Fabio ColombiniLo improbable sucedió en la ciudad japonesa de Nagoya, el día 29 de octubre, cuando delegaciones de 193 países reunidas en el marco de la 10ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), convocada por la ONU, arribaron a un inédito acuerdo para la protección de la diversidad de las especies y de los recursos genéticos de plantas, animales y microorganismos. Las medidas aprobadas en Nagoya se relacionan con tres frentes. El primero, en el cual fue más difícil de avanzar, fue un protocolo sobre el acceso y el reparto de beneficios de los recursos genéticos de la biodiversidad (ABS, por sus siglas en inglés). El mismo establece que cada país es soberano sobre los recursos genéticos de su biodiversidad y que el acceso a dicha biodiversidad podrá hacerse únicamente con su consentimiento. Si la riqueza biológica lleva al desarrollo de un producto, las utilidades deberán repartirse con el país de origen, aunque la forma de dividir el dinero aún está por definirse.
El segundo avance fue la aprobación de un plan estratégico para el período 2011-2020, con metas para la disminución de la pérdida de biodiversidad. El porcentaje de los territorios que serán conservados se amplió. En el caso de las áreas terrestres, esta parte será del 17% en 2020. La meta anterior, que la mayoría de los países no alcanzó, era del 10%. En el caso de los ecosistemas marinos, las áreas protegidas pasarán del 1% al 10%. Otra novedad importante fue la inclusión del valor de la biodiversidad en las cuentas públicas de los países y la reducción de los subsidios destinados a las actividades consideradas perjudiciales a la biodiversidad. El tercer paso es el compromiso de los países desarrollados con el financiamiento de acciones destinadas a la preservación de la biodiversidad. “Nos sorprendió cómo se dio vuelta el partido, a punto tal de que quedó definido un protocolo”, dice Carlos Alfredo Joly, docente del Instituto de Biología de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) y coordinador del programa Biota-FAPESP. “Se trataba de una agenda tensa, con temas que se arrastraban desde hace casi 18 años, y nada indicaba que eso pudiese salir del papel.”
Parámetros
Cobró importancia luego del acuerdo de Nagoya una conferencia científica concertada por el programa Biota-FAPESP, la Academia Brasileña de Ciencias y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia que se realizará entre los días 11 y 15 de diciembre en la localidad Bragança Paulista (São Paulo). Con la presencia de varios negociadores, entre los cuales se cuenta Ahmed Djoghlaf, secretario ejecutivo de la Convención sobre Diversidad Biológica, este encuentro discutirá entre otros temas las metas establecidas en Nagoya y los medios con que Brasil cuenta para alcanzarlas. “La gran dificultad para alcanzar las metas del plan estratégico establecido en 2002 radicó en la falta de parámetros mensurables. Trataremos eso en la reunión de Bragança Paulista”, afirma el coordinador del Biota-FAPESP.
Brasil, en la presidencia de un grupo que reúne a 17 países megadiversos, desempeñó un rol importante en la articulación del acuerdo de Nagoya. El desenlace fue sorprendente porque superó un impasse que parecía infranqueable hasta las vísperas del encuentro. Desde la Conferencia Río-92, las negociaciones sobre la protección de la biodiversidad giran en torno a un trípode de objetivos: la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y el llamado reparto de beneficios. Sobre todo este último tópico, que involucra el compromiso de los países ricos de compensar económicamente a las naciones en desarrollo por el uso de sus riquezas, siempre representó una traba en las negociaciones. “Los tres objetivos están imbricados. Es difícil hablar de conservación sin avanzar en el uso sostenible, así como es difícil hablar de uso sostenible sin establecer reglas para el reparto de beneficios”, dice el biólogo Braulio Dias, secretario de Biodiversidad y Bosques del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), uno de los negociadores brasileños en Nagoya. En una reunión preparatoria realizada en mayo, en Nairobi, en la cual se negoció el borrador de un nuevo plan estratégico para 2020, quedó claro que persistía el impasse. “Nadie quería asumir compromisos”, dice Dias. Y la Cumbre de Johannesburgo de 2002 había fijado el año 2010 como plazo final para que se arribase a un acuerdo que comprendiese el reparto de beneficios. “Si no fuese ahora, perderíamos el momento y quién sabe cuántos años tardaríamos en llegar a un acuerdo”, afirma el secretario.
fabio colombiniEcosistemas marinos: la meta es tener 10% de áreas protegidasfabio colombini
Antes de la conferencia, Brasil formuló una propuesta radical: o se obtenía un paquete que completara los tres objetivos, o no habría acuerdo parcial. En la segunda y última semana de la conferencia, como no se habían logrado avances, Brasil inició conversaciones bilaterales con los países de la Unión Europea, que terminaron por flexibilizar sus posturas, y en la recta final de las negociaciones, se convirtieron en los principales defensores de las decisiones en paquete. Japón, el país anfitrión, también se esforzó por llegar a un acuerdo. Pero persistieron las dudas hasta el final.
