Las revistas científicas depredadoras, que publican artículos a cambio de dinero sin someterlos a una revisión por pares genuina, han venido explotando nuevos resquicios para atraer a autores desprevenidos. Se ha hecho habitual, por ejemplo, que estas publicaciones maquillen sus consejos editoriales, declarando falsamente la participación de científicos prestigiosos y, en casos extremos, que publiquen artículos atribuidos en forma fraudulenta a autores de cierto renombre, también para simular respetabilidad.
Un episodio reciente involucró a la revista African Journal of Political Science, publicada por la editorial International Scholars Journals (ISJ), y a la investigadora Anca Turcu, de la Escuela de Política, Seguridad y Asuntos Internacionales de la Universidad de Florida Central, en Estados Unidos. Mientras recababa estadísticas de publicación para actualizar su currículum, Turcu encontró un artículo atribuido a ella en African Journal que jamás había escrito. El estudio en cuestión, que trataba sobre el reciclaje de residuos, no estaba relacionado con sus intereses de investigación, que son las diásporas y los procesos electorales. Al indagar en profundidad, descubrió que el paper no solo era fraudulento en cuanto a la atribución de la autoría. También era un artículo plagiado de la revista Energy Policy, escrito por tres investigadores chinos, publicado en enero de 2022.
El episodio fue denunciado en el sitio web Retraction Watch, que envió un correo electrónico pidiendo explicaciones al editor en jefe de la revista de la editorial ISJ. Y se destapó un fraude aún mayor. El profesor Jephias Mapuva, de la Universidad Bindura de Educación Científica, de Zimbabue, respondió que nunca mantuvo ninguna relación con la revista. “Para mí fue una sorpresa que figurara como editor en jefe”, escribió, adjuntando una copia de un correo electrónico enviado a ISJ exigiendo que su nombre fuera retirado del sitio web. Retraction Watch también descubrió que existen dos revistas diferentes llamadas African Journal of Political Science que comparten el mismo Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN), un código internacional de ocho dígitos utilizado como identificador único de las publicaciones periódicas. Una de ellas, más antigua, pertenece a la Asociación Africana de Ciencia Política. Había dejado de circular en 2004 pero volvió a recibir artículos el año pasado.
La segunda revista pertenece a ISJ, en la cual fue publicado el artículo fraudulento de Turcu, y existe desde 2007. Que incurría en prácticas depredadoras ya se sabía desde 2021, cuando la psicóloga canadiense Nadine Bekkouche publicó una declaración en su perfil en LinkedIn relatando su mala experiencia con ese periódico científico. Ella había publicado un artículo sobre la salud mental de los estudiantes en la revista Performance Improvement Qaterly, de la editorial Wiley, y recibió un correo electrónico de African Journal of Political Science invitándola a redactar un texto sobre el mismo tema, a modo de comentario. Tan pronto como envió ese texto, quisieron cobrarle 1.000 euros. Ella dijo que no pagaría y solicitó que el artículo fuera retirado. Los pedidos de pago continuaron, por teléfono y por correo electrónico y, en un momento dado, la revista le exigió dinero para retirar el artículo, que la investigadora nuevamente se negó a pagar. “Fue una situación francamente abusiva”, dijo ella, quien escribió su relato para advertir a otros investigadores que no caigan en la misma trampa.
La editorial ISJ, fundada en 2002, publica 86 revistas de diversos campos del conocimiento, desde ciencias sociales a médicas y agrarias. En su sitio web, informa domicilios postales en Nueva York (EE. UU.), y Abuja (Nigeria). Afirma que sigue las directrices del Committee on Publication Ethics (Cope), el foro internacional de editores para las cuestiones de integridad científica, pero su nombre no figura entre los más de 10.000 miembros asociados de la entidad. La editorial estaba incluida en una famosa lista de más de 8.000 empresas y nombres de publicaciones con prácticas depredadoras confeccionada por el bibliotecario Jeffrey Beall, de la Universidad de Colorado (EE. UU.), que el autor acabó retirando de internet debido a las amenazas de demandas judiciales.
El fraude practicado por African Journal of Political Science no es un caso aislado en el ámbito de las revistas depredadoras. A principios de este año, la editorial Prime Scholars, que publica 56 revistas científicas, también fue denunciada por utilizar nombres de investigadores en forma fraudulenta y sin autorización como editores o vinculándolos como responsables de artículos científicos apócrifos. La empresa tiene domicilio en Londres, pero aparentemente opera en la India.
En un comentario publicado en 2021 en la revista Nature, un grupo de investigadores de la Universidad de Montreal (Canadá) y del Instituto de Tecnología de Georgia (EE. UU.), elaboró un catálogo de los distintos disfraces que las revistas depredadoras utilizan para seguir funcionando. El equipo creó una base de datos, bautizada con el nombre de Lacuna, compuesta por 900.000 artículos de 2.300 revistas científicas no indexadas en bases de datos internacionales, que incluyen títulos de revistas depredadoras y otras con prácticas honestas mantenidas por instituciones o pequeñas editoriales.
Uno de los casos analizados en el estudio fueron las revistas de la editorial Omics International, con sede en Hyderabad (India), condenada en 2019 en una demanda interpuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC), de Estados Unidos, bajo la acusación de adoptar políticas comerciales engañosas. La empresa invitaba a los investigadores a presentar artículos o realizar ponencias en conferencias que organizaba. Ni bien aceptaban y enviaban manuscritos, los autores eran sorprendidos con su publicación instantánea en los anales de las conferencias, sin revisión por pares, y se les reclamaba el pago de honorarios que ascendían a miles de dólares. El texto publicado en Nature reveló que, tras la condena de 2019, Omics continuó operando normalmente: les cambió el nombre a las revistas calificadas como depredadoras y las vinculó al nombre de empresas subsidiarias, tales como Hilaris, Longdom e iMEDPub. Pero las prácticas sospechosas prosiguieron. Al analizar el contenido de la base de datos Lacuna, los investigadores descubrieron, por ejemplo, que nueve artículos del Journal of Bone Research and Reports, de iMEDPub, eran copias de los manuscritos de un periódico científico de la editorial Elsevier llamado Bone Reports, con nombres de autores ficticios. Varios de los textos eran levemente diferentes: había palabras reemplazadas por sinónimos para tratar de evitar que se los identificara como plagio.
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