Todos los anos, cientos de científicos, docentes, estudiantes y personal de instituciones de educación superior son amenazados o intimidados en el mundo. Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, al menos 79 fueron víctimas de algún tipo de violencia física o de asesinatos. Otros 88 fueron interrogados o arrestados en función de sus actividades de investigación, puntos de vista o compromiso político en asuntos relacionados con género, derechos humanos, democracia y medio ambiente. Estas cifras son del informe Free to think 2018, divulgado por Scholars at Risk, una red internacional de instituciones e investigadores creada en 1999 en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, para apoyar y defender la libertad de investigación de los derechos de los académicos.
Este documento es el resultado de un amplio y continuo trabajo de monitoreo de amenazas a esos profesionales. Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, la organización registró 294 ataques e intimidaciones en 47 países, todos con el propósito de silenciar a instituciones de enseñanza superior o a investigadores en el ejercicio de sus actividades. Los números representan un crecimiento respecto al informe anterior, que registró 257 ataques en 35 países. Los incidentes más violentos se observaron en países con historial de conflictos armados y violaciones a los derechos humanos, como Afganistán, Kenia, Paquistán, India, Turquía y Yemen. Son varios los casos de autoridades que se valieron de detenciones, acciones judiciales y otras medidas coercitivas para tomar represalias o impedir la actividad de docentes, investigadores y estudiantes.
En Turquía, en mayo de 2018, promotores públicos abrieron una investigación penal contra Bülent Şik, investigador de la Universidad Akdeniz y experto en alimentación y salud pública, en respuesta a una serie de artículos publicados por él en el diario Cumhuriyet sobre los altos niveles de pesticidas, metales pesados y otros contaminantes encontrados en productos agrícolas y en el agua consumida en algunas ciudades de país. En sus textos, Şik afirmaba que el Ministerio de Salud de Turquía había optado por no divulgar resultados de un estudio sobre posibles agentes cancerígenos detectados en ciudades con tasas de la enfermedad por encima del promedio nacional. El investigador fue acusado por la fiscalía de violar el código penal al divulgar informaciones supuestamente confidenciales. Más recientemente las autoridades pasaron a considerar la posibilidad de acusarlo de prácticas terroristas.
Oda al terror
Los ataques, en muchos países, parten de milicias o de grupos terroristas. En Kenia, en octubre de 2017, un grupo de tiradores emboscó a un coche que transportaba a estudiantes y profesores de la Universidad de Mombasa. Dos profesores murieron. Las autoridades locales sospechan que el atentado haya sido planificado por el grupo terrorista islámico Harakat al-Shabab al-Mujahideen. Dos meses después, en Pakistán, tiradores con burcas invadieron el Instituto de Capacitación Agrícola, en Peshawar. Nueve personas murieron y 35 quedaron heridas. El grupo conocido como Talibán paquistaní reivindicó la autoría del atentado. En un comunicado, afirmó que el instituto fue atacado por ser la sede de una oficina de la agencia de espionaje del país, afirmación negada por las autoridades.
Además de monitorear la situación de los investigadores que se encuentran bajo amenaza, la red Scholars at Risk también trata de auxiliarlos, recolocándolos en posiciones temporales en una de las 400 instituciones aliadas. “La idea es ofrecer el ambiente y la infraestructura necesarios para que sigan desarrollando su trabajo”, explica Shreya Balhara, directora del servicio de protección de Scholars at Risk. El año pasado, la organización reubicó a 124 académicos en instituciones de investigación e universidades extranjeras. “También hacemos orientación de carrera para ayudarlos a lidiar con situaciones de riesgo con las cuales puedan depararse al volver a sus países.”
Los casos presentados en el informe constituyen una pequeña fracción de los incidentes relacionados a embestidas y amenazas a académicos e instituciones de educación superior. “Muchos de los ataques a la libertad de investigación se basan en prejuicios infundados de cuño ideológico que animan a grupos de personas que creen que determinados temas de investigación representan algún tipo de decadencia moral o social”, afirma el filósofo e historiador Estevão Chaves de Rezende Martins, profesor de la Universidad de Brasilia (UnB) y secretario general de la Asociación Nacional de Historia (Anpuh).
