La escasez de políticas tendientes a mejorar la convivencia y la precarización de la estructura de las unidades de enseñanza hacen su aporte a la proliferación de las agresiones en las instituciones del país
Valentina Fraiz
Brasil se enfrenta a un nuevo escenario de violencia en las instituciones educativas, signado por la espiral de casos de agresiones en las comunidades escolares de la última década, y por los ataques a dichas instituciones, que registraron un pico entre 2022 y 2023. El menoscabo de la actividad docente en el imaginario colectivo, la relativización de la importancia de los discursos de odio y la falta de preparación de las secretarías de educación para lidiar con conflictos derivados de episodios de racismo y misoginia son algunas de las hipótesis que pueden ayudar a explicar este fenómeno complejo y multicausal, que ha dejado un saldo de al menos 47 víctimas fatales desde 2001.
El Ministerio de Educación (MEC) nacional reconoce cuatro tipos de violencia que afectan a la comunidad escolar. El primero se refiere a las agresiones extremas, con ataques premeditados y letales; el segundo comprende situaciones de violencia interpersonal, que incluyen hostilidades y discriminación entre alumnos y docentes, y el bullying, es decir, la intimidación física, verbal o psicológica reiterada. También existe la violencia institucional, que abarca las prácticas excluyentes por parte de la escuela, por ejemplo, cuando el material didáctico utilizado en las aulas pasa por alto las cuestiones de diversidad racial y de género. Por último, el MEC identifica los problemas que aquejan al entorno de la institución, tales como narcotráfico, los tiroteos y los asaltos.
Según el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), en 2013 se registraron en las escuelas brasileñas 3.700 víctimas de violencia interpersonal, cifra que aumentó a 13.100 en 2023 (véase el gráfico abajo). Esto guarismos comprenden a estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad escolar. Entre los incidentes, 2.200 involucraban violencia autoinfligida (es decir, automutilación, autocastigo, ideaciones suicidas, tentativas de suicidio y suicidios), un tipo de agresión que creció 95 veces en el período evaluado.
Alexandre Affonso / Revista Pesquisa FAPESP
Al analizar los datos del Sistema de Información de Afecciones de Notificación Obligatoria (Sinan), del Ministerio de Salud, y de la Encuesta Nacional de Salud Escolar (PeNSE), elaborada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Atlas da violência de 2024 [Atlas de la violencia 2024] indica que hubo un crecimiento del porcentaje de estudiantes que declararon haber sufrido bullying o acoso escolar. En 2009, el porcentaje de alumnos de las escuelas brasileñas que informaron haber sido víctimas de este tipo de agresión era de un 30,9 %, cifra que trepó a un 40,5 % en 2019. “Además, ese mismo año, el porcentaje de estudiantes de la enseñanza fundamental que dejaron de asistir a la escuela debido a que se sentían desprotegidos ascendió a un 11,4 %, más del doble que el 5,4 % registrado en 2009”, informa el economista Daniel Cerqueira, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), quien realiza el estudio en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
Cerqueira considera que parte del incremento que aparece en las estadísticas oficiales puede explicarse por las mejoras implementadas en el Sinan, que registra información sobre enfermedades y perjuicios, incluyendo a las víctimas de ataques letales y no letales en las escuelas y que son atendidas en hospitales públicos y privados. “Con todo, la mejora en la recolección de los datos no explica aumentos tan pronunciados”, reflexiona el economista. Según él, el proceso de radicalización política que ha vivido el país a partir de 2013 ha tenido efectos sobre la forma en que las personas lidian con el otro. El investigador subraya que las declaraciones de personajes públicos relativizando la violencia han contribuido a genera un ambiente en el que los discursos agresivos e intolerantes se han naturalizado, lo que puede haber incidido negativamente en la convivencia escolar. Otro aspecto que señala el economista se refiere al crecimiento de la violencia doméstica contra niños y jóvenes. Según el Atlas da violência, en 2009, un 9,5 % de los alumnos de la enseñanza fundamental de las capitales de los estados brasileños informó agresiones perpetradas por algún familiar en los últimos 30 días, mientras que en 2019 ese porcentaje ascendió a un 16,1 %. “La violencia y la negligencia que se sufren en el hogar tiene impactos en el ambiente escolar. Las agresiones operan como una forma de defensa y reafirmación, aunque invertida, de la autoestima del joven”, considera el investigador.
