemos creado un fondo especial, con el objetivo de fortalecer las unidades de investigación y, al mismo tiempo, crear una nueva cultura en el sector empresarial”, comenta Fernando Gutiérrez, viceministro de Ciencia y Tecnología costarricense. Este fondo, formado con recursos gubernamentales y privados, financia proyectos de las unidades de investigación en función de las necesidades de las empresas. “Tenemos que crear una nueva cultura en el sector empresarial, en su mayor parte formado por pequeñas y medianas empresas”.
La proporción entre inversiones públicas y privadas en I&D solamente es más equilibrada en Cuba. “Invertimos 120 millones de dólares en el sector, un 1,68% del PBI. El año pasado, un 60% estuvo constituido por gastos públicos, y un 40% lo aportaron las propias empresas”, comenta América Santos Rivera, viceministra cubana de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. “No tenemos duda acerca de que el futuro de la investigación científica se encuentra en el estrechamiento de las relaciones entre la industria, la Universidad y los centros de investigación”, concluye.
Incentivos fiscales
La escasa participación privada en las inversiones en I&D también preocupa a los países de la Unión Europea. Mientras que en Estados Unidos ésta contribuye con un 69% de las inversiones en I&D, en la Unión Europea la media de la participación privada es de un 56%. Pero, en más de un caso, ese desempeño no es homogéneo. En Portugal, por ejemplo, la participación de las empresas en el financiamiento de las investigaciones es del orden del 30%. “Esto lleva a que se apoye en fondos públicos la mayor parte del esfuerzo de investigación que es necesario promover”, afirma Armando Trigo de Abreu, presidente del Instituto de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Portugal.
Para intentar alterar este cuadro, el Consejo Europeo de Barcelona, reunido durante los días 15 y 16 de marzo, sugirió que los países miembros no escatimaran esfuerzos para llegar en los próximos diez años a un nivel de inversiones en C&T del 3% del PBI, y que se creen las condiciones – léase incentivos fiscales – para la expansión de las inversiones por parte de las empresas en I&D. “Del 3% de inversiones anhelado, más o menos las dos terceras partes deberían ser aportadas por el sector privado, y un tercio por el sector público, en promedio”, explica Ana Birulés i Bertran, ministra de Ciencia y Tecnología de España. Como España ocupa hasta junio la presidencia de la Unión Europea, la ministra acumula los cargos de presidente del Consejo de Investigación de la UE, presidente del Consejo Industrial de la UE y presidente del Consejo de Telecomunicaciones de la UE.
La Declaración de Brasilia, que reúne las propuestas de la Alcue, no establece metas para inversiones en C&T. El director general del Consejo Nacional para Ciencia y Tecnología de México, Jaime Parada Avila, llegó a sugerir que el documento estableciera niveles mínimos de inversiones en el sector – entre el 1% y el 1,5% del PBI – para los próximos diez años, propuesta que contó con el apoyo de Panamá, Ecuador, Chile, Cuba y Colombia, por tratarse de un forma de “comprometer a los gobernantes”, tal como justificó. No obstante, prevalecieron los argumentos diplomáticos y, en el documento, los participantes de la conferencia aplaudieron la decisión del Consejo Europeo de Barcelona y expresaron “la esperanza de que un esfuerzo paralelo sea emulado en los países de América Latina y del Caribe para asignar la máxima prioridad posible a la política de C&T y aumentar significativamente los recursos dedicados al desarrollo, la investigación y la tecnología”.
Financiación
La cuestión del financiamiento del desarrollo tecnológico, como puede observarse, constituye un problema común a ambos bloques de países, y un desafío para consolidar la cooperación científica. “Es necesario pensar qué modelo de financiamiento debe adoptarse en el plano internacional. Estamos estudiando algunas propuestas”, dice Ronaldo Sardenberg, ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuentan con recursos para el sector, podrían ser socios en este proyecto; pero, para ello, sería preciso revisar los sistemas de apoyo considerados “obsoletos”.
La ministra de Ciencia y Tecnología de España cree que la cooperación entre los países en el ámbito de la Alcue podrá también contar con el estímulo de agencias tales como el Banco Europeo de Inversiones y de recursos provenientes de convenios con empresas privadas. “Creo que ésa es una disposición que veremos crecer entre organismos, bancos y entidades financieras dedicadas al fomento”, afirma. Para Ana Birulés, el financiamiento para C&T será un “elemento clave” en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Madrid.
Declaración de Brasilia
En mayo, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 47 países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará en Madrid, convertirá en una decisión política la recomendación de la Alcue en el sentido de crear un “espacio específico” para la cooperación científica y tecnológica entres ambos bloques económicos. Ésa es la esencia de la Declaración de Brasilia, aprobada al final de la Conferencia Ministerial sobre Ciencia y Tecnología.
La relación entre estos países ha sido históricamente bilateral. La intención es ahora crear un marco interregional de cooperación en áreas prioritarias para la actuación conjunta: salud y calidad de vida, sociedad de la información, crecimiento competitivo en el ámbito global, desarrollo sostenible y urbanización y patrimonio cultural. La alianza también contempla cuestiones relativas a la capacidad de innovación de los países, tales como la educación y la capacitación de recursos humanos y la movilidad transnacional e intersectorial de investigadores y estudiantes en las áreas de investigación apuntadas.
Un grupo de trabajo con 18 miembros va a detallar, antes de que expire este año, sugerencias de medidas concretas para poner en práctica esa decisión. La conferencia definió también un plan de acción que preconiza la movilización de todos los recursos necesarios, nacionales y regionales, con participación de los sectores público y privado bilaterales y birregionales” para la cooperación científica y tecnológica entre los países. Está previsto también el apoyo a las redes transnacionales de centros de excelencia, con la participación de instituciones científicas, académicas y tecnológicas nacionales de todos los países socios.
Acuerdo con Argentina
Al tiempo que participa del diálogo multirregional en el ámbito de la Alcue, Brasil intensifica su política de cooperación bilateral con países de América Latina y la Unión Europea. El Ministerio de Ciencia y Tecnología suscribió un amplio acuerdo con Argentina mediante el cual se compromete a poner a disposición 1,5 millones de reales del Programa Sudamericano de Apoyo a Actividades de Cooperación en Ciencia y Tecnología (Prosul) para financiar el intercambio y la formación de recursos humanos.
Dicha asociación prevé que investigadores brasileños y argentinos realicen visitas bilaterales, por períodos de entre 15 días y seis meses de duración, y reciban becas de doctorado y posdoctorado. Dicho acuerdo de cooperación incluye también acciones conjuntas en el sector de genómica, con capacitación de recursos humanos en las áreas de biología molecular, bioinformática y secuenciamiento de genes. La idea es formar una red binacional de genómica y proteónica, que podrá incluir a laboratorios argentinos en la Red Nacional de Biología Molecular Estructural.
Brasil y Argentina pretenden también presentar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una propuesta de financiación de un proyecto de cooperación en C&T en un plazo de cinco años. Los proyectos serán definidos durante las próximas semanas. “Entendemos que ésta es una alianza estratégica, pues sin ella Argentina no se sostiene en el mundo globalizado”, afirmó el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, Julio Luna.
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