El gobierno federal puso en práctica el dispositivo de la Ley de Innovación que permite la destinación de recursos públicos no reembolsables a empresas que desenvuelvan productos y procesos innovadores. El día 6 de septiembre, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), por intermedio de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), lanzó el Programa de Subvención Económica, que comprende dos llamados públicos en los cuales se ofrecen 450 millones de reales durante los próximos tres años. La llamada principal ofrece 300 millones de reales a las áreas consideradas estratégicas de la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (Pitce) del gobierno, como los sectores de fármacos y medicamentos, semiconductores y software, bienes de capital con foco en biocombustibles y combustibles sólidos, además de áreas promisorias como biotecnología, nanotecnología, biomasa y energías alternativas. “Mas empresas de cualesquiera áreas pueden presentar sus proyectos porque, del total disponible, 90 millones de reales se reservarán a acciones en áreas no contempladas por la Pitce”, dice Rogério Amaury de Medeiros, superintendente de planeamiento de la Finep. “Es muy importante que las empresas se presenten, porque la búsqueda por ese llamado nos ayudará a mapear las demandas y planear los nuevos llamados públicos. Nuestra expectativa es grande, pero no sabemos si aparecerán 100 ó 500 proyectos”, afirma Medeiros.
El segundo llamado, que cuenta con 150 millones de reales, no contempla la distribución de recursos al principio. Servirá de sustento al Programa de Apoyo a la Investigación en Empresas (Pappe), operado por la Finep en asociación con agentes regionales, como las fundaciones de apoyo a la investigación, las secretarías de estado y los bancos de desarrollo. El objetivo del llamado es identificar y acreditar a los socios regionales para, a través de ellos, distribuir los recursos a las empresas en un segundo momento. Aún en este año ha de salir un tercer llamado con 60 millones de reales para subvencionar la contratación de maestres y doctores por empresas. Parte de los costos de las empresas con los salarios de esos profesionales podrá tener resarcimiento a cargo del gobierno por un período de a lo sumo tres años, como estableció la llamada Ley del Bien (11.196/2005). La medida busca combatir otro problema: la presencia aún pequeña de científicos trabajando en centros de investigación y desarrollo de empresas. En Brasil, de acuerdo con un análisis hecho por el IBGE en 2002, hay menos de 29 mil investigadores trabajando en empresas, comparados con los 94 en empresas de Corea del Sur y los casi 800 mil en las de Estados Unidos.
La aplicación de recursos públicos no reembolsables en empresas no era factible antes de la Ley de Innovación. La legislación permitía la inversión en el sector privado apenas de forma indirecta, por medio de estímulo a las alianzas entre instituciones científicas y tecnológicas y el sector privado. “Brasil comienza ahora a utilizar un mecanismo de política pública que está siendo empleado hace mucho tiempo en los países desarrollados”, dijo el presidente de la Finep, Odilon Marcuzzo do Canto. “La concreción llamados es una medida que tardó en salir, pero aún así señala positivamente el apoyo a la investigación en empresas”, dice el director científico de la FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz. “Este recurso se usa ampliamente por todos los países desarrollados y apunta a crear condiciones para que las empresas puedan enfrentar los elevados riesgos de invertir en innovación”, afirma.
Dirección correcta
La subvención a actividades tecnológicas en empresas es uno de los pocos espacios permitidos a los países en medio de las restricciones a subsidios en el sector productivo impuestas por la Organización Mundial del Comercio, sostiene Sérgio Queiroz, profesor del Departamento de Política Científica y Tecnológica del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) y secretario adjunto de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico del estado de São Paulo. “Los llamados públicos son apenas un primer paso, pero son iniciativas concretas y van en la dirección correcta”, afirma Queiroz.
La innovación es crucial para dar competitividad a las empresas y desarrollar la economía. Los indicadores brasileños muestran que el sector privado del país tiene baja capacidad de innovar. La Investigación Nacional de Innovación Tecnológica (Pintec) de 2003 registró una caída de la cantidad de empresas brasileñas que hacen investigación y desarrollo de forma continua “eran 2.432 en 2003 ante los 3.178 en el año 2000, en un universo de más de 10 mil empresas encuestadas. Entre ellas tan sólo 1.200 tenían productos diferenciados capaces de colocarlas en el liderazgo del mercado nacional y solamente 177 exhibían procesos innovadores de impacto mundial. El porcentaje de la facturación de las empresas invertido en investigación y desarrollo también cayó, del 3,8% en 2000 al 2,5% en 2003. Ese desempeño encendió la señal de alerta entre autoridades y empresarios. En junio de 2006 la Confederación Nacional de la Industria (CNI) estableció metas a ser alcanzadas hasta 2010. Entre ellas, el número de empresas innovadoras para el estándar nacional debe crecer a al menos 4 mil y las de estándar internacional a más de 500. Para la CNI, por lo menos el 50% del fomento público destinado al desarrollo científico y tecnológico debe ser ubicado directamente en las empresas en la forma de subvenciones y financiamientos si ex que el país quiere alcanzar tales metas.
