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Políticas públicas

Al servicio de la justicia

El avance de las investigaciones en las ciencias forenses tropieza con problemas estructurales del sistema de investigación criminal

La dirección del Servicio de Verificación de Óbitos de la ciudad de São Paulo está a cargo de la USP

Léo Ramos Chaves

Durante los últimos 15 años, la cooperación entre la academia y la policía se ha venido intensificando en todo Brasil, con avances significativos en el trabajo pericial en áreas tales como la de toxicología y la de odontología forense. El sistema de investigaciones, con todo, sigue afrontando dificultades estructurales que han perjudicado su pleno desarrollo. La falta de autonomía entre los organismos responsables de los procesos de análisis técnico de los casos criminales y la sobrecarga laboral de los peritos constituyen algunos de los obstáculos que tienen impacto sobre la cooperación científica.

Con 41.600 asesinatos en 2018, según informa el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la investigación de homicidios constituye actualmente uno de los grandes retos que afronta Brasil, que actualmente desconoce el índice de resolución de esos delitos. Según el Atlas de la Violencia de 2019, elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), en los estados en los cuales se conocen esas cifras, el mismo no supera el 20%. La profesora Alice Aparecida da Matta Chasin, docente de toxicología y coordinadora del área de salud del posgrado en las Facultades Oswaldo Cruz, de São Paulo, ve en el conocimiento científico una posibilidad de modificar ese panorama. “La labor de los peritos consiste en transformar rastros en indicios, empleando para ello técnicas y metodologías científicas para ayudar en la resolución de casos judiciales, como en el caso de los homicidios, por ejemplo”, explica Chasin, quien recuerda que el Código Procesal Penal brasileño exige que los institutos de criminalística y medicina legal realicen pericias incluso cuando un acusado confiesa el crimen.

La Policía Federal (PF) de Brasil cuenta actualmente con 51 unidades de criminalística y 1.100 peritos criminales. En 2019, de acuerdo con el perito criminal federal Eduardo Mendes Cardoso, 314 de ellos eran másteres y 89 doctores. Sin embargo, el sistema de investigación se encuentra sobrecargado. “La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] aconseja que los países dispongan de un perito por cada 5 mil habitantes. En Brasil, el último dato disponible, de 2013, indicaba la existencia de un perito cada 38 mil habitantes”, informa Mendes Cardoso.

En sus tesis doctoral defendida en 2019 en la Facultad de Salud Pública (FSP) de la USP, la enfermera Greice Petronilho Prata Carvalho estudió el trabajo del equipo de atención de la escena del crimen del Núcleo de Pericias en Delitos contra las Personas, del Instituto de Criminalística del municipio de São Paulo, constatando los efectos cotidianos de esa realidad. Para atender a todo el territorio de la capital, el organismo dispone de tan solo dos equipos, integrados por un perito criminal y un perito fotógrafo pericial, que trabajan en turnos de 12 horas. “Cada día, esos profesionales llegan a recorrer 300 kilómetros, compareciendo en hasta 17 sitios que registraron delitos contra las personas, tales como homicidios, suicidios, robos violentos y muertes dudosas”, informa.

Prata Carvalho, quien acompañó al equipo pericial en 61 oportunidades a lo largo de un año, dice que muchas veces los profesionales no disponen del tiempo suficiente para realizar la investigación en forma adecuada. Tampoco para hacer uso del conocimiento científico en la recolección de datos necesarios para la resolución de los casos. Cuando se registra un delito, una autoridad –generalmente un comisario– les solicita a los peritos que analicen el lugar. Su función abarca la identificación de indicios que puedan servir para solucionar el caso, así como también la recolección de material que requiere de análisis de laboratorio, tales como muestras biológicas o registros de huellas dactilares. El equipo puede incluir un perito criminal, un fotógrafo y un perito dibujante. “Esos profesionales están expuestos a vivencias delicadas, relacionadas con escenas de violencia o de desesperación de los familiares, y no logran procesar esas experiencias como consecuencia del alto flujo de trabajo”, dice. “En los 61 lugares a los que fui con ellos, que involucraron casos de muertes dudosas, solamente pudieron confirmarse dos homicidios. Muchos eran casos de ancianos enfermos, que fallecieron en sus hogares de muerte natural”, informa. Según indica Prata Carvalho, las personas entrevistadas en su investigación relataron que todo proceso de atención de una escena de delito, desde la emisión de la solicitud pericial hasta la elaboración del informe del médico forense implica un costo de casi 5 mil reales. Con una selección más cuidadosa de los casos de muertes sospechosas que, por lo tanto, requieren efectivamente de una pericia del Instituto Médico Legal (IML), ese monto podría reducirse y la sobrecarga laboral de los peritos atenuarse.

