EDUARDO CESAREl proyecto analizaba los varios tipos de mosquitos transmisores de malariaEDUARDO CESAR
La investigación intitulada Heterogeneidad de vectores de malaria en el estado Amapá fue interrumpida por decisión del Consejo Nacional de Salud (CNS) luego de que una serie de denuncias puso bajo sospecha los procedimientos éticos del proyecto. Consejeros y representantes del CNS decidieron verificar in loco la acusación de la fiscalía del municipio de Santana que apuntaba que los científicos estarían utilizando como cobayos humanos a alrededor de 40 habitantes de la localidad de São Raimundo do Pirativa a cambio de un pago diario de 12 reales. La utilización de “carnadas humanas” en la investigación y el pago por el servicio inflingen lo dispuesto en la Resolución 196/96 del CNS, que estipula las normas inherentes a aquellas investigaciones que involucren seres humanos.
Las sospechas sorprendieron: la investigación es coordinada por la ONG estadounidense Institutional Review Board, financiada por la Universidad de Florida/ Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, e involucra a científicos de la Universidad de São Paulo (USP), del Instituto Aggeu Magalhães de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Institutos de Estudios y Investigaciones de Amapá. Asimismo, el proyecto había sido aprobado por el comité de ética en investigación de la Fiocruz y por la Comisión Nacional de Ética en Investigación del CNS. “Cuando la investigación se aprobó en 2001, no se mencionaba el pago a colaboradores ni su utilización como carnadas humanas”, dice Gisele Saddi Tanus, que representa al segmento de los usuarios en el consejo.
El proyecto, que tiene como objetivo analizar los diversos tipos de transmisores del paludismo en la región, debería concluir en marzo de 2006, dice José Maria Soares Barata, de la Facultad de Salud Pública de la USP, consultor del proyecto. Los resultados aportarán medidas de prevención.
El protocolo de la investigación prevé que los mosquitos se capturen vivos, se los marque y después se los libere para que se pueda evaluar su tiempo de vida. “Tenemos colectores en tres comunidades. Además de São Raimundo, también en São João y Santo Antônio”, comenta Mércia Arruda, investigadora del Instituto Aggeu Magalhães. Estos colectores – todos adultos, alfabetizados y con más de 18 años – fueron capacitados para capturar mosquitos con el auxilio de un tubo de vidrio. “Ellos sabían que el mosquito debía ser capturado antes de picar. No aceptamos insectos con sangre”. Todos firmaron términos de consentimiento y, según ella garantiza, sabían del riesgo de exposición. Percibían a decir verdad 20 reales a modo de auxilio de alimentación y transporte.
La Resolución 196 reconoce que cualquier investigación con seres humanos reviste riesgos. No obstante, se los admite cuando permiten entender, prevenir o aliviar un problema que afecte el bienestar de los sujetos o de la comunidad, y cuando los beneficios sean mayores que los perjuicios. “Al cabo de tres años, tan solo cinco de nuestros voluntarios contrajeron malaria, es decir, un 8% del total de casos registrados en la región”, dice Alan Kardec Galardo, responsable de la investigación en Amapá.
Sin embargo las denuncias dan cuenta de que, en 2003, 20 colectores fueron invitados a alimentar con su propia sangre a alrededor de cien mosquitos para la marcación y la recaptura, lo que no estaba previsto en el proyecto. Robert Zimmerman, de la Universidad de Florida, uno de los coordinadores del proyecto, contó en entrevista concedida al diario O Estado de S. Paulo que los recolectores fueron expuestos a las picaduras de mosquitos por un breve período de tiempo, con la intención de evaluar la sobrevida de los insectos. “Nos dimos cuenta de que no era una buena idea”, afirmó. Según consta, ninguno de los veinte voluntarios sometidos a las picaduras habría contraído paludismo. Zimmerman afirmó que no ve problemas en utilizar carnadas humanas, que está sorprendido y que las quejas son infundadas. “Trabajo con malaria desde 1986”, argumentó. Los investigadores brasileños se sintieron engañados. “El protocolo de la investigación no preveía eso”. Cabe ahora al CNS y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado investigar la verdad de los hechos.
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