Señores, São Paulo tiene 140 mil presos. São 140 mil hombres del PCC (Primer Comando de la Capital) dentro de la cárcel y 500 mil o más familiares fuera. Ellos están hoy programando inclusive para hacer elecciones de políticos, ¿está correcto? El PCC es fuerte en la capital, pero él es apoyado en todo el Brasil adonde va. Se convirtió realmente en una fiebre. Ser del PCC es un buen negocio. Muchas personas van a cometer un crimen sin saber lo que tienen que hacer. Si no va, muere. Quien afirmó eso es el director del Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado (Deic), de São Paulo, Godofredo Bittencourt Filho, en una reunión reservada de la CPI del Tráfico de Armas, el día 10 de mayo.
Al día siguiente al encuentro cerrado varios presidios estaduales iniciaron rebeliones casi simultáneas y una onda de violencia paralizó São Paulo por varios días. Esa crisis fue de una gran amplitud, envolviendo a más de 70 unidades penitenciarias rebeladas, lo que equivale a la mitad del número de prisiones bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración Penitenciaria. Y, lo más importante, las acciones del grupo sobrepasaron las murallas del sistema de prisiones. Llegaron a las bases policiales, a las jefaturas, a los ómnibus, a las agencias bancarias. Diseminaron el terror no sólo entre los policiales y otros agentes públicos, sino en la población en general. Eso es inédito, observa el sociólogo Fernando Salla, del Núcleo de Estudios de la Violencia (NEV) de la USP y coordinador (al lado de Marcos César Alvarez) del proyecto del Centro de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) Construcción de las políticas de seguridad pública y sentido de la penalidad en São Paulo, financiado por la FAPESP.
Un amplio panel, aún en desarrollo, la investigación revela que el paso del tiempo no cambió tanto cuanto debería a la política del Estado brasileño en el tratamiento de la seguridad pública. Segundo el Cepid, las elites, desde el siglo 19, quisieron transformar el Brasil en un país materialmente moderno, sin demostrar gran entusiasmo por las formas de vida democrática de los países que tomaban como modelo. Hay un desencaje entre la modernización política e institucional (inclusive del sistema de seguridad pública y de la Justicia criminal) y el avance efectivo en la garantía de los derechos y en la consolidación de la democracia y de la ciudadanía. Las representaciones sobre la forma de proceder en el trabajo policial, en el lidiar con el criminal, fueron marcadas por la posibilidad del uso de la violencia ilegal, del recurso a la arbitrariedad, por la certeza de que siempre hubo una legitimidad en esos procedimientos y la connivencia de las elites, que asegurarían la impunidad a cualquier irregularidad.
Inteligencia
El proyecto demuestra que la parte represiva de las políticas de seguridad es una cara de la cuestión, pero no puede ser vista como solución para todo. Lo más importante seria tener un trabajo de inteligencia policial y penitenciaría que desarticulase al crimen organizado fuera y dentro de las prisiones. ?Lo más difícil de combatir el crimen no es lo que está en el territorio de la ilegalidad, que está en la clandestinidad, sino sus aliados que actúan y circulan en la legalidad. La prisión no es una burbuja aislada de la sociedad e, inmediatamente, ver los celulares como la cuestión central es mirar para la dirección incorrecta, alerta el investigador. Es bueno que las autoridades sacasen lecciones de esa experiencia, pues muchos de los actos fueron practicados no apenas por los soldados, sino también por simpatizantes del PCC, que se querían mostrar listos para la facción, dispuestos a correr riesgos. Para el investigador, sin una política consistente de enfrentamiento al crimen organizado, las chances de un nuevo alzamiento en las prisiones y un nuevo caos urbano no deben ser descartados.