Países como Irán, Malasia y la India exigían que los países ricos fuesen obligados a difundir las informaciones sobre el origen de los recursos naturales utilizados a la hora de presentar patentes. La idea no prosperó, pero, en contrapartida, se definió que se incumbirá a instituciones la verificación de procedencia y obtención del material genético. De la misma manera, los países africanos querían que el reparto de beneficios fuese retroactivo, es decir, que los países ricos pagasen también por toda la riqueza biológica que utilizaron en el pasado. Como hubo consenso en que esa idea era impracticable, se arregló la creación de un fondo destinado a compensar el uso pretérito de la biodiversidad. A dos días del final de la conferencia, todavía quedaban seis artículos y una decena de incisos entre corchetes, recuerda el secretario Braulio Dias. En la víspera, algunos países en desarrollo, explícitamente los del grupo de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), que reúne a Ecuador, Cuba, Bolivia y Venezuela, entre otros, hicieron cuestionamientos a la idea de fijarle un valor a la biodiversidad e incluirlo en las cuentas públicas de los países, bajo la argumentación de que no se debería precificar la biodiversidad y así quedar a remolque de los mecanismos de mercado. “Argumentamos que no era necesario monetizar todo y que hoy en día, las riquezas naturales valen cero en el cálculo del PIB”, dice Dias. “Pero quedamos con recelo de que ellos hiciesen objeciones y el acuerdo no saliese”. En el momento decisivo, ningún país quiso asumir la responsabilidad de inviabilizar el acuerdo, que solamente podría obtenerse por consenso, y repetir el fiasco de la Conferencia del Clima de Copenhague, el año pasado.
Detalles
Euforia aparte, el Protocolo de Nagoya deberá ahora vencer una sucesión de obstáculos hasta probar su factibilidad y generar resultados. A decir verdad se trata de un acuerdo genérico, que dependerá de muchas rondas de negociaciones durante los próximos cuatro años, sumadas a la creación de legislaciones ambientales, principalmente en los países pobres. “El protocolo ABS no resuelve todos los problemas. Los detalles se resolverán mediante la legislación nacional. Quedó amplio, pues nada quedó afuera, excepto los recursos genéticos humanos”, dice Braulio Dias. El punto más frágil del acuerdo fue el compromiso de los países desarrollados de financiar la protección de la biodiversidad, que por ahora se resume a ofertas ya conocidas de Alemania y de Japón. Para Cláudio Maretti, de la entidad ambientalista WWF-Brasil, el protocolo tardará al menos hasta que se concreten dos nuevas conferencias para ser operativo. Los acuerdos de una conferencia de esta índole son considerados soft law, es decir, no tienen fuerza de ley, aunque los países asuman el compromiso de implementarlos. Recién después de la ratificación del acuerdo por parte de los parlamentos de 50 países el Protocolo de Nagoya entrará en vigor. Y el país más rico del planeta, Estados Unidos, no participó en la conferencia y no será alcanzado por sus decisiones. “El acuerdo general sobre acceso y reparto de beneficios permite que los esfuerzos de conservación caminen, pero todavía falta trabajar en algunos detalles”, dice el biólogo estadounidense Thomas Lovejoy, un estudioso de la Amazonia desde hace cuatro décadas, quien introdujo el término biodiversidad en el seno de la comunidad científica en los años 1980. Reiterando la posición que sostuvo en mayo pasado, cuando, por invitación del programa Biota-FAPESP, presentó la tercera edición del Global Biodiversity Outlook en el Palacio de los Bandeirantes, en São Paulo, Lovejoy fue crítico con relación a las trabas a la investigación impuestas por las leyes contra la biopiratería. “Quiero poner de relieve la importancia de permitir la investigación en lugar de sofocarla, toda vez que ningún país, aisladamente, tiene la expertise necesaria como para avanzar solo”, afirma Lovejoy. “Hace más de 10 años la burocracia creada por la actual legislación brasileña entorpece las investigaciones, principalmente en las cuestiones asociadas al uso sostenible y al reparto de los beneficios”, refuerza Carlos Joly. El secretario de Medio Ambiente, Braulio Dias, prevé un ablandamiento de la legislación antibiopiratería en Brasil con la aprobación del Protocolo de Nagoya. “Con la protección de la biodiversidad de carácter internacional, se hará más fácil crear una legislación menos restrictiva y menos burocrática, que ayude a la investigación y al desarrollo tecnológico”, afirma.
