Marcelo CipisCiertos países, tales como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, han generado en las últimas décadas una serie de propuestas tendientes mejorar la comunicación pública de los resultados de las investigaciones científicas, con el objetivo de ayudar a autoridades y administradores a hacer el mejor uso posible de la información basada en evidencias científicas. Actualmente, un grupo de investigadores británicos decidió dedicarse a estudiar esas experiencias para evaluar aquello que funcionó. El resultado de ese empeño es el informe “Using evidence – What Works?”, un trabajo conjunto de la organización no gubernamental The Alliance for Useful Evidence con investigadores de la University College London (UCL) y la fundación de estudios de la salud Wellcome Trust. El documento completo se encuentra disponible en el portal bit.ly/AUEvidence. “Buena parte de las investigaciones se financian con recursos públicos. Si no comprendemos cómo estimular el uso de sus resultados para la formulación de políticas y programas eficientes, estaremos perdiendo oportunidades”, explica David Gough, docente de la UCL y uno de los coordinadores del informe.
Se evaluaron más de 150 iniciativas descritas en artículos científicos y libros publicados en los últimos años. Al menos en 30 ejemplos se pudo observar cierto éxito en la estrategia de ampliar la asimilación de informaciones científicas por la sociedad. Uno de los ejemplos mencionados es el de los denominados journal clubs, tal como se conoce a los foros de lectura y debate de artículos científicos creados en departamentos de universidades e institutos de investigación. Hubo una evolución en el perfil de esos clubes, que antes eran utilizados principalmente por investigadores de un área determinada. Ahora, esos foros también están proliferando en las redes sociales, hoy hay grupos de discusión sobre temas médicos y académicos, sobre todo en Twitter, que intercambian información relacionando papers de publicación reciente con un hashtag común. “Los journal clubs les ayudan a los profesionales a hallar las evidencias correctas que se ajusten a sus necesidades”, dice el informe. Al compartir y analizar artículos científicos, los profesionales de un área determinada logran comprender mejor el modo en que las evidencias pueden complementar su trabajo, en lugar de seguir solamente los consejos abstractos sugeridos por los expertos.
También se mencionan ejemplos exitosos de acercamiento de institutos de investigación al público lego. La Universidad de Brighton, en el Reino Unido, abrió un canal para la participación de la población de la región, mediante el cual los ciudadanos pueden sugerir temas para investigar y participar en su ejecución. Entre las decenas de proyectos realizados en conjunto por investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad, se destaca la creación de un sistema de alerta sobre la calidad del aire, por medio de mensajes enviados a teléfonos celulares.
El informe ve resultados positivos en los programas de capacitación volcados a administradores y empleados públicos. La Universidad Harvard dispone de un programa denominado Evidence for Policy Design, con cursos online que buscan la capacitación de profesionales para lidiar con la información científica. Otro ejemplo es el de la propia Alliance for Useful Evidence, que ofrece un curso para administradores. Esa organización se financia con recursos provenientes de una lotería y del Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido (ESRC).
Términos adecuados
Otro punto destacado lo constituyen las estrategias tendientes ampliar la percepción del público al respecto de los textos científicos. Algunos de los recursos recomendados consisten en relatar historias que cautiven a la audiencia, evitando la jerga técnica, además de valerse de herramientas de difusión, como es el caso de las redes sociales. En tanto, la experiencia del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) revela la importancia de hallar las palabras adecuadas para informarle al público lego sobre los resultados de las investigaciones científicas. En los dos últimos informes, ese organismo optó por utilizar términos tales como “probable” o “altamente improbable” para comunicarle sus pronósticos al público. Si bien no se ajustan a la precisión que se exige al debate científico, tales expresiones resultan más comprensibles para la población.
Uno de los aportes del informe, según analiza Carlos Joly, biólogo y docente de la Universidad de Campinas (Unicamp), radica en que se resalta la importancia del trabajo conjunto entre científicos y administradores. “Los casos presentados muestran que se pueden generar ámbitos de interacción capaces de abarcar a todos los actores involucrados. Ese abordaje es complejo, pero podría conducir a soluciones sólidas y duraderas”, sostiene. Joly es el coordinador del programa Biota-FAPESP, que se creó en 1999 y cuyos resultados de investigación inspiraron las leyes ambientales paulistas, sirviendo como referencia para formular 23 resoluciones y decretos estaduales. El investigadro lamenta que el ejemplo del Biota se haya difundido poco en el país. “Incluso en estados donde la comunidad científica es más activa, los científicos se enfrentan a obstáculos para ganar influencia sobre los administradores públicos”.
El climatólogo Carlos Nobre, con vasta experiencia en la administración pública en las áreas de ciencia, tecnología y educación, ocupando cargos en el gobierno federal, y en la elaboración de informes del IPCC, del cual fue miembro, dice que el informe aporta buenas ideas, pero plantea reticencias. “El documento tiene el mérito de señalar modos prácticos de incentivar la comunicación entre científicos y tomadores de decisiones. Sin embargo, esos casos tan sólo tienen alcance local o regional. No se tiene en cuenta cómo puede influir la ciencia en políticas a nivel nacional y global, en temas tales como la seguridad nacional o el desarrollo sostenible”, analiza Nobre, quien es miembro de la Red Internacional de Asesoría Científica a Gobiernos (Ingsa, por sus siglas en inglés).
Otro aspecto que él destaca es que muchos de los ejemplos que cita el documento son del área de la salud. “Cuando se trata de salvar vidas, los resultados de la investigación tienden a absorberse rápidamente. En tanto, en otras áreas, como por ejemplo, la energía, eso resulta más difícil de identificar”, dice. Según sostiene, se debe incluir a los científicos en la concepción de las políticas. “Lo que usualmente se hace es pedirles su opinión a investigadores cuando ya se está tramitando algún proyecto de ley en el Congreso”, dice. “Eso no basta. Es necesario que los tomadores de decisión, científicos y representantes de la sociedad se involucren desde los primeros debates. A este concepto se lo conoce como codiseño”, dice Nobre.
Un ejemplo de ese tipo de interacción se produjo cuando se elaboró el informe “Bioenergy & sustainability: Bridging the gaps”, un alianza entre la FAPESP y el Comité Científico para Problemas del Ambiente (Scope, por sus siglas en inglés). El documento, emitido en 2015, se basa en alrededor de dos mil estudios efectuados por 137 expertos de 24 países. “Su objetivo es influir en las políticas de bioenergía a escala global. Por eso, durante su elaboración, se concertaron varias reuniones que involucraron a científicos y autoridades”, comenta Glaucia Mendes Souza, miembro de la coordinación del Programa FAPESP de Investigación en Bioenergía (Bioen) y coeditora del documento.
El informe del Scope provee resultados de investigaciones combinadas con un análisis del panorama actual de la bioenergía y una revisión crítica de sus impactos. “Para que nuestras recomendaciones tengan un impacto global, necesitamos operar directamente con los gobiernos. Ello implica dialogar con ministerios, algo que requiere un esfuerzo permanente, no sólo de comunicación, sino también de articulación con todos los actores involucrados”, dice Souza.
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