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La desvalorización del magisterio, la discontinuidad de las políticas educativas y la precarización de la infraestructura escolar también contribuyen a este escenario de violencia, desde la perspectiva de la psicóloga Angela Soligo, de la Universidad de Campinas (Unicamp), quien coordinó un estudio nacional sobre la violencia y los prejuicios en las escuelas publicado en 2018 y realizado en colaboración con universidades federales de todas las regiones del país. En dicha investigación, los prejuicios institucionales presentes en los currículos, en el material didáctico y en las relaciones pedagógicas fueron identificados como factores que agravan el panorama. Según la investigadora, las leyes federales nº 10.639, de 2003, y nº 11.645, de 2008, que obligan a la inclusión de la enseñanza de la historia de África y de los pueblos indígenas, a menudo no se respetan. “La representación equivocada de ciertos grupos sociales en los materiales didácticos no hace más que perpetuar los prejuicios”, sostiene. Asimismo, los estudiantes que vivencian experiencias de racismo, machismo y homofobia no siempre son amparados por la gestión escolar.
En lo que concierne a la falta de visibilidad de las experiencias negativas de los alumnos, el psicólogo João Galvão Bachetto, del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (Inep), desarrolló un análisis basado en cuestionarios aplicados a directores de las escuelas a través del Sistema de Evaluación de la Educación Básica (Saeb). La encuesta recopiló 63.000 respuestas. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el alto número de escuelas que dicen no enfrentar ningún tipo de violencia: en un 40 % de las unidades se afirmó que no registraban incidentes. Un 20 % informó solamente episodios puntuales de escasa gravedad. Para Galvão Bacchetto, los datos reflejan un descompás entre el padecimiento de los alumnos y su reconocimiento por parte de la gestión de las escuelas. “La violencia también es una cuestión de percepción. Muchas escuelas no saben cómo reconocerla”, dice.
Alexandre Affonso / Revista Pesquisa FAPESP
En la misma sintonía, la pedagoga Telma Vinha, de la Unicamp, afirma que éste es uno de los elementos que afectan negativamente al clima institucional, un concepto que se refiere al conjunto de las percepciones y expectativas compartidas por los miembros de la comunidad escolar, resultado de las experiencias vividas en este contexto. Según ella, en algunas escuelas, el 100 % de los directivos sostiene que entre los estudiantes de los últimos años de la enseñanza fundamental las discordias son escasas, mientras que más de la mitad de estos alumnos consideran que hay muchos conflictos entre ellos. “Los adolescentes rara vez les confían sus desavenencias a los adultos. Por ello es fundamental prestarles atención al respecto”, dice la investigadora. Actualmente Vinha coordina un estudio sobre el tema realizado como parte de las actividades del Grupo Ética, Diversidad y Democracia en la Escuela Pública, del Instituto de Estudios Avanzados de la Unicamp y del Grupo de Estudios e Investigaciones en Educación Moral (Gepem), que también reúne a especialistas de la Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Para Soligo, la banalización del concepto del bullying también es una falencia. “Cuando se encuadran bajo este concepto a las actitudes racistas y misóginas, se acaba ocultando razón subyacente a estas intimidaciones, lo que dificulta la formulación de respuestas eficaces”, dice. Según ella, las escuelas acaban resolviendo los conflictos así etiquetados con conversaciones mediadas entre agresor y víctima. “La mediación ayuda a solucionar las desavenencias puntuales, pero si no hay un debate en el que se trabaje el racismo y la misoginia, por ejemplo, las agresiones vuelven a repetirse más tarde con otros alumnos”, advierte la psicóloga.
Valentina Fraiz
Para la pedagoga Luciene Regina Paulino Tognetta, de la Unesp, el enfrentamiento de los prejuicios en el ambiente escolar requiere algo más que proyectos puntuales: demanda una transformación estructural. Con investigaciones en el área de la violencia escolar desarrolladas desde 2006, en la actualidad la pedagoga participa en estudios elaborados en colaboración con las secretarías municipales de educación de Vitória (Espírito Santo) y São Paulo capital, en busca de estrategias para mejorar las relaciones interpersonales. “Hemos constatado que no basta con tener una política antirracista si no se replantea toda la organización escolar”, afirma. Esto significa, por ejemplo, que cada institución debe contar con profesionales negros en sus cuadros de gestión para poder atender en forma apropiada a las víctimas de actos racistas. “Es una tarea que requiere de empatía y no puede ser llevada a cabo solamente por personas blancas”, continúa Paulino Tognetta.
