Las mujeres representan la mitad de los 1,2 millones de inscritos en la Orden de Abogados de Brasil (OAB). No obstante, su presencia en cargos de liderazgo en las carreras de derecho público y privado es minoritaria si se la compara con la participación masculina. En el caso de los tribunales, un estudio llevado a cabo por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) revela que en los últimos 10 años las magistradas no ocuparon más del 30% de los cargos de presidente, vicepresidente, juez corregidor [auditor] u juez oidor [ombudsman].
“La presencia de las mujeres en las distintas carreras jurídicas es de alrededor del 40%, pero ellas no progresan en las mismas a la par de los varones. Con el avance de la carrera, la participación femenina disminuye”, dice la socióloga Maria da Glória Bonelli, de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar). En un estudio del CNJ que se llevó a cabo con datos provenientes de 68 de los 90 tribunales de Brasil se detectó que las mujeres representan un 38% de la magistratura. En segmentos tales como la Justicia Militar Estadual, el porcentaje es de un 3,7%. En cuanto a los cargos de jefatura, la Justicia Laboral es el sector en que ellas registraron una participación mayor en la última década, con promedios de cargos que van del 33% al 49%. Por otro lado, en ese mismo período no hay registros de participación femenina en cargos de liderazgo en la Juzgados Militares Estaduales.
Según Bonelli, quien recientemente concluyó su investigación denominada “La descentralización de la docencia del derecho: Género y diferencias en la enseñanza jurídica en Brasil”, las hipótesis que explican la escasa presencia femenina en cargos de liderazgo en la magistratura brasileña son múltiples. Una de ellas alude al hecho de que las mujeres deben asumir funciones relacionadas con los cuidados, la administración y la organización de la vida doméstica familiar. “En tanto, los varones han ocupado históricamente los puestos de privilegio en las profesiones jurídicas, ya sea en tribunales concursales, congresos o asociaciones profesionales”, compara. De acuerdo con la Síntesis de Indicadores Sociales divulgada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en el mes de noviembre, alrededor del 20% de las mujeres brasileñas dejan actualmente de buscar trabajo porque deben ocuparse de las labores domésticas, de los hijos o de los familiares. Ese porcentaje es nueve veces superior al que se registra entre los varones.
La carrera en la magistratura comienza en distritos menores. A medida que asciende, el profesional va siendo trasladado a ciudades mayores. “Esta dinámica puede dificultar el progreso de las juezas que tiene hijos, por ejemplo. Mudarse de ciudad exige la búsqueda de nuevas escuelas y un replanteo de la estructura de apoyo escolar”, dice Bonelli. A juicio de la socióloga, otra hipótesis que puede explicar la presencia femenina minoritaria en cargos de liderazgo reside en la legislación brasileña, que posibilita que ellas se retiren de la vida profesional cinco años antes que los varones. “Siendo así, algunas mujeres optan por jubilarse antes de llegar a los puestos más altos”, sostiene.
Pese a ser minoritaria en cargos jerárquicos, el CNJ constató que la participación de las mujeres en la magistratura viene aumentando en los últimos 30 años. Pasó de un 24,6% en 1988, a un 38,8% en 2018, una presencia que antes de 1980 era poco significativa. Actualmente, la Justicia Laboral y la Justicia Estadual son las áreas con mayores porcentajes de mujeres en actividad en la magistratura: con el 50,6% y el 37,4%, respectivamente.
En cuanto a los cargos administrativos, el estudio del CNJ reveló que ellas representaron el 56,6% del total de empleados del Poder Judicial en los últimos 10 años, ocupando en promedio un 56,8% de las funciones de secretariado y cargos comisionados y un 54,7% de los puestos de jefatura durante el período analizado. “Este tipo de trabajo no registra un dominio masculino, y se detecta una participación femenina significativa. Se trata de actividades administrativas, con atribuciones rutinarias y que reportan al comando de la magistratura. Es decir, representan funciones con menor autonomía, capacidad y remuneración si se las compara con la carrera judicial, por ejemplo, donde la presencia masculina es mayor”, dice Bonelli.
