La apuesta a la innovación catapulta a la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a la delantera de la política industrial, tecnológica y de comercio exterior. Ambas instituciones serán, junto al Banco do Brasil, los principales agentes de fomento de la nueva política industrial. Inyectarán entre las tres 14.500 millones de reales en la modernización del parque productivo, la innovación y el apoyo a la investigación y el desarrollo en universidades y empresas mediante líneas de crédito, financiamientos de riesgo y asociaciones, entre otras modalidades.
“La Finep fue esencial para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país en los años 1970 y 1980, cuando contaba con apoyo institucional”, afirma Sérgio Machado Resende, presidente de dicha institución. “Pero en la década de 1990 la situación se complicó y los fondos se achicaron”. Durante ese período, comenta Resende, la Finep dejó de brindar apoyo a la infraestructura de las universidades e institutos de investigación, y el estímulo a la innovación en las empresas también se vio reducido, no solamente en función de la falta de recursos sino también debido a la contracción de la demanda por parte de los interesados.
“Ahora hemos retomado un planteo estratégico: la innovación tiene que ver directamente con la Finep; esto no ocurría desde hacía una década”, afirma Resende. La idea es no solamente fomentar investigaciones y la vinculación con el sector productivo, sino también actuar en la formación de recursos humanos, incluso vía becas de estudio.
En tanto, entre 1964 y 1974 el BNDES también desempeño un papel histórico en el marco de los primeros esfuerzos volcados a la innovación en Brasil, por medio del Fondo Científico y Tecnológico, matriz del actual Fondo Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), que contempla los recursos de los fondos sectoriales administrados por la Finep. “Entre 1971 y 1979 la Finep fue dirigida por gente salida del BNDES. Ahora estamos reorientando el banco hacia el desarrollo, pues el apoyo a la innovación no puede quedar afuera de las inversiones”, dice Fábio Erber, director de política industrial del BNDES.
Inversiones de riesgo
La propuesta de política industrial, anunciada por el gobierno el 31 de marzo, contiene un menú con 57 medidas con las que se pretende dar inicio a la recuperación de un atraso histórico que ha comprometido el desarrollo de nuevos productos y procesos, la generación de patentes y la competitividad del país. Este conjunto de acciones tiene como foco cuatro sectores definidos como estratégicos, debido a su potencial de arrastre sobre las demás áreas de la economía: bienes de capital traducidos en maquinarias y equipos, semiconductores, software y fármacos. El programa prevé impulsar también la biotecnología, la nanotecnología y la biomasa, áreas donde la investigación brasileña es competitiva y tiene relevancia internacional.
Los programas de innovación en el área de semiconductores, software y fármacos fueron formulados en 16 cámaras sectoriales constituidas por la Finep a comienzos de este año, antes de su aprobación por parte del comité de política industrial vinculado al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC).
“En el área de semiconductores hemos identificado un conjunto de centros de investigación públicos y privados que deberán trabajar en red para apoyar el desarrollo industrial”, adelanta Resende. El directivo cita los ejemplos del Instituto Genius de Manaos que tiene como clientes a Siemens y a Gradiente, entre otras empresas; el Centro de Estudios y Sistemas Avanzados de Recife (Cesar); la Fundación CPQd de Campinas y el Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica Avanzada (Ceitec) de Porto Alegre, este último volcado a la producción de chips de aplicaciones específicas.
Estos centros, que integrarán el Programa Nacional de Microelectrónica, contarán con financiamiento directo de la Finep. La agencia ha puesto disposición una línea de crédito por valor de 10 millones de reales con plazo de financiación de 18 meses, por ejemplo, para impulsar la producción de chips en el Ceitec.
El apoyo a las empresas también podrá concretarse mediante la dotación de fondos de riesgo o inversiones en empresas, detalla Resende. En caso de participación directa, la Finep adquiriría debentures de la empresa y negociaría su venta con el BNDES. “El año pasado adquirimos 10 millones de reales de debentures. Este año serán 30 millones de reales”, apuesta Resende.
El presidente de la Finep espera lograr este año un desempeño mejor que el del año pasado, cuando la agencia utilizó casi todo el presupuesto: invirtió 630 millones de reales de los fondos sectoriales ?”duplicamos las inversiones, pese a los recortes presupuestarios”, subraya Resende y también prestó 150 millones de reales. “Es poco todavía, pero eso apunta una recuperación, dice.
