El modelo de Justicia que debería proteger a los brasileños se encuentra debilitado. En los últimos cinco años, de los más de 600 mil delitos registrados en 16 comisarías de policía en la ciudad de São Paulo, existen indicios de que únicamente un pequeño porcentaje podrá resultar en pena de reclusión para los acusados. Esto porque de un total de 338,6 mil delitos violentos y no violentos analizados en el citado período, tan solo 21,8 mil fueron objeto de investigación policial. Se estima con base en otros estudios que, de tales investigaciones, un 40% de ellos es archivado. Si estas estadísticas se confirman, tan solo 13,1 mil delitos se traducirán en denuncias presentadas ante el Ministerio Público y acogidas por la autoridad judicial.
“Algunos serán desestimados por falta de pruebas, por ejemplo, y posiblemente alrededor del 5% de los delitos analizados redundará en pena”, dice Sérgio Adorno, coordinador del Centro de Estudios de la Violencia, uno de los diez Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepids) financiados por la FAPESP. “En Francia, de 20 delitos violentos, 19 tienden a merecer pena”, compara. Estas cifras, que están siendo ahora revelados por una investigación intitulada Identificación y Medida del Índice de Impunidad Penal, no llegan precisamente a sorprender.
Otro estudio sobre el asesinato de niños y adolescentes, realizado en São Paulo entre 1991 y 1994 y que ya ha sido concluido, reveló que el índice de transformación de delitos en penas es de apenas el 1,72%. Este cuadro, claro está, se agrava debido a la falta de preparación y de recursos de la policía para llevar a cabo sus pesquisas. “La mayoría de los delitos es de autoría desconocida”, observa Adorno. Pero esto pueden también estar relacionado con el perfil de la víctima o del agresor, o con su naturaleza, según su sospecha. “Y puede tener que ver con los obstáculos afrontados por los acusados para acceder a la Justicia penal, incluso a la plena garantía del derecho de defensa.
Paradójicamente, puede incluso estar relacionado con subterfugios procesales, tales como el exceso de recursos dilatorios, que retrasan la aplicación de las sanciones”, añade Adorno. El resultado de ello hace que la impunidad ayude a sostener al delito, y también alimenta el miedo. Esta investigación está en marcha.
Forma parte de un proyecto aún más amplio, desarrollado por el centro, en el cual se analiza la crisis en la Justicia brasileña, incluso mediante un estudio histórico de las políticas de seguridad pública implementadas en São Paulo desde 1822 hasta hoy, con base en documentos normativos y oficiales. En el caso de la impunidad, los investigadores igualmente partieron de estadísticas oficiales, pero tuvieron que optar por otros procedimientos metodológicos. “Enlos países con estadísticas confiables, el flujo del sistema de Justicia penal o criminal produce estadísticas en todos los segmentos en el policial, en el judicial y en la ejecución de la sentencia, lo que permite observar el movimiento de los delitos registrados, de los denunciados y procesados y de los condenados”, dice. No obstante, en Brasil, continua Adorno, las estadísticas disponibles, al margen de ser incompletas, no permiten la realización de un follow-up .
En función de la extensión y del volumen de informaciones, se hizo necesario restringir el estudio a una sola seccional de policía, que coordina el desempeño y las actividades de puestos policiales entre las zonas oeste, noroeste y sur de la ciudad, sobre un total de 14 comisarías de policía y dos comisarías especializadas. En lugar de realizar un seguimiento del movimiento general de delitos, se hizo una observación individualizada de registros, de manera tal de rastrear su destino en el interior del sistema de Justicia penal.
“Hicimos un estudio detallado y crítico de los registros primarios, de manera tal de acercarnos con mayor precisión a los delitos que efectivamente interesan en esta observación, es decir, el homicidio, el robo, el robo seguido de muerte, la violación y el tráfico de drogas, que son considerados delitos violentos”, informa. La primera parte de la investigación ya ha sido prácticamente concluida. En la etapa siguiente se hará el estudio detallado de las investigaciones y procesos penales.
