El Congreso del estado norteamericano de Texas presiona a las universidades del mismo a adoptar políticas explícitas de conflicto de intereses en la labor de los consejos de regentes, las instancias de las instituciones encargadas de supervisar su funcionamiento, fiscalizar la aplicación de recursos y nombrar directivos. En una reciente audiencia de una comisión de fiscalización de la educación superior, la senadora Judith Zaffirini preguntó a los presidentes de los consejos de regencia de la Texas University y la Texas A&M University si existe “una declaración que establezca las expectativas de conducta para sus miembros”. No obtuvo respuesta.
El presidente del Congreso del estado, Joe Straus, promueve estudios en el comité de ética de la legislatura para evaluar si los consejeros nombrados por el gobernador, incluyendo ahí a los regentes, deben ser obligados a “firmar documentos de gobernabilidad” antes de aceptar el cargo. La mayoría de los seis sistemas universitarios de Texas cuentan con una política específica para sus regentes. Pero la Texas University, una de las mayores, constituye una excepción. Recientemente, un grupo de ex alumnos de la universidad, manifestó su preocupación ante la perspectiva de que los regentes adopten las controvertidas políticas propuestas por la Texas Public Policy Foundation, una organización conservadora. Los consejos de ambas universidades texanas cuentan con miembros que también participan en los comités de esa fundación. “Existen dos tipos de conflicto”, expresó al periódico The New York Times el abogado Gordon Appleman, miembro del grupo de ex alumnos. “Uno es el conflicto de interés clásico, de carácter económico. Otro reside en la participación cruzada en consejos cuyas propuestas se encuentran en conflicto”.
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