El referéndum sobre la prohibición del comercio de armas de fuego para civiles tendrá lugar este mes en Brasil, pero el dilema de la decisión es mucho más antiguo. “Ser o no ser, ésa la cuestión. ¿Si es más noble sufrir en el alma los tiros y flechazos de la insultante Fortuna, o alzarse en armas contra un mar de agitaciones y, enfrentándose con ellas, acabarlas”, se preguntaba Hamlet. Aunque las investigaciones, como la de la Unesco (Muertes matadas por armas de fuego), revelan que hay algo podrido en el reino del Brasil, donde, entre 1979 y 2003, más de 550 mil personas murieron víctimas de las armas de fuego (un índice de mortalidad que supera al de defunciones por accidentes de tránsito), la cuestión se plantea como un palíndromo a revés, donde cada cabeza tiene su sentencia: más armas, menos crímenes; menos armas, más crímenes.
“En Brasil ha venido registrándose un incremento de la demanda de armas de fuego, pues la población busca en las armas una respuesta, una solución a la inseguridad”, explica Maria Fernanda Tourinho, investigadora del Núcleo de Estudios de la Violencia (NEV-USP) y coordinadora de la investigación intitulada La violencia por armas de fuego en Brasil. “La prohibición debe venir acompañada de un incentivo a la reducción de la demanda de armas, y no solamente a la reducción de la oferta”, advierte. El stock privado de armas de fuego existente en el país es considerable: 15,1 millones. De éstas, se estima que 6,7 millones están registradas, 4,6 millones se encuentran en la informalidad y 3,8 millones con la delincuencia, afirma Pablo Dreyfus, coordinador del Proyecto Control de Armas Viva Río/ Iser.
Sin embargo, internamente, el éxito de las empresas de armas ha tenido un alto costo. “Brasil logra exterminar más ciudadanos por el uso de armas de fuego que muchos conflictos, como la Guerra del Golfo o las distintas Intifadas”, revela Julio Jacobo Waiselfisz, autor del informe de la Unesco. Entre 1979 y 2003, las víctimas se incrementaron un 461,8%, en tanto que la población creció un 51,8%: las principales causas de muerte en Brasil son, en este orden: enfermedades del corazón, cerebrovasculares y armas de fuego. De las 550 mil muertes, un 44,1% correspondió a jóvenes de entre 15 y 24 años: de cada tres jóvenes muertos, uno fue por arma de fuego. Brasil, con una tasa de 21,6 muertes por cada 100 mil habitantes, pierde ante Estados Unidos que, con su “cultura de armas”, registra una tasa de 10,3 muertes por cada 100 mil habitantes.
Estas cifras impresionan, pero, ¿el control de armas es eficaz? El informe “Vidas preservadas”, de los ministerios de Salud y de Justicia, evalúa que sí. Los datos fueron recabados luego del recogimiento de armas de fuego que empezó en 2004 (se recogieron 450 mil armas). “La estrategia de desarme no solamente anuló la tendencia anual de crecimiento del 7,2% preexistente, sino que, a su vez, originó una caída del 8,2% en la cifra de defunciones registradas en 2003. La acción generó una reducción del 15,4% en las muertes por armas de fuego, evitando 5.563 muertes, sólo en 2004”, se lee en la investigación. Los defensores de la prohibición son menos optimistas. “Debemos tener cautela con los indicadores del desarme. La reducción de la criminalidad es de largo plazo”, asevera Fernanda.
Según la investigadora, la mera prohibición es insuficiente. “Es necesario actuar sobre los determinantes de la demanda, hacer que la población se sienta segura, capacitar a la policía y bloquear el mercado ilegal de armas”. Éste último es un punto importante. “Las autoridades no saben dónde está la mitad de las armas de fuego existentes en el país, ni quiénes las tienen”, evalúa Dreyfus. Por tal motivo, existe una división social sobre el desarme. “Los defensores de las armas dicen que lo ideal sería que las ‘personas de bien’ estuvieran armadas, y no lo delincuentes; y vislumbran una inversión en el proceso, una división entre las ‘armas del bien’ y las ‘armas del mal'”, lo que es una falacia, según analiza Ignácio Cano, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. De acuerdo con los antiprohibición, el desarme eliminaría las “armas del bien”, siendo inocuo con las “armas del mal”. Para Cano, el punto está en el flujo de armas del circuito legal al ilegal. “El 99% de las armas de fuego legalmente fabricadas, y un tercio de las armas que se incautan en la ilegalidad, salen del mercado legal”, dice la investigadora Josephine Bourgois.
