ANDRÉS SANDOVALEspaña contará en los próximos meses con una nueva legislación sobre ciencia, tecnología e innovación, que busca estimular las inversiones del sector privado en investigación y desarrollo (I&D) y crea nuevas bases para la carrera de investigador, sometiéndola a nuevos procesos evaluativos, pero garantizándole derechos laborales inéditos en el país. La ley, propuesta hace un año por el gobierno, fue aprobada en febrero por unanimidad en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso y ahora se debate en el Senado. Está previsto que entre en vigencia a mediados de 2011. La misma reemplazará a la Ley de Ciencia vigente desde 1986. El impulso para cambiar el marco legal cobró vigor en 2008, mediante la reestructuración del Ministerio de Ciencia e Innovación, que aglutinó organismos de las carteras de Salud y Educación. Ya existió, anteriormente, un Ministerio de Ciencia, pero se extinguióen 2004.
España ocupa el 9º puesto en el ranking mundial de la producción científica, aunque desciende al 20º lugar cuando se evalúa el impacto generado por su investigación. Según la ministra de Ciencia e Innovación, la bióloga Cristina Garmendia, el sistema de I&D del país se consolidó durante los últimos años mediante la multiplicación de la cantidad de científicos y el crecimiento del volumen de recursos, además de una marcada integración de la ciencia española en el ámbito europeo. No obstante, persiste el distanciamiento entre la comunidad científica y las empresas. “La ley mejorará nuestra capacidad para transformar el conocimiento en innovación, lo cual es clave para una economía sostenible”, expresó.
Esta ley incorpora la innovación al sistema científico español. La Agencia de Investigación Española se creará en un año, con la misión de monitorear los recursos y estimular al sector privado para que invierta más en I&D. Los investigadores contarán con mayor flexibilidad en su carrera para crear empresas. Para reforzar los contactos entre el sistema público y el sector privado, se prevé la creación de un estatuto para la Joven Empresa Innovadora, que recibirá incentivos, por ejemplo, en el campo de las compras gubernamentales, y está prevista la creación de la Estrategia Estatal de Innovación, que promoverá la cooperación entre las diversas instancias administrativas. Pero aún quedan lagunas por resolver, que se encuentran siendo discutidas en el Senado. “No se abordó un problema importante, como es el de los incentivos fiscales destinados a promover la inversión privada en innovación”, expresó para la agencia Europa Press, el diputado Gabriel Elorriaga, del Partido Popular.
El Congreso promovió modificaciones en la estructura de la carrera científica, aunando la estabilidad con la evaluación del desempeño. La nueva ley mantiene el esquema que vincula a los científicos con las estructuras del servicio público, pero trae novedades, sobre todo, para los investigadores que comienzan su carrera. Una de ellas es un contrato inicial de cinco años, no prorrogable, durante el cual el investigador será continuamente evaluado y los resultados obtenidos encauzarán su producción futura. Otra novedad es la sustitución del sistema de becas por contratos de trabajo por tiempo determinado. “Donde antes había becas, ahora existirán los citados contratos”, resaltó Cristina Garmendia. Por eso, dice la ministra, la edad promedio con la cual un investigador alcanzará una posición fija bajará de 39 a 34 años. Miguel Ángel de la Rosa, presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, recuerda que la nueva ley de ciencia surge en un escenario económico adverso para Europa. “Pero es el momento para hacerlo, con decisión y visión de futuro”, dijo. “Ya contamos con laboratorios que compiten con los mejores del mundo, con una comunidad científica consolidada y jóvenes líderes formando sus propios grupos de investigación. La ley permitirá un mayor avance”, afirmó.
Republicar