miguel boyayanEl Consejo de Gestión del Patrimonio Genético (CGEN), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), autorizó el acceso al patrimonio genético en áreas privadas por parte de los investigadores, que estaba prohibido desde 2001. A la época el gobierno federal brasileño promulgó la Medida Provisoria [Decreto] nº 2.186-16 que, con el objetivo de proteger la biodiversidad, provocó un verdadero estrago en las investigaciones que comprendían activos de la naturaleza, ya que sometió a las mismas reglas draconianas tanto a las actividades científicas como aquellas ligadas a la explotación comercial. “Antes de ir al campo, los investigadores debían presentar ante el CGEN el itinerario previsto, con la fecha y el ligar de la recolección y la autorización por escrito de los propietarios de las áreas que serían visitadas”, comenta Miguel Trefaut Urbano Rodrigues, del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo (USP).
Mediante la Resolución nº 8, publicada en el Diario Oficial del 8 de octubre, el MMA empieza a flexibilizar ese cuadro, permitiéndoles así una mayor movilidad a los científicos. “Esta decisión es el resultado de un trabajo que con la ayuda de algunos investigadores estamos desarrollando en el Consejo”, dice Carlos Alfredo Joly, coordinador del programa Biota-FAPESP, quien desde mayo es uno dos representantes nominados por la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SPBC) para integrar el CGEN en la condición de invitado.
La Resolución del CGEN carece de fuerza como para alterar las reglas definidas en 2001, pero encuadra las actividades de investigación en un dispositivo previsto en el artículo 17 de la MP, que prevé la dispensa de “anuencia previa de sus titulares” para los casos de “relevante interés público”. Así, al caracterizarlos como “casos de relevante interés público”, queda expedito el acceso por parte de los investigadores a los componentes del patrimonio genético existentes en áreas privadas, siempre y cuando sus actividades contribuyan simultáneamente al avance del conocimiento de la biodiversidad en el país y no contemplen potencial de uso económico previamente identificado, tal como sucede en las actividades de bioprospección.
Ahora, cada investigador responsable comunica al CGEN la intención de la investigación, pero deberá presentar únicamente las coordenadas geográficas de cada punto de recolección, así como la lista del material recolectado debidamente identificado en un plazo que se extiende hasta los 180 días después de la expedición. Si las muestras recolectadas revelan potencial de uso económico, la institución patrocinadora de la investigación debe informar tal hecho al Consejo para la formalización de Contrato de Utilización del Patrimonio Genético y de Reparto de Beneficios, acorde con lo dispuesto en la MP.
“Éste es el primer paso para mejorar la situación de los investigadores”, dice João Paulo Capobianco, secretario de Biodiversidad y Selvas del MMA. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) también prepara una instrucción normativa para facilitar la colecta de material de investigación, flexibilizando de igual manera el proceso de autorización. “Esta medida va a hacer más ágil el proceso de recolección”, adelanta.
Proyecto de ley
Probablemente al final de este año el MMA enviará al Congreso Nacional un conjunto de sugerencias que podrían incorporarse al Proyecto de Ley de Acceso a los Recursos Genéticos – originariamente de autoría de la propio ministra de Medio Ambiente, por ese entonces senadora Marina Silva – y que ya se encuentra en la Cámara de Diputados. “Pretendemos perfeccionar el proyecto, incorporando innovaciones positivas, de manera tal de crear instrumentos rigurosos de protección de la biodiversidad sin ir en detrimento de los investigadores”, afirma Capobianco.