Situación de riesgo
El Centro de Estudios de la Violencia analiza desde 1987 la violencia y las transgresiones a los derechos humanos en Brasil, desarrollando estudios sobre temas tales como políticas de seguridad pública y participación de la comunidad en la solución de la violencia. En la actualidad desarrolla cinco líneas de investigación, entre éstas, el proyecto Identificación y Medida del Índice de Impunidad Penal , coordinado por Adorno. A ejemplo del estudio sobre la impunidad, la gran dificultad de los investigadores de los restantes proyectos aparece al intentar recabar los datos.
Se sabe que en São Paulo los homicidios corresponden a 186,7 muertes por cada 100 mil jóvenes con edades entre 15 y 19 años y 262,2 de los óbitos por cada 100 mil personas de 24 años, de acuerdo con estadísticas de 1995 y 1998, respectivamente. Pero poco se sabe sobre los agresores, o sobre la víctima, más allá de su dirección de residencia y la causa mortis . Los registros de la Justicia, de la policía o del área de salud no arrojan luz sobre la naturaleza de esa violencia, no informan acerca del grupo responsable del homicidio y no brindan elementos de apoyo como para que se conozca la relación entre los involucrados. Y en medio a esa zona gris, es imposible conocer a las víctimas potenciales o las circunstancias que favorecen los homicidios, y menos aún, implementar políticas eficaces para combatirlos.
Con todo, las estadísticas revelan algunos patrones, y muestran que algunos barrios de São Paulo tienen un índice de homicidios más elevado que el promedio de la ciudad, y que dichos crímenes crecen a un ritmo superior al del conjunto de los 96 distritos que componen la capital. Entre 1996 y 2000, por ejemplo, mientras los índices medios de homicidios de la capital paulista se elevaban de 55,6 por cada 100 mil habitantes a 66,9, el distrito de Jardim Ângela registraba ya la marca de 116,23 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta disparidad se observó en varios distritos de la ciudad. Los números y la distribucióngeográfica de los episodios sugerían que las regiones con altos índices de homicidios eran a su vez las de mayor concentración de pobreza.
Con base en estos datos, los investigadores del centro iniciaron una investigación de georreferenciamiento de la violencia. Constataron que no es la concentración elevada de población pobre la responsable de los altos índices de homicidios. El escenario de la violencia registraba una alta concentración de jóvenes de entre 11 y 14 años y 15 y 19 años, un gran número de jefes de familia con menos de cuatro años de escolaridad y/o sin renta, baja oferta de empleo local, mortalidad infantil superior al promedio, ausencia de hospitales en la región, menor acceso al alcantarillado y alto congestionamiento domiciliario, es decir, menor privacidad, mayor tensión y competencia por el espacio.
“Diversos estudios han comprobado que, al dividir áreas exiguas, la gente se vuelve más insensible, incluso como una forma de defensa, y esta situación se nota en las estadísticas delictivas”, explica Nancy Cardia, vicecoordinadora y responsable del programa de difusión del Cepid. Por lo tanto, la violencia letal se superpone a la violación de derechos sociales y económicos, y ese conjunto de factores se entrelaza, para formar una especie de círculo vicioso de carencias y violencia. El empleo es escaso en las áreas con elevados índices de homicidio, y la alternativa para los jefes de familia está en el mercado informal de trabajo, con ocupaciones irregulares, malas remuneraciones y sujetas a períodos de desempleo prolongado.
La ociosidad forzosa puede aumentar la tensión dentro de la familia y el consumo de alcohol, y tiende a favorecer la violencia. De hecho, en los 24 distritos de la ciudad en donde existían muchos jefes de familia sin renta, los estudios mostraron que la violencia se agravaba. “Estos distritos tenían un 49% de todos los jefes de familia sin ingresos. Es una super-representación”, constata Nancy. Los investigadores también identificaron una debilitación de los grupos sociales entre sí y con las instituciones de protección social.
