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Política C&T

Armas integradas

Los institutos militares contarán con recursos provenientes de los fondos sectoriales

El Ministerio de Defensa de Brasil pretende acelerar el paso para la materialización de diez proyectos que desde hace años se encuentran en proceso de elaboración en los institutos de investigación de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Entre éstos se encuentra la construcción de la Central de Hexafluoruro de Uranio (Usexa, sigla en portugués) para la conversión de ese mineral en gas, para que, una vez pasada la etapa de enriquecimiento sea convertido en polvo para la producción del combustible utilizado en las centrales atómicas Angra I y Angra II. Actualmente este proceso se lleva a cabo en Canadá. “De esta forma Brasil pasará a dominar todo el ciclo del combustible nuclear”, dice el comandante Leonam dos Santos Guimarães, coordinador del Programa de Propulsión Nuclear del Centro Tecnológico de la Marina de São Paulo (CTMSP).Para implementar estos proyectos, Defensa cuenta con la concesión de 37 millones de reales que saldrán de los fondos sectoriales, tal como está previstoen un protocolo firmado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). También espera contar con el apoyo de empresas como Avibrás, que será socia en el desarrollo de una turbina de pequeña potencia para la propulsión de vehículos aéreos no tripulados (Vant), y de fondos del Ministerio de Comunicaciones, que promete patrocinar un tercer proyecto: la construcción del satélite geoestacionario brasileño, de acuerdo con el almirante Ricardo Torga, presidente de la Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología para la Defensa (Comasse), organismo coordinador del nuevo sistema.

Se espera que los diez proyectos representen el primer paso hacia la consolidación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Interés para la Defensa Nacional (SisCTID), creado en diciembre del año pasado. El objetivo del Ministerio de Defensa es integrar la investigación y el desarrollo militar al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, asegurándose así el acceso a nuevas formas de financiación y a políticas de incentivo, y además, encuadrar a los institutos de investigación de las tres Armas en el marco de la Ley de Innovación que tramita en el Congreso Nacional.Con los recursos presupuestarios básicos -por cierto, cada vez más parcos-, las Fuerzas Armadas enfrentan serias dificultades para investigar, desarrollar y nacionalizar tecnologías, y corren el riesgo de perder personal calificado. Para no interrumpir las actividades, la Armada, por ejemplo, ha puesto en práctica asociaciones puntuales; a su vez, transformó sus cuatro centros de investigación en organizaciones prestadoras de servicios y creó un “banco virtual” en el cual confluyen recursos de diversas fuentes, incluso aquéllos referentes a las partidas presupuestarias.

Los costos de las investigaciones son deducidos del “crédito virtual” de cada uno de los institutos. Así fue como el Centro Tecnológico de la Marina de São Paulo, en sociedad con el Instituto de Investigaciones Nucleares (Ipen,sigla en portugués), reunió los recursos necesarios para desarrollar la tecnología de ultracentrifugado que le permitirá a Brasil empezar a producir uranio enriquecido en escala industrial, para su posterior utilización en las centrales atómicas Angra I y Angra II. Actualmente el uranio extraído en la mina de Catité, Bahía, es transformado en gas (hexafluoruro de uranio) en Canadá y enriquecido en Holanda, con un costo de 19 millones de dólares cada 14 meses (lea en la página 20).

El Ejército y la Fuerza Aérea no han implementado el modelo de prestación de servicios. Optaron por programas de asociación con órganos de gobierno y empresas. El Instituto de Investigación y Desarrollo (IPD, sigla en portugués) -que se encarga de hacer investigación aplicada en el Ejército-, por ejemplo, evalúa el impacto de la irradiación en la ampliación de la vida útil de los alimentos en sociedad con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Federal Fluminense. Y junto a Avibrás estudia alternativas para el desarrollo de nuevos modelos de blindados. Un prototipo de vehículo, denominado VBR-LR, está listo y pasa por la fase de evaluación técnica.