Las metas de exportación
Al Programa para el Desarrollo de la Industria Nacional de Software y Servicios Correlativos (Prosoft), previsto en la política industrial, se destinarán este año 100 millones de reales del BNDES. El objetivo es ampliar la participación de las empresas en el mercado interno y promover el crecimiento de las exportaciones. Brasil cuenta con 5 mil empresas de software, casi todas pequeñas. “Las de porte mediano no llegan ni a diez”, contabiliza el ministro Eduardo Campos. Esa atomización hace imposible la competitividad y el cumplimiento de las metas de exportación. “Debemos dar sostén a una política de aglutinación de empresas”, evalúa el ministro. El banco estimulará la fusión de empresas.
Las acciones de soporte para empresas de base tecnológica contemplarán también a empresas en fase de gestación. En colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) y la Finep, el BNDES lanzará, probablemente este mes de acuerdo con Erber, el programa Criatec para la financiación de empresas aún incubadas y para una gama que va hasta las mediano porte. “Este apoyo también puede hacerse por medio de préstamos, pero el instrumento más eficaz será ciertamente el aporte de riesgo”, dice Erber.
Para facilitar el acceso por parte de las empresas a los recursos y agilizar los procedimientos requeridos por el banco se prevé la creación de instancias institucionales en el ámbito regional.Otro programa que cuenta con el patrocinio del BNDES es el de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva Farmacéutica (Profarma), que contará con una línea de financiamiento para la producción de medicamentos e insumos, estímulo a la investigación y fusión de empresas.
“El Profarma está dividido en tres subprogramas”, detalla Erber. El primero financiará la compra de equipamientos, obras de infraestructura, software y gastos necesarios para cumplir con los requerimientos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa); el segundo tiene como meta la promoción de la competitividad de la empresa nacional, y el tercero que será lanzado en poco tiempo más patrocinará la adquisición de equipamientos electrónicos para uso médico.
El Profarma operará prioritariamente con inversiones de riesgo, explica Erber, ya que las empresas brasileñas de fármacos son pequeñas y tienen dificultades para hacer inversiones abultadas en investigación, desarrollo o marketing. “Si estas empresas desean fusionarse, el banco las apoyará”, afirma. También está previsto el financiamiento a las actividades de los laboratorios públicos y privados y el uso del poder de compra del Estado como forma de fomento. “No existen restricciones”, dice Erber. Entre las empresas que contarán con recursos del BNDES figura Hemobrás, una fábrica de hemoderivados para la producción de albúmina e inmunoglobulina, entre otros (lea el reportaje de la página 32 )
Erber asegura que el presupuesto del BNDES para las acciones de política industrial son “flexibles”. “Contamos con un presupuesto de desembolso de 47.300 millones de reales este año. Las inversiones previstas, considerando este total, son pequeñas”, dice. El problema, subraya Eerber, puede ser la falta de demanda.
Retención de recursos
Si bien existe disponibilidad de recursos por el lado del BNDES, no se puede decir lo mismo por el lado de la Finep. La agencia tiene en caja 300 millones de reales para el apoyo a proyectos en el marco de la política industrial, pero espera contar este año con 640 millones de reales de los fondos sectoriales. Otros 800 millones de los fondos están retenidos en el presupuesto federal con el objetivo de garantizar el superávit primario, la diferencia entre ingresos y gastos de la Nación, los estados y los municipios, sin contar los intereses, de las cuentas públicas. Su liberación depende de la recuperación del crecimiento de la economía, reconoce Resende.
Optimista, Resende apuesta al éxito de la movilización de la comunidad científica y tecnológica para rescatar esos recursos. El día 2 de abril, 46 entidades presentaron un manifiesto ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoyando el planteo de Brasil ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos bilaterales para que las inversiones en infraestructura no se contabilicen como superávit primario y proponiendo que los gastos con ciencia, tecnología e innovación sean igualmente excluidos de esta cuenta y por tanto que queden afuera de los recortes. El manifiesto fue encabezado por el Foro Nacional de Secretarios Estaduales de Ciencia y Tecnología y el Foro Nacional de Fundaciones de Apoyo a la Investigación (FAPs).