En el universo de las escuelas privadas, Paulino Tognetta considera que uno de los errores es la renuencia a activar el Consejo Tutelar ante situaciones graves, por temor a la reacción de las familias y a generar una mala imagen en los medios de comunicación. “Este es un recurso esencial en los casos de negligencia. Si un alumno muestra una conducta recurrente de persecución hacia un compañero, necesita acompañamiento psicológico. Si los padres no garantizan este apoyo, debe recurrirse al Consejo Tutelar”, sostiene la investigadora. En este sentido, el psicólogo José Leon Crochick, de la Universidad de São Paulo (USP), recuerda que hay debe pensarse cuidadosamente la responsabilidad del agresor. La reparación del error puede implicar una suspensión, pero su expulsión depende del historial del alumno. En casos de conflictos graves, es común que los padres pidan la expulsión de los agresores. Sin embargo, Crochick advierte que esta práctica no siempre es lo más adecuado. “La escuela tiene una función social. La expulsión de un alumno puede volverlo más agresivo y estigmatizado, dificultando su convivencia social”, reflexiona.
Bajo la premisa de investigar cómo el bullying y los prejuicios se manifiestan en el ámbito escolar, Crochick coordinó una investigación financiada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil, en la que tomaron parte otras 12 universidades nacionales e instituciones de Argentina, España, México y Portugal. En el estudio, que se llevó a cabo entre 2018 y 2021, participaron alrededor de 3.000 estudiantes de 89 escuelas públicas y privadas de enseñanza media y fundamental de todos los países participantes. Los resultados apuntan que los alumnos con buen desempeño académico rara vez son víctimas o autores de acoso escolar, mientras que aquellos que tienen dificultades en las aulas, pero se destacan en las actividades físicas competitivas pueden hallarse entre los agresores. “El bullying se asocia con las relaciones jerárquicas, y se basa en la imposición de la fuerza y la sumisión del más débil”, explica Crochick. Actualmente, como parte de una Ayuda de Investigación en el marco del Programa de Educación Pública de la FAPESP, el investigador elabora un proyecto para el desarrollo de acciones de combate contra los prejuicios y el acoso escolar en tres escuelas públicas de São Paulo.
Cuando se denomina bullyng a actitudes como el racismo y la misoginia, lo que se hace es ocultar la razón subyacente a tales agresiones
La psicóloga Marian Ávila de Lima e Dias, de la Unifesp, también coordinadora de este trabajo, explica que, por otra parte, las víctimas suelen ser los llamados “alumnos invisibles”, es decir, aquellos que no están ni entre los mejores ni entre los peores de la clase y rara vez son elegidos para actividades colectivas. “El estudiante promedio, que no se destaca en términos académicos ni de sociabilidad, tiene más probabilidades de ser objeto de agresiones”, sostiene la investigadora, quien lleva a cabo una investigación sobre la violencia en las escuelas de la ciudad de Guarulhos (São Paulo) financiada por la FAPESP. Otro hallazgo del estudio revela la correlación existente entre agresores y víctimas: de cada 10 alumnos que sufren acoso escolar, tres pueden convertirse en agresores en el futuro. “Pero también ocurre lo contrario: tres de cada 10 agresores pueden terminar siendo víctimas”, subraya De Lima e Dias. También de acuerdo con este estudio, las actitudes prejuiciosas guardan relación con las debilidades rechazadas por el alumno que las practica. “Por esta razón, grupos marginados como los de las personas con discapacidad suelen tornarse blanco de este tipo de agresiones”, dice la psicóloga.