Para reforzar los recursos disponibles, el Instituto Tecnológico de la Aeronáutica (ITA) se encuentra abocado este año a la creación de un fondo destinado a financiar proyectos de investigación y a modernizar laboratorios. Los recursos serán captados entre empresas privadas, e incluyen también donaciones de personas físicas. Este fondo ya cuenta con un presupuesto de un millón de dólares, de acuerdo con el rector, Michal Gartenkraut. Será administrado por la Fundación Casemiro Montenegro Filho, una organización sin fines de lucro que apoya la investigación y el desarrollo tecnológico. El ITA cuenta también con el apoyo de empresas como El Paso, gigante mundial de gas natural, que invirtió 365 mil reales en la instalación de un centro de excelencia y capacitación de recursos humanos en turbinas de gas, y de Embraer, que invirtió más de 3 millones de reales en la estructuración de una maestría profesionalizante en ingeniería aeronáutica.

Sociedades estratégicas
La integración que el nuevo sistema pretende impulsar tiene por objeto consolidar las sociedades con universidades y empresas privadas en torno a proyectos de desarrollo de tecnologías de aplicación civil y militar, o duales, en la jerga militar. Estos proyectos serán financiados con recursos provenientes de los fondos sectoriales y de inversión de riesgo captados con el apoyo del programa Innovar, de la agencia federal Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep). “El satélite geoestacionario se utilizará tanto en la navegación aérea como en el área de telecomunicaciones, y los vehículos aéreos no tripulados serán de gran utilidad para el monitoreo y la fiscalización de ductos”, ejemplifica el almirante Torga. Se espera que de tal convergencia de intereses surja una ampliación del contenido tecnológico de los productos y servicios para la Defensa, la capacitación recursos humanos y el fortalecimiento de la industria nacional, entre otros beneficios.

La aproximación con los sectores civiles comenzó con la elaboración de las directrices del SisCTID. En el transcurso del año pasado, Defensa reunió a investigadores y empresarios de São Paulo, Campinas, São José dos Campos y Río de Janeiro para constituir grupos de trabajo y debatir el borrador de la propuesta. Éstos analizaron los modelos de asociación implementados en otros países antes de plantear un modelo nacional para la integración de la investigación civil y militar. También analizaron las afinidades de las tres Armas y el potencial de aprovechamiento de las investigaciones para las Fuerzas Armadas y para la sociedad, hasta llegar a una lista de 23 tecnologías que serán las prioridades del sistema, entre ellas los reactores nucleares, los sistemas espaciales, los sensores, la microelectrónica y la hipervelocidad.

Una vez asegurado el financiamiento -y con estas 23 tecnologías en la mira-, el SisCTID funcionará con moldes similares a los de una agencia de fomento, induciendo la concreción de proyectos estratégicos -que en este caso tendrán carácter secreto y contarán con la protección de una legislación de salvaguardia- e incorporando investigaciones de innovación tecnológica espontáneamente presentadas. En ambos casos, el sistema operará como una red de cooperación, y utilizará como herramienta el Sistema de Gestión de Proyectos Estratégicos (SGPE), un software vía web desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai). Por cierto: la utilización de este programa es producto de una asociación entre el Ministerio de Defensa y la Confederación Nacional Industrial (CNI). La cartera de proyectos del sistema será administrada por la Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología para la Defensa.

En el apartado de las tecnologías definidas como prioritarias, Defensa ha seleccionado los diez primeros proyectos que pretende poner en práctica este mismo año. Al margen de la Central de Hexafluoruro, el satélite geoestacionario y el Vant, también destinará recursos y buscará socios para el desarrollo de combustibles nucleares avanzados como el uranio gadolinio, utilizado en la generación de energía eléctrica; la construcción del bloque girométrico para el Misil Antirradiación; la creación de sensores infrarrojos y óptico-mecánicos para el sistema de visión nocturna y de navegación inercial; el túnel de viento vertical para el entrenamiento de paracaidistas y un seudosatélite que dotará de mayor precisión a los sistemas de posicionamiento global por satélite (GPS).