Léo Ramos Chaves Las muestras para biopsias las extraen los peritos, quienes requieren los análisis de laboratorioLéo Ramos Chaves

La búsqueda de autonomía
“Los IML son los primeros en acusar el impacto de la falta de inversión en políticas de seguridad pública”, dice Flavia Medeiros, docente del Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) e investigadora del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos (INCT-InEAC). La profesora Medeiros, quien desde hace una década investiga a las instituciones responsables de la gestión de personas fallecidas, monitoreando la producción de documentos y registros elaborados a partir de pericias, afirma que, además de la falta de recursos, otra de las demandas del sistema de investigación alude a la necesidad de que la pericia criminal pase a hacerse mediante organismos independientes de la policía. “Los peritos necesitan tener autonomía para investigar, por ejemplo, aquellos delitos en los que se sospecha la participación del Estado”, sostiene. La desvinculación de los institutos médicos legales y de los organismos de pericia criminal de las secretarías de Seguridad Pública y de las policías civiles fue una de las recomendaciones efectuadas en 2014 por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), para prevenir violaciones graves de los derechos humanos.

Paulo Saldiva, del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la USP (FM-USP), señala al Victorian Institute of Forensic Medicine (VIFM) de Melbourne, en Australia, como un centro de referencia en el área de medicina forense en todo el mundo. Ese instituto lleva a cabo actividades de patología forense e investigación científica, y organiza cursos en esa área. También realiza autopsias y puede recabar material para análisis diversos, incluyendo toxicológicos, odontológicos y de ADN. Para elaborar un certificado de defunción, el médico legista dispone de informaciones completas. “Allá, solamente después de evaluarlo el forense se decide si el caso requiere de la apertura de una investigación policial”, explica Saldiva, recordando que el centro australiano también cuenta con una estructura judicial. Pese a que funcionan en el mismo lugar, el sistema de Justicia y el sistema pericial son independientes y responden a diferentes jefaturas.

El acceso a los cuerpos de los fallecidos como consecuencia de causas externas es fundamental para el avance de la medicina. Saldiva sostiene que fue justamente la creación de hospitales de campaña, a partir de la década de 1950, lo que posibilitó el estudio de las complicaciones clínicas y el desarrollo de tratamientos adecuados para situaciones de trauma. El Mobile Army Surgical Hospital (Mash), que establecieron las tropas estadounidenses durante la Guerra de Corea (1950-1953), constituye un hito de ese proceso. “En ese sentido, la violencia funcionó como un elemento impulsor del progreso médico”, informa. Según Saldiva, existe una división de funciones. Mientras que los peritos del IML realizan autopsias en busca de información que ayude a dilucidar la causa de una determinada muerte, los patólogos investigan esos cuerpos para estudiar aspectos relacionados con la medicina.

“A todo cirujano de emergencias le gustaría saber, por ejemplo, por qué un individuo que presenta un trauma en la médula también sufre un proceso inflamatorio. No podemos extraerle una parte de la médula espinal a una persona viva para investigarlo, pero si alguien murió, en ese caso sí. Hay enfermedades y complicaciones del trauma que solo pueden estudiarse en una autopsia”, justifica Saldiva. Los cadáveres de los fallecidos como consecuencia de causas naturales no determinadas son enviados para la realización de la autopsia en el Servicio de Verificación de Óbitos (SVO). En la ciudad de São Paulo, ese servicio está a cargo de la administración municipal y lo dirige la USP. En el Gran São Paulo y en el interior del estado homónimo, el servicio está a cargo de médicos contratados por los distintos gobiernos municipales. En tanto, los cadáveres de las personas fallecidas por causas externas, muchas veces en forma violenta (vea el diagrama), incluyendo homicidios, suicidios y accidentes, así como los cuerpos de personas no identificadas, se remiten para que los médicos forenses del IML les realicen la correspondiente necropsia. Cada estado posee sus propias normas de funcionamiento, en algunos lugares el SVO funciona dentro del propio IML, o bien en hospitales. “Así, en São Paulo, los investigadores de la USP pueden estudiar los cuerpos que arriban al SVO, pero no aquellos que son enviados al IML”, informa. “La realización de autopsias en personas que fallecieron como consecuencia de los traumatismos resultantes de accidentes en motocicleta, por ejemplo, podrían proveer información acerca de cómo desarrollar cascos más seguros”.