fabio colombiniBrasil no logró producir una lista oficial de animalesfabio colombini
Según la evaluación de Thomas Lovejoy, los objetivos planteados en el plan estratégico para 2020 son ejecutables. “Personalmente, prefería metas más ambiciosas, como la interrupción de la pérdida de la biodiversidad causada por el hombre, en lugar de su disminución, tal como fue aprobado. Pero como la mayoría de los países no logró cumplir con la metas para 2010, se consideró que eso era demasiado ambicioso”, dice el biólogo, en referencia al hecho de que todos los países fallaron en el cumplimiento de la metas estipuladas en el plan estratégico fijado en 2002 con metas para 2010. Para Anne Larigauderie, directora ejecutiva de Diversitas, un programa internacional de ciencia de la biodiversidad patrocinado por la Unesco, los desafíos futuros son grandes. “Soy cautelosamente optimista con los resultados de Nagoya”, dice Anne, quien participó en el encuentro de Japón. “En diversos aspectos, la conferencia fue un éxito. Pero debemos tener en mente que uno de los resultados de la reunión fue también el fracaso colectivo en lo que hace a las metas para 2010. Esperemos que los instrumentos de política que se diseñaron en Nagoya estén a la altura de los desafíos por venir”, afirma.
Un momento importante de la conferencia de Nagoya fueron los debates alrededor del estudio Economía de los Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB, por sus siglas en inglés), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que apuntó el valor económico de las plantas, los animales, los bosques y los ecosistemas. Este estudio evaluó los costos de la pérdida de la biodiversidad, que se ubicaron entre 3,6 y 8,2 billones de reales anuales. “La importancia del TEEB se debe a que hizo posible, mediante la utilización de argumentos económicos, extender el debate sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad a otras esferas de la sociedad además de la ambiental y ejercer influjo sobre los tomadores de decisiones”, afirma Cláudio Maretti, superintendente de conservación de WWF-Brasil. “Asimismo, en el caso de los países en desarrollo que necesitan dinero para invertir en conservación, el estudio TEEB apunta posibilidades de retorno económico con la explotación de los servicios prestados por la biodiversidad”, afirma.
En el plano nacional, los desdoblamientos del Protocolo de Nagoya también enfrentarán retos. No existe actualmente un consenso ni siquiera dentro del gobierno para implementar ciertos puntos. El reparto de beneficios, por ejemplo, fue cuestionado por el Ministerio de Agricultura, en un reflejo de los temores del sector ruralista de que el país tenga de pagar para usufructuar los recursos genéticos de otros países para mejorar sus cultivos. “Tenemos una señalización del Ministerio de Agricultura de que existe interés en conversar sobre una propuesta única de gobierno”, dice Braulio Dias. “Si conseguimos crear un paquete redondo de propuestas y presentarlo al Congreso, será más fácil movilizar a los legisladores del bloque del gobierno. Pero si eso no sucede, será difícil”, explica el secretario. “Las dificultades son concretas, como la batalla del Código Forestal lo demuestra”, afirma Carlos Joly, en referencia a la posibilidad de que el Congreso flexibilice la protección de la biodiversidad en propiedades privadas por presión de los políticos ruralistas.
Mensaje
Cláudio Maretti, de WWF-Brasil, dice que la clave para llevar adelante los avances de Nagoya es la movilización de la sociedad. “Los resultados de la conferencia levantaron el ánimo, pero ahora tenemos que despertar el interés en sociedad para alcanzar las metas, algo que la movilización alrededor de los cambios climáticos logró hacer”, afirma. “Tenemos que mostrar que la pelea no es entre ambientalistas y ruralistas, sino entre un modelo nuevo y sostenible, que ya se ha granjeado la adhesión de parte del empresariado, y una economía antigua, que aún cree que los recursos naturales son inagotables”, afirma.
JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE / CORBISInvestigación agrícola: el uso de recursos genéticos de otros países será cobradoJEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE / CORBIS
Aunque no cumplió las metas para 2010, Brasil fue uno de los países que más han avanzado en ese sentido, lo que le dio fuerza a los negociadores brasileños en las conversaciones de Nagoya. Ha habido una disminución significativa del índice de deforestación en la Amazonia, que cayó un 75% entre 2004 y 2009, y se han ampliado las áreas protegidas. “Por otro lado, las metas brasileñas que dependían del avance del conocimiento científico no anduvieron tan bien”, dice Carlos Joly, del Biota-FAPESP. Cada país debería publicar listas oficiales de especies que viven en sus territorios, con el fin de establecer el derecho a participar en el reparto de beneficios provenientes de su utilización. “Debíamos contar con listas oficiales de plantas, animales y microorganismos, pero solamente logramos presentar una lista parcial de especies de la flora brasileña, disponible en el sitio del Jardín Botánico del Río de Janeiro. Para animales y microorganismos brasileños, no tenemos ni siquiera listas parciales oficialmente reconocidas”, dice Joly, resaltando que São Paulo, en este apartado, ha logrado avanzar. Un volumen especial de la revista Biota Neotropica publicará en breve la lista oficial de especies de vertebrados, invertebrados y plantas del estado de São Paulo. De acuerdo con el secretario de Medio Ambiente del estado de São Paulo, Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo, que estuvo en Nagoya, São Paulo brindó una contribución significativa para el logro de la metas alcanzadas por Brasil. “El pago de servicios ambientales ya está previsto en una ley estadual y ya habíamos creado áreas marinas protegidas”, afirma. “São Paulo ya tiene el 52% de las áreas marinas protegidas y un 13% del área terrestre”, dice.
Nagoya selló la creación de la Red de Observación de la Biodiversidad Global (GEO-BON), una estructura global y científicamente robusta para la observación y detección de alteraciones en la biodiversidad. “Es una iniciativa sumamente importante que nos ubicará en el nivel necesario como para seguir de cerca lo que estamos haciendo con miras a alcanzar las nuevas metas”, dice el biólogo estadounidense Harold Mooney, de la Universidad Stanford, presidente del comité científico de Diversitas, que vendrá a Brasil en diciembre para participar en la conferencia en Bragança Paulista. “No existe un plan de acción claro destinado a alcanzar los objetivos definidos en Nagoya, aunque muchos países estén realmente empeñados en alcanzarlos”, afirma Mooney, quien también estuvo en Nagoya.
Pares
El escenario post Nagoya también impone un compromiso mayor por parte de los científicos en la protección de la biodiversidad. En una reunión realizada en junio por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (Unep, por sus siglas en inglés), en Busan, Corea del Sur, representantes de los 85 países recomendaron la creación de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES). La intención, que ahora debe ser refrendada por la Asamblea General de la ONU, es realizar evaluaciones regulares y actuales sobre el conocimiento referente a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Los estudios científicos deberán ser independientes y evaluados por pares, en moldes similares al trabajo del Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos (IPCC). Un intento anterior de crear un organismo de está índole fue rechazado por la diplomacia de varios países, incluso Brasil. Se trataba del Mecanismo Internacional de Conocimiento Científico en Biodiversidad (Imoseb, sigla en inglés), propuesto por Francia y visto como una tentativa de intervención de los países desarrollados en la estrategias de los países en desarrollo. “La principal razón del fracaso fue que no existía una garantía de proporcionalidad de representación en la composición del organismo entre los países ricos en biodiversidad y los países que poseen la tecnología para explotarla”, explica Carlos Joly.
De acuerdo con el secretario Braulio Dias, el IPBES tendrá una diferencia fundamental con relación al IPCC: en vez de producir únicamente informes, también se abocará a la capacitación de técnicos, sobre todo en los países pobres. “Eso es necesario para hacer el puente entre el conocimiento científico y su aplicación en políticas públicas”, afirma. De acuerdo con Dias, la ministra de Medio Ambiente, Isabela Teixeira, ya ha anunciado el interés de crear una instancia nacional en los moldes del IPBES. “Sabemos que no vamos a resolver el problema de la biodiversidad sin contar con una fuerte base científica”, afirma el secretario.
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