ARCHIVO ELIANA RODRIGUESHutticahãc, parece actuar en el sistema nerviosoARCHIVO ELIANA RODRIGUES
Los investigadores liderados por Elisaldo Carlini, director del Centro Brasileño de Informaciones sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), dependiente de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), han decidido suspender el proyecto de investigación sobre la fitofarmacopea Krahô que estaban desarrollando, con apoyo de la FAPESP, en tres aldeas de la reserva indígena de esa etnia en una región de cerrado (sabana), situada en el norte del estado de Tocantins. La investigación, llevada adelante por la bióloga Eliana Rodrigues, una doctoranda orientada por Carlini, ya había identificado 164 especies vegetales usadas por los pagés (curanderos, hechiceros) con fines medicinales, 138 de las cuales parecían tener potencial para actuar sobre el sistema nervioso central y posibilidades de ser aprovechadas en el desarrollo de nuevas drogas. El proyecto apareció en la portada de Pesquisa FAPESP nº 70, de noviembre-diciembre de 2001.
A expensas del acuerdo con la Vyty-Cati – una asociación que representa a dos de las 17 aldeas de Kraholândia -, suscrito en febrero de 2001, que garantizaba, además del acceso al material, la participación de los indios en la distribución de los royalties derivados de un eventual depósito de patente, la investigación fue desautorizada. Miembros de otra asociación Krahô, la Kapey, cuestionan la representatividad de la Vyty-Cati y reivindican la inclusión de todas las aldeas en el reparto de eventuales beneficios resultantes de la investigación. En un documento firmado por 29 caciques, hechiceros y miembros de la asociación, la Kapey le exige a la Unifesp una indemnización por un valor estimado de 5 millones de reales a título de daños morales y una Tasa de Bioprospección por valor de 20 millones de reales, “por el trabajo de extracción de las plantas y el conocimiento a éstas asociado transferido por los hechiceros Krahô”, para retomar la discusión sobre la continuidad de la investigación. “Fue un balde de agua fría”, lamenta Carlini.
El Ministerio Público Federal (Fiscalía), según su asesoría, por solicitud de la Unifesp, está verificando desde hace algunos meses la regularidad del acuerdo firmado entre la asociación indígena Vyty-Cati y la universidad. “Entiendo que la extracción de recursos naturales en la referida área indígena no cumplió con los requisitos esenciales, tales como el consentimiento previo, informando a todos los indios de la etnia Krahô, y la distribución equitativa de beneficios”, comenta Maria Luiza Grabner, fiscal de la República que analiza el caso.
Participación en la patente
La intención de Carlini y su grupo de investigadores es recomenzar el proyecto con otras plantas en la región del pantanal o de la caatinga, lejos de áreas de reservas indígenas. “Brasil tiene 55 mil plantas”, recuerda. Pero la interrupción de las investigaciones en Kraholândia aborta una experiencia inédita en el país: la de compartir los beneficios del conocimiento con las comunidades tradicionales en donde éstos tuvieron origen. “Los indios son autores de un trabajo científico. Por ensayo y error, ellos descubrieron los efectos de una planta sobre determinada enfermedad. El papel del científico, el nuestro, en este caso, es chequear esa información”, dice. Pese al interés en la investigación, la intención siempre fue proteger las tradiciones del grupo”, afirma Carlini.
El proyecto se inició en 1998, luego de ser aprobado por la FAPESP, por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y por la Comisión Nacional de Ética e Investigación, y tras haber sido enviado a la Fundación Nacional del Indio (Funai). La aprobación de la Funai solamente salió en julio de 2001. “Mientras tanto, obtuvimos la autorización de los indios para entrar a la aldea”, recuerda Carlini. En ese período, los investigadores y los representantes de los Krahô elaboraron varios borradores de un acuerdo, el cual fue finalmente suscrito por la Vyty-Cati en febrero de 2001, y que aseguraba a todos los indios la participación en una eventual patente, junto con la Unifesp. En esa época, ya existía un entendimiento preliminar entre la Unifesp, los Krahô y tres laboratorios nacionales para explotar las plantas medicinales. Pero ningún acuerdo fue firmado.
Durante toda la investigación, el nombre científico de las plantas y su posible uso terapéutico se mantuvo en secreto – fueron identificadas por sus nombre en el idioma timbira – y todas las muestras fueron guardadas en el Instituto de Botánica del Estado de São Paulo. “Además, el método de recolección utilizado no permitía su análisis fitoquímico o farmacológico. Al margen de haber recolectado apenas tres gajos de cada especie, utilicé alcohol en las plantas, lo que impide que se efectúe las selección de sustancias (screening químico)”, cuenta Eliana.
En noviembre de 2001, poco antes de la defensa de la tesis que dio origen al estudio, los investigadores se reunieron nuevamente con los representantes de los Krahô en São Paulo, en un encuentro que contó con la participación de un abogado especialista en propiedad intelectual y de un antropólogo, asesor de la Vyty-Cati, en un intento por definir una propuesta de acuerdo y debatir la división de royalties. Una nueva reunión, realizada en febrero de 2002, extendió el debate al Ministerio Público Federal, y representantes de la industria farmacéutica y de la Funai. Una serie de puntos estaban oscuros. Había controversias, por ejemplo, con relación a la representatividad legal indígena para firmar acuerdos. “La reunión fue un balde de agua fría”, recuerda Carlini. Se propuso que la investigación se suspendiera hasta que la cuestión del reparto de los beneficios estuviera resuelta.
