Brasil ostenta un índice de 4,8 homicidios por cada 100 mil mujeres, el quinto en el mundo, según datos recabados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los asesinatos son cometidos dentro del hogar, con frecuencia por personas cercanas a las víctimas. La cantidad de denuncias de agresiones también espanta. Tan solo en 2017, el Sistema de Información de Denuncias de Agresiones (Sinan, en portugués) del Ministerio de Salud registró 230.078 casos de agresión física doméstica contra mujeres, involucrando con frecuencia a personas con bajo índice de escolaridad y que registran un uso abusivo de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas. Más recientemente, otros estudios indagaron en factores socioeconómicos que posiblemente estén relacionados con los casos de violencia doméstica contra las mujeres en el país.
En uno de ellos, que salió publicado a comienzos de enero en la revista PLOS ONE, un equipo integrado por investigadores brasileños y canadienses analizó 3.559 informes médicos y policiales de episodios de violencia doméstica registrados en Campina Grande entre 2012 y 2014. Esa ciudad es la segunda más populosa del estado de Paraíba, con 410.332 habitantes, y constituye uno de los principales polos económico e industrial de la región nordeste del país. Los datos reunidos por los investigadores provienen de casos de mujeres que registraron denuncias por agresiones en los libros de registros policiales y fueron sometidas a revisiones para constatarlas. Esa documentación contenía datos tales como edad, estado civil, nivel educativo, ocupación y domicilio de las víctimas y de sus agresores.
Con base en el análisis de esas informaciones se comprobó que entre los casos denunciados, los episodios de violencia física perpetrada por varones ocurrían a menudo9 dentro del hogar y contra mujeres. De manera general, de cada diez víctimas de violencia doméstica, ocho eran mujeres. Casi todas en una franja entre los 19 y 39 años de edad. “Los agresores eran con frecuencia individuos con algún grado de parentesco con la víctima, sobre todo parejas o exparejas”, explica el odontólogo Kevan Nóbrega Barbosa, del Departamento de Odontología Social y Preventiva de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y uno de los autores del artículo.
En 2017 se registraron en Brasil 230.078 casos de violencia contra mujeres
A diferencia de lo que ocurrió en estudios anteriores, el equipo de investigadores también logró identificar pautas geográficas y socioeconómicas posiblemente relacionadas con esos casos de violencia doméstica. Con base en los datos de los registros médicos y policiales mapearon el domicilio de 2.563 víctimas, constatando que la mayoría vivían en la zona oriental de Campina Grande. Esa región está signada por su alta densidad poblacional, la falta de saneamiento básico y residentes con bajo nivel socioeconómico. “Muchos de esos habitantes viven con menos de un sueldo mínimo por mes”, resalta Nóbrega Barbosa.
Los hallazgos llevaron al equipo conjeturar que los factores socioeconómicos podrían estar asociados con la frecuencia de casos de violencia doméstica en la región, en sintonía con lo que se observó en otros trabajos. En uno de ellos, que salió publicado en abril de 2016, investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad Estadual de Paraíba (UEPB) analizaron las características sociodemográficas de las mujeres víctimas de violencia doméstica denunciada oficialmente también en Campina Grande. En el estudio, coordinado por el profesor Sérgio D’Ávila Cavalcanti, se analizaron 1.704 registros médicos y policiales elaborados entre enero y diciembre de 2012. La mayoría de las víctimas eran amas de casa con edades entre 20 y 39 años y bajo nivel educativo y socioeconómico.
El hogar fue el lugar principal donde ocurrieron los casos de violencia contra mujeres
Un mismo perfil
Los resultados registrados en ambos trabajos coinciden con las estimaciones oficiales. Entre los casos denunciados, la mayoría de las mujeres víctimas de agresión física y femicidio en Brasil presenta un mismo perfil. Los datos constan en el estudio elaborado por el Ministerio de Salud, que se basa en informaciones de las Actas de Denuncia Individual de Violencia Interpersonal y Autoinfligida registradas en el Sinan entre 2011 y 2016. El informe completo será publicado este mes.
Los investigadores sostienen que, en conjunto, la baja escolaridad y una condición socioeconómica precaria pueden contribuir para que las víctimas sean económicamente dependientes de sus parejas –que casi siempre, también son sus agresores– y por eso sean menos proclives a denunciarlos. Algunos estudios ya habían notado que las mujeres con empleos remunerados tienen más posibilidades de ser financieramente independientes y menos tolerantes a los comportamientos agresivos, posiblemente, porque también están más informadas sobre sus derechos.