Se evalúa que el Estado brasileño necesitaría invertir alrededor de 3 mil millones de reales por año en estímulo a la investigación dentro de las empresas, en la forma de subsidios y de solicitudes tecnológicas. “Solo que esos 3 mil millones de reales deben ser aportados de forma tal que por cada mil millones invertidos por el Estado las empresas destinen 4 mil millones de reales”, dice Brito Cruz, de la FAPESP. Es intención del gobierno federal lanzar, a partir de ahora, al menos dos llamados de subvención por año. “Esa primera experiencia privilegia a los sectores considerados estratégicos, pero no necesariamente ese criterio va a repetirse en los próximos llamado”, dice Rogério Amaury de Medeiros, de la Finep.
De todos modos, la expectativa de la Finep es que esos 450 millones iniciales tengan impacto mensurable en la capacidad de innovar de algunas áreas. “Creo que tenemos condición de avanzar mucho en áreas como software y fármacos”, dice Medeiros. La Finep admite que quedó fuera de su esfuerzo un punto frágil de la cadena de innovación de las empresas: la ausencia de una política nacional de solicitudes tecnológicas, en que el poder público contrata y subsidia parcialmente investigaciones de interés público realizadas por empresas.
Por medio de ese instrumento, el Estado, en vez de comprar indiscriminadamente por el menor precio internacional, opta por el desarrollo del producto por una empresa nacional. En Estados Unidos, se gastan alrededor de 20 mil millones dólares anualmente en compras tecnológicas a cargo de agencias gubernamentales. “Brasil ya fue más fuerte en esto, pero se alejó de ese camino”, dice Sérgio Queiroz, de la Unicamp. La industria de telecomunicaciones se desarrolló bastante gracias al poder del Estado. Embraer, hoy en día un ejemplo de empresa brasileña innovadora, quizá no se hubiera consolidado sin los pedidos que el gobierno hizo a la empresa, principalmente en sus albores.
Otra noticia promisoria en el campo de la innovación fue el lanzamiento del Programa de Investigación Tecnológica (PIT), que reúne a la Unicamp, a la Universidad de São Paulo (USP), al Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IPT) y el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (Ipen). El objetivo del programa es mapear la factibilidad comercial de tecnologías innovadoras desarrolladas por esas instituciones y capacitar alumnos a investigar y cualificar esas tecnologías. En los próximos dos años, cada institución seleccionará proyectos de innovación tecnológica en curso en sus laboratorios, en un total de 120 tecnologías.
El proceso será conducido con apoyo de estudiantes becarios y tendrá como brújula la primera experiencia del PIT, realizada recientemente en Campinas, que evaluó 60 tecnologías producidas por la Unicamp en las áreas de Nuevos Materiales, Econegocios, Salud y Agronegocios, entre otras. “Las actividades desarrolladas por el PIT sirven de soporte para la difusión de las tecnologías generadas en las instituciones”, afirma Roberto Lotufo, docente y director ejecutivo de la Agencia de Innovación de la Unicamp (Inova), que lidera la ejecución del programa. “La idea es hacer con cada tecnología estudiada aquello que ya hicimos en la Agencia de la Innovación de la Unicamp cuando buscamos empresas para licenciar patentes. Los empresarios buscan informaciones básicas sobre la factibilidad comercial y la aplicación de una determinada tecnología y no siempre sus creadores están preparados para responder.”
Una vez capacitados, los alumnos responsables de la marcha del programa comenzarán a investigar las tecnologías por medio de entrevistas con investigadores. La intención es mapear diferencias y limitaciones de cada proyecto. Al final, también se hará la investigación de factibilidad económica de las iniciativas, dimensionándolas en los mercados nacional e internacional. Todos los proyectos con buen potencial podrán ser transferidos a la sociedad por dos caminos: la generación de pequeñas empresas nacidas en las propias instituciones de investigación o por medio de licenciamientos que se harán para grupos privados ya constituidos. “Se trata de una acción para mejorar la calidad de las patentes de las instituciones académicas en São Paulo”, dice Brito Cruz.
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