“Los vínculos institucionales entre la población y las autoridades son caracterizados por las tensiones, la mutua desconfianza o incluso su cuasi inexistencia”, dice Nancy. Esta ausencia de vínculos se manifiesta en situaciones de linchamiento, por ejemplo. “El linchamiento parece ser algo que sucede al calor del momento, pero cuando se investiga el caso, es posible darse cuenta de que la población ya se había movilizado anteriormente en situaciones semejantes, sin haber obtenido apoyo o protección de parte de las autoridades.
Los medios para solucionar el problema se agotaron, ellos se sintieron impotentes y fueron llevados a la violencia”, completa Adorno. En este escenario, la presencia de muchos niños y jóvenes en situaciones de concentración de pobreza y de carencia social los vuelve extremadamente vulnerables e proclives a convertirse en víctimas o agresores. “La franja de edades situada entre los 11 y los 14 años está muy expuesta a la situación de violencia más severa: los padres, y también la escuela, consideran que ellos se las arreglan solos, y éstos acaban quedándose sin ninguna supervisión”, afirma Nancy.
Al borde de convertirse en adultos, estos jóvenes acaban adoptando conductas de riesgo, envolviéndose a menudo en situaciones de delincuencia, alcoholismo y uso de drogas, entre otras. O se convierten en blancos fáciles en medio a conflictos por motivos fútiles, como, por ejemplo, reyertas en la vecindad en razón de una ventana quebrada, música alta, etc. “El problema radica en identificar qué situaciones socialesestán más asociadas al riesgo, de manera tal que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil puedan impulsar programas de prevención”, dice Nancy.
Víctimas indefensas
Una vez identificadas las víctimas más indefensas, los investigadores del Cepid comenzaron a trabajar dentro de una escuela en el barrio de Jardim Ângela, con niños de entre 11 y 14 años, en una tentativa de desenvolver modelos de gestión de conflictos. Estos encuentros fueron denominados foros de convivencia “viene el que quiere”, cuenta Nancy. “Discutimos calidad de vida, violencia, criminalidad, conflicto entre hombres y mujeres y la relación con los amigos en el recreo, entre otras situaciones, y las ventajas de hacer las cosas juntos”, agrega.
La intención de los investigadores es iniciar a esos jóvenes en la resolución de pequeños conflictos, siguiendo el modelo desarrollado por el investigador canadiense Clifford Shearing para lidiar con la violencia en conjuntos habitacionales en Toronto, Canadá, y que fue adaptado para mediar tensiones en guetos de Sudáfrica y en comunidades carentes de Rosario, Argentina. “Cuando la comunidad comienza a resolver conflictos internos, gana más poder para negociar con las autoridades su situación”, explica Nancy.
Antes de iniciar los grupos, la propuesta de trabajo fue presentada a los docentes, a los padres y a los propios alumnos, que visitaron la sede del Centro de Estudios de la Violencia, instalado en la Universidad de São Paulo (USP).Además de operar con esos adolescentes, los investigadores también trabajan con foros de convivencia con adultos y jóvenes grafiteros de la región. “Los habitantes no se ven como una comunidad, en parte debido a la violencia del cotidiano y a las carencias económicas”, cuenta Nancy. A propósito: los grafiteros ayudaron en la consolidación del grupo de adolescentes, que era rechazado por los demás alumnos de la escuela.
“Los grafiteros son respetados, y eso les dio prestigio”, explica la investigadora. La idea es que, si ellos aprenden a lidiar con los incidentes de violencia personal, estarán entonces más fortalecidos para negociar con las autoridades. El centro también implementó observatorios de la violencia en cuatro comunidades, para debatir el problema según la perspectiva de las víctimas. Y desarrolla también cinco proyectos educativos, que tienen como tema central la violencia, orientados a supervisores pedagógicos de la red municipal y estadual de enseñanza, entre otros, además de un proyecto de enseñanza a distancia, en asociación con la Escuela del Futuro. “Ahora estamos capacitando a un equipo de Mozambique, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, en el marco un proyecto interministerial que congrega programas de vigilancia epidemiológica, prevención y evaluación de la violencia.”
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