La violencia en el ambiente escolar también se está manifestando en forma velada, según Paulino Tognetta. Al analizar datos de la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo (Seduc-SP), la investigadora detectó que, entre 2019 y 2023, la cantidad de incidentes relacionados con sufrimientos psíquicos entre los alumnos de la red estadual trepó de 117 a 3.100. En idéntico período, los casos de suicidios entre los estudiantes aumentaron de 7 a 67 y los intentos de suicidio, de 9 a 325. “La cuestión medular no es solamente la violencia que detona en las escuelas, sino aquella que hace implosión en los sujetos, lo que ha llevado a los adolescentes a aislarse socialmente y a buscar grupos extremistas que operan en internet. Si la escuela no los acoge, alguien más lo hará”, advierte. Según ella, la pandemia de covid-19 tuvo un efecto negativo sobre la salud mental de los estudiantes y sus repercusiones siguen haciéndose sentir hoy en día.
Valentina Fraiz
Para entender de qué manera las secretarías de educación estaduales y municipales están lidiando con la violencia escolar, la socióloga Flávia Pereira Xavier, de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), coordinó una encuesta nacional con gestores de las secretarías de educación de 14 estados y 182 municipios brasileños. En dicho estudio, financiado por el Centro Lemann, se apuntó a asegurar la representatividad regional y se tuvieron en cuenta diferentes niveles del Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM). Se evaluaron cinco dimensiones de la gestión del ambiente, la convivencia y la violencia en las escuelas. La primera investigó cómo los directores de las escuelas comunican los problemas a la secretaría y si ésta asume un rol activo en este diálogo. La segunda dimensión evaluó si la secretaría apoya acciones tendientes mejorar el clima escolar, incluyendo medidas con la mira puesta en la prevención y la gestión de conflictos, el desarrollo socioemocional, el soporte psicosocial y la capacitación permanente sobre acoso escolar, entre otras acciones. La tercera analizó las directrices y recursos suministrados por la secretaría para mejorar el clima escolar, teniendo en cuenta el aporte de orientaciones para la convivencia en los documentos institucionales, la existencia de un sector responsable y el envío de fondos a las escuelas. El cuarto abordaje identificó la percepción de los directores al respecto de la colaboración de la secretaría con otras instituciones del Poder Judicial, centros de asistencia social y organismos sanitarios. En tanto, el quinto eje analizó si la secretaría incentiva la inclusión de temas tales como la desigualdad y la discriminación en los documentos escolares y en los programas de formación continua.
“Constatamos que tan solo el 4,1 % de las secretarías de educación examinadas presenta un alto nivel estructural para la gestión de la violencia escolar, contando con acciones articuladas en todas las dimensiones analizadas y con colaboraciones establecidas con organismos tales como el Ministerio Público y los Centros de Referencia Especializados de Asistencia Social [Creas]”, advierte la socióloga. Según el estudio, las secretarías en su mayoría cuentan con algún programa para tratar con la violencia escolar, pero no disponen de un abordaje integral. “La investigación reforzó la necesidad de ampliar la articulación entre el sector educativo, el de salud y el de asistencia social, además de garantizar que las acciones centradas en el clima escolar sean continuas y estén interconectadas con las políticas públicas de seguridad y justicia”, culmina diciendo la investigadora.
Este artículo salió publicado con el título “Crisis de convivencia en la educación” en la edición impresa n° 350 de abril de 2025.
Proyectos 1. Acciones de enfrentamiento al bullying y a la discriminación en las escuelas públicas (nº 19/13579-3); ModalidadPrograma Enseñanza Pública; Investigador responsable José Leon Crochíck (USP); Inversión R$ 433.869,30. 2. Acciones de enfrentamiento al bullying y a la discriminación en las escuelas públicas en las escuelas de la ciudad de Guarulhos (nº 22/06831-0); ModalidadPrograma Enseñanza Pública; Investigadora responsable Marian Ávila de Lima e Dias (Unifesp); Inversión R$ 86.745,40.
Informe XAVIER, F. P. (coord). La gestión de las redes de enseñanza y el clima escolar: mapeo de las acciones y una propuesta de matriz evaluativa sensible a la equidad. Centro Lemann, Nupede, UFMG, 2024.
Libros CROCHÍCK, J. L. y CROCHÍCK, N. Bullying, preconceito e desempenho escolar: Uma nova perspectiva. São Paulo: Benjamin Editorial, 2017. ZUIN, A. S. Fúria narcísica entre alunos e professores: As práticas de cyberbullying e os tabus presentes na profissão de ensinar. São Carlos: Edufscar, 2021.
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