NEGREIROSFaltando poco menos de tres meses para el traspaso del poder en el país, el gobierno federal ha anunciado la creación de tres nuevos institutos de investigación en áreas estratégicas – Bioamazonia, Semiárido Nordestino y Nanotecnología – y medidas de incentivo fiscal para estimular inversiones nacionales en innovación. A su vez, se ha visto obligado a destinar una partida de emergencia de 60 millones de reales para el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), de los cuales 50 millones tienen como objetivo mitigar la difícil situación que atraviesa el Consejo Nacional de Desarrollo Científico e Tecnológico (CNPq).
Ese un volumen de recursos responde apenas parcialmente a las necesidades urgentes del consejo. Con un 45% de los recursos presupuestarios previstos para este año retenidos – es decir, 279 millones de reales, sobre un presupuesto total de 620 millones de reales -, el CNPq estaba atrasando el otorgamiento de financiamientos aprobados desde 2001 para varios grupos de investigación activos en todo el país, provocando de esa forma la paralización o la reducción del ritmo de sus actividades. Ahora el consejo podrá ponerse al día por lo menos con la parte de los financiamientos pactada el año pasado.
Esta pequeña muestra de las acciones federales recientes en el área de ciencia y tecnología es bastante ilustrativa de la política federal para el sector en el actual gobierno. Un balance equilibrado muestra que esa política fue responsable por avances indiscutibles para garantizarle a la ciencia y la tecnología el papel determinante que éstas deben tener en el desarrollo nacional, como la creación y reglamentación de los 14 fondos sectoriales de investigación estructurados en los últimos dos años bajo el comando del MCT; la ley de innovación enviada por el Ejecutivo al Congreso, que solamente entrará en la agenda de debates y votación el próximo año; y la ampliación del intercambio entre Brasil y naciones que pueden convertirse en socios claves para lograr una mejor ubicación del país en C&T en el ámbito internacional.
Pero junto con estos cambios positivos, principalmente en lo que se refiere a la estructura legal de sustentación del sector, el balance revela también problemas, como por ejemplo la escasez de fondos para grupos e instituciones importantes en el sistema nacional de ciencia y tecnología, y la reducción significativa de las inversiones federales en becas (del CNPq y de la Capes – Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior) en el Estado de São Paulo a partir de 1995 (lea Pesquisa FAPESP, edición 63, de abril de 2001).
Incentivos fiscales
La decisión más reciente del gobierno federal para estimular la innovación se tradujo en tres artículos incluidos en la Medida Provisoria 66 (Decreto), promulgada el 29 de agosto, que autorizan a las empresas privadas a descontar en el Impuesto a la Renta de Personas Jurídicas (IRPJ) y en la Contribución Social sobre Ganancia Líquida (CSLL, sigla en portugués) parte de las inversiones en investigación y desarrollo (I&D).
En el caso de las empresas que también registren patentes de productos, la deducción será mayor porque además de los descuentos previstos, podrán deducir por segunda vez esos gastos en la determinación de utilidad real en el IR. Para ello, la patente deberá depositarse en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi) o en las otras tres entidades de análisis reconocidas en Brasil: European Patent Office, Japan Patent Office y United States Paten and Trande Mark Office. Las deducciones solamente valen en los casos de pagos efectuados a empresas o personas físicas residentes en el país.
En los cálculos del MCT, las deducciones de impuestos serán en promedio de un 30% del valor total aplicado. “El promedio mundial de incentivos es del 10%”, subraya el ministro Ronaldo Sardenberg, quien afirma que las medidas de incentivo fiscal completan un ciclo de acciones adoptadas por el gobierno federal desde 2000, que tuvieron el objetivo de impulsar la inversión de las empresas en I&D en el país.
La Ley de Innovación reforzará las medidas de incentivo. Con ella se pretende flexibilizar las relaciones entre investigadores, institutos de investigación y empresas privadas, y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías para productos, procesos y servicios. El proyecto de ley prevé, por ejemplo, que los productos y procesos innovadores, obtenidos por instituciones de investigación, sean transferidos a las empresas privadas interesadas en la producción de bienes y servicios; que las empresas compartan laboratorios y equipamientos con las instituciones públicas de investigación, mediante remuneración, y que, cuando la asociación se traduzca en patentes, el investigador participe en las ganancias económicas.
Tanto los incentivos fiscales como la Ley de Innovación se inscriben en un conjunto de directrices estratégicas de largo plazo, reunidas en el Livro Branco da Ciência, Tecnologia e Inovação, divulgado también en agosto último. Ese libro, elaborado con base en un amplio debate promovido por el MCT en todo el país el año pasado, que culminó en la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizada en Brasilia en septiembre de 2001, es una especie de síntesis dicha reunión. El mismo traza las líneas de un proyecto nacional de desarrollo en C&T para los próximos diez años.
El documento apunta como uno de los principales desafíos para el desarrollo de la C&T e Innovación en el país la elevación de las inversiones en I&D del actual 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) – sumados allí los alrededor de 300 millones de reales de los Fondos Sectoriales estimados para este año -, a un 2% en un plazo de diez años, con una proyección de crecimiento anual de un 4% en el PBI. Para alcanzar esa meta, las inversiones en I&D deberán crecer a razón de una tasa media anual de casi 11% hasta 2012, una tarea que el sector público debe dividir con las empresas privadas, ya que requerirá de una elevación anual de gastos del orden del 7%. Para el sector privado, el crecimiento medio anual deberá de ser del orden del 15%.
