Daniel BuenoLa Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), la mayor y más antigua del país, comenzó a debatir un conjunto de normas destinadas a investigar y sancionar deslices éticos de sus docentes e investigadores. El trabajo está a cargo de directivos de la universidad, y surge como respuesta a un problema que involucró a una pareja de investigadores de la Unam, que manipuló imágenes en 11 artículos científicos, cuyo castigo, no obstante, acabó en suspenso debido a irregularidades en la investigación. Los microbiólogos Mario Soberón y Alejandra Bravo, del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Unam, fueron denunciados y admitieron, en 2012, la modificación de imágenes de pruebas en artículos sobre las toxinas del Bacillus thuringiensis (Bt), utilizadas como insecticida en la agricultura. “Sin embargo, ellos argumentaron que las alteraciones cumplieron tan sólo un efecto cosmético, para mejorar la comprensión de dichas imágenes”, le manifestó al blog ScienceInsider, de la revista Science, el ex director del IBt Carlos Arias. Un comité de investigación externo, formado para tratar el caso, determinó que, en al menos dos artículos, los detalles ocultados de las imágenes constituían una manipulación “inapropiada y censurable”. Pero el grupo de expertos también precisó que las modificaciones no comprometían las conclusiones emanadas de los artículos, por lo tanto no era necesaria una retractación. La sanción para los investigadores fue severa. Soberón debió renunciar a la jefatura del Departamento de Microbiología Molecular, y su esposa sufrió la destitución de su cargo de “líder académica”, relegada a “investigadora asociada”.
La comunidad científica quedó dividida con respecto al castigo. El caso, seguido de cerca por la prensa mexicana, fue señalado como un hito en la sanción de los desvíos del comportamiento en el ambiente científico, pero hubo investigadores influyentes que salieron en defensa del matrimonio. Juan Ramón de la Fuente, decano de la Unam entre 1999 y 2007, consideró a ambos investigadores “víctimas de una sospecha exagerada” y blanco de la “envidia” de colegas.
En octubre, el ombudsman de la Unam, Jorge Carmona, decidió suspender la sanción, por considerar que fue demasiado severa para el desliz cometido y porque se constató que hubo irregularidades en la investigación del caso. Uno de los denunciantes del matrimonio participó en la primera etapa de evaluación, lo cual se consideró inapropiado. Carmona opina que ellos no tuvieron oportunidades adecuadas para defenderse en el curso de la investigación y su reputación fue dañada a causa del informe selectivo de datos sobre el tratamiento de la misma. La necesidad de establecer reglas se tornó apremiante, dice Agustín López Munguía, secretario académico del IBt en la época en que se realizó la denuncia. “La universidad no cuenta con procedimientos definidos para lidiar con problemas de esa índole”, afirma.
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