Las ganas de innovar en un mercado cada vez más competitivo lleva a los países y a las empresas a inyectar cifras multimillonarias en la investigación y el desarrollo (I&D) de productos y procesos de punta, que tienen en la inteligencia su ingrediente básico. En este mundo, movido a ciencia y negocios, la alianza academia-empresa adquiere nuevos bríos y musculatura. El diálogo – que es sabidamente difícil y cauteloso – entre ambos interlocutores se “sintoniza” gracias al diseño de nuevos arreglos institucionales y a la adopción de leyes relacionadas con las patentes universitarias.
Eso es lo que muestra la coordinadora del Núcleo de Estudios y Planeamiento Estratégico del Instituto Oswaldo Cruz, Cláudia Inês Chamas, en su tesis doctoral, intitulada Protección y Explotación Económica de la Propiedad Intelectual en Universidades e Instituciones de Investigación. En dicho trabajo, Chamas describe y analiza estrategias focalizadas en la apropiación de los frutos de investigaciones generadas con recursos públicos e implantadas en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España y Alemania.La intención de la autora es ofrecer un panorama que impulse reflexiones e inspire a los actores del proceso de innovación en Brasil, país en el cual la asociación academia-empresa aún es tímida y tan solo un 30% de las universidades y un 30% de las instituciones de investigación presentan políticas formales de protección y comercialización de la propiedad intelectual.
Lazos cooperativos
En su trabajo, Cláudia Chamas destaca la tesitura de la articulación entre el sector académico y el sector privado – tales como los centros de investigación cooperativos, joint ventures para la investigación y la producción, consorcios de I&D e incubadoras -, que han obtenido excelentes resultados, especialmente en nichos de vanguardia tecnológica. Tales lazos, es bueno recordar, se encuentran en el origen de las compañías exitosas, como Apple Computer, Cisco Systems e Intel, entre otras, que con base en el Valle del Silicio y a lo largo de la Ruta 128, activaron a partir de la década del 70 la eclosión de las industrias de electrónica, computación y comunicación en Estados Unidos.
Europa también se ha trepado a esa ola cooperativa que, en campos tales como el farmacéutico y el biotecnológico, es casi una imposición, debido a los riesgos y a las altas inversiones asociadas a la innovación. Roche, por ejemplo, gigante del sector de medicamentos con sede en Suiza, destina entre un 15% y un 20% de sus recursos anuales a I&D, en la compra de investigaciones realizadas por institutos, universidades y pequeñas empresas de biotecnología, entidades con las cuales mantiene convenios.
La interacción academia-industria reporta notorias ventajas para ambos lados. Las universidades pueden interiorizarse acerca de la rutina de las empresas, conocer sus problemas y obtener recursos financieros disponibles para la investigación, llegado el caso. Las empresas, por su parte, tienen acceso a “ventanas” privilegiadas del conocimiento, a las fuentes de información científica y tecnológica y a los profesionales altamente calificados de las universidades.
Un punto de equilibrio
Sin embargo, tal “casamiento” no es unánimemente aceptado por el sector académico. Entre otras razones, existe el temor a una transformación de la actual universidad, centrada en la enseñanza y en la investigación sin compromiso, en una institución “de resultados o de servicios”, contaminada por la visión de la ganancia. Pero diferencias como éstas pueden y deben allanadas. “Es necesario que cada universidad establezca sus objetivos y sus limites, que encuentre su punto de equilibrio y defina su política de propiedad intelectual”, sostiene Cláudia Chamas.
Una de las cuestiones escabrosas en el abordaje de los proyectos cooperativos se refiere a la libertad para divulgar el conocimiento, un verdadero dogma entre los científicos, contra el secreto exigido por las empresas para producir y lanzar productos en los cuales invirtieron pesadamente. Para enfrentar ese dilema, varias legislaciones, entre las cuales está la brasileña, adoptan el llamado “período de gracia”, que beneficia directamente a los inventores del área académica, al proporcionarles un período de entre seis y doce meses (dependiendo del país) para un posterior depósito de la patente. En el lapso de tiempo previsto, la apertura de la invención – bajo la forma de artículos, tesis, conferencias e Internet, entre otros medios – no constituye una ruptura de la novedad, uno de los requisitos fundamentales para la patente.