Defensa apuesta al éxito de este modelo. “Sin una integración de esfuerzos, difícilmente responderemos al reto que implica construir una sociedad brasileña más justa y equilibrada”, sostiene el ministro José Viegas Filho en la presentación del documento Concepción estratégica, donde se detallan las directrices del SisCTID. Y las expectativas positivas surgen también del lado civil. “El nuevo sistema podrá ser un punto de inflexión en la investigación y el desarrollo militar”, prevé Michal Gartenkraut, rector del Instituto Tecnológico de la Aeronáutica (ITA), que participó de los grupos de debates. Para Gartenkraut, el punto fuerte es la intersección entre el ministerio de Defensa y el de Ciencia y Tecnología, que congregan respectivamente la innovación desarrollada en las tres Armas y el conocimiento generado en las universidades e institutos de investigación. Si es bien administrado, tal acercamiento puede reeditar el éxito de la sociedad que resultó en el desarrollo de la industria aeronáutica en Brasil, evalúa Gartenkraut. “La Fuerza Aérea ha tenido históricamente esa visión dual”, recuerda. El ITA, el Centro Tecnológico de la Aeronáutica (CTA) y Embraer, empresa creada 20 años después del ITA, son el resultado de ello. No obstante, Gartenkraut acota quelos recursos de los fondos sectoriales “no pueden sustituir” al dinero del presupuesto. “El mérito de ellos radica en que constituyen dinero fresco.”

Sin embargo, la integración con las universidades no va a ser fácil. “El gran desafío consistirá en poner en discusión y en la agenda de las universidades temas de interés para la Defensa”, observa José Roberto Arruda, de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), que también participó en el grupo de debates organizados por el Ministerio de Defensa. Arruda cree que los convenios con las universidades pueden hacerse posibles en torno a proyectos “no bélicos”, que contemplen la educación o la defensa alimentaria. “La Defensa no significa militarismo”, acota. Pero reconoce que será necesario implementar una serie de iniciativas para atraer talentos hacia este tipo de investigación, como por ejemplo la creación de becas de doctorado o de premios para tesis. “Ése es un estímulo muy utilizado en el exterior”, dice.

Globalización selectiva
El SisCTID comenzó estructurarse al final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El día 26 de noviembre de 2002, cuando faltaba poco más de un mes para la toma de posesión del nuevo gobierno, el Ministerio de Defensa -en ese entonces bajo la conducción de Geraldo Magela Quintão- organizó un seminario en el que se plantearon las directrices del sistema. “Al año siguiente, el ministro Viegas y Roberto Amaral, ministro este último de Ciencia y Tecnología, asumieron esta propuesta en carácter extraordinario”, comenta el almirante Torga. Esas directrices se detallaron en el transcurso del primer año de gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el SisCTID fue creado oficialmente el día 10 de diciembre del año pasado.

El documento Concepción estratégica, una especie de certificado de nacimiento del nuevo sistema, justifica así su implantación: describe un escenario mundial de “incertidumbre”, signado por un lado por la globalización selectiva y “por un condominio del poder” integrado por unos pocos países, y por el otro lado, por el deterioro del concepto de soberanía nacional en algunas regiones del planeta. A su vez, el escrito denuncia que, en nombre de la defensa y de la paz mundial, “se han perpetrado actos de guerra sin el necesario respaldo legal del derecho y sin apoyo institucional”. Y propone que los países que “valoran la democracia, la libertad y el respeto mutuo se mantengan preparados para “sostener su propia autodeterminación”. Sucede que las Fuerzas Armadas Brasileñas han encontrado en los últimos tiempos barreras técnicas y comerciales en los países del primer mundo, que intentan “evitar cualquier progreso que permita la aproximación de países competidores”, según señala el documento. La salida sería la creación de unsistema en los moldes del SisCTID, que articule a los diversos sectores de la sociedad para hacer avanzar al país con recursos y conocimientos propios. “Debemos libertarnos de las importaciones”, insiste el almirante Torga, citando como ejemplo las dificultades que Brasil ha venido encontrando para comprar componentes para el vehículo aéreo no tripulado. Dichos componentes, si todo anda como es debido, comenzarán desarrollarse en el país, y los fabricarán socios nacionales.

