El Estado brasileño dejó de lado en los últimos diez años políticas de derechos humanos que estaban dando buenos resultados – con consecuencias tales como el crecimiento de la violencia, la inseguridad y la injusticia social. Este panorama emerge del recientemente lanzado 3º Informe Nacional sobre Derechos Humanos en Brasil, organizado por la Comisión Teotônio Vilela y por el Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo (USP) – uno de los diez Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) de la FAPESP, también conocido como Núcleo de Estudios de la violencia (NEV). “Una serie de iniciativas se cortó. Políticas públicas tales como la oidoría de policía, programas de apoyo a la víctima, comisarías femeninas y aumento de las penas alternativas fueron perdiendo terreno”, dijo el investigador del NEV y coordinador del informe, Paulo de Mesquita Neto. Con más de 580 páginas, fue elaborado con la colaboración de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.
Republicar