Los resultados iniciales del proyecto muestran que la crisis en el área de seguridad es más antigua de lo que se imagina. Desde los años 1950 el sistema penitenciario vive un colapso crónico. A lo largo de los años 1970, el autoritarismo favoreció una invisibilidad a los problemas más graves del sistema y mantenía la actuación de las fuerzas policiales en sintonía con las fuerzas de represión política. Con la redemocratización, se frustró la esperanza de que el nuevo orden trajese nuevos caminos para el área de seguridad. La investigación revela que las autoridades hasta hoy no tuvieron la osadía de enfrentar problemas recurrentes, y que, afirma Salla, se manifestaron, con gran fuerza, en la crisis reciente: las relaciones entre los agentes públicos y la criminalidad, en las prisiones y fuera de ellas; la fragilidad de los mecanismos de responsabilizar a los agentes públicos; la interferencia política en el funcionamiento de los órganos policiales y de las prisiones, de forma que perjudiquen su actuación; la ausencia de transparencia en el funcionamiento de esos órganos.
Salla concuerda con Bittencourt sobre el potencial de organización del PCC. Está dentro de las prisiones, pero posee amplias conexiones con actividades criminosas fuera de las prisiones, en especial el tráfico de drogas. Impresiona su capacidad de mantener un comando más centralizado de las acciones criminosas y de movilización de sus miembros y al mismo tiempo disponer del poder de sofocar las demás facciones que aparecen en el sistema de las prisiones, analiza. En ese sentido, según el sociólogo, el PCC muestra habilidad en construir la identidad de grupo, en establecer los vínculos de pertenencia, en ejercer la coerción sobre los posibles disidentes.
El nosotros, continua Salla, es constituido no sólo por los encarcelados que pasan por las mismas privaciones y humillaciones, que necesitan ayudarse para enfrentar las angustias y precariedades de la prisión, pero comprende también la identificación con la situación de pobreza y desempleo vivido por los pobres de la periferia. Varios de los líderes del PCC tienen efectivamente niveles considerables de politización y tienen clareza con relación a su fuerza política e identifican en las autoridades al interlocutor y al enemigo de sus disputas, evalúa. El señor, cuando habla en la televisión, el señor representa el gobierno; yo soy el líder del PCC, bueno, entonces somos dos lideres, ¿entiende?, como dijo Marcola al director del Deic.
Hay una astucia política de los gobiernos que no quieren provocar turbulencias en la relación con su aparato represivo. Los problemas en el área de la seguridad provocan desgaste político con la opinión pública y los gobernantes tienden, para evitar la exposición del sector, a acomodarse a las desobediencias y arbitrariedades de los aparatos, siempre que no provoquen una exposición desfavorable de los gobiernos, en especial en los medios, observa el investigador. En la declaración que se filtró para el PCC, Bittencourt llega a la misma conclusión: ?Hubo una época en que el gobierno del estado cometió un error, cuando tomó el liderazgo del PCC y los bandidos más peligrosos y los redistribuyo por el Brasil. Entonces eso, en la realidad, acabó haciendo un apareamiento. El Comando Rojo, por ejemplo, comenzó a tener mucho contacto con el PCC, hasta el punto de hasta liberar droga en Río para que el PCC pudiese hasta explotar en una bronca de punto de droga.
Para Salla, también la reacción de las policías civil y militar fue desastrosa en los eventos recientes. Pasado el primer momento, en que la policía podría repactar su relación con la sociedad, profundizar los lazos de solidariedad, estrechar su relación de confianza, el aparato represivo se dejó llevar por el camino de la violencia que siempre sembró la desconfianza y el temor conjuntamente con la población, avisa. El sociólogo observa que uno de los mayores desafíos es construir políticas de seguridad que respeten los derechos de los ciudadanos y que no coloquen en suspensión el ordenamiento legal cada vez que se crea que se está viviendo un momento excepcional.
El investigador recuerda que los agentes de la ley necesitan actuar en el estricto cumplimiento de la ley, pero, afirma, que lo que se vio fue la atribución de un estado de guerra, una situación de excepción que justificaba un enfrentamiento casi hasta el erizamiento, de la ley. Fue una oportunidad más perdida de dar a la sociedad una clase magistral de respeto al Estado de derecho, respondiendo a los ataques criminosos no con arbitrariedad o legalidad dudosa, sino por medio de acciones inteligentes y que demostrasen ser la policía moralmente superior a los actos de los bandidos.