Sin embargo, la interpretación de las cifras informadas en esos trabajos debe tener en cuenta que ellos se refieren al universo de los incidentes de violencia doméstica oficialmente denunciados. Un estudio reciente apunta que la mayoría de los incidentes de esa naturaleza no son oficialmente denunciados, siendo el grado de subnotificación mayor que el promedio entre las mujeres con nivel de escolaridad superior, presumiblemente también con un nivel socioeconómico superior. Para la socióloga Giane Silvestre, que realiza una pasantía de investigación posdoctoral en el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo (NEV-USP), los resultados registrados pueden ser útiles para formular políticas públicas de prevención de la violencia contra la mujer, pero deben interpretarse con precaución para no estigmatizar todavía más a los sectores más pobres, que ya viven en una situación de vulnerabilidad. Ella recuerda que la violencia doméstica es un problema ampliamente extendido en todas las clases sociales “porque involucra cuestiones sociales y culturales que tienden a encuadrar a la mujer no como individuo sino como una propiedad”. Según el análisis de la investigadora, el problema también tiene que ver con el rol histórico asignado a la mujer en la sociedad.
A nivel mundial, una de cada tres mujeres es o fue víctima de violencia doméstica, según datos divulgados por la OMS. La agencia de las Naciones Unidas estima que, en Brasil, las denuncias de muertes violentas que involucran a mujeres han aumentado alrededor de un 230% en las últimas tres décadas. La situación es peor entre las negras, para quienes ese índice pasó de un 22,9% en 2003, a un 66,7% en 2013, según datos del Mapa de la Violencia divulgados en 2015 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la ONU Mujeres.
Según datos oficiales del Sisan del Ministerio de Salud, las denuncias de violencia doméstica también aumentaron. Entre 2009 y 2014 se triplicaron: de 6,4 por cada grupo de 100 mil habitantes en 2009, a 18,1 en 2014. Los estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Paraná sobresalen con las tasas más altas: hay 50 casos por año o más por cada 100 mil habitantes. Los resultados figuran en el estudio publicado en 2017 en la revista Ciência & Saúde Coletiva.
La odontóloga Nádia Cristina Pinheiro Rodrigues, de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Río de Janeiro, una de las autoras del estudio, dice que este confirma lo que se verificó en investigaciones anteriores acerca de los episodios de violencia contra las mujeres: casi siempre involucran el uso abusivo de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas, así como un fácil acceso a las armas de fuego.
Las parejas fueron los agresores en el 36,5% de las denuncias de violencia contra mujeres con edades entre 20 y 29 años
Las posibles explicaciones
Los investigadores no saben cuáles son las razones para el aumento de las denuncias de violencia contra la mujer en Brasil ni si esas denuncias representan la realidad de los casos en el país. Una explicación plausible para el aumento de las denuncias es su registro obligatorio. “A partir de 2011 el registro en el Sinan es obligatorio para los casos en que hay sospecha o confirmación de violencia doméstica y sexual contra las mujeres, independientemente de la franja etaria”, explica la médica Maria de Fátima Marinho de Souza, directora del Departamento de Monitoreo de Enfermedades y Trastornos no Transmisibles y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. “Puede que esto haya sacado a la luz miles de casos anteriormente no registrados”, dice la investigadora, que es la coordinadora del estudio del Ministerio de Salud. Según ella, desde 2011 en adelante se registraron 856.006 denuncias de violencia contra niñas y mujeres de entre 10 y 59 años en Brasil. Si se tienen en cuenta tan solo los datos de las víctimas comprendidas dentro de esas edades, en 2017 las denuncias registraron un aumento mayor al 200% si se las compara con las de 2011.
Según analizan algunos estudiosos, ese incremento también estaría relacionado con la entrada en vigencia de la Ley Maria da Penha, sancionada en agosto de 2006 con la premisa de prevenir, contener, punir y erradicar todo y cualquier tipo de violencia contra la mujer. A juicio de Nádia Rodrigues, esa ley otorgó respaldo jurídico a las mujeres que así, pasaron a sentirse más seguras para denunciar a sus agresores. A partir de eso, cada vez más víctimas han roto el silencio sobre los abusos contribuyendo para que salgan a la luz nuevos casos.
En el 37% de las agresiones contra mujeres adultas se sospecha del abuso de alcohol por el agresor
Para la antropóloga Guita Grin Debert, del Departamento de Antropología de la Universidad de Campinas (Unicamp), uno de los puntos positivos que encierra la ley fue el hecho de que la misma ha excluido la posibilidad de audiencias de conciliación entre el acusado y la víctima. En otras palabras, a partir de 2006, el reo es procesado independientemente de la voluntad de la agredida. “La nueva ley también transformó los casos de violencia doméstica en delito de lesión corporal e instituyó un sistema procesal autónomo para los delitos previstos en el Código Penal cuando fueran practicados contra mujeres por motivación de género, en el ámbito doméstico y familiar o en un contexto de relación íntima afectiva”, explica. Hasta entonces, estos casos se clasificaban como crímenes pasionales, supuestamente de menor potencial agresivo. Para Debert, quien coordinó el Núcleo de Estudios de Género Pagu de la Unicamp, entre 2007 y 2009, eso descalificaba a la agresión, perpetuando el comportamiento violento del agresor.