Sin embargo, cabe recordar que esa “gracia” es temporal y no está totalmente garantizada. Asimismo, si hubiera necesidad de registro en países en los cuales tal beneficio no es otorgado, la protección no se efectiviza. En otros países, la evolución de la alianza academia-empresa ha adquirido en los últimos años contornos más precisos y profesionales, siendo regida por contratos. Las legislaciones sobre patentes que, en muchos casos, estaban siendo discutidas desde hace más de 50 años, sufrieron modificaciones decisivas en Estados Unidos durante la década del 80, impulsadas especialmente por el desarrollo de la biotecnología y de la investigación biomédica, cujas aplicaciones comerciales han alcanzado cifras astronómicas.
La promulgación de la ley Bayh-Dole en dicho país les permitió a las universidades y a las pequeñas empresas obtener patentes de invenciones desarrolladas con fondos del gobierno federal. De esta manera, la antigua retención de titularidad por parte del gobierno o el dominio público (también vigente en otros países, como Alemania) fue sustituida por una visión pragmática. El foco se ha desplazado hacia el mercado, teniendo en la mira aspectos tales como la mejora en la productividad, la generación de empleos y la priorización de las empresas nacionales en la “compra” de invenciones.
Los profesionales de la innovación
En la senda de estos cambios – que implican también aspectos ligados a las formas de distribución de royalties y a la titularidad de las invenciones, entre otros -, las instituciones académicas, los laboratorios gubernamentales y los centros de investigación están perfeccionando sus políticas de actuación, implementadas por departamentos denominados genéricamente como Oficinas de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología (Opitts).
Diseminadas actualmente en EE.UU. y en diversos países europeos, tales oficinas – que pueden situarse dentro o fuera de las instituciones – cuentan con equipos de profesionales compuestos por agentes de propiedad industrial (con formación en áreas tales como ingeniería y física) con buenos conocimientos sobre leyes y acuerdos internacionales, especialistas en marketing y personal de soporte administrativo.
La mayoría de las instituciones cuenta con una única Opitts para atender a toda la clientela, como la oficina del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm) francesa. Con miras a imprimirle una mayor agilidad en su interacción con los investigadores, la Universidad de Michigan adoptó un esquema constituido por tres unidades, una central y dos satélites. La Universidad de Wisconsin, por su parte, estableció una asociación con una fundación para resolver las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual.
En el Reino Unido, la Universidad de Oxford creó Isis Innovación en 1988, una empresa de explotación de los frutos de la investigación realizada internamente. Más allá de buscar potenciales licenciados, Isis impulsa la creación de empresas individuales por medio de capital de riesgo o fondos de desarrollo. Como puede verse, son esquemas de actuación muy diversos, cuyos formatos deben analizarse con cuidado antes de ser implementados. Y debe recordarse siempre que uno de los ingredientes básicos para el éxito de la receta reside en el fuerte compromiso de los niveles jerárquicos más elevados de las instituciones.
Impacto
El impacto de esos cambios legales e institucionales puede ponerse a cuenta especialmente de EE.UU., en donde la cooperación academia-empresa está más sedimentada. Antes de 1980, eran concedidas en dicho país cerca de 250 patentes para el total de las universidades. De acuerdo con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), en 1984 se concedieron 551 patentes universitarias; en 1989, 1.228; en 1994, 1.780; y en 1997, 2.436, lo que muestra a las claras un crecimiento constante y considerable. (A efectos de comparación, cabe recordar que fueron depositados en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INPI, 335 pedidos entre 1990 y 1999, cuyos titulares eran universidades brasileñas.)
Simultáneamente, se expandió la capacidad de comercialización en las universidades estadounidenses: en 1990, había cerca de 200 de ellas participando en programas de transferencia de tecnología, ocho veces más que el número registrado en 1980. Otro ejemplo del impacto que los avances en la legislación causó en el medio académico norteamericano está en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT): alrededor de mil millones de dólares están siendo invertidos por el sector industrial en el desarrollo y la comercialización de licencias y patentes y de tecnologías producidas en la referida institución. Más de 200 mil empleos directos fueron creados como resultado directo de la explotación de esas licencias.
Con relación al Reino Unido, la reducción de las barreras legales impulsó el surgimiento de más de 60 oficinas de intermediación industrial. La relación intensa de las instituciones británicas con sus pares estadounidenses y la reducción de las inversiones gubernamentales volcadas a la investigación influyeron, según los estudiosos, para la adopción de una postura más emprendedora en dicho país, que se transformó en uno de los más abiertos para la contratación empresarial de investigación académica en toda Europa.
