Un grupo de trabajo integrado por representantes de nueve ministerios, coordinado por la Casa Civil de la Presidencia de la República (una especie de jefatura de Gabinete), presentará este mes sugerencias para que el gobierno tome una decisión definitiva sobre la producción de transgénicos en el país. “No existe una posición ideológica contra los organismos genéticamente modificados (OGM), pero su producción comercial solamente podrá implementarse cuando se aseguren las condiciones de bioseguridad, seguridad ambiental y salud pública y agropecuaria”, afirma João Paulo Capobianco, secretario de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
La polémica sobre los transgénicos se extiende desde hace seis años, y la autorización para a su producción corría el riesgo de pasar a manos de la Justicia. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, distintas organizaciones no gubernamentales presentaron una apelación contra la decisión de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNBio) de eximir a Monsanto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA-Rima) para la producción de soja modificada. Dichas entidades obtuvieron un fallo favorable, y el recurso presentado luego por la empresa debería haber sido juzgado al final de febrero. Peor antes la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, pidió al Tribunal Regional Federal (TRF) de la 1ª Región la suspensión del juicio, “para que el nuevo gobierno haga un análisis de la cuestión”, y logró una postergación por 60 días.
Capobianco argumenta que el recurso judicial está equivocado: la CTNBio, subordinada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, debe evaluar aspectos de bioseguridad en la producción de OGMs, pero no tiene competencia para omitir el Estudio de Impacto Ambiental, que es responsabilidad que cabe al MMA, órgano que, de acuerdo con Capobianco, también cumple la función de conceder licencias ambientales en Brasil. Esa postura habría sido reafirmada por la resolución 305 del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) de junio del año pasado, que definió los procedimientos para licenciar productos.
Para Capobianco, “el mejor camino es que el poder público asuma la responsabilidad de orientar los procedimientos para la producción de transgénicos, de manera tal de atender a los requerimientos de la ley y el interés de la sociedad”. El emprendedor podría solicitar una permiso y realizar todos los estudios necesarios para garantizar condiciones seguras de producción.
Ese escenario exigirá que el poder público capacite a sus instituciones para acompañar la licencia. El MMA reunirá a “lo mejor” que hay en términos de capacidad técnica y científica en los órganos de gobierno -como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), y universidades e institutos de investigación- para crear una estructura adecuada ycapacitada para efectuar el seguimiento de la producción comercial, adelanta Capobianco. Ya se han impulsado varias discusiones con expertos, y está listo un borrador del término de referencia para la autorización de la producción comercial de OGMs. “Vamos a capacitarnos para estar preparados en caso de que se otorgue la licencia.”
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