Se suma a esto el hecho de que más del 70% de las armas decomisadas en 2002 se fabricó en Brasil. “En la actualidad somos el único productor latinoamericano importante de armas de pequeño porte”, afirma Dreyfus. Así, la fabricación de armas está a cargo de industrias conocidas, por ende, no cabe la tesis de que los delincuentes usan armas importadas. “En Río de Janeiro, entre 1951 y 2003, de cada tres armas que se incautaron en la legalidad, una había sido comprada por gente de ‘prontuario limpio'”, observa Josephine. “En dicho estado, cada cinco horas se roba una arma legal, y en el 27% de los casos, en asaltos a domicilios. En São Paulo, de las 77 mil armas confiscadas en 1998, 71.400 eran robadas y 5.500 extraviadas”, comenta. “Una sociedad que se arma para defenderse puede estar armando a sus agresores”, advierte Cano.
O, según la ironía de Millôr Fernandes, llegamos a un punto tal que “están confiscándose con uso de militares armas de uso exclusivo de los traficantes”. Cada militar o policía militar tiene derecho a comprar libremente seis armas cada dos años, directo de fábrica. “De allí la importancia del Estatuto del Desarme que, más allá de la cuestión del referéndum, regula esto, pues, hasta su entrada en vigor, los registros de armas de las Fuerzas Armadas y de las policías eran de control restringido por parte del Ejército. Ahora estos datos serán compartidos por la Policía Federal, que podrá, al incautarse de una arma del Estado, robada o vendida ilegalmente, descubrir al responsable”, dice Dreyfus. El investigador sostiene que la impunidad es tan grande que las armas del Estado halladas con los hampones a veces tienen número de serie y sello oficial. “Las armas adulteradas pasarán por un peritaje de la PF, que puede detectar, aun cuando tengan los registros ‘raspados’, el número de serie. El control de estas armas en el Ministerio de Justicia va a mitigar el problema”. El mismo control se llevará a cabo con las municiones, cuyos lotes serán numerados. “De allí el valor de la aplicación de la parte represiva del estatuto, que en definitiva prevé penas duras para el tráfico y la venta ilegal”, dice. El volumen de armas del Estado decomisadas de manos de los delincuentes puede ser pequeño en cantidad (en Río de Janeiro, de 50 mil armas, 60 eran del Ejército y 900 de la policía), pero son las que tienen alto poder de destrucción. Y no todo es por corrupción. Muchos policías mueren sólo por sus armas. Asimismo, afirma Dreyfus, es necesario controlar los llamados stocks excedentes del Estado (armas antiguas, etc.), que son los que terminan en las manos de los delincuentes. Es necesario no solamente discutir el referéndum, sino también conocer el estatuto, pues tiene más mecanismos contra el delito de lo que sueña nuestra vana filosofía.
Y no será la primera vez que Brasil contará con una legislación para el control de armas livianas, aunque la industria local de armas brasileña sea un fenómeno reciente, nacido en los años 1930, con la sustitución de importaciones. En el sur y el sudeste del país, los primeros productores privados de armas fueron inmigrantes, como las empresas Boito, Rossi y la Fábrica Nacional de Cartuchos (actualmente CBC), y en 1937, la forja Taurus, actualmente una de las mayores productoras mundiales de armas cortas. La primera ley es de 1934, y llevó estampada la firma de Getúlio Vargas. Ésta solamente controlaba la producción de armas y municiones de guerra, dejando total libertad para las armas de uso civil. Fue al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional que la industria interna de armamentos creció, ya que la industria de defensa era vista por los militares del post golpe del ’64 como catalizadora para el desarrollo económico y tecnológico, como así también como una forma de afianzar el poderío nacional. Las nuevas autoridades enseguida promulgaron un decreto (1965) que daba primacía al Ejército en la fiscalización de armas. “La dictadura militar concentró el control de la circulación de armas en el Ejecutivo e incentivó abiertamente a la industria armamentista nacional”, asevera Carolina Dias, de Viva Río/ Iser. Bastaba con ser un “ciudadano idóneo” para poder tener un arsenal. No había preocupación en controlar las armas ni a sus dueños, sino en asegurar la expansión de la industria.