Las asociaciones británicas fructificaron también en otros tipos de arreglos. En 1998, una alianza estratégica entre Mitsubishi Química y la Facultad Imperial de Londres resultó en un sustancial soporte financiero para el Centro de Terapias Genéticas, que actúa en las áreas química, biológica y médica. Ese mismo año, Unilever empezó a invertir cerca de 13 millones de libras para estructurar un grupo de investigación dedicado a la informática molecular en la Universidad de Cambridge.
En Francia, la Agencia Nacional de Valoración de la Investigación (Anvar) – que tiene 24 oficinas regionales y cinco en el exterior – invirtió entre 1981 y 1999 alrededor de 3.130 millones de euros en más de 22 mil empresas y laboratorios, brindando apoyando en más de 34 mil proyectos de innovación tecnológica. Los resultados de los proyectos cooperativos también se han mostrado bastante prometedores en países como Alemania y España. En este último, con la promulgación de la nueva ley de propiedad intelectual en 1986, el número de patentes universitarias saltó de 27 a 306 en 1994.
La situación brasileña
Profundos cambios están apareciendo en el panorama brasileño en el área de patentes desde el comienzo de la década del 90, destacándose especialmente la revisión del Código de la Propiedad Industrial, que resultó en la ley 9.279, de 1996. Pero Cláudia Chamas acota que el país todavía “está muy atrasado en lo que se que se refiere a protección y explotación económica de la propiedad intelectual en las instituciones académicas y en las pequeñas y medianas empresas”.
Los largos períodos de turbulencia atravesados por la economía brasileña durante los últimos años no han favorecido la generación de innovaciones. La apertura de Brasil a las importaciones, a su vez, no trajo aparejada la ansiada renovación tecnológica y, de una manera general, han sido escasas las inversiones de las empresas en investigación y desarrollo.
Actualmente, frente a un cuadro económico estable en el que se verifica un descompás entre la creciente producción científica y la limitada producción tecnológica, se impone la estructuración y la preparación del área académica para actuar en el campo del patentamiento de invenciones. “En nuestra investigación observamos que hay instituciones que tienen dificultades para tomar decisiones. Por ejemplo: acumulan extensas carteras de patentes sin impulsar su explotación, y pagan tasas de mantenimiento de los pedidos que en el exterior son muy altas sin lograr retorno”, informa Chamas.
Tan solo un 45% de las universidades y el 30% de las instituciones de investigación (la mayoría del sur y sudeste del país), que integraron la muestra de la tesis, cuentan con Opitts en su estructura. Para ampliar ese espectro son necesarias, en primer lugar, acciones de sensibilización e información, y luego, la concreción de una planificación global para definir metas y estrategias, y generar arreglos institucionales que respeten las características de cada región.
Pese a todas las deficiencias – que incluyen también la falta de un acervo bibliográfico, de financiamiento y de personal calificado -, Cláudia Chamas se declara optimista. “En los últimos diez años logramos avances importantísimos en términos de debates y de legislación. El discurso y la práctica gubernamental están cambiando.Pero es necesario todavía más: tenemos que integrar el desarrollo científico a la innovación y a la industria, generando ingresos y empleos”, concluye Chamas.
Al servicio del avance tecnológico
Los requisitos básicos para patentar una invención son tres: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Se considera como nueva (es decir, no comprendida en el estado actual de la técnica), a una invención o modelo con cierta utilidad no divulgada hasta la fecha del depósito del pedido de patente. La legislación también impone la descripción clara y suficiente del objeto, el cual debe ser pasible de reproducción por un técnico del área. Éste es uno de los fundamentos del sistema de patentes: revelándole a la sociedad el contenido de su invención, el inventor obtiene como recompensa un título, transferible y temporal, conteniendo una protección.
Es una práctica que alía los intereses individuales con los de la comunidad, promoviendo el progreso técnico y económico. En los pedidos de patente en el área de biotecnología, que involucran materiales biológicos nuevos, los cuales no pueden ser descritos de una manera suficientemente nítida y completa, es necesario hacer también un depósito del microorganismo ante una autoridad internacionalmente reconocida. La explotación económica de la patente puede hacerse mediante licencia, cesión o venta de derechos, adquisición o creación de una firma para llevar a cabo el desarrollo tecnológico de la invención, entre otros medios.
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