Así, los investigadores van en la dirección contraria del sentido común, que ve el mantenimiento de los derechos civiles de los presos como dar cama blanda para bandido. Al contrario: es justamente la incapacidad del Estado en asegurar que está dispuesto en ley que provoca las fragilidades del sistema. La pena privativa de libertad no puede ser vista como la principal solución para la criminalidad. Es preciso reducir las presiones, hoy fuertes en Brasil, para la construcción de nuevas vacantes, que son caras y generan una población que sólo crece. Reducir esa presión significa estimular otros mecanismos de condenas, las penas alternativas.
El análisis histórico de las políticas de seguridad revelan que seria igualmente imperioso que el conjunto de entidades que gravitan al rededor del sistema penitenciario (jueces, el ministerio público, consejos penitenciarios etc.) aumentase su eficiencia, ejerciendo un monitoreo efectivo de las prisiones que estimule un control democrático por todo el sistema de Justicia criminal. Talvez esa crisis pueda traer una señal de alerta para que los estados busquen la organización de sus sistemas penitenciarios de forma mucho más consistente y eficiente, en que la ilegalidad en el ejercicio del cargo sea castigada?, observa.
Para el sociólogo, uno de los factores esenciales para comprender el crecimiento de las facciones criminosas es su capacidad de envolver agentes del Estado que actúan como policiales o que lidian con la custodia de presos. El facilitar las fugas, la connivencia con la entrada de armas de fuego, drogas, celulares y dinero son formas por las cuales esos agentes se envuelven con las organizaciones y permiten que ellas se desarrollen. Ya el director del Deic tiene otras preocupaciones. El PCC es hoy una organización extremadamente estructurada, que hace su recaudación con cinco tesoreros diferentes que se reportan a un responsable, que es para que la policía, a la hora en que capturar, no tomar todo. Según Bittencourt, Marcola tendría dividido la capital en cuatro áreas de influencia y tendría un representante en cada una de ellas, determinando todo lo que sucedería allá. Inclusive la provocación del caos. Pero es necesario tomar cuidado con las generalizaciones.
Rutina
Un acontecimento excepcional, rompe la rutina carcelaria, hace que un asunto poco abordado por los medios merezca la atención por meses. Pero como se habla poco de lo cotidiano de los presidios, cuando se enfatizan los acontecimientos extraordinarios que son los motines, se produce una imagen invertida de las penitenciarias, que pasan a ser representadas como locales donde no hay rutina, por obra de las manifestaciones violentas de los presos. Lo que es excepcional asume la apariencia de regla, anota la geógrafa de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), Eda Maria Góes. Hasta porque exponer a la población a la violencia continua demanda un precio elevado en la salud de los ciudadanos.
¿Cuál es el impacto de esa exposición a una violencia que parece nunca terminar? En esa socialización negativa, poco a poco se van perdiendo los interdictos morales contra el uso de la violencia, vista como forma de reparar daños, de hacerse justicia, de protegerse contra amenazas reales o imaginarias, avisa la investigadora del NEV, Nancy Cárdia. Cuanto mayor la exposición a la violencia, menor la creencia en las fuerzas encargadas de aplicar las leyes y mayor el riesgo de cinismo en relación a las leyes, y, paradójicamente, mayor la aceptación del arbitrio y de la violencia, de tal forma que aplicados contra sospechosos de la práctica de delitos percibidos como muy graves.
Todo ese cuadro llevaría a un proceso de aislamiento, de privatización, ya que las personas, aterrorizadas, tendrían que retirarse del espacio público, aislándose y construyendo barreras que, en sentido contrario del deseado, las dejan aún más vulnerables. En un final, con apenas R$ 200, Marcola compró la declaración de altas autoridades atrás de puertas cerradas, dentro del Congreso Nacional.
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