En Brasil, una de las situaciones identificadas por Scholars at Risk fue el caso de una carta anónima encontrada bajo la puerta de la oficina de representación estudiantil en la Universidad Federal de Pará (UFPA), en octubre de 2018. El texto prometía “exterminar” estudiantes LGBTQ+, negros y activistas estudiantiles. En noviembre de 2017, otros tres profesores de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) fueron amenazados por desarrollar investigaciones sobre la división sexual del trabajo. “Se trata de una interferencia indeseable y peligrosa en la autonomía de investigación, que solo puede ser combatida por medio del fortalecimiento del Estado democrático de derecho”, aclara Rezende Martins.
Muchos investigadores se encuentran en situaciones de riesgo o confusiones diplomáticas durante el trabajo de campo. En su época de maestría, el arqueólogo André Strauss, del Museo de Arqueología y
Etnología de la Universidad de São Paulo (MAE-USP), experimentó una situación de esas a orillas del lago Turkana, en la frontera do Kenia con Etiopía. “La región está marcada por conflictos étnicos”, explica. “Era común que fuéramos parados en bloqueos en la ruta o sorprendidos en el campamento a la noche por individuos con ametralladoras AK-47 queriendo saber qué estábamos haciendo”, relata. “Una vez, al darme cuenta que uno de esos grupos se acercaba, tuvimos de esconder a uno de los investigadores del equipo, keniano de una etnia rival.”
Interesado en analizar rocas sedimentarias con fósiles de los primeros animales con esqueletos que surgieron en el planeta, en 2008, al desarrollar su investigación de doctorado en Puerto Vallemí,
en el norte de Paraguay, el geólogo Lucas Warren, del Instituto de Geociencias y Ciencias Exactas de la Universidade Estadual Paulista (Unesp), siguió todas las recomendaciones que le hicieron. “La región está marcada por conflictos de tierra y plantaciones de marihuana, de tal modo que fuimos aconsejados a no usar ropas similares las vestimentas camufladas, para que no nos confundieran con militares”, cuenta. “El equipo se desplazaba con un intérprete, ya que la población local prácticamente solo habla guaraní.”
No se registró ningún incidente y el equipo volvió a Brasil con varias muestras de rocas. Años después, sin embargo, tras publicar un artículo que describía sus hallazgos, el brasileño fue acusado por el gobierno paraguayo de tráfico internacional de fósiles. “Me impidieron volver para nuevas investigaciones”, lamenta. Paraguay en ese entonces pasaba por una crisis institucional, con la destitución de Fernando Lugo de la presidencia del país. “Brasil no reconocía al nuevo gobierno, lo cual dificultó la resolución del problema”, recuerda. “Necesité entrar en contacto con investigadores y universidades paraguayas para explicar la situación, que, poco apoco, se terminó resolviendo”.
Precauciones adicionales
Frente a ello, Vinicius de Carvalho, docente del Brazil Institute y del Departamento de Estudios de Guerra en el King’s College London, en el Reino Unido, considera apropiado buscar, en el respectivo servicio consular, informaciones sobre los riesgos asociados al lugar donde se pretende desarrollar el trabajo de campo. “Otro punto importante es hacer un análisis preliminar de la coyuntura política del país de destino”, explica De Carvalho. “Es fundamental evitar debates políticos en lugares en los que no se conoce la extensión de eventuales consecuencias de la emisión de opiniones.”
Como medida preventiva, De Carvalho recomienda que los investigadores comuniquen su llegada a la representación diplomática del país de origen, informando qué pretenden hacer y cuánto tiempo van a permanecer en el país extranjero. “Informar al consulado el itinerario del viaje, el calendario de trabajo y dónde ser piensa estar hospedado son providencias simples que pueden marcar la diferencia”, explica. “Para trabajar con más tranquilidad, también resulta interesante compartir los propios contactos y los de amigos y familiares en el país natal.”
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