Otra explicación posible, sugiere Rodrigues, de la Fiocruz, involucraría las transformaciones en relación con el rol de la mujer en la sociedad. En estudios recientes pudo comprobarse que el comportamiento familiar femenino en los últimos 40 años se modificó, independientemente de la clase social, con avances significativos en cuanto a su autonomía, lo que implica un mayor control sobre el propio cuerpo, capacidad de generar ingresos y de administrar esos recursos. “Estos procesos están induciendo un aumento en el número de divorcios”, dice Rodrigues. Hoy en día, en Brasil, casi la mitad de los femicidios los cometen exparejas, disconformes con la separación.
En el estudio coordinado por Souza también llaman la atención los datos preliminares de 2017, que apuntan que en aquel año, específicamente las denuncias de violencia contra mujeres adultas con edades entre 20 y 59 años aumentaron alrededor de un 30% en comparación con 2016. “Estamos asistiendo a la naturalización de la violencia contra las mujeres en Brasil”, dice la médica, quien junto a su equipo analiza los datos referentes a 2018 con miras a verificar si esa tendencia de crecimiento se confirma.
La mayoría de las jóvenes y de las mujeres adultas fallecidas como consecuencia de las agresiones poseía baja escolaridad
Cohibir e intimidar
La violencia contra la mujer es ampliamente reconocida como un grave problema de salud pública, que impacta sobre la condición física y mental de las víctimas. En general, aquellas que padecieron violencia doméstica son más propicias a desarrollar trastornos psiquiátricos tales como ansiedad, depresión o pensamientos suicidas. Según el estudio del Ministerio de Salud, las brasileñas que denunciaron episodios de violencia en los servicios de salud públicos corren 151,5 veces mayor riesgo de morir por suicidio a partir de un cuadro de depresión en comparación con la población femenina en general.
“Es necesario apuntar a abordajes que ayuden a prevenir y sancionar de manera más incisiva los casos de violencia doméstica en Brasil”, resalta Nádia Rodrigues. Esto implica cierta capacitación de los profesionales de la salud, que no siempre logran identificar los casos de agresión contra las mujeres. En ese sentido, una iniciativa es la Ronda Maria da Penha, en la que la policía militar realiza operaciones en áreas cercanas al domicilio de las víctimas como medida de resguardo decretada por la Justicia.
Ese proyecto, creado en marzo de 2015, funciona en los estados de Bahía, Rio Grande do Sul y Amazonas. “A partir de una colaboración con el Poder Judicial, la policía identifica a las mujeres que sufrieron violencia doméstica y para las cuales se ha decretado protección, y las contacta para saber si les gustaría que la policía hiciera una ronda periódica por su barrio”, explica Giane Silvestre, del NEV-USP. Esa práctica está ayudando a intimidar a los agresores que continuaban amenazando a sus víctimas.
Según un estudio, la mayoría de las brasileñas víctimas de violencia opta por no denunciar a sus agresores
Más de la mitad de las mujeres víctimas de abusos y agresiones no denuncia a sus verdugos, posiblemente porque son mal atendidas o las desmoralizan en las comisarías y en los servicios públicos de salud. Esta conclusión consta en la segunda edición del informe Visível e invisível: A vitimização de mulheres no Brasil, divulgado en febrero por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en colaboración con el instituto Datafolha.
El estudio es el resultado de 1.092 entrevistas con mujeres a partir de los 16 años de edad en 103 municipios de todas las regiones del país. La muestra es representativa a nivel nacional e indica que aproximadamente 16 millones de mujeres, de todas las clases sociales, sufrieron algún tipo de violencia en Brasil en 2018, una cifra que equivale a 1.830 casos registrados por hora.
Casi la mitad de las mujeres sigue siendo víctima de episodios de violencia dentro de su hogar. Entre aquellas que decidieron enfrentarlo y denunciar a sus agresores, tan solo el 22,2% buscaron hacerlo en algún organismo oficial, como la Comisaría de Defensa de la Mujer. El otro 29,6% prefirieron recurrir a la ayuda de la familia, amigos o de la iglesia.
El mayor porcentaje de las víctimas son mujeres que se autoidentificaron como de raza negra, entre las cuales, un 28,4% afirmaron haber padecido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses. A continuación vienen las que se declaran mulatas, con un 27,5%. Según los autores, esos datos hacen hincapié en la vulnerabilidad por la que atraviesan esos dos grupos de mujeres, que implica espacios y oportunidades precarias a nivel laboral y bajos índices socioeconómico y de escolaridad.
También de acuerdo con ese estudio, las mujeres con un grado de escolarización más alto tienden a buscar menos ayuda. Entre las víctimas que poseen educación superior, el 58,6% no hicieron nada en relación con el episodio, pese a los avances recientes en cuanto a la creación de mecanismos institucionales para afrontar la violencia contra las mujeres.
Según los coordinadores del trabajo, los datos presentados evidencian los desafíos pendientes e indican la necesidad de adoptar estrategias orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres, con el femicidio como hecho culminante, pero que comprende toda una vasta gama de acciones, tales como amenazas, tortura psicológica, agresiones verbales y violencia física y sexual. El informe completo puede consultarse en bit.ly/2JQ6v8l.