El responsable a cargo del Laboratorio de Antropología Forense del Centro de Medicina Legal  (Cemel) de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto en la USP (FMRP-USP), Marco Aurélio Guimarães, explica que la medicina legal es una especialidad simultáneamente médica y jurídica, y fue una de las más afectadas por las interferencias políticas durante la dictadura militar (1964-1985). Por eso, su enseñanza en instituciones de nivel superior resultó perjudicada. Con el propósito de fomentar el desarrollo del área, se creó el Cemel en 1990, pasando a albergar al IML de Ribeirão Preto, además de desarrollar actividades educativas y de investigación relacionadas con la medicina legal. A partir de ese acuerdo de cooperación, los investigadores de aquel campus de la USP comenzaron a poder participar en la realización de exámenes necroscópicos, y a la par, el IML pudo disponer de una estructura adecuada para el desarrollo de su actividad. “Antes del Cemel, las autopsias de Ribeirão Preto se efectuaban en una sala del cementerio de Saudade, que no tenía ventilación y en la cual los fluidos escurrían hacia la vereda”, recuerda Guimarães. Él explica que los médicos forenses del IML de Ribeirão Preto deben autorizar la presencia de docentes y alumnos en las autopsias para fines didácticos. Para la realización de estudios en cadáveres, se necesita enviar una solicitud a los comités de ética y el procedimiento es más delicado. De acuerdo con el investigador, la colaboración actual entre la universidad y el IML se enfrenta a desafíos relacionados con la falta de presupuesto para la compra de materiales y la contratación de nuevos peritos.

Según Guimarães, cuando se inauguró el Cemel, el IML contaba con 15 médicos forenses. “El personal se jubiló y no hubo reemplazos de vacantes. Por eso, hoy en día son tan solo seis, con dos posibles vacantes por cubrirse”, dice. En el mismo período, el volumen de trabajo se incrementó como consecuencia del crecimiento de la tasa de mortalidad asociada a causas violentas y a la prestación de nuevos servicios, tales como los exámenes para el seguro DPVAT (Daños Personales ocasionados por Vehículos Automotores Terrestres). Cabe señalar que un pedido de autopsia se realiza a partir de la elaboración de un Informe Policial y el fiscal a cargo es el responsable de determinar si el procedimiento será efectuado por el IML o por el SVO. “Brasil es uno de los únicos países del mundo que abre una investigación y define la causa mortis jurídica antes de que el cuerpo sea evaluado por un médico forense”, comenta Guimarães.

Pese a las dificultades estructurales, la cooperación entre la academia y el sistema de investigaciones ha registrado avances en diversas áreas del conocimiento. El director del Instituto nacional de Criminalística de la Dirección Técnico-Científica (INC/ Ditec) de la PF, Luiz Spricigo, comenta que las ciencias forenses utilizan cada vez más las tecnologías y metodologías desarrolladas en el ámbito científico-académico para la resolución de casos de interés para la Justicia. Como ejemplos, cita metodologías de valoración económica de daños ambientales, para rastrear huellas de tráficos de animales, restos humanos, madera ilegal, drogas y alimentos adulterados, y también para detectar delitos de pedofilia. “El desarrollo de herramientas de bioinformática para trabajar con una gran cantidad de datos provocó que el análisis genético forense creciese hasta el nivel de automatización actual, mediante la creación, por ejemplo, de bancos de datos de perfiles genéticos”, dice. Recientemente, la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes) suscribió un convenio con la Policía Federal (PF) y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública para invertir 10 millones de reales en programas de posgrado stricto sensu en las áreas de seguridad pública y ciencias forenses. Esa iniciativa brinda continuidad al programa ProForenses, que fue lanzado en 2014.

A partir de su trabajo junto a otros investigadores, el policía federal Bruno Requião da Cunha descubrió la mejor manera de combatir a las redes de pornografía infantil en el país. El grupo analizó la estructura de bancos de datos anónimos que fueron investigados durante el operativo Darknet de la PF. Entre 2014 y 2016, la PF monitoreó las actividades de 182 usuarios de un foro de pornografía infantil que involucraba a alrededor de 10 mil personas. Los investigadores recurrieron a métodos matemáticos y de la física para detectar a los elementos claves de la organización. “Descubrimos que las redes de pornografía infantil funcionan en forma similar a las de los terroristas: cuando capturamos a los elementos claves, ellas se disolvieron”, informa.