Tres décadas después, el SisCTID actualiza así un antiguo proyecto de las Fuerzas Armadas Brasileñas delineado en la década de 1970, con el objetivo invertir en el montaje de una infraestructura de investigación de punta y en la articulación de un complejo industrial militar nacional. “Los principios son los mismos”, observa el almirante Torga. A la época, el concepto de “gran potencia” era la referencia teórica del pensamiento militar brasileño, y la capacitación tecnológica constituía la meta estratégica. “Ese proyecto nunca llegó a plasmarse, excepto en el caso del programa AMX de la Aeronáutica, que con el apoyo del brazo civil de Embraer hizo avanzar el mercado brasileño de aviones”, sostiene en su análisis Geraldo Lesbat Cavagnari Filho, investigador del Núcleo de Estudios Estratégicos de la Unicamp. El proyecto de “gran potencia” se abortó, pero permitió que los institutos militares incorporasen nuevas tecnologías que hicieron avanzar la investigación estratégica, materializadas en el Programa Espacial Integrado, el Programa Nuclear y el Programa Fronteras.

Investigación compartida
El SisCTID también prevé que las Fuerzas Armadas compartan sus laboratorios con las universidades y las empresas privadas. Pero el desarrollo de proyectos comunes requerirá de una cobertura legal para cuestiones tales como la titularidad de las innovaciones, por ejemplo, y reglas claras para eventuales licencias o la salida de investigadores de sus institutos de origen. Se espera que estos y otros obstáculos se despejen con la aprobación de la Ley de Innovación. “Hemos formulado algunas sugerencias con relación al proyecto de ley que se encuentra en estudio en el Congreso”, observa el almirante Torga.

En la Armada, donde los institutos de investigación operan como organizaciones prestadoras de servicios, este proceso de apertura a la investigación civil ya se encuentra en marcha. Es llevado adelante por la Empresa Gerencial de Proyectos Navales (Emgepron) -vinculada a Defensa y coordinada por la propia Marina-, creada en 1982, cuando el país se empeñaba en desarrollar una industria naval militar. La empresa tenía autonomía para negociar y contraer empréstitos en moneda extranjera, y así sorteaba obstáculos para reaprovisionamiento de la industria naval. “A la época teníamos proyectos militares, e intentábamos motivar a los sectores privados a asociársenos. Pero ahora hemos modificado nuestro foco. Consultamos a las diversas empresas de investigación y les preguntamos: ¿ustedes qué desean investigar?”, explica el almirante Wilson Montalvão, asesor técnico de Emgepron. La meta, según Montalvão explica, es asegurarles a los institutos de investigación su autogestión e ingresos propios.

La gran mayoría de los “clientes” se encuentra aún en el gobierno. El Casnav, por ejemplo, desarrolló un sistema de gerenciamiento de documentos, que está siendo adaptando para atender las demandas de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. “Existe también interés de parte del Ministerio de Hacienda y de las empresas Petrobras y Furnas”, adelanta el comandante José Augusto de Carvalho Benoliel, jefe del Departamento Administrativo del Casnav. Algunas sociedades con el sector privado “ya se han concretado”, dice el almirante Montalvão. Una de ellas es con Inbrafiltro, una empresa ligada al área de blindaje de autos. “Ellos se acercaron a nosotros porque pretenden extender sus actividades a la seguridad personal, fabricando chalecos a prueba de balas, cascos, etc.”, comenta Montalvão.

El acuerdo que se está negociando contempla el desarrollo de un nuevo producto, cuya patente quedará en poder Inbrafiltro, en tanto que los royalties irán a parar a las arcas de la Armada. Otro proyecto en marcha, solicitado por Petrobras, es la instalación de arrecifes artificiales para atender a las colonias de pesca cercanas a la cuenca de Campos. En tal sentido, algunas municipalidades han manifestado interés, puesto que el incremento de la oferta de peces permitirá la explotación del turismo ecológico.La política de apertura impulsada por la Armada también permitirá el acceso por parte de los investigadores a los cuatro institutos de la Fuerza: al margen del Centro Tecnológico de la Marina de São Paulo, también están el Centro de Análisis de Sistemas Navales (Casnav), el Instituto de Estudios del Mar Almirante Paulo Moreira y el Instituto de Investigación de la Marina, todos con sede en Río de Janeiro.

Una delicada negociación

Brasil está negociando con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) formas de inspección en las ultracentrífugas de enriquecimiento de uranio que se están instalando en la empresa Industrias Nucleares de Brasil (INB) en la localidad de Resende, estado de Río de Janeiro. El primer intento de acuerdo, el año pasado, quedó en suspenso cuando la AIEA solicitó una inspección más exhaustiva, que incluyese el acceso visual a las máquinas. El planteo de la AIEA sienta un precedente en los procedimientos de fiscalización y el acuerdo sobre tal procedimiento terminó posponiéndose.

En la negociación con la AIEA, Brasil es representado por la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), vinculada al MCT y a la Autoridad Regulatoria Nuclear; la Armada; INB y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se cree que la visualización de las máquinas podría revelar informaciones inherentes a la propiedad industrial. Las ultracentrífugas desarrolladas por el Centro Tecnológico de la Marina de São Paulo (CTMSP) y por el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (Ipen) utilizan una tecnología innovadora. Estas maquinarias están equipadas con un tubo cilíndrico que gira en vacío a una velocidad supersónica para separar el uranio 235, utilizado como combustible, del uranio 238. El modelo tradicional -utilizado por Urenco, el consorcio integrado por Alemana, Inglaterra y Holanda-, tiene un tubo que se apoya en un gorrón mecánico, sujeto en la parte superior por gorrones magnéticos. La ultracentrífuga brasileña funciona por levitación: tanto el gorrón superior como el inferior son magnéticos. La altura y el diámetro de la máquina, por ejemplo, son informaciones tecnológicamente relevantes.

Al margen de ser signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), firmado en 1997, Brasil también integra conjuntamente con Argentina la Agencia Brasil-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (Abacc) y la AIEA en el marco del Acuerdo Cuatripartito para la Aplicación de Salvaguardias, vigente desde 1994. Dicho acuerdo prevé que todas las instalaciones nucleares instaladas en el país realicen la contabilidad del material nuclear y envíen informes a las dos agencias de inspección. Periódicamente, esas instalaciones son fiscalizadas en el marco de visitas que pueden ser o no anunciadas, que verifican la contabilidad, confirman las informaciones y recaban registros de imágenes captadas por las cámaras, entre otras actividades. Los procedimientos de inspección en cada instalación nuclear son negociados caso por caso.

“En los reactores de potencia, por ejemplo, existe un sistema de vigilancia”, dice Laércio Vinhas, coordinador general para Asuntos Internacionales de la CNEN. Pero, en cualquiera de estos casos, el Acuerdo Cuatripartito prevé que, para aplicar salvaguardias, se deben tener en cuenta los intereses del país con relación a la preservación de secretos tecnológicos, recuerda Vinhas, que aboga por que el entendimiento llegue a buen puerto: “Las agencias de fiscalización intentan obtener el mayor número de informaciones posibles, y Brasil procura preservar al máximo sus secretos tecnológicos y comerciales. Ambas partes deben llegar a un equilibrio”.

El físico Rogério Cerqueira Leite, profesor emérito de la Universidad Estadual de Campinas, sostiene que no hay riesgos tecnológicos inherentes a la inspección visual. “Las diferencias tecnológicas no son importantes. Lo que ellos pretenden es controlar la producción brasileña”, concluye.Pero hay otro problema que seguramente constará en la pauta de negociación con la AIEA. La Agencia espera -de acuerdo con la evaluación de algunas fuentes del sector, a decir verdad presiona- que Brasil suscriba un protocolo adicional al Acuerdo de Salvaguardias que brinde acceso a los inspectores a cualquier sitio del territorio nacional, no solamente a las instalaciones nucleares.

“La Agencia no está presionando a Brasil. La firma de ese protocolo es voluntaria. Le compete al país, soberanamente, tomar una decisión al respecto”, sostiene Vinhas. Brasil, afirma Vinhas, está analizando las implicaciones técnicas y políticas que tendría la firma de ese protocolo adicional. Y adelanta que la postura brasileña apunta a que las discusiones relativas al protocolo adicional sean más amplias, y realizadas en el marco de iniciativas que contemplen no solamente la no proliferación de armas nucleares, sino también el desarme.

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