La Nueva Ley de Innovación
Algunas de las medidas previstas en la política industrial, tecnológica y de comercio exterior contarán con apoyo legal en la Ley de Innovación que durante dos años tramitó en el Congreso Nacional y que ahora, con un nuevo formato, está ingresando nuevamente en el Legislativo. La nueva ley prevé una serie de acciones que tienen por objeto acercar a las universidades e institutos de investigación a las empresas privadas, condición sin la cual no mejorará el desarrollo de la investigación y de nuevos productos en el país.
Para tal fin la ley autoriza la participación directa de la Nación en empresas privadas para el desarrollo de proyectos científicos o tecnológicos, y abre espacio para la transferencia de tecnología de las universidades públicas a las empresas, flexibilizando las reglas de la Ley de Licitaciones nº 8.666/93, permitiendo que las instituciones públicas de investigación contraten a investigadores y empresas sin licitación.
El gobierno también se beneficiará con ello: podrá contratar a empresas o consorcios de empresas y entidades de investigación sin fines de lucro, y de reconocida capacitación tecnológica en el sector, para realizar actividades de investigación y desarrollo “que impliquen riesgo tecnológico, para solucionar problemas técnicos específicos o para la obtención de productos mediante procesos innovadores”.
“La ley constituye el primero paso. Es importante para crear un contexto que fomente una relación más intensa y productiva entre universidades y empresas en lo que se refiere a innovación”, afirma José Fernando Perez, director científico de la FAPESP. “El sustento institucional que existe actualmente es inhibitorio, lo que hace muy difícil establecer asociaciones, ya seas éstas para el desarrollo de proyectos innovadores como para las licencias de innovaciones o para la implementación de la propiedad intelectual.”
En su capítulo VI, el proyecto autoriza la institución de fondos de inversión en empresas innovadoras, “caracterizados por la comunión de recursos captados mediante el sistema de distribución de valores mobiliarios”, cuya reglamentación, funcionamiento y administración será estará a cargo de la Comisión de Valores Mobiliarios. En las Disposiciones Finales, también prevé que en el plazo de 90 días luego de la publicación de la ley el Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de ley fijando criterios para el fomento a la innovación en las empresas nacionales, “mediante un régimen fiscal favorable a la consecución de los objetivos establecidos en los programas y acciones gubernamentales”.
El proyecto de ley formaliza la asociación entre institutos públicos de investigación y empresas nacionales, permitiendo así la utilización de laboratorios públicos para la incubación de nuevos emprendimientos, por ejemplo, mediante la compensación, la contrapartida o la participación en los resultados ?siempre y cuando esto no interfiera directamenteen su finalidad. El investigador implicado en esa actividad de prestación de servicios podrá percibir una retribución pecuniaria, directamente a cargo de la institución pública o de la empresa socia, siempre bajo la forma de adicional variable y siempre y cuando ésta sea costeada exclusivamente con recursos recaudados en el ámbito de esa actividad.
Los docentes e investigadores vinculados a universidades e institutos de investigación que actúen en proyectos asociados a empresas privadas podrán ser remunerados por su trabajo. Están incluso autorizados a solicitar licencia en la institución, durante un período de tres años, renovable por tres más, para crear empresas con actividades relacionadas con proyectos de innovación tecnológica.
También de acuerdo con lo estipulado en el proyecto, la institución científica y tecnológica podrá ceder sus derechos sobre la creación, a título no oneroso, “para que el creador los ejerza en su propio nombre”. Asegura al creador, “a título de incentivo y limitada a un tercio del total”, la participación en los beneficios económicos percibidos por la institución, resultantes de contratos de transferencia de tecnología o de explotación de creación protegida, de la cual éste haya sido inventor.
Algunas de las medidas, según la evaluación de Perez, tienen efecto práctico y remueven obstáculos para la transferencia de conocimiento. También hay otros aspectos, a los que Perez califica como “culturales”, que son un conjunto de recomendaciones para la agenda de ciencia y tecnología brasileña y que harán posible la remoción de barreras legales y trabas jurídicas al desarrollo de nuevos productos y procesos.
“La ley responde al desafío de hacer innovación en Brasil”, señala Eduardo Campos, ministro de Ciencia y Tecnología. Pero el proyecto de ampliación del poder de compra del Estado, una intervención considerada fundamental para consolidar emprendimientos innovadores y asegurarles mercado a los nuevos productos, está condicionado a la revisión de la Ley de Licitaciones que lleva el nº 8.666/93, cuestión que, según Campos, está en andadura en el Ministerio de Planificación.
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