La autonomía entre los organismos responsables de la investigación de casos criminales constituye uno de los desafíos del sistema de investigaciones

En la odontología forense, uno de los retos científicos principales remite a los modelos de referencia para determinar la edad. Según Maria Gabriela Haye Biazevic, de la Facultad de Odontología de la USP, los modelos empleados en radiografías se ajustan a los estándares internacionales y en muchas ocasiones no sirven para la población brasileña. “Actualmente estamos trabajando para generar referencias adecuadas a las poblaciones mestizas, tal como es el caso de nuestro país”, informa. El cálculo de la edad por medio de técnicas de la odontología forense es importante, por ejemplo, en el contexto de un aumento de los flujos migratorios, cuando los gobiernos necesitan determinar la edad de quienes arriban al país. “Los individuos menores de 18 años reciben un tratamiento distinto del sistema de Justicia”, informa. En la Unión Europea, por ejemplo, los niños y adolescentes en condición de refugiados disponen de acceso a una mayor protección en el país que los acoge.

Finalmente, en lo atinente a la química forense, Adriano Otávio Maldaner, perito criminal federal del INC e investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologías Analíticas Avanzadas (INCTAA), informa que uno de los avances más significativos concierne a las investigaciones para la detección de nuevas drogas psicoactivas en circulación en el país. “Los traficantes internacionales introducen drogas en Brasil utilizando sustancias sobre las cuales aún no se dispone de una legislación acorde”, relata. Por medio del trabajo conjunto con la academia, los peritos criminales realizan la detección de esas nuevas sustancias para darle aviso a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que las incluye en la lista de sustancias prohibidas. En el ámbito del INCTAA y en colaboración con la Universidad de Brasilia (UnB), Maldaner participa en un estudio para estimar el consumo de drogas en Brasilia a partir del análisis de la red de desagües cloacales. “Este año firmamos un acuerdo con el Ministerio de Ciudadanía para efectuar ese estudio en otras ciudades de Brasil”. De acuerdo con el investigador, a partir de los resultados del mismo, el gobierno federal pretende establecer dispositivos tendientes a combatir las drogas, que incluyen tanto iniciativas de prevención en las escuelas como medidas para penalizar la utilización de sustancias como la cocaína.

En la misma sintonía, en otro proyecto de investigación científica, José Luiz da Costa, coordinador del Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIATox) y docente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Campinas (Unicamp), identificó nuevas drogas psicoactivas en circulación en diversas ciudades brasileñas, recolectando muestras de saliva de voluntarios, en el marco de fiestas y festivales de música electrónica. Cada vez que se recolectaban las muestras, los investigadores indagaban si ellos sabían lo que estaban usando y registraban sus respuestas. “Una de las conclusiones a las que arribó el estudio indica que más de la mitad de los individuos piensan que está consumiendo una sustancia diferente a la que realmente es”, afirma. Más allá de posibilitar una adecuación de las leyes, la identificación de nuevas drogas psicoactivas, dice Da Costa, aporta datos útiles para el tratamiento de pacientes atendidos en los servicios de emergencia de los hospitales.

Proyectos
1. Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Analíticas Avanzadas – INCTAA (nº 08/57808-1); Modalidad Proyecto Temático; Investigador responsable Celio Pasquini; Inversión R$ 1.733.102,25
2. La toxicología de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP): epidemiología del consumo por medio del análisis de muestras de cabello y fluido oral (nº 18/00432-1); Modalidad Ayuda a la Investigación – Regular; Investigador responsable José Luiz da Costa; Inversión R$ 105.757,54 + US$ 30.527,79

Artículos científicos
CUNHA, B. R. et al. Assessing police topological efficiency in a major sting operation on the dark web. Scientific Reports. v. 10, n. 73. ene. 2020.
Atlas da Violência 2019. Brasilia: Río de Janeiro: São Paulo. Instituto de Investigación Económica Aplicada; Foro Brasileño de Seguridad Pública. 116 p.

Libro
MEDEIROS, F. Matar o morto – Uma etnografia do Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro. Río de Janeiro: Serie Antropología y Ciencia Política, v. 57. p. 221.

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