Un actor global – Con el final de la dictadura, se rompió la sociedad entre el Estado y la industria privada de armas, incluidos allí los subsidios antes concedidos a estas empresas. Así y todo, en 1990 Brasil ya se había afianzado como un actor global de porte medio en el mercado internacional de armas de pequeño porte. Pero la legislación era lenta: en 1980 se promulgó la primera norma nacional del registro de armas. Con todo, no existía un control efectivo, cosa que sucedió recién en 1997, con la ley 9.437, que estableció el control y el registro de armas producidas e importadas ante el Ministerio de Justicia, creando también el Sistema Nacional de Armas (Sinarm), sector de la Policía Federal que recabaría las informaciones sobre las armas en manos de civiles. El siguiente paso llegó en 2003, con el Estatuto del Desarme. “Con él, Brasil se convierte en el país con la legislación más avanzada de control de armas de fuego y municiones”, afirma Carolina Dias.
Si Hamlet se refería a “palabras, palabras, palabras”, la cuestión del desarme se mueve con “números, números, números”. Hay investigaciones para todos los gustos: ¿cuáles son las posibilidades de ser atacado portando un arma?; ¿cuáles son las chances de morir cuando alguien es atacado y se defiende con un arma?; ¿los homicidas son o no son personas conocidas?; ¿muchas armas generan o no más crímenes?; ¿los suicidios y los accidentes están o no están directamente ligados a la cantidad de armas? ¿En qué estadísticas hay que confiar? Una investigación efectuada en la Universidad de Yale revela que la postura de aceptar o no el control de armas depende muy poco de ahogarse en estos números, y menos aún con respecto a si el ciudadano es hombre, mujer, blanco o negro, progresista o conservador. “La postura de los individuos sobre el tema deriva básicamente de su visión cultural. Las personas aceptarán o rechazarán evidencias empíricas, todo depende de si las mismas confirman o entran en conflicto con sus valores culturales”, asegura Dan Kahan, autor del estudio y profesor de la Yale Law School.
En la base del survey se encuentra la teoría cultural del riesgo, es decir, del cuánto de riesgo aceptamos, según nuestros valores. La sociedad podría así dividirse en tres perfiles: los igualitarios (a favor de acciones colectivas que ecualicen la riqueza, el status y el poder), los individualistas (que privilegian la autonomía individual y rechazan la interferencia colectiva) y jerárquicos (para quiénes el Estado sabe lo que hace y tiene una deferencia por las formas tradicionales de autoridad). Si el primer tipo apoya el control de armas (por la aversión al arquetipo individual del “macho” racista, que usa las armas, y por la visión de éstas como una celebración de la autosuficiencia individual, en detrimento de la solidaridad social), los otros dos son lo contrario. Los individualistas y los jerárquicos ven el control, es decir, la sociedad que desarma al ciudadano por su propia protección, como un gesto de impotencia individual. O, como diría el actor Clint Eastwood: “Soy a favor del control de armas. Su hay una arma cerca mío, quiero que esté bajo mi control”.
Sintomáticamente, en la investigación, el 79% de las personas que se manifiesta a favor del control de armas concordaba con esta afirmación: “Aun cuando la posesión irrestricta de armas redujera el delito, no quiero vivir en una sociedad donde la gente anda armada”. Y el 87% de los que rechazan el control sostuvo que sería equivocado prohibir las armas, aun cuando su prohibición redujera la criminalidad. “Por ende, los hechos ligados a las armas no generarán un consenso acerca de cómo regular, y si hay que regular la posesión de armas de parte de los civiles. La visión que cada uno tiene sobre qué es una buena sociedad modificará explícitamente su evaluación de los riesgos implícitos en el debate sobre las armas”, dice Kahan. Así, de acuerdo con el estudio, todo depende de la visión personal que se tiene sobre los riesgos de tener o no tener armas. Por eso, el debate sigue siendo entonces la mejor arma. “En lugar de escuchar a los extremistas de un lado o de otro, o de ser devorado por las estadísticas, que de por sí tienen gran valía, la mejor cuestión es plantearse ‘en qué tipo de sociedad prefiero vivir'”, aconseja el investigador.
Republicar