La tendencia de las primeras mujeres que ingresaron en la magistratura fue la de reflejarse en el modelo masculino, de manera tal que hasta hace poco tiempo muchas de ellas usaban el apelativo de “juez”, en lugar de “jueza” para autodenominarse, dice Bonelli. “Actualmente, se utiliza con mayor frecuencia la denominación de ‘jueza’, pero la profesión aún no ha logrado desligarse de la lógica masculina”, analiza, remitiéndose a la ceremonia de toma de posesición del cargo como procuradora general de la República de Raquel Dodge, en 2017. “En las fotografías del evento, puede verse tanto a Dodge como a Rosa Weber y Carmen Lucia, magistradas del Supremo Tribunal Federal [STF] vestidas de negro, utilizando collares de perlas, en una imagen de supuesta neutralidad y como parte de una dinámica de ocultamiento del género”.
Esta una dificultad queda en evidencia en los bancos académicos. En 2015, Sheila Neder Cerezetti, del Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (FD-USP), fue consultada por un grupo de alumnas que manifestaban no sentirse cómodas para participar en clase. Cuando lo hacían, notaban que sus argumentos tenían escasa repercusión. “Las estudiantes querían investigar si esas sensaciones eran propias o estaban relacionadas con cuestiones estructurales de la universidad”, recuerda Neder Cerezetti, quien ya había constatado la preponderancia de las intervenciones masculinas, como así también que las muchachas solían aguardar a que terminara la clase para despejar dudas en carácter privado.
En el estudio intitulado “Interacciones de género en las aulas de la Facultad de Derecho de la USP: ¿Un currículo oculto?”, desarrollado a partir del trabajo de 23 investigadoras, graduandas y posgraduandas bajo la coordinación de Neder Cerezetti, se analizó la dinámica en las aulas, en busca de entender de qué manera la cuestión del género marca el proceso de enseñanza-aprendizaje en Largo São Francisco, la sede de la referida unidad académica. Una de las coordinadoras del Grupo de Investigación y Estudios sobre Inclusión en la Academia (GPEIA, por sus siglas en portugués), la doctoranda en la institución Lívia Gil Guimarães, explica que los resultados del proyecto coinciden con los hallazgos de los trabajos realizados en el exterior, tal como es el caso del estudio denominado “Becoming gentlemen: Women, law school and institutional change”. En este trabajo, desarrollado por investigadoras de instituciones estadounidenses tales como la Universidad de Pensilvania y la Universidad Colgate, pudo comprobarse que las alumnas inician la carrera de derecho con autoestima y voluntad de desempeñar la abogacía en la rama del derecho público, pero ese interés desaparece antes de llegar a graduarse.
Recurriendo a un trabajo de observación participante en las aulas de la carrera y a entrevistas individuales realizadas con estudiantes, la investigación de la FD-USP identificó patrones estructurales que desalientan la participación de las alumnas en el salón de clases. Entre ellas figura el hecho de que todas las aulas estén denominadas con el nombre de docentes varones y la ausencia de referencias a autoras femeninas en los contenidos programáticos. Asimismo, se registró que la participación femenina en la carrera de derecho es mayor en los años iniciales.
En el estudio también se analizó la relación entre alumnos y docentes en diferentes períodos lectivos. “Detectamos que los estudiantes percibían a los docentes varones como seres complejos, en tanto y en cuanto podían ser simultáneamente rígidos y divertidos, mientras que las profesoras suelen ser caratuladas en categorías uniformes: o se las consideraba rígidas o bien, maternales”, resalta Cecília Barreto de Almeida, que realiza una maestría en la institución y es una de las coordinadoras del GPEIA. Otra situación frecuente que se registró principalmente en el turno nocturno alude a disputas entre los alumnos de mayor edad, que generalmente cursan derecho como segunda carrera, y las docentes. “Muchos de ellos toman una postura en el aula como si tuvieran alguna autoridad de conocimiento frente a las docentes, algo que no siempre es real, porque, al fin y al cabo, a pesar de ser graduados, no poseen formación jurídica”, dice Neder Cerezetti.
Con base en esas observaciones, el estudio apunta la existencia de un “currículo oculto” en la facultad, es decir, una dinámica educativa y de aprendizaje que prioriza y estimula la participación masculina en detrimento de las mujeres. “Notamos que existe un movimiento de ‘invisibilización’ del género femenino y una naturalización del masculino, ya sea por cuenta de una participación más frecuente, o bien en función de los ejemplos aludidos y la bibliografía impartida, que tiende a priorizar a los autores varones”, comenta Guimarães.
Para Neder Cerezetti, esta realidad debe replantearse. “El salón de clases es el espacio de formación de los futuros profesionales y las relaciones desiguales impactan en el desarrollo de la carrera jurídica”, analiza. Según ella, los primeros pasos tendientes a una transformación en ese sentido sobrevinieron inmediatamente después de que se divulgaron los resultados del estudio, cuando otros docentes comenzaron a prestar atención a la participación de varones y mujeres en las aulas. Ese es el caso, por ejemplo, de Nina Beatriz Stocco Ranieri, docente de la institución desde hace 17 años. “Yo me percataba del silencio de las chicas, pero lo atribuía al hecho de que las comisiones eran muy numerosas. La investigación descorrió un velo, poniendo en evidencia la necesidad de hallar formas de brindarles a ellas una mayor participación, priorizando sus posturas y compartiendo las dudas planteadas en privado con toda la clase”, dice Ranieri. Otra iniciativa alude a la adopción de más bibliografía producida por mujeres, aparte de citar ejemplos de juristas y abogadas que llegaron a cargos de alto nivel.
Institucionalmente, también se adoptaron cambios tales como la inauguración de la primera aula con nombre de mujer, en homenaje a Ada Pellegrini Grinover (1933-2017), abogada procesalista de origen italiano que fue profesora titular de la institución hasta 2003. Ella fue la primera mujer que defendió un doctorado en derecho en la USP y también la primera docente de derecho procesal, además de haber ocupado el cargo de prorrectora de grado de la universidad. “La facultad fue creada en 1827 y hasta ahora todas sus aulas llevaban nombres de varones, un escenario que colabora para perpetuar la cultura masculina”, dice Ranieri, remarcando la necesidad de alterar la composición de los ámbitos físicos, para que sea posible poner en evidencia la presencia femenina.
Al igual que la FD-USP, la Facultad de Derecho de Olinda, que actualmente es la Facultad de Derecho de Recife (FDR), de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), se cuenta entre las más antiguas del país. En la FDR hay más mujeres dando clases en la carrera de grado que en el posgrado, informa Luciana Grassano Melo, quien fue la primera mujer al mando de la institución, entre 2007 y 2015. “En ambos casos, la presencia femenina es minoritaria, pero las cifras disminuyen considerablemente en el posgrado. Además, la participación de mujeres en tribunales concursales y en congresos también es acotada”, afirma. Para ampliar la docencia femenina en las carreras de maestría y doctorado, Grassano Melo explica que este año se incorporaron seis docentes que ya daban clases en la carrera de grado. “También agregamos ahora una cátedra sobre feminismo para los estudiantes del posgrado”, dice la docente, que es profesora de derecho financiero y tributario.
Ranieri, una de las 26 mujeres del cuerpo docente de la FD-USP, conformado por 150 profesores, avala la necesidad de realizar estudios que permitan comprender los motivos de la escasa participación femenina en la docencia. En ese sentido, la facultad pretende llevar a cabo estudios comparativos junto a instituciones francesas y estadounidenses a partir del año que viene. “En Brasil, la mitad de los egresados de las carreras de derecho son mujeres, que a su vez representan el 40% de los docentes de la carrera de grado y el 20% en los cursos de posgrado”, informa Bonelli, de la UFSCar.
Recientemente, también como resultado de la investigación de la USP, se crearon en la FD-USP una auditoría para la recepción de demandas relacionadas con cuestiones de género y una comisión para combatir los prejuicios contra las mujeres. Se modificaron las reglas para los concursos docentes, de manera tal que, de haber una postulante embarazada, será posible aplazarlo por un año en caso de que así se lo solicite. “La investigación repercutió en otras instituciones educativas y estudios privados de abogados, que nos han consultado para entender cómo pueden transformarse los ambientes de trabajo”, dice Neder Cerezetti.
Para indagar acerca de la existencia de una barrera invisible que les impide a las mujeres alcanzar la cúspide de la carrera en las profesiones jurídicas –el mentado “techo de vidrio”–, Patrícia Tuma Martins Bertolin, docente de derecho laboral en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, llevó a cabo una investigación en 10 de los 20 mayores bufetes de abogados del país, que figuran en el ranking de Chambers and Partners, organización del Reino Unido que desarrolla estudios globales sobre las carreras de derecho. Tras analizarse la estructura jerárquica de esos estudios jurídicos, en el trabajo, que concluyó en 2016 y fue publicado como libro en 2017, se constató que, si bien aparecían como mayoría en la base, las mujeres eran una minoría en la cúspide jerárquica en ocho de los diez despachos evaluados. Intrigada con el estatus de los dos estudios jurídicos que contaban con más mujeres ocupando cargos de jefatura, Bertolin profundizó la investigación, para lo cual realizó 32 entrevistas. “Detecté que esos despachos funcionan con horarios flexibles, que les permiten a los profesionales trabajar desde su casa, lo que aparentemente propicia el ensamble con la vida familiar”, relata.
No obstante, a pesar de esa flexibilidad, refiere Bertolin, las condiciones laborales son “calamitosas”. Las empresas les demandan a las profesionales disponibilidad tiempo completo, incluso de madrugada y los fines de semana, para atender llamadas telefónicas de clientes en distintas partes del mundo. “En el marco de la investigación, constaté que los varones se rehusaban a someterse a tales condiciones, pero las mujeres aceptaban, para poder acercarse a la cumbre de la carrera”, analiza. Bertolin recuerda que en Brasil, la inserción de las mujeres en la abogacía se produjo en los últimos 40 años. De manera tal que así como durante toda la década de 1930 se inscribieron 375 varones y tan solo tres mujeres en la OAB [el colegio de abogados] del estado de São Paulo, en la década de 1970 fueron 19 mil varones y 6 mil mujeres, cifras que pasaron a ser, respectivamente, 61 mil y 65 mil en la primera década de los años 2000.
Atenta a ese proceso y preocupada por las condiciones laborales adversas del ambiente jurídico, la OAB creó hace seis años la Comisión Nacional de Mujeres Abogadas. Su actual presidenta, Daniela Lima de Andrade Borges, relata que, como parte de los trabajos de la comisión, se modificó el estatuto que rige a la profesión. A partir de 2016, se incluyeron prerrogativas para embarazadas y lactantes, excluidas, por ejemplo, de la necesidad de someterse al detector de metales y con prioridad para las alocuciones orales en las audiencias. También se incluyó la posibilidad de postergación del plazo de audiencia, cuando la única abogada de un determinado proceso se encuentre en licencia por maternidad, y se instalaron “cambiadores” para el cambio de pañales en los tribunales. A partir de marzo de 2019, la OAB dejó de aceptar la inscripción de licenciados en derecho acusados en procesos penales por violencia contra las mujeres, ancianos, niños, adolescentes y personas con discapacidades físicas o mentales.
En tanto, la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), creada en 1949, acaba de elegir por primera vez a una mujer para presidirla. Con alrededor del 80% de los votos, la carioca Renata Gil, jueza desde hace 21 años, será la responsable de la entidad durante los próximos dos años.
Proyecto
Para descentralizar la docencia del derecho: Género y diferencia en la educación jurídica en Brasil (nº 16/08850-1); Modalidad Ayuda a la Investigación – Regular; Investigadora responsable Maria da Glória Bonelli (UFSCar); Inversión R$ 71.137
Libros
NEDER CEREZETTI, S. C. et al. Interações de gênero nas salas de aula da Faculdade de Direito da USP: Um currículo oculto? São Paulo: Cátedra Unesco de Derecho a la Educación/ Universidad de São Paulo (USP), 2019, 127 p.
BERTOLIN, P. T. M. Mulheres na advocacia. São Paulo: Lumen Juris, 2017, 260 p.
Informe
Diagnóstico de la participación femenina en el Poder Judicial. Brasilia: Consejo Nacional de Justicia, 2019, 28 p.
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