“En mayo la Kapey nos invitó a un encuentro en Tocantins para aclarar mejor el proyecto, pues caso contrario ellos nos harían juicio”, recuerda Carlini. “Pero los indios de la Vyty-Cati nos dijeron que preferían discutir el tema entre ellos. Nosotros no fuimos a la reunión, pero enviamos una carta manifestando nuestra disposición para arribar a un entendimiento”. Precisamente en ese encuentro, la Kapey decidió exigir la indemnización y la tasa de bioprospección a la Unifesp.
Marcos legales
La ausencia de marcos legales de protección de la biodiversidad en Brasil expone a los grupos indígenas a acciones de biopiratería y, al mismo tiempo, inhibe iniciativas como la de la Unifesp, que buscan formas responsables de incorporar a la ciencia los conocimientos tradicionales, compartiendo los resultados. En Brasil, la biodiversidad y las culturas tradicionales son protegidas por la Medida Provisoria 2.186 (Decreto), de 2001, promulgada después del inicio de la investigación y del acuerdo entre la Unifesp y la Vyty-Cati. La Medida Provisoria condiciona el acceso a los recursos naturales a la autorización del Gobierno Federal, reconoce el derecho de las comunidades indígenas y locales a decidir sobre el uso de sus conocimientos asociados a los recursos genéticos y prevé el reparto de beneficios, si hubiera uso y comercialización.
“Los beneficios resultantes de la explotación económica de un producto o proceso desarrollado con base en una muestra de un componente de un patrimonio genético y un conocimiento tradicional obtenidos por una institución nacional o institución con sede en el exterior serán repartidos, de manera justa y equitativa, entre las partes contratantes, como dispone el reglamento y la legislación pertinente”, consta en el texto del decreto. Por tratarse de una medida provisoria, es decir, no convertida aún en ley, el reglamento y la legislación pertinentes a los cuales se refiere el texto no fueron todavía definidos.
La medida creó el Consejo de Gestión del Patrimonio Genético, de carácter deliberativo y normativo, compuesto por representantes de organismos y entidades de la administración pública federal. Cabría a ese Consejo establecer criterios para las autorizaciones de acceso y remesa, y directrices para la elaboración del Contrato de Utilización del Patrimonio Genético y Reparto de Beneficios. En este caso, la ausencia de reglamentación justifica la recomendación de los abogados, presentada durante el encuentro entre los investigadores de la Unifesp y los indios, realizado en febrero de 2002, en el sentido de suspender la investigación. “Desafortunadamente, la ausencia de estrategias de ejecución de la Medida Provisoria hace decaer el interés de los investigadores brasileños en estudios en el área de los conocimientos tradicionales. El conocimiento de las etnias brasileñas continúa a merced de los extranjeros, que continúan apropiándose del material que ofrece la biodiversidad”, lamenta CristinaAssimakopoulos”, abogada de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Unifesp.
Con base en la referida Medida Provisoria, la asociación Kapey pretende que la Unifesp pague 20 millones de reales, en concepto de Tasa de Prospección, para continuar la investigación. En el capítulo dedicado a sanciones administrativas, está prevista la aplicación de una multa “sujeta al arbitrio de la autoridad competente, de acuerdo a la gravedad de la infracción y en la forma que estipula el reglamento”, que puede oscilar entre los 10 mil reales y los 50 millones de reales, si la infracción fuese cometida por una persona jurídica. En caso de reincidencia, la multa sería duplicada.
El caso aguaruna
Hace ocho años, los indios aguarunas, de Perú, pasaron por una situación similar. El Grupo Internacional de Biodiversidad Cooperativa (ICBG) implementó un programa de becas – patrocinado por el Instituto Nacional de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo – con el objetivo de “pedir la conservación de la biodiversidad y la promoción de actividades económicamente sostenidas por medio del descubrimiento de drogas originadas en productos naturales”. Una de las cinco becas fue para Walter Lewis, de la Universidad de Washington, por su trabajo basado en la recolección de plantas medicinales utilizadas por los pueblos aguarunas, en la Amazonía peruana.Participaban del convenio dos universidades peruanas y Searle&Co., el brazo farmacéutico de Monsanto.
Las negociaciones empezaron en 1994 y se firmó una carta de intención con los representantes de los aguarunas. Hasta 1996, el pueblo aguaruna no participó formalmente en el proceso, hasta que, en mayo de ese año, los indios fueron hasta la sede de Searle, en Saint Louis, con una propuesta para renegociar el convenio, que preveía una licencia de know-how entre la empresa y el grupo y una compensación por la extracción de recursos y el uso del conocimiento.
Como las organizaciones aguarunas representaban a menos de la mitad del pueblo, el convenio fue inicialmente concebido como una licencia no exclusiva: otros grupos o pueblos no estarían impedidos de utilizar su derecho de uso, división o venta de sus plantas medicinales o su conocimiento, en cualquier parte del mundo. Con todo, se estipuló que el hecho de compartir el beneficio debería tener en cuenta el interés de todos los grupos – aunque la extracción de las plantas medicinales se realizara solamente en las comunidades afiliadas a la organización suscriptora del convenio – y solamente después de una decisión tomada por la asamblea de la comunidad, expresando su deseo de participar. Las investigaciones están en marcha y el convenio es considerado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) un modelo exitoso de entendimiento.
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