Desde hace dos meses, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, sigla en portugués) está probando el Sistema de Detección de Deforestaciones (Deter), que suministra información sobre acciones de devastación en la región amazónica con una periodicidad de hasta tres días. El Deter utiliza imágenes de los sensores Modis, instalados a bordo de los satélites Terra y Aqua, de la Nasa, y del WFI, del CBERS, sigla en inglés de Satélite Sino-Brasileño de Recursos Terrestres, con una resolución de 240 metros. Y también minimiza los efectos de pequeñas nubes que obstaculizan la observación. “El programa está listo y está siendo utilizado para hacer pruebas vía Internet. Al final de este año podrán usarlo los órganos de fiscalización y represión para cohibir quemas y talas”, dice Cylon Gonçalves, secretario de Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT).
Las informaciones suministradas por los satélites, de acuerdo con Gonçalves, serán transmitidas inmediatamente al Sistema de Protección de la Amazonia (Sipam) -un programa vinculado a la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la República-, que accionará helicópteros y aviones para rastrear la región y reprimir a los infractores. Hasta ahora las informaciones se obtenía mediante imágenes enviadas por el satélite Landsat, que pasa cada 16 días, cuyas tomas permiten una visualización del área con 30 metros de resolución.
El Deter constituye un avance significativo en el sistema de evaluación de las áreas deforestadas de la Amazonia, de acuerdo Paulo Artaxo, coordinador del Instituto del Milenio del Experimento de Gran Escala de la Biosfera-Atmósfera en la Amazonia (LBA). Los investigadores del LBA -un megaproyecto internacional por valor de 80 millones de dólares que reúne a más de 300 investigadores de América Latina, Europa y Estados Unidos- no tienen dudas de que estas nuevas tecnologías constituyen herramientas fundamentales para la preservación de los bosques, sin comprometer el desarrollo económico de la región. Éstas tienen efectos no solamente para cohibir la deforestación -algo facilitado por el uso de nuevos satélites-, sino también para pautar las actividades económicas.
Su uso “en gran escala”, como dice Carlos Nobre, coordinador científico del LBA, permite la extracción de un mayor valor económico y social de la “floresta de pie” que de las pasturas, por ejemplo. “Los productores ganaderos utilizan poca tecnología y obtienen bajos rendimientos”. Nobre menciona el caso de comunidades de la isla de Marajó, que suplantaron áreas de pastura por el cultivo del asaí, cuando la fruta conquistó el mercado. “Así, las áreas taladas se recuperaron”, comenta.
Sin embargo, Artaxo vaticina que “va a pasar un tiempo todavía” hasta que las propuestas y sugerencias presentadas por los investigadores del LBA para la preservación de la Amazonia -entre ellas las de capacitación de productores y recolectores de plantas para la realización del proceso de bioprospección y mejora del conocimiento sobre la biodiversidad, por ejemplo- se transformen en políticas públicas. El científico, argumenta Artaxo, es uno más entre los diversos agentes implicados en el ecosistema. “Es necesario incluir a los productores agropecuarios, a los madereros, a los ambientalistas y a otros tantos, cada uno de ellos con intereses diversos. Y las políticas públicas se concretan con base a la actuación de esos actores”, dice.
Innovación tecnológica
La idea de realzar el valor de las actividades de producción sostenible con innovación tecnológica es uno de los objetivos del Plan Amazonia Sostenible (PAS), elaborado por siete ministerios -que incorpora los diagnósticos realizados por el LBA- y que está empezando a ser discutido con los gobernadores de la región. El PAS pretende también implementar obras de infraestructura en los sectores de transportes, energía y comunicaciones, considerados elementos cruciales para el desarrollo sostenible; y también, establecer un nuevo patrón de financiamiento en la Amazonia y fomentar la gestión ambiental y el ordenamiento territorial. No existen todavía recursos definidos para la financiación del plan. Pero, como adelanta Jorg Zimmermann, de la Secretaría de Coordinación de la Amazonia, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Plan Amazonia Sostenible reorientará el Plan Plurianual (PPA).
En el ámbito del PAS, el gobierno desarrolla tres programas: uno de prevención y control de la deforestación, otro para el desarrollo sostenible en las áreas de influencia de la carretera BR-163 -que une Cuiabá, Mato Grosso, con Santarém, Pará- y un tercero conocido con Programa Nacional de Selvas. De acuerdo con la evaluación de Artaxo, estos planes y programas muestran que el gobierno pretende “hacer pie” en la administración ambiental de la Amazonia. No obstante, Artaxo considera “peligrosa” la intención del gobierno de conceder a la explotación privada áreas de tierras públicas en la región a partir de 2007, por un período de entre tres y 30 años, tal como está previsto en el Programa de Selvas. “La capacidad del Estado para fiscalizar y administrar áreas públicas es limitada, y el uso de esa modalidad de concesión puede ser problemática”, argumenta.
El proyecto de ley de concesiones de tierras públicas, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, fue remitido a la Jefatura de Gabinete antes de su envío al Congreso Nacional. “La innovación no radica en la concesión. La novedad es que estamos invirtiendo la lógica histórica, donde el sector público conserva su área por medio de unidades de preservación, en si no, privatiza”, dice João Paulo Capobianco, secretario de Biodiversidad y Florestas del MMA. La concesión podrá conciliar la preservación ambiental con la explotación económica.
Las tierras públicas representan alrededor del 47% de las áreas de bosque en la región. En total, son dos millones de kilómetros cuadrados, eso sin contar las áreas de reservas indígenas y de conservación ambiental. Una parcela de ese territorio -excluyendo de ella las áreas donde existen demandas sociales o conflictos, protección ambiental o que son consideradas frágiles- podrá utilizarse para su uso sostenible. La selección de estas áreas será homologada en audiencias públicas, y comprenderá un plan de otorgamiento, licitado de acuerdo con criterios que impiden la monopolización. Los mayores lotes tendrán 50 mil hectáreas como máximo.
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