El cuadro actual dista mucho de ser ideal. Hoy en día, cerca de dos tercios de los gastos brasileños en I&D se originan en el sector público, y con un agravante: los recursos presupuestarios federales están sujetos a recortes y restricciones – como las que se efectuaron sobre las partidas del CNPq -, comprometiendo cualquier tentativa de planeamiento, aun aquéllas de corto plazo. Por lo menos para el próximo año ese problema en principio estará atenuado: la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO, sigla en portugués) de 2003, ya aprobada por el Congreso Nacional, contiene un dispositivo que impide la retención de recursos en ciencia y tecnología aprobados por el Legislativo, como ya sucede en las áreas de salud, educación y asistencia social.
El presupuesto del MCT en 2003, si es aprobado en el Congreso, será de 2.600 millones de reales, teniendo en cuenta el inicio del funcionamiento de cuatro nuevos fondos (salud, agronegocios, aeronáutica y biotecnología). Es verdad que, antes incluso de la promulgación de la medida provisoria, el gobierno federal ya había adoptado algunas acciones de estímulo a inversiones privadas en I&D. Entre ellas debe incluirse la nueva Ley de Informática, la ley 10.332 de 2001 – que permite destinar recursos fiscales para equilibrar las tasas de interés como subvención directa a empresas innovadoras de base tecnológica y como estímulo al capital de riesgo – y la creación del Fondo de Interacción Universidad-Empresas, conocido como Fondo Verde-Amarelo, creado también en 2001.
De todos modos, estos instrumentos se han mostrado insuficientes para atender la demanda de las empresas, y el gobierno pretende que los inversiones del mercado se sientan más estimulados con las nuevas medidas de incentivo fiscal y los mecanismos previstos en la Ley de Innovación.
Nuevos institutos
Con relación a los institutos de investigación creados para empezar a funcionar en 2003, cabe señalar que éstos son el resultado de la adopción por parte del gobierno de algunas recomendaciones del Informe Tundisi. Éste es un documento elaborado por una comisión formada por 72 especialistas – con la coordinación del investigador José Galízia Tundisi, ex presidente del CNPq y actual director del Instituto Internacional de Ecología, con sede en São Carlos -, que durante un año y medio analizó y evaluó la misión de los 21 institutos de investigación vinculados al MCT, con el objetivo de proponer nuevas políticas de actuación.
El presupuesto del MCT para 2003 reservó 25 millones de reales para la constitución de dos nuevos institutos y la incorporación del Instituto Bioamazonia, una organización social para investigaciones en biodiversidad actualmente bajo supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. “Estamos ejecutando un libreto”, dice João Evangelista Steiner, secretario de Coordinación de las Unidades de Investigación del MCT. Pero a ejemplo de la Ley de Innovación, la creación de los nuevos institutos también depende de que el Congreso Nacional acate la propuesta presupuestaria enviada por el Ejecutivo.
El Instituto Bioamazonia contará con 10 millones de reales anuales. Su tarea consistirá en transformar los resultados de las investigaciones realizadas por los laboratorios y universidades locales en productos y riqueza para la sociedad. El MCT ya cuenta con tres unidades de investigación en la región amazónica: el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa, sigla en portugués), el Museo Paraense Emílio Goeldi y el Instituto de Desarrollo Sostenible Mamirauá. No obstante, el Informe Tundisi hace la salvedad de que una de las principales prioridades del MCT debería ser la de articular, en conjunto con otros órganos, un programa estratégico de C&T para la región. Subraya que uno de los desafíos más dramáticos “esla carencia de recursos humanos calificados permanentes en la región”.
El Instituto del Semiárido Nordestino, con una dotación de 8 millones de reales, tendrá como principal misión coordinar investigaciones para el desarrollo de tecnologías en las áreas de recursos hídricos, el control de la desertificación, el clima y la pobreza. La región, con más de 25 millones de habitantes, tiene un inmenso potencial productivo, pese a ser una de las áreas más carentes de recursos en ciencia y tecnología de todo el país, según Steiner. El secretario evoca como ejemplo los resultados del trabajo del Centro de Investigaciones sobre el Semiárido, de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), que impulsó “una verdadera revolución” en la fruticultura irrigada en las regiones de Petrolina, en Pernambuco, y Juazeiro, en Bahía.
A pesar de la presencia en la región del Programa Xingó, un centro de extensión que actúa en 29 municipios en el bajo río São Francisco, el Informe Tundisi sugiere que el MCT realice “un esfuerzo adicional de C&T para el semiárido” y propone la creación del instituto, con sede en Juazeiro, con acciones concentradas en recursos hídricos y biodiversidad de la caatinga y para el apoyo institucional al Instituto del Milenio sobre el Semiárido.
El tercer instituto, de Innovación en Nanotecnología, contará con 7 millones de reales anuales. Contará con una estructura descentralizada para operar en red, conectando a instituciones de investigación e industrias. “No será propiamente un instituto de investigación básica, sino más bien abocado a iniciativas en el área, de manera de generar riqueza para la sociedad brasileña”